Daniel Enrique Lopez Palma
Expediente 594/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2021
Partes del expediente
- Daniel Enrique Lopez Palma
- DANIEL ENRIQUE LOPEZ PALMA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Se avoca al conocimiento. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. Archivo. Por lo que, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso j), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción con motivo de que este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL LICENCIADO ROMÁN MANUEL GARCÍA TRUJILLO HACE CONSTAR QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN SINTESIS DICE: Tijuana, Baja California, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 594/2021-VI. Precisión especial. A fin de salvaguardar el derecho a la reserva de información de los datos personales y sensibles de los menores, así como su derecho a la intimidad, de conformidad con el artículo 8º de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores "Reglas de Beijing", en el presente juicio se hará referencia a él con las siglas L.A.A. Suspensión de plano. Con relación a la petición de la parte quejosa en el sentido de que se decrete la suspensión de plano de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contempla el referido precepto legal. En efecto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión de investigar, supervisar y hacer valer los derechos humanos y el interés superior de la niñez; así como, indebida sustracción de la niña del seno o camilla del Hospital General de San Luis Río Colorado, Sonora donde nació sin dar oportunidad ni derecho a la defensa adecuada ni a un justo juicio y la posible pérdida de la patria potestad de la niña L.A.A., derivado de la detención y o retención por parte del Desarrollo Integral de la Familia Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora y otras autoridades. Por su parte, el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]" Del dispositivo legal en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión de investigar, supervisar y hacer valer los derechos humanos y el interés superior de la niñez; así como, indebida sustracción de la niña del seno o camilla del Hospital General donde nació hace casi dos años, sin dar oportunidad ni derecho a la defensa adecuada ni a un justo juicio; y, la posible pérdida de la patria potestad de la niña L.A.A., derivado de la detención y o retención por parte del Desarrollo Integral de la Familia Municipal de San Luis Río Colorado y otras autoridades, por lo que se concluye que dichas determinaciones no encuadran en ninguno de los supuestos anteriormente indicados, ya que se trata de actos que no importan peligro de privación de la vida, ni de la menor ni de la promovente Reyna Guadalupe Abarca Aviña, quien dice ser la madre; tampoco se trata de actos relacionados con destierro, deportación, extradición, desaparición forzada o de la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, para así poder estar en aptitud de decretar la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. Cabe señalar que no pasa desapercibido que la promovente en el punto 1 de su demanda (en donde precisa el nombre y domicilio de la parte quejosa) menciona que la niña está retenida e incomunicada en las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia Municipal de San Luis Río Colorado, "en las instalaciones de la casa cuna guardería y/o indebidamente e ilegalmente entregada a otra familia recientemente", pero también se advierte que en los antecedentes del acto reclamado menciona que hace casi dos años personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de policías y del encargado de maternidad del hospital general le quitaron a su hija recién nacida del camillero en San Luis Río Colorado, en el domicilio del "Hospital de Maternidad para la Mujer", con el argumento de que consume drogas o estupefacientes, y que sin ninguna explicación le pusieron muchas trabas para poder verla, por lo que casi no es posible hacerlo por el problema de salud del COVID-19, por lo que no hay visitas y está incomunicada con su hija. Manifestaciones todas ellas que denotan que no se está en presencia de una cuestión de "incomunicación" a la que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, sino que se trata de un asunto relacionado, en su caso, con las convivencias entre una menor y su progenitora, la guarda y custodia o pérdida de patria potestad. Asimismo, la pretensión de la promovente del juicio de amparo es que, a través de la suspensión, se ponga en "inmediata libertad" a la menor para que sea trasladada al hogar de su progenitora, efectos que superan la materia de la suspensión, ya que el pronuncimiento respectivo a la guarda y custodia de la menor es una facultad exclusiva de un juzgado familiar, que, si bien puede decretar una medida provisional, y tras llevar un procedimiento, en el que se desahogan pruebas y se formulan alegatos, existe una determinación que designa a quien corresponde la salvaguarda de la menor. En ese sentido, este juzgado no puede hacer el pronunciamiento respectivo al no contar con elementos mínimos que permitan conocer la situación actual de la menor, así como, quien ostenta actualmente la guarda y custodia, algunos elementos sobre su desarrollo y sobre todo, porque la promovente, si bien aduce ser la madre de la menor, no acredita a través de documentos alguno esa situación, por lo que no se encuentra justificado el entroncamiento con la menor. En ese orden de ideas se reitera, no procede decretar la suspensión de plano ya que no se actualiza alguno de los supuestos que prevén el artículo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA". Así, como la tesis VI.1o.A.19 K (con número de registro electrónico 179731) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 1458 del Tomo XX, Diciembre de 2004, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO". Incompetencia. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido Por tanto, una vez analizada la demanda, se estima que este juzgado carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Precisión del acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, sustancialmente, la omisión de investigar, supervisar y hacer valer los derechos humanos y el interés superior de la niñez; así como, indebida sustracción de la niña del seno o camilla del Hospital General donde nació sin dar oportunidad ni derecho a la defensa adecuada ni a un justo juicio y la posible pérdida de la patria potestad de la niña L.A.A., derivado de la detención y o retención por parte del DIF Municipal de San Luis Río Colorado y otras autoridades. De igual manera, cobra relevancia que la aquí quejosa en su demanda de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad que ". el día de hoy, se cumplen casi dos años me quitaron y/o despojaron de mi hija recién nacida del camillero para recién nacidos MI HIJA San Luis Río Colorado Sonora, como a las 9 a.m. domicilio ampliamente conocido en el Hospital de Maternidad para La Mujer por personal del D.I.F. acompañadas por policías y el Encargado de Maternidad del Hospital General que sin explicaciones ni ningún defensor público o particular me quitaron a mi bebe de los brazos con únicamente el argumento de que la aquí suscrita consumo alguna Droga enervante o Estupefaciente que según por el solo supuesto hecho de ser consumidora de alguna droga me recogerían a mi hija por una denuncia o llamada anónima.", de lo que se advierte que el acto reclamado se ejecutó en San Luis Río Colorado. Establecido lo anterior, el artículo 37 de la Ley de Amparo, especifica las reglas de competencia para conocer de los juicios de amparo de la siguiente manera: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El referido precepto legal tiene como condición primordial para fijar la competencia a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo lo relativo a la ejecución material de los actos reclamados, por tanto, esa expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material; esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en tanto que establece una orden, un mandato, o prohibición para realizar algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Así, las reglas de competencia establecidas en el numeral en análisis son las siguientes: I. Cuando el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; II. Si el acto o resolución reclamada requiere ejecución material, es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, III. Si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. En el caso, se estima actualizada la segunda de las hipótesis mencionadas para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, ya que los actos que se reclaman, independientemente del sentido positivo o negativo, inició y continúa ejecutándose indefectiblemente en San Luis Río Colorado. En efecto, en la hipótesis en estudio la quejosa reclama que en el Hospital General de Maternidad para la Mujer en San Luis Río Colorado, Sonora, donde dio a luz, fue desposeída de su hija recién nacida por personal del Desarrollo Integral de la Familia, acompañados por policías y por el encargado de maternidad de dicho hospital. Por lo que, conforme a las reglas de competencia establecidas en la Ley de Amparo, al continuar la situación de tener retenida la menor de edad en el Desarrollo Integral para la Familia, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, es evidente que dicho acto comenzó a ejecutarse y se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra retenida la menor de edad, esto es, en San Luis Río Colorado, Sonora y por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de dicho centro integral. Por tanto, es evidente que dicho acto reclamado comenzó a ejecutarse y continúa ejecutándose en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, es decir, en el lugar en donde la menor hija de la quejosa se encuentra alojada en el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); entidad federativa donde este juzgado carece de jurisdicción y, por ende, de competencia por razón de territorio. Consecuentemente, se considera que la competencia para conocer de la presente demanda que promueven Daniel Enrique López Palma y Reyna Guadalupe Abarca Aviña en representación de la menor L.A.A., se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Remisión de la demanda. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, declina la competencia para conocer de la presente demanda, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno; por tanto, remítansele los autos originales del presente controvertido, para que provea lo que en derecho corresponda. Lo anterior, previa captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotación en el libro de gobierno correspondiente. Comunicación. Se solicita al Juez de Distrito aludido que de no tener inconveniente legal alguno comunique a este órgano jurisdiccional la decisión que adopte al respecto, con el fin de poder determinar lo que en derecho corresponda con relación a este expediente. Notificación por estrados. Por otro lado, toda vez que los quejosos Daniel Enrique López Palma y Reyna Guadalupe Abarca Aviña, señalaron los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones, hágase la notificación correspondiente en los estrados de este órgano jurisdiccional. Cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a los quejosos por estrados.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Daniel da Silva Dias1318/2023
- Daniel Eduardo Rivera Basulto225/2021
- Daniel Eduardo Tapia Lopez554/2019
- Daniel Eduardo Tapia Lopez150/2019
- Daniel Eduardo Tapia Lopez555/2019
- Daniel Efren Martinez Sandoval603/2022
- Daniel Fernandez Torres918/2021
- Daniel Garcia Martinez1042/2019
- Daniel Gaspar Mejia528/2023
- Daniel Godina Carrillo542/2022
- DANIEL GONZALEZ, tambien conocido como DANIEL GONZALEZ MAGAÑA102/2023
- Daniel Gutierrez Escalante186/2021