Daniel Felipe Castagena Peralta
Expediente 233/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daniel Felipe Castagena Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del año en curso, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, en términos del tercer párrafo del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del mencionado Acuerdo General. Glose de cuaderno. Glósese en sobre cerrado a los autos del presente juicio el anexo uno que se formó con la demanda de amparo, así como los documentos que contienen datos reservados, en el entendido que los mismos deberán permanecer con tal sigilo en aras de proteger el resguardo de su intimidad. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos la comparecencia mediante la cual el quejoso Daniel Felipe Cartagena Peralta, ratificó la firma estampada en el escrito que se tuvo por recibido en proveído de cinco de junio del año en curso, mediante el cual dio cumplimiento a la prevención formulada el treinta de mayo pasado. Ahora bien, visto el escrito aclaratorio de la demanda de amparo que ratificó el quejoso mediante la comparecencia que antecede y atento a su contenido se le tiene por desahogando el requerimiento realizado el treinta de mayo actual; por tanto, provéase lo conducente. Desechamiento. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por Daniel Felipe Cartagena Peralta, contra actos de la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, el quejoso reclama de las autoridades responsables en esencia lo siguiente: ORDENADORAS: SEGUNDA VISITADORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CON DOMICILIO EN CALLE TAMUÍN NÚMERO 15, COLONIA MIRADOR, CIUDAD VALLES, S.L.P. EJECUTORAS ENCARGADO DE LA JEFATURA DEL DESPACHO DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE. INSPECTOR GENERAL ZONA X DE ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. SUBDIRECTORA ENCARGADA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 46. El oficio número 2VSI-0126/23 derivado del expediente 2VQU-0079/23 que se sigue ante la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la queja hecha valer en su contra; y en consecuencia de ello la emisión de los oficios 355/2022-2023 y 356/2022-2023 emitidos respectivamente el once y ocho de mayo de dos mil veintitrés, por la diversa responsable Subdirectora Encargada de la Secundaria Técnica número 46; así como los diversos S/052/2022-2023 y S/053/2022-2023 ambos de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitidos por el Inspector General de la Zona X de Secundarias Técnicas, de los que aduce el quejoso por la falta de motivación y fundamentación legal. La violación a mi derecho de audiencia, por parte de las ejecutoras, al omitir dar a conocer oficialmente, el contenido del oficio número 2VSI-0126/23, derivado dentro del expediente 2VQU-0079/23, así como la queja de la aquí tercero interesada. La imposición de la medida cautelar carente de motivación y fundamentación legal, implícita y derivada del oficio S/052/2022-2023 de fecha 23 de mayo del 2023, emitido por la diversa responsable, Inspector General de la Zona X de Secundarias Técnicas. La omisión por parte de las diversas responsables ejecutoras Encargado de la Jefatura del Despacho de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y Responsable de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, de la exacta aplicación del contenido del oficio número 2VSI-0126/23, derivado del expediente 2VQU-0079/23, para ordenar al resto de las ejecutoras hacerlo de su conocimiento, notificarle y darle la intervención en el proceso, sin violentar su derecho a una defensa legal adecuada. Finalmente la omisión por parte de la responsable ordenadora Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la omisión de ordenar a las ejecutoras, dar a conocer al aquí quejoso, la existencia de queja por parte de la persona que lo hizo. Asimismo, en su escrito aclaratorio de la demanda de amparo precisó que señala como actos reclamados los siguientes: ".el oficio NÚMERO 2VSI-0126/23 DERIVADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2VQU-0079/23 QUE SE SIGUE ANTE LA SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. -COMO EL OFICIO S/53/2022-2023 DE FECHA VEINTITRÉS DE MAYO DEL 2023, pero notificado el día miércoles 31 de mayo del 2023.- .Igualmente, SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO DE LA ORDENADORA Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la omisión de ordenar a las ejecutoras, dar a conocer al aquí quejoso, la existencia de queja por parte de la persona que lo hizo y precisar de manera enfática, que al pedir informe a las ejecutoras, estas me notifiquen o requieran a su vez declaración u informe como servidor público involucrado en la queja." En lo relativo a los citados actos reclamados de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su ejecución por parte de las restantes autoridades responsables, este juzgado federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendida como aquella que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Tal calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado, o incluso un particular, constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, incluyendo para ello el uso de la fuerza pública. Apoya lo anterior la tesis XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 307, Tomo IX, correspondiente al mes de Marzo de 1999, Novena Época, con número de registro digital 194367, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Ahora bien, para efecto de verificar si en el presente asunto la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, es o no autoridad para los efectos del juicio de amparo, resulta necesario tener presente su naturaleza jurídica. En primer término, se considera oportuno destacar lo dispuesto en el artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas." Por otra parte, el artículo 17, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, establece: "Artículo 17. El Congreso del Estado expedirá las leyes a las que deban ajustarse los servidores públicos y las autoridades, para facilitar el acceso al ejercicio de los derechos de sus ciudadanos; esos ordenamientos deberán atender: I. El sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos. El que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es un organismo público, de participación ciudadana y de servicio gratuito; dotado de plena autonomía presupuestal, técnica y de gestión; que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos. La Comisión será la encargada de conocer de las peticiones, quejas y denuncias en contra de los actos y omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal, que violen los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano e internacional; pero no será competente para conocer de asuntos electorales, y jurisdiccionales. Sus recomendaciones serán públicas, autónomas y no vinculatorias; y podrá presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. La ley determinará la organización, integración y atribuciones de la Comisión; Luego, cabe mencionar que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de cualquier otra disposición establecida en la ley de la materia, como resulta la circunstancia de que una autoridad no sea tal para efectos del juicio de amparo, o también, por disposición prevista en la Carta Magna, que resulte diversa a las expresamente establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así es, el precepto constitucional trascrito, contiene las bases para la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de sus correlativos organismos en el ámbito Estatal, así como para su funcionamiento y alcance de sus resoluciones, de donde deriva lo legislado en la Constitución de esta Entidad Federativa, en la que se establece la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, San Luis Potosí, el cual es un organismo público, de carácter autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestro país haya suscrito, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social, para lo cual por disposición constitucional, en defensa de derechos humanos, puede emitir recomendaciones a otros entes del Gobierno Estatal. Por otra parte, en relación con las omisiones y procedimientos que prevé el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, que otorga a los gobernados el acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales, es importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las ejecutorias relativas a los amparos en revisión 742/2015, 1066/2015 y 648/2017, se pronunció en relación con la improcedencia del juicio de amparo, en los términos siguientes: El artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en favor de los gobernados, el derecho a un medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. En el precepto mencionado se otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo, consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, para que se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades. El artículo 102, apartado B, Constitucional, prevé la existencia de órganos de defensa de los derechos humanos, lo cual se debe entender en función de su labor primordial, que es precisamente la de proporcionar a los individuos procedimientos para la defensa de sus derechos; defensa que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda. A través del juicio de amparo no es posible llevar a cabo un análisis de la validez de todo acto o norma emitidos por las autoridades, pues existen ciertos ámbitos de la actuación estatal que se encuentran exentos de control de regularidad vía juicio de amparo, y entre tales ámbitos se encuentran las resoluciones que constituyen una garantía de protección constitucional. Aunque la naturaleza del juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos de las personas, no es factible, a través de tal vía, estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en el resto de procesos que por determinación constitucional expresa, también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido. El sometimiento de la validez de las determinaciones adoptadas en otros mecanismos de protección, a la revisión a partir de otra vía, incluso si ésta es el juicio de amparo, obstaculizaría su finalidad y, por tanto, ello impediría que esos medios cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados, situación que atentaría contra el propio orden constitucional que se pretende tutelar. Los procesos constitucionales, entre los cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran excluidos de los actos sujetos a análisis vía juicio de amparo, pues el diseño de cada garantía responde a cierta lógica y objetivos, por lo que el margen de protección asignado a cada mecanismo no puede sujetarse a otra garantía que responde a un esquema de protección diverso. La posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución. No son impugnables mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la presunta violación de derechos humanos, sin que ello implique una vulneración al derecho de acceso a la impartición de justicia y tutela judicial efectiva contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal derecho no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance. Con base en lo expuesto, estimar procedente el juicio de amparo en contra de las omisiones o determinaciones emitidas por los organismos de derechos humanos, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, dentro de expedientes derivados de quejas que eventualmente dan origen a sus recomendaciones, desnaturalizaría la función de dichos organismos, pues ello implicaría no sólo la posibilidad de promover un juicio de amparo, sino que se obstaculizaría que la mencionada Comisión realice su función de manera ágil y autónoma, pues su actuar, se encontraría sujeto a su posterior validación por parte de la institución del amparo. En ese orden de ideas, las omisiones y actos emitidos por los organismos de derechos humanos como lo es la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, residente en esta ciudad, son el resultado de un proceso de rango Constitucional que por disposición expresa no son vinculantes y, por tanto, en el caso, al tratarse de actos emanados de un mecanismo de control no jurisdiccional, éstos no pueden ser sujetos a un posterior análisis a través de otro mecanismo de control como es el juicio de amparo. En efecto, cualquier determinación, en las que se incluyen las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos Estatales de dicha Comisión, por mandato constitucional, no tienen fuerza legal en lo que se refiere a su aceptación y ejecución, pues su carácter no vinculante, genera sólo una expresión declarativa, cuyo cumplimiento, en su caso, es más bien de tipo moral, pero no jurídico. Sostener lo contrario implicaría otorgar el carácter de resoluciones jurisdiccionales a las decisiones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales y sus integrantes como la señalada como responsable, lo que no es compatible con el propósito que contempla la Constitución Federal, pues su contenido y ejecución tienen carácter no vinculante; y, por tanto, no conllevan obligación legal alguna en cuanto a ser aceptadas y cumplidas. Con base en estas consideraciones, este órgano de control constitucional estima que es improcedente el presente juicio de amparo promovido contra actos de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su ejecución por parte de las restantes autoridades que se señalan con el carácter de ejecutoras. Lo anterior, dado que los actos atribuidos a la citada autoridad de Derechos Humanos derivan de una queja que se tramita ante ésta, cuyas determinaciones no resultan vinculante; de ahí que no se está frente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de un visitador regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que determinó que no existían elementos de prueba suficientes y aptos que acreditaran la existencia de los hechos de su queja por la presunta violación de derechos humanos, por lo que de conformidad con el artículo 94, fracción XII, de su reglamento interior se procedió a concluirla. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 102, apartado B y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de uno de los visitadores regionales de dicha comisión estatal de derechos humanos en la que determina dar por concluida la queja presentada ante ese organismo por la presunta violación de derechos humanos, al no acreditarse los hechos que la sustentaron. Justificación: Ello, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 102, apartado B y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se aprecia de una interpretación extensiva de la tesis aislada P. XCVII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de lo resuelto en los amparos en revisión 448/2015 y 742/2015, por su Primera y Segunda Salas, respectivamente. En este sentido, si de la interpretación del artículo 102, apartado B, de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a su cargo la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional; entonces, las determinaciones finales que emita en ese sentido no pueden analizarse mediante otro mecanismo, como lo es el juicio de amparo, porque ello implicaría ejercer un medio de control sobre otro, en particular, uno jurisdiccional sobre uno no jurisdiccional. Luego, de conformidad con el artículo 94, fracción XII, del Reglamento Interior de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la resolución que determina que no se acreditaron los hechos reclamados es una forma de conclusión de los expedientes de queja. Por tanto, no es factible estudiar en el juicio de amparo la validez del resto de los procesos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de nuestra Constitución General frente a actos y normas que la hayan transgredido." Es así, pues tal criterio resulta inaplicable al caso concreto, dado que en la especie no se combate una resolución que haya desechado por improcedente el recurso de queja hecho valer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí, sino que lo reclamado, entre otras cosas, consiste en el oficio número 2VSI-0126/23 derivado del expediente 2VQU-0079/23 con motivo de la queja presentada por la persona señalada como tercera interesada, así como la omisión de darle a conocer al aquí quejoso el contenido del citado oficio; de lo que se colige que existe un procedimiento seguido ante la Comisión de referencia; de forma tal que este órgano de control constitucional no pudiera analizar la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos a la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí. En esa medida, en la tesis precitada se observa que el motivo toral que dio lugar a que se estimara procedente el juicio de amparo contra esa determinación de desechamiento, subyace en la afectación de la esfera jurídica de las personas en tanto que se les impide acceder a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, lo que no es así, una vez que se está tramitando la investigación de la queja que le dio origen, como precisamente ocurre en el caso en estudio. A mayor abundamiento, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia puntualizó que el criterio ahí adoptado resulta congruente con el hecho de que las recomendaciones no sean actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que al no ser vinculatorias, no pueden alterar la esfera jurídica de las personas. Por otra parte, debe decirse que de igual manera, respecto de los actos que el quejoso reclama a las autoridades que señaló con el carácter de ejecutoras consistentes en: La emisión de los oficios 355/2022-2023 y 356/2022-2023 de once y ocho de mayo de dos mil veintitrés, por la Subdirectora Encargada de la Secundaria Técnica número 46; así como los diversos S/052/2022-2023 y S/053/2022-2023 ambos de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitidos por el Inspector General de la Zona X de Secundarias Técnicas. La imposición de la medida cautelar carente de motivación y fundamentación legal, implícita y derivada del oficio S/052/2022-2023 de fecha 23 de mayo del 2023, emitido por el Inspector General de la Zona X de Secundarias Técnicas. Se desprende que las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables en el presente asunto, no tienen la calidad de autoridad para efectos del amparo, ya que los actos que se les reclaman, derivan de la relación patrón-empleado que los vincula. Lo anterior, porque en este supuesto, la posición del quejoso frente al Encargado de la Jefatura del Despacho de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Responsable de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, Inspector General Zona X de Escuelas Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y Subdirectora Encargada de la Secundaria Técnica Número 46, no es la de un gobernado, aunque en la presente instancia invoque violación a la norma constitucional prevista en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Carta Magna, pues esto no cambia la naturaleza de los actos ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde al ente educativo, sino que su origen se encuentra en la relación laboral entre dichas dependencias y el impetrante de amparo. En ese sentido, resulta evidente que en el presente caso no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado; pues como se estableció, entre dichas dependencias y el quejoso existe una relación patrón-empleado que los vincula, motivo por el cual, las primeras de las nombradas no ejercen actos equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo anterior incluso así se patentiza del oficio S/052/2022-2023 signado por el Inspector de Zona X de Secundarias Técnicas, en el que solicita al encargado del despacho de la Jefatura de la U.R.S.E.H.N., dé resguardo físico en estas últimas instalaciones al aquí quejoso, quien se desempeña como docente de la Escuela Secundaria Técnica número 46, ya que, entre otras cuestiones, se continua un proceso de investigación laboral en su contra. Entonces, si los actos reclamados no tienen las características de actos de autoridad, respecto de los mismos se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, fracción III, de la Ley de Amparo; por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo en estudio, con apoyo en el invocado numeral 113, de la propia ley de la materia en cita. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de doce de junio del año en curso que dice:"Agréguese a los presentes autos la comparecencia mediante la cual el quejoso Daniel Felipe Cartagena Peralta, ratificó la firma estampada en el escrito que se tuvo por recibido en proveído de cinco de junio del año en curso, mediante el cual dio cumplimiento a la prevención formulada el treinta de mayo pasado. Ahora bien, visto el escrito aclaratorio de la demanda de amparo que ratificó el quejoso mediante la comparecencia que antecede y atento a su contenido se le tiene por desahogando el requerimiento realizado el treinta de mayo actual; por tanto, provéase lo conducente. Desechamiento. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por Daniel Felipe Cartagena Peralta, contra actos de la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, el quejoso reclama de las autoridades responsables en esencia lo siguiente: ORDENADORAS: SEGUNDA VISITADORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CON DOMICILIO EN CALLE TAMUÍN NÚMERO 15, COLONIA MIRADOR, CIUDAD VALLES, S.L.P. EJECUTORAS ENCARGADO DE LA JEFATURA DEL DESPACHO DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA NORTE. INSPECTOR GENERAL ZONA X DE ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. SUBDIRECTORA ENCARGADA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 46. El oficio número 2VSI-0126/23 derivado del expediente 2VQU-0079/23 que se sigue ante la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la queja hecha valer en su contra; y en consecuencia de ello la emisión de los oficios 355/2022-2023 y 356/2022-2023 emitidos respectivamente el once y ocho de mayo de dos mil veintitrés, por la diversa responsable Subdirectora Encargada de la Secundaria Técnica número 46; así como los diversos S/052/2022-2023 y S/053/2022-2023 ambos de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitidos por el Inspector General de la Zona X de Secundarias Técnicas, de los que aduce el quejoso por la falta de motivación y fundamentación legal. La violación a mi derecho de audiencia, por parte de las ejecutoras, al omitir dar a conocer oficialmente, el contenido del oficio número 2VSI-0126/23, derivado dentro del expediente 2VQU-0079/23, así como la queja de la aquí tercero interesada. La imposición de la medida cautelar carente de motivación y fundamentación legal, implícita y derivada del oficio S/052/2022-2023 de fecha 23 de mayo del 2023, emitido por la diversa responsable, Inspector General de la Zona X de Secundarias Técnicas. La omisión por parte de las diversas responsables ejecutoras Encargado de la Jefatura del Despacho de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y Responsable de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, de la exacta aplicación del contenido del oficio número 2VSI-0126/23, derivado del expediente 2VQU-0079/23, para ordenar al resto de las ejecutoras hacerlo de su conocimiento, notificarle y darle la intervención en el proceso, sin violentar su derecho a una defensa legal adecuada. Finalmente la omisión por parte de la responsable ordenadora Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la omisión de ordenar a las ejecutoras, dar a conocer al aquí quejoso, la existencia de queja por parte de la persona que lo hizo. Asimismo, en su escrito aclaratorio de la demanda de amparo precisó que señala como actos reclamados los siguientes: ".el oficio NÚMERO 2VSI-0126/23 DERIVADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 2VQU-0079/23 QUE SE SIGUE ANTE LA SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. -COMO EL OFICIO S/53/2022-2023 DE FECHA VEINTITRÉS DE MAYO DEL 2023, pero notificado el día miércoles 31 de mayo del 2023.- .Igualmente, SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO DE LA ORDENADORA Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la omisión de ordenar a las ejecutoras, dar a conocer al aquí quejoso, la existencia de queja por parte de la persona que lo hizo y precisar de manera enfática, que al pedir informe a las ejecutoras, estas me notifiquen o requieran a su vez declaración u informe como servidor público involucrado en la queja." En lo relativo a los citados actos reclamados de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su ejecución por parte de las restantes autoridades responsables, este juzgado federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendida como aquella que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Tal calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado, o incluso un particular, constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, incluyendo para ello el uso de la fuerza pública. Apoya lo anterior la tesis XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 307, Tomo IX, correspondiente al mes de Marzo de 1999, Novena Época, con número de registro digital 194367, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Ahora bien, para efecto de verificar si en el presente asunto la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, es o no autoridad para los efectos del juicio de amparo, resulta necesario tener presente su naturaleza jurídica. En primer término, se considera oportuno destacar lo dispuesto en el artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas." Por otra parte, el artículo 17, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, establece: "Artículo 17. El Congreso del Estado expedirá las leyes a las que deban ajustarse los servidores públicos y las autoridades, para facilitar el acceso al ejercicio de los derechos de sus ciudadanos; esos ordenamientos deberán atender: I. El sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos. El que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es un organismo público, de participación ciudadana y de servicio gratuito; dotado de plena autonomía presupuestal, técnica y de gestión; que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos. La Comisión será la encargada de conocer de las peticiones, quejas y denuncias en contra de los actos y omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal, que violen los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano e internacional; pero no será competente para conocer de asuntos electorales, y jurisdiccionales. Sus recomendaciones serán públicas, autónomas y no vinculatorias; y podrá presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. La ley determinará la organización, integración y atribuciones de la Comisión; Luego, cabe mencionar que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de cualquier otra disposición establecida en la ley de la materia, como resulta la circunstancia de que una autoridad no sea tal para efectos del juicio de amparo, o también, por disposición prevista en la Carta Magna, que resulte diversa a las expresamente establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así es, el precepto constitucional trascrito, contiene las bases para la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de sus correlativos organismos en el ámbito Estatal, así como para su funcionamiento y alcance de sus resoluciones, de donde deriva lo legislado en la Constitución de esta Entidad Federativa, en la que se establece la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, San Luis Potosí, el cual es un organismo público, de carácter autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestro país haya suscrito, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social, para lo cual por disposición constitucional, en defensa de derechos humanos, puede emitir recomendaciones a otros entes del Gobierno Estatal. Por otra parte, en relación con las omisiones y procedimientos que prevé el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, que otorga a los gobernados el acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales, es importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las ejecutorias relativas a los amparos en revisión 742/2015, 1066/2015 y 648/2017, se pronunció en relación con la improcedencia del juicio de amparo, en los términos siguientes: El artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en favor de los gobernados, el derecho a un medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. En el precepto mencionado se otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo, consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, para que se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades. El artículo 102, apartado B, Constitucional, prevé la existencia de órganos de defensa de los derechos humanos, lo cual se debe entender en función de su labor primordial, que es precisamente la de proporcionar a los individuos procedimientos para la defensa de sus derechos; defensa que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda. A través del juicio de amparo no es posible llevar a cabo un análisis de la validez de todo acto o norma emitidos por las autoridades, pues existen ciertos ámbitos de la actuación estatal que se encuentran exentos de control de regularidad vía juicio de amparo, y entre tales ámbitos se encuentran las resoluciones que constituyen una garantía de protección constitucional. Aunque la naturaleza del juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos de las personas, no es factible, a través de tal vía, estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en el resto de procesos que por determinación constitucional expresa, también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido. El sometimiento de la validez de las determinaciones adoptadas en otros mecanismos de protección, a la revisión a partir de otra vía, incluso si ésta es el juicio de amparo, obstaculizaría su finalidad y, por tanto, ello impediría que esos medios cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados, situación que atentaría contra el propio orden constitucional que se pretende tutelar. Los procesos constitucionales, entre los cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran excluidos de los actos sujetos a análisis vía juicio de amparo, pues el diseño de cada garantía responde a cierta lógica y objetivos, por lo que el margen de protección asignado a cada mecanismo no puede sujetarse a otra garantía que responde a un esquema de protección diverso. La posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución. No son impugnables mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la presunta violación de derechos humanos, sin que ello implique una vulneración al derecho de acceso a la impartición de justicia y tutela judicial efectiva contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal derecho no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance. Con base en lo expuesto, estimar procedente el juicio de amparo en contra de las omisiones o determinaciones emitidas por los organismos de derechos humanos, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, dentro de expedientes derivados de quejas que eventualmente dan origen a sus recomendaciones, desnaturalizaría la función de dichos organismos, pues ello implicaría no sólo la posibilidad de promover un juicio de amparo, sino que se obstaculizaría que la mencionada Comisión realice su función de manera ágil y autónoma, pues su actuar, se encontraría sujeto a su posterior validación por parte de la institución del amparo. En ese orden de ideas, las omisiones y actos emitidos por los organismos de derechos humanos como lo es la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, residente en esta ciudad, son el resultado de un proceso de rango Constitucional que por disposición expresa no son vinculantes y, por tanto, en el caso, al tratarse de actos emanados de un mecanismo de control no jurisdiccional, éstos no pueden ser sujetos a un posterior análisis a través de otro mecanismo de control como es el juicio de amparo. En efecto, cualquier determinación, en las que se incluyen las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos Estatales de dicha Comisión, por mandato constitucional, no tienen fuerza legal en lo que se refiere a su aceptación y ejecución, pues su carácter no vinculante, genera sólo una expresión declarativa, cuyo cumplimiento, en su caso, es más bien de tipo moral, pero no jurídico. Sostener lo contrario implicaría otorgar el carácter de resoluciones jurisdiccionales a las decisiones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales y sus integrantes como la señalada como responsable, lo que no es compatible con el propósito que contempla la Constitución Federal, pues su contenido y ejecución tienen carácter no vinculante; y, por tanto, no conllevan obligación legal alguna en cuanto a ser aceptadas y cumplidas. Con base en estas consideraciones, este órgano de control constitucional estima que es improcedente el presente juicio de amparo promovido contra actos de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su ejecución por parte de las restantes autoridades que se señalan con el carácter de ejecutoras. Lo anterior, dado que los actos atribuidos a la citada autoridad de Derechos Humanos derivan de una queja que se tramita ante ésta, cuyas determinaciones no resultan vinculante; de ahí que no se está frente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de un visitador regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que determinó que no existían elementos de prueba suficientes y aptos que acreditaran la existencia de los hechos de su queja por la presunta violación de derechos humanos, por lo que de conformidad con el artículo 94, fracción XII, de su reglamento interior se procedió a concluirla. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 102, apartado B y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de uno de los visitadores regionales de dicha comisión estatal de derechos humanos en la que determina dar por concluida la queja presentada ante ese organismo por la presunta violación de derechos humanos, al no acreditarse los hechos que la sustentaron. Justificación: Ello, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 102, apartado B y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se aprecia de una interpretación extensiva de la tesis aislada P. XCVII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de lo resuelto en los amparos en revisión 448/2015 y 742/2015, por su Primera y Segunda Salas, respectivamente. En este sentido, si de la interpretación del artículo 102, apartado B, de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a su cargo la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional; entonces, las determinaciones finales que emita en ese sentido no pueden analizarse mediante otro mecanismo, como lo es el juicio de amparo, porque ello implicaría ejercer un medio de control sobre otro, en particular, uno jurisdiccional sobre uno no jurisdiccional. Luego, de conformidad con el artículo 94, fracción XII, del Reglamento Interior de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la resolución que determina que no se acreditaron los hechos reclamados es una forma de conclusión de los expedientes de queja. Por tanto, no es factible estudiar en el juicio de amparo la validez del resto de los procesos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de nuestra Constitución General frente a actos y normas que la hayan transgredido." Es así, pues tal criterio resulta inaplicable al caso concreto, dado que en la especie no se combate una resolución que haya desechado por improcedente el recurso de queja hecho valer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí, sino que lo reclamado, entre otras cosas, consiste en el oficio número 2VSI-0126/23 derivado del expediente 2VQU-0079/23 con motivo de la queja presentada por la persona señalada como tercera interesada, así como la omisión de darle a conocer al aquí quejoso el contenido del citado oficio; de lo que se colige que existe un procedimiento seguido ante la Comisión de referencia; de forma tal que este órgano de control constitucional no pudiera analizar la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos a la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí. En esa medida, en la tesis precitada se observa que el motivo toral que dio lugar a que se estimara procedente el juicio de amparo contra esa determinación de desechamiento, subyace en la afectación de la esfera jurídica de las personas en tanto que se les impide acceder a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, lo que no es así, una vez que se está tramitando la investigación de la queja que le dio origen, como precisamente ocurre en el caso en estudio. A mayor abundamiento, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia puntualizó que el criterio ahí adoptado resulta congruente con el hecho de que las recomendaciones no sean actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que al no ser vinculatorias, no pueden alterar la esfera jurídica de las personas. Por otra parte, debe decirse que de igual manera, respecto de los actos que el quejoso reclama a las autoridades que señaló con el carácter de ejecutoras consistentes en: La emisión de los oficios 355/2022-2023 y 356/2022-2023 de once y ocho de mayo de dos mil veintitrés, por la Subdirectora Encargada de la Secundaria Técnica número 46; así como los diversos S/052/2022-2023 y S/053/2022-2023 ambos de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitidos por el Inspector General de la Zona X de Secundarias Técnicas. La imposición de la medida cautelar carente de motivación y fundamentación legal, implícita y derivada del oficio S/052/2022-2023 de fecha 23 de mayo del 2023, emitido por el Inspector General de la Zona X de Secundarias Técnicas. Se desprende que las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables en el presente asunto, no tienen la calidad de autoridad para efectos del amparo, ya que los actos que se les reclaman, derivan de la relación patrón-empleado que los vincula. Lo anterior, porque en este supuesto, la posición del quejoso frente al Encargado de la Jefatura del Despacho de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Responsable de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, Inspector General Zona X de Escuelas Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y Subdirectora Encargada de la Secundaria Técnica Número 46, no es la de un gobernado, aunque en la presente instancia invoque violación a la norma constitucional prevista en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Carta Magna, pues esto no cambia la naturaleza de los actos ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde al ente educativo, sino que su origen se encuentra en la relación laboral entre dichas dependencias y el impetrante de amparo. En ese sentido, resulta evidente que en el presente caso no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado; pues como se estableció, entre dichas dependencias y el quejoso existe una relación patrón-empleado que los vincula, motivo por el cual, las primeras de las nombradas no ejercen actos equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo anterior incluso así se patentiza del oficio S/052/2022-2023 signado por el Inspector de Zona X de Secundarias Técnicas, en el que solicita al encargado del despacho de la Jefatura de la U.R.S.E.H.N., dé resguardo físico en estas últimas instalaciones al aquí quejoso, quien se desempeña como docente de la Escuela Secundaria Técnica número 46, ya que, entre otras cuestiones, se continua un proceso de investigación laboral en su contra. Entonces, si los actos reclamados no tienen las características de actos de autoridad, respecto de los mismos se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, fracción III, de la Ley de Amparo; por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo en estudio, con apoyo en el invocado numeral 113, de la propia ley de la materia en cita. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de junio de dos mil veintitrés Se recibe escrito aclaratorio de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, téngase recibido el escrito de cuenta al parecer presentado por el quejoso ********************, a través del cual, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada el treinta de mayo del año en curso. Ahora, del análisis del ocurso mencionado se advierte que la firma que lo calza, a simple vista, resulta diferente a aquella que calza el escrito inicial de demanda que dio origen al presente asunto. Requerimiento. Por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del referido Código supletorio, comparezca al local que ocupa este Juzgado Quinto de Distrito, debidamente identificado con documento oficial vigente, a efecto de que manifieste, bajo protesta de decir verdad, si reconoce o no como suya la firma estampada en el escrito que se recibe, en virtud de que, se insiste, en virtud de que, se insiste, la firma que lo calza difiere de la que estampó en el escrito inicial de demanda, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: Firma del escrito inicial de demanda de amparo. Firma del escrito presentado el cinco de junio de dos mil veintitrés. Apercibimiento. Apercibido legalmente que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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