Daniel Godina Carrillo

Expediente 542/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
542/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Daniel Godina Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción dado que se desechó la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa Daniel Godina Carrillo, ni sus abogados autorizados, comparecieron a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el citatorio que el uno de septiembre de dos mil veintidós, se le dejó en el domicilio ordenado, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós "...Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejoso, a través del cual desahoga el requerimiento efectuado en proveído de quince de agosto del año en curso y manifiesta que la fecha de cierre de instrucción del juicio laboral llevado ante la junta que señala como responsable, fue en la audiencia de veintidós de junio de dos mil veintidós. Desechamiento. Así entonces, hecha la lectura integral de la demanda de amparo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de demanda y sus anexos, como un todo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, este órgano jurisdiccional procede a determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo solo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, debemos señalar que la parte promovente señala como acto reclamado, el siguiente: "IV.- LA LEY O ACTO QUE (sic) LAS AUTORIDAD SE RECLAMA; a). - DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RESPONSABLE. - De la JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, se reclama de la autoridad responsable la falta de observancia del Artículo 916 de la Ley Federal del Trabajo, en la emisión del laudo o dictamen que debe emitirse en los autos del juicio 687/2020..." Así, una vez analizado el escrito de cuenta, quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe ser estudiada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio. Para mejor comprensión, se impone reproducir el contenido de los artículos señalados en el párrafo que precede, los cuales a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los anteriores preceptos, se aprecia que el juicio de amparo indirecto, sólo procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, asimismo, que procederá el juicio de amparo directo cuando se transgredan las leyes del procedimiento y estas últimas trasciendan al resultado del fallo dentro de los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios, del trabajo o incluso penales. Así, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando "afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo" protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, de "modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente". En consecuencia, es dable afirmar que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con las siguientes dos notas distintivas: afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga resolución favorable a sus intereses. En el caso en estudio, no se actualiza ninguno de tales supuestos, toda vez que al atender el contenido íntegro de la demanda y su aclaración, se aprecia que el directamente agraviado acude a esta instancia constitucional reclamando substancialmente la omisión por parte de la autoridad responsable en dictar el laudo en el expediente laboral 687/2020 precisando que se cerró la instrucción el veintidós de junio de dos mil veintidós; a pesar de que deberán transcurrir los diez días para la presentación del proyecto de laudo, los cinco días para para que una vez recibido el proyecto de laudo se practiquen las diligencias que se estimen necesarias y los diez días siguientes para dictar el laudo, lo que da un total de veinticinco días hábiles y lo que según el quejoso, es violatorio del artículo 17 Constitucional. Para mayor ilustración se transcriben los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.] Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." Ahora, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el principio de prontitud y expedites en administración de justicia, dice lo siguiente: "Artículo 17.- ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El precepto transcrito tutela, como se apuntó, el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las determinaciones correspondientes sin dilaciones. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de modo que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales a que las sujeta la normatividad aplicable; que son elementos introducidos a la secuela procedimental para determinar con precisión la duración y avance de determinada etapa, al tiempo que brindan seguridad jurídica a las partes, a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley la conducta procesal que les corresponda. Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arribó a la conclusión en la que cuando un particular, como en el caso, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento aun cuando alegue violaciones cometidas al artículo 17 de la Ley Suprema, no pueden considerarse como ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de prosecución del trámite). En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso; lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar continuidad al procedimiento. De lo anterior, surgió la jurisprudencia 1a./J. 7/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, registro 2008884, que reza de la siguiente manera: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Asimismo, en lo conducente sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Tomando en cuenta los anteriores criterios emitidos por el máximo tribunal del país se tiene, que en el caso la demanda de amparo fue presentada el once de agosto de dos mil veintidós, y toda vez que el veintidós de junio de esta anualidad la autoridad responsable cerró la instrucción en el juicio laboral, según lo narrado por el propio quejoso al aclarar la demanda, es evidente que no se cumple con la temporalidad o plazo razonable que se requiere para estimar que existe dilación o paralización total por parte de la responsable en el dictado de dicha determinación, esto de acuerdo a los criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, pues para determinar si se incurrió en una abierta dilación o paralización se toma en consideración el tiempo transcurrido a partir de cuando se debió de emitir dicho acto, ya que una demora prolongada sin justificación puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos legales 8 y 17 constitucionales. Se sostiene lo anterior porque como se dijo, la instrucción en el juicio laboral se cerró el veintidós de junio pasado, por lo que los veinticinco días para la emisión del laudo comenzó a contar precisamente el día veintitrés de junio del año actual, trascurriendo seis días hábiles en el mes de junio, once días hábiles en el mes de julio del año en curso, y ocho días hábiles de agosto de la anualidad, dando un total de veinticinco días, descontándose en el mes de julio los días del dieciséis al treinta y uno de julio, que correspondieron al primer periodo vacacional de la autoridad responsable, por lo que, el último día de los veinticinco días corresponde al día diez de agosto del año en curso, como visualmente se expone en el siguiente cuadro: LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO JUNIO DE 2022 (SEIS DIAS TRANSCURRIDOS DE LOS VEINTICINCO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 CIERRE INSTRUCCION 23 24 25 26 27 28 29 30 JULIO DE 2022 (11 DÍAS TRANSCURRIDOS DE LOS VEINTICINCO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VACACIONES AUTORIDAD 19 VACACIONES AUTORIDAD 20 VACACIONES AUTORIDAD 21 VACACIONES AUTORIDAD 22 VACACIONES AUTORIDAD 23 24 25 VACACIONES AUTORIDAD 26 VACACIONES AUTORIDAD 27 VACACIONES AUTORIDAD 28 VACACIONES AUTORIDAD 29 VACACIONES AUTORIDAD 30 31 AGOSTO DE 2022 (8 DÍAS TRANSCURRIDOS DE LOS VEINTICINCO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SE PRESENTA DEMANDA DE AMPARO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Por lo que, debe tomarse en cuenta que no ha transcurrido el tiempo razonable desde que se cerró la instrucción (veintidós de junio de dos mil veintidós), para la emisión del laudo, de manera razonable que no existe una paralización en el procedimiento, además de que debe tomarse en cuenta la complejidad del juicio, máxime que de acuerdo al artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, no ha transcurrido el lapso de cuarenta y cinco días; por lo que no se considera que se afecten derechos fundamentales del aquí quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Acotado lo anterior, cabe abundar que el presente pronunciamiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto los presupuestos procesales y las causas de improcedencia cuyo estudio son de orden público. En mérito de los razonamientos expuesto lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Daniel Godina Carrillo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente

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