Daniel Monroy Aguilar
Expediente 125/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daniel Monroy Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
téngase recibido y agréguese a los presentes autos para que obre como constancia el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso comunicado del índice de este Juzgado; mediante el cual se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULAS DE EXPEDIENTES. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En otro contexto, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que remitió como complemento a su informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, devuélvasele previo glose de la portada del anexo que se formó, y se solicita se sirva acusar recibo. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 125/2022-I-D, promovido por ***********, en contra de los actos que reclama del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. ***********, mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con domicilio oficial conocido en esta Ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La omisión de acordar sobre la admisión de la Liquidación del LAUDO atinente al Incremento a que alude la Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo, es decir el 5 cinco por ciento de incremento del salario integrado, como compensación por realizar labores insalubres, a partir del 26 veintiséis de Noviembre del 2013 dos mil trece, derivado de LAUDO emitido dentro de los autos del Juicio natural el día 28 veintiocho de Septiembre 2021 dos mil veintiuno, misma que fue planteada por escrito fechado el 13 trece, y recibido por la responsable del 14 catorce, ambos de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno, no obstante que tenía la ineludible obligación de acordar lo concerniente a su admisión 48 cuarenta y ocho horas después de su presentación, y aún no lo ha hecho, no obstante que ya transcurrieron más de noventa días desde su presentación, para que el suscrito logre acceder al DERECHO DE JUSTICIA PRONTA que me es otorgado en el artículo 17 Constitucional, desde el momento en que soy el actor del juicio" Segundo. El quejoso narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. Atento a que la congruencia de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo es una cuestión de orden público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, del análisis íntegro de la demanda y sus anexos, se precisa como acto reclamado: La omisión de acordar sobre la admisión de la Liquidación del laudo emitido en el juicio natural, mismo que fue planteado por escrito de fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, y recibido por la autoridad responsable el catorce del mismo mes y año. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente lo haya negado, toda vez que su existencia se corrobora con las constancias que acompañó como apoyo a su informe, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral segundo. Lo anterior se estima así, toda vez que en la especie, la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable, de proveer sobre la admisión de la liquidación del laudo emitido dentro de los autos del juicio laboral **********, solicitada por escrito recibido por la autoridad responsable el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se tiene que al menos hasta la presentación de la demanda (siete de marzo de dos mil veintidós) subsistía la omisión atribuida a la responsable. Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia y de conformidad con la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 201, Tomo XXII, Materia Común que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En la especie, esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" . De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación del peticionario de la tutela constitucional sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo al peticionario del amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola trasgredido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, la parte quejosa reclama la omisión de acordar sobre la admisión de la liquidación del laudo emitido dentro de los autos del juicio laboral *********, misma que fue solicitada por escrito recibido por la autoridad responsable el catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Lo que arguye vulnera su derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de las documentales que allegó a su informe justificado la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de si Presidente, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictó un auto con el que dio trámite al incidente de liquidación, fijó las doce horas con treinta minutos del nueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental de pruebas y alegatos, y ordenó notificar a las partes en el juicio de origen, a efecto de que ofrezcan las pruebas y formulen alegatos a dicho incidente de liquidación. En esa tesitura, es inconcuso que los efectos de la omisión de dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado por el impetrante de garantías, de que se dolió en su demanda de amparo, cesaron al haberse emitido el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable ordenó dar trámite al incidente de liquidación del laudo emitido el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que, resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por último, no es impedimento la anterior determinación, el hecho de que la responsable no haya remitido las constancias de notificación a las partes del auto emitido el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el juicio de origen, toda vez que éstas tuvieron conocimiento de dicha determinación a través de la notificación ordenada por lista que se publicó en los Estrados de este Juzgado de Distrito, el veintitrés de marzo del año en curso. Sin perjuicio de ello, hágase la notificación personal de la presente resolución y entréguese copia simple del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, que remitió como constancia la autoridad responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 125/2022-I-D promovido por **************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el resultando primero y señalada en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el punto de consideración cuarto del presente fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa con Rosalba Izaguirre Arellano, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, a la parte quejosa: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 125/2022-I-D, promovido por ***********, en contra de los actos que reclama del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. ***********, mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con domicilio oficial conocido en esta Ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La omisión de acordar sobre la admisión de la Liquidación del LAUDO atinente al Incremento a que alude la Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo, es decir el 5 cinco por ciento de incremento del salario integrado, como compensación por realizar labores insalubres, a partir del 26 veintiséis de Noviembre del 2013 dos mil trece, derivado de LAUDO emitido dentro de los autos del Juicio natural el día 28 veintiocho de Septiembre 2021 dos mil veintiuno, misma que fue planteada por escrito fechado el 13 trece, y recibido por la responsable del 14 catorce, ambos de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno, no obstante que tenía la ineludible obligación de acordar lo concerniente a su admisión 48 cuarenta y ocho horas después de su presentación, y aún no lo ha hecho, no obstante que ya transcurrieron más de noventa días desde su presentación, para que el suscrito logre acceder al DERECHO DE JUSTICIA PRONTA que me es otorgado en el artículo 17 Constitucional, desde el momento en que soy el actor del juicio" Segundo. El quejoso narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. Atento a que la congruencia de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo es una cuestión de orden público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, del análisis íntegro de la demanda y sus anexos, se precisa como acto reclamado: La omisión de acordar sobre la admisión de la Liquidación del laudo emitido en el juicio natural, mismo que fue planteado por escrito de fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, y recibido por la autoridad responsable el catorce del mismo mes y año. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente lo haya negado, toda vez que su existencia se corrobora con las constancias que acompañó como apoyo a su informe, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral segundo. Lo anterior se estima así, toda vez que en la especie, la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable, de proveer sobre la admisión de la liquidación del laudo emitido dentro de los autos del juicio laboral **********, solicitada por escrito recibido por la autoridad responsable el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se tiene que al menos hasta la presentación de la demanda (siete de marzo de dos mil veintidós) subsistía la omisión atribuida a la responsable. Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia y de conformidad con la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 201, Tomo XXII, Materia Común que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En la especie, esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" . De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación del peticionario de la tutela constitucional sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo al peticionario del amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola trasgredido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, la parte quejosa reclama la omisión de acordar sobre la admisión de la liquidación del laudo emitido dentro de los autos del juicio laboral *********, misma que fue solicitada por escrito recibido por la autoridad responsable el catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Lo que arguye vulnera su derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de las documentales que allegó a su informe justificado la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de si Presidente, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictó un auto con el que dio trámite al incidente de liquidación, fijó las doce horas con treinta minutos del nueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental de pruebas y alegatos, y ordenó notificar a las partes en el juicio de origen, a efecto de que ofrezcan las pruebas y formulen alegatos a dicho incidente de liquidación. En esa tesitura, es inconcuso que los efectos de la omisión de dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado por el impetrante de garantías, de que se dolió en su demanda de amparo, cesaron al haberse emitido el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable ordenó dar trámite al incidente de liquidación del laudo emitido el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que, resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por último, no es impedimento la anterior determinación, el hecho de que la responsable no haya remitido las constancias de notificación a las partes del auto emitido el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el juicio de origen, toda vez que éstas tuvieron conocimiento de dicha determinación a través de la notificación ordenada por lista que se publicó en los Estrados de este Juzgado de Distrito, el veintitrés de marzo del año en curso. Sin perjuicio de ello, hágase la notificación personal de la presente resolución y entréguese copia simple del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, que remitió como constancia la autoridad responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías número ******* promovido por **************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el resultando primero y señalada en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el punto de consideración cuarto del presente fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa con Rosalba Izaguirre Arellano, secretaria que autoriza y da fe.
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