Daniel Hernandez Vazquez
Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Daniel Hernandez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción dado que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de marzo de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días hábiles otorgado a la parte quejosa para que desahogara la prevención realizada en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós; sin que lo hubiere hecho. No presentada. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese; y personalmente al quejoso y sus defensores.
- Principal
Certificación. En Tijuana, Baja California, cuatro de febrero de dos mil veintidós, Naguib Enrique Hernández Delgado, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, certifica: que el oficio registrado con folio 1117, se recibió en el correo electrónico institucional. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. Cuenta. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta con la certificación que antecede y el oficio registrado con el número 1117. Conste.Tijuana, Baja California, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Designa defensores públicos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Coordinadora del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Daniel Hernández Vázquez. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J. 43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese; personalmente al quejoso, así como a sus defensores públicos.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda y anexo de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 22/2022-III. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en los artículos 108, fracción III y IV, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Precise con claridad la autoridad o autoridades que señala como responsables; b) Señale con claridad el acto o actos que le reclama a cada autoridad o autoridades. Justificación. Lo anterior, dado que en su demanda de amparo, el promovente señala lo siguiente: "III. Autoridades responsables: 1.- C. Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de B.C., con domicilio conocido en Tecate, B.C. 2.- Licenciada adscrita a defensoría pública Dulce Garibai, con domicilio conocido en las oficinas de defensoría pública Mundo Divertido Vía Rápida Tijuana B.C. IV.- Acto reclamado: Se reclama de las responsables la negativa a la solicitud de libertad anticipada presentada por escrito por el quejoso esto por considerar que dicha negativa es violatoria de derechos humanos, ya que tal negativa deviene de un inadecuado proceso del cual fue víctima el quejoso." Posteriormente, en el capítulo "V. Antecedentes", del ocurso de cuenta, se advierte que el quejoso Daniel Hernández Vázquez, refiere: ".Ahora, con relación a la defensa que tuvo el quejoso en la audiencia no ejerció totalmente como le correspondía sino que en perjuicio del suscrito omitió pruebas que me favorecían, esto es, que no preparó mi defensa y el C. Juez, defensor público y el representante en audiencia de ejecución de penas y medidas judiciales estuvieron en mutuo acuerdo con el ministerio público en negarme el beneficio de preliberación argumentando que debí de haberlo solicitado antes del año 2016, a lo cual el suscrito pidiendo el uso de la voz manifiesto que contaba con un antecedente de prueba que yo había solicitado el beneficio de preliberación Libertad anticipada a lo cual hicieron caso omiso.". Sin embargo, de lo anteriormente transcrito, no se tiene certeza cuáles son las autoridades que señala como responsables, ni que actos le reclama a cada una, pues de la narrativa de hechos se advierte como si también se doliera de actos del representante de ejecución de penas y medidas judiciales, y del ministerio público, sin que los hubiese señalado como responsables; máxime que exhibe una documental de diecisiete de junio de dos mil trece, donde -al parecer-, el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales le negó la obtención de su libertad anticipada; lo que resulta indispensable para establecer la relación procesal en el juicio de amparo acorde con su naturaleza y finalidad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 3709, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Décimo Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." En el entendido que la prevención de referencia, deberá ser subsanada directamente por el quejoso, por tratarse de actos personalísimos y que solo a él le corresponde manifestar. Se aplica por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/20061, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en atención a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. Copias del escrito de demanda. Sin que sea el caso prevenir al quejoso a efecto que exhiba la totalidad de las copias del escrito de demanda de amparo para traslado, pues tratándose de actos derivados del orden penal, el párrafo segundo del numeral 110 de la Ley de Amparo establece una excepción a la obligación de presentar las copias de referencia. Notificaciones al quejoso. Dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California", con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios judiciales de la adscripción, que todas las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo, con la copia correspondiente, se realicen personalmente al impetrante de amparo en dicho centro penitenciario. Designación de defensor. En otro orden, como lo solicita la parte quejosa y tomando en consideración que de la demanda de amparo se advierte que no cuenta con un defensor que lo patrocine en el presente juicio, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo y no dejarlo en estado de indefensión; con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Defensoría Pública Penal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso Daniel Hernández Vázquez un defensor público, a efecto de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.43/2019(10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Apercibimiento. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente al quejoso Daniel Hernández Vázquez.
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