Daniel Granillo Camacho

Expediente 1440/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 30 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1440/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • DANIEL GRANILLO CAMACHO y Otros.
  • Daniel Granillo Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el siete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de agosto al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en copia certificada de la causa penal 358/2010 de su índice, con la que se formó el anexo I y II; devuélvasele dicha documental y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se les impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MANUEL MARANTE DIZ EL PROVEÍDO DE 07 DE agosto DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (foja 214), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 128 a 148), se concedió el amparo y protección a Daniel Granillo Camacho, para que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Daniel Granillo Camacho el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 358/2010, de su índice, contra Daniel Granillo Camacho. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a) Motivar el elemento del delito de fraude genérico "engaño", debiendo hacerlo a la luz de los argumentos y razonamientos vertidos por el Ministerio Público en su determinación de consignación de hechos, ya sea compartiéndolos o desestimándolos, tomando en consideración los medios de prueba existentes en la averiguación previa valorándolo en lo individual y en su conjunto; y, b) motivar debidamente el elemento consistente en el detrimento patrimonial (monto de lo defraudado) en cuanto al año que tomó en cuenta a efecto de multiplicarlo por los días de salario que señala cada fracción, y así corroborar que los montos encuadran en las fracciones que indicó, además de precisar por quiénes de los agraviados se actualiza cada una de dichas fracciones. No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que si bien el delito de fraude específico no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, también lo es que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, consistente en la ejecución del auto de formal prisión emitido por el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el once de diciembre de dos mil diecisiete, en el proceso penal 358/2010 seguido en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, en concreto el mantenerlo recluido, por ser una consecuencia del auto de formal prisión, ya que al ser violatorio de garantías, su ejecución también lo es, y no atribuirle vicios propios." En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 171 a 173) se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 2864 de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 184), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 358/2010 de su índice (fojas 185 a 212). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 358/2010, de su índice, en la que decretó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 402 y 403, fracciones II, III y IV, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de Ancelma Talteno Mora, J. Félix Castillo Cuevas, Manuel Marante Diz y María Rosalía Mendoza Solórzano (foja 185 vuelta y 212). 2. Con libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso, ya que nuevamente dictó en su contra auto de formal prisión por el ilícito señalado, pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo como a continuación se explica: a) Motivó el elemento del delito de fraude genérico "engaño", conforme los argumentos y razonamientos vertidos por el Ministerio Público en su determinación de consignación, en virtud de que estableció que la persona moral "Grupo Empresarial Geici", sociedad anónima de capital variable, no fue constituida para desempeñar funciones de ahorro y préstamo, pues para ello es necesario contar previamente con la autorización de la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (foja 198); lo que tuvo por acreditado con el informe rendido por el Director General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del que advirtió que la sociedad mencionada no cuenta con autorización de esa Comisión para operar como sociedad financiera popular, ni como sociedad cooperativa de ahorro y préstamo y que la persona moral aludida no ha presentado solicitud alguna para tal fin; y, estableció que la constitución de la sociedad citada, se utilizó como medio comisivo para engañar a los pasivos, ya que la empresa no fue constituida para realizar actividades financieras (foja 198 vuelta). b) Motivó el elemento consistente en el detrimento patrimonial (monto de lo defraudado) ya que estableció que para determinarlo, tomó en consideración el salario mínimo vigente en dos mil nueve; realizó la operación aritmética correspondiente y explicó por qué se actualiza cada una de las fracciones invocadas, así mismo, precisó por quiénes de los agraviados se actualiza cada una de dichas fracciones (fojas 186 vuelta a 187 vuelta). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (foja 214), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 128 a 148), se concedió el amparo y protección a Daniel Granillo Camacho, para que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Daniel Granillo Camacho el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 358/2010, de su índice, contra Daniel Granillo Camacho. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a) Motivar el elemento del delito de fraude genérico "engaño", debiendo hacerlo a la luz de los argumentos y razonamientos vertidos por el Ministerio Público en su determinación de consignación de hechos, ya sea compartiéndolos o desestimándolos, tomando en consideración los medios de prueba existentes en la averiguación previa valorándolo en lo individual y en su conjunto; y, b) motivar debidamente el elemento consistente en el detrimento patrimonial (monto de lo defraudado) en cuanto al año que tomó en cuenta a efecto de multiplicarlo por los días de salario que señala cada fracción, y así corroborar que los montos encuadran en las fracciones que indicó, además de precisar por quiénes de los agraviados se actualiza cada una de dichas fracciones. No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que si bien el delito de fraude específico no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, también lo es que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, consistente en la ejecución del auto de formal prisión emitido por el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el once de diciembre de dos mil diecisiete, en el proceso penal 358/2010 seguido en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, en concreto el mantenerlo recluido, por ser una consecuencia del auto de formal prisión, ya que al ser violatorio de garantías, su ejecución también lo es, y no atribuirle vicios propios." En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 171 a 173) se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 2864 de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 184), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 358/2010 de su índice (fojas 185 a 212). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 358/2010, de su índice, en la que decretó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 402 y 403, fracciones II, III y IV, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de Ancelma Talteno Mora, J. Félix Castillo Cuevas, Manuel Marante Diz y María Rosalía Mendoza Solórzano (foja 185 vuelta y 212). 2. Con libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso, ya que nuevamente dictó en su contra auto de formal prisión por el ilícito señalado, pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo como a continuación se explica: a) Motivó el elemento del delito de fraude genérico "engaño", conforme los argumentos y razonamientos vertidos por el Ministerio Público en su determinación de consignación, en virtud de que estableció que la persona moral "Grupo Empresarial Geici", sociedad anónima de capital variable, no fue constituida para desempeñar funciones de ahorro y préstamo, pues para ello es necesario contar previamente con la autorización de la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (foja 198); lo que tuvo por acreditado con el informe rendido por el Director General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del que advirtió que la sociedad mencionada no cuenta con autorización de esa Comisión para operar como sociedad financiera popular, ni como sociedad cooperativa de ahorro y préstamo y que la persona moral aludida no ha presentado solicitud alguna para tal fin; y, estableció que la constitución de la sociedad citada, se utilizó como medio comisivo para engañar a los pasivos, ya que la empresa no fue constituida para realizar actividades financieras (foja 198 vuelta). b) Motivó el elemento consistente en el detrimento patrimonial (monto de lo defraudado) ya que estableció que para determinarlo, tomó en consideración el salario mínimo vigente en dos mil nueve; realizó la operación aritmética correspondiente y explicó por qué se actualiza cada una de las fracciones invocadas, así mismo, precisó por quiénes de los agraviados se actualiza cada una de dichas fracciones (fojas 186 vuelta a 187 vuelta). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANCELMA TALTENO MORA LA RESOLUCION DE SIETE DE AGOSTO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (foja 214), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 128 a 148), se concedió el amparo y protección a Daniel Granillo Camacho, para que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Daniel Granillo Camacho el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 358/2010, de su índice, contra Daniel Granillo Camacho. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a) Motivar el elemento del delito de fraude genérico "engaño", debiendo hacerlo a la luz de los argumentos y razonamientos vertidos por el Ministerio Público en su determinación de consignación de hechos, ya sea compartiéndolos o desestimándolos, tomando en consideración los medios de prueba existentes en la averiguación previa valorándolo en lo individual y en su conjunto; y, b) motivar debidamente el elemento consistente en el detrimento patrimonial (monto de lo defraudado) en cuanto al año que tomó en cuenta a efecto de multiplicarlo por los días de salario que señala cada fracción, y así corroborar que los montos encuadran en las fracciones que indicó, además de precisar por quiénes de los agraviados se actualiza cada una de dichas fracciones. No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que si bien el delito de fraude específico no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, también lo es que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, consistente en la ejecución del auto de formal prisión emitido por el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el once de diciembre de dos mil diecisiete, en el proceso penal 358/2010 seguido en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, en concreto el mantenerlo recluido, por ser una consecuencia del auto de formal prisión, ya que al ser violatorio de garantías, su ejecución también lo es, y no atribuirle vicios propios." En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 171 a 173) se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 2864 de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 184), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 358/2010 de su índice (fojas 185 a 212). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 358/2010, de su índice, en la que decretó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 402 y 403, fracciones II, III y IV, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de Ancelma Talteno Mora, J. Félix Castillo Cuevas, Manuel Marante Diz y María Rosalía Mendoza Solórzano (foja 185 vuelta y 212). 2. Con libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso, ya que nuevamente dictó en su contra auto de formal prisión por el ilícito señalado, pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo como a continuación se explica: a) Motivó el elemento del delito de fraude genérico "engaño", conforme los argumentos y razonamientos vertidos por el Ministerio Público en su determinación de consignación, en virtud de que estableció que la persona moral "Grupo Empresarial Geici", sociedad anónima de capital variable, no fue constituida para desempeñar funciones de ahorro y préstamo, pues para ello es necesario contar previamente con la autorización de la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (foja 198); lo que tuvo por acreditado con el informe rendido por el Director General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del que advirtió que la sociedad mencionada no cuenta con autorización de esa Comisión para operar como sociedad financiera popular, ni como sociedad cooperativa de ahorro y préstamo y que la persona moral aludida no ha presentado solicitud alguna para tal fin; y, estableció que la constitución de la sociedad citada, se utilizó como medio comisivo para engañar a los pasivos, ya que la empresa no fue constituida para realizar actividades financieras (foja 198 vuelta). b) Motivó el elemento consistente en el detrimento patrimonial (monto de lo defraudado) ya que estableció que para determinarlo, tomó en consideración el salario mínimo vigente en dos mil nueve; realizó la operación aritmética correspondiente y explicó por qué se actualiza cada una de las fracciones invocadas, así mismo, precisó por quiénes de los agraviados se actualiza cada una de dichas fracciones (fojas 186 vuelta a 187 vuelta). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

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