Daniel Lara Pérez
Expediente 271/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daniel Lara Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. TESTIMONIO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que anexa testimonio de la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en autos de la queja civil 234/2021; mediante la cual en su único resolutivo, declara infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de catorce de junio del año en curso, que desechó la demanda. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es destruible y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintiuno. OFICIO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Daniel Lara Pérez, medio de impugnación que quedó registrado con el número 234/2021; de lo que toma conocimiento este juzgado de Distrito. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el escrito presentado por el quejoso Daniel Lara Pérez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de catorce de junio del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del proveído de referencia. Por tanto, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, que se encuentre en turno, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el catorce de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso Daniel Lara Pérez, al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Notifíquese.
- Principal
contra actos de Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 271/2021-IV-P. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda que se recibe, misma que se advierte resulta notoriamente improcedente por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V -interpretado a contrario sensu-, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley.." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese orden, el primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese aspecto, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Concluyó, a partir de lo anterior, que para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es necesario que se cumplan dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Expuesto lo anterior, en el presente asunto la parte quejosa reclama del Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, el auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente 1306/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por Inés Pérez Hernández, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra del quejoso; determinación mediante el cual se tuvo a la actora precisando que a quien le otorga el endoso correspondiente es a Rafael S. Munguía Francisco y no a Rafael G. Munguía Francisco, esto es, se reconoce la personalidad del citado endosatario en procuración. Sin embargo, dicha determinación no quebranta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que se trata de un acto dictado dentro de juicio de origen, de carácter meramente procesal, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación. Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño en un derecho sustantivo o que no tenga reparación alguna, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, ese pronunciamiento ningún perjuicio irreparable irroga a la parte quejosa, al existir la posibilidad de que obtenga sentencia favorable; evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. De igual modo, en el supuesto de que la sentencia definitiva sea adversa a los intereses de la agraviada, puede alegar la violación por los medios de impugnación que en su caso y oportunidad promueva, pues en esa hipótesis se patentizará la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, como acto dentro del proceso, el reclamado en esta instancia constitucional tampoco debe ser analizado mediante el juicio de amparo sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia, ni con tal acontecimiento se deja a la quejosa en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso, tal circunstancia podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado de la sentencia correspondiente. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
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