Daniel Estrada Sandoval
Expediente 454/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Daniel Estrada Sandoval
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de once de julio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Daniel Estrada Sandoval; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el dos de agosto de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA EL QUEJOSO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO DANIEL ESTRADA SANDOVAL, EL AUTO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por Daniel Estrada Sandoval, contra actos del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 1, 6 apartado A, fracciones I, III y VII, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 454/2019-5B. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Es aplicable, la Jurisprudencia número II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95 del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Como se adelantó del análisis oficioso de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le produce afectación. De considerar que las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos conforme a las leyes que los rijan, el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el órgano de control suplantaría las facultades de las autoridades. Para ello, se establece como requisito indispensable, que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de amparo. Salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal; tales hipótesis son las siguientes: 1.- Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; 2.- Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o; 3.- Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Bajo tales premisas, el quejoso reclama al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, la emisión del oficio 2522/2019 de veintiséis de julio de dos mil diecinueve en el que le negó la entregar copias del parte informativo y/o informe policial homologado que se levantó con motivo de su detención por falta al bando de policía y buen gobierno por hechos que se llevaron a cabo aproximadamente a las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día sábado vente de julio de dos mil diecinueve, afuera de su domicilio ubicado en calle Baja California Norte, poste 48, del ejido México, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, contenida en el oficio 2522-2019 de veintiséis de julio de dos mil diecinueve. De tal documento, se aprecia que la autoridad emisora fundó su determinación en los artículos 80, 81, 82 y demás relativos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 110 de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 40, fracción XIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 23 fracción IV y demás relativos del Reglamento interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome; de ahí que el acto reclamado no carece de fundamentación. Tampoco se combaten sólo violaciones directas la Constitución, porque en la demanda se atacan cuestiones que se consideran de legalidad, traducidas en la inexacta aplicación de la ley, en si la aplicación del artículo 6 de las Instituciones de Seguridad Pública entre otros. Además, contra el acto reclamado procede el juicio de nulidad en sede Administrativa conforme lo establecido en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 6°, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, al establecer que corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien se encuentra facultado para conocer y resolver de los juicios que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares Es así, ya que el artículo 6, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa dispone: Artículo 6. El Tribunal será competente para conocer y resolver de los juicios: I. Que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares;.". De la interpretación armónica del dispositivo transcrito, se aprecia que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se encuentra facultado para conocer y resolver de los juicios que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares. En la especie, el oficio 2522/2019 de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, que contiene la negativa a entregarle copia del parte informativo y/o informe policial homologado que le solicitó por escrito con motivo de su detención por supuesta falta al bando de policía y buen gobernó, hechos que se llevaron a cabo aproximadamente a las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día sábado vente de julio de dos mil diecinueve, afuera de su domicilio ubicado en calle Baja California Norte, poste 48, del ejido México, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el cual resulta ser un acto de naturaleza eminentemente administrativa, al haber sido realizado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esta ciudad, esto es, por una autoridad dependiente de la administración pública municipal; la cual resulta ser una decisión unilateral y aislada, con efectos concretos que afectan la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, se colige que el promovente de la tutela constitucional, previamente a la interposición de la demanda de amparo, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, previo a la promoción del juicio de amparo para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, dado que los actos reclamados se ubican en la hipótesis que establece el artículo 6 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, al constituir actos administrativos emitidos por autoridades pertenecientes a la administración pública municipal, por virtud del cual puede obtener la modificación, revocación o nulidad de los actos que por esta vía reclama. Así, el acto reclamado constituye un acto administrativo impugnable ante el órgano jurisdiccional referido, en virtud de que se trata de una manifestación aislada que, por su naturaleza y características, no requiere de procedimiento que le anteceda para reflejar la voluntad final de la autoridad, pues negó entregarle copia del parte informativo o policial. Es aplicable al caso, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que dice: "ACTOS DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA, POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos o resoluciones administrativas o fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades dependientes del Gobierno del Estado de Sinaloa, municipales y sus organismos descentralizados, procede, cuando menos, el medio ordinario de impugnación previsto por el artículo 13, fracción I, 22 y 34 todos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto o resolución impugnado, y con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos o resoluciones, conforme a los artículos del 68 al 75 de dicha Ley, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión definitiva; consecuentemente, es improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos o resoluciones, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Tesis: XII.3o.1 A, página 590, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Lo anterior, toda vez que conforme a la ley que rige el juicio de nulidad, a saber, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, son suspendibles los efectos de dicho acto mediante la interposición del juicio, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, conforme lo establecido en los artículos 68 al 70 del citado ordenamiento, 125, 128, 129, 130, 132, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo; de texto: "Artículo 68. Los actos impugnados y su ejecución podrán ser objeto de suspensión en los casos, bajo las condiciones y modalidades que prevé esta Ley. La suspensión se concederá por el Magistrado de la Sala que conozca del asunto, de oficio o a petición de parte, desde el mismo acuerdo que admita la demanda y hasta que se dicte sentencia y ésta quede ejecutoriada. La cual surtirá efectos desde luego, en el auto en que se conceda. Tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria, salvo en aquellos casos en que a juicio del Magistrado deba otorgársele efectos restitutorios. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de la libertad por faltas administrativas o actos que de llegar a consumarse, harían materialmente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. En todos los demás casos, solo se otorgará la suspensión cuando lo solicite la parte interesada. En todo caso, el auto que decrete la suspensión deberá notificarse el mismo día en que fue pronunciado a las autoridades demandadas, surtiendo efectos dicha notificación desde la hora en que fue realizada, para su cumplimiento, apercibiéndolas que en caso de desacato, se les aplicarán las sanciones previstas en el título tercero de esta Ley. Las actuaciones realizadas con posterioridad al auto que conceda la suspensión, que tenga por objeto la ejecución del acto impugnado, deberán declararse inexistentes con independencia de que las autoridades demandadas no hayan sido notificadas de dicho proveído sin que en este caso incurran en responsabilidad. El Magistrado de Sala podrá revocar o modificar en cualquier momento del juicio, el auto a través del cual concedió la suspensión de la ejecución del acto impugnado, si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó, previa vista que se dé a los interesados por el término de tres días. Artículo 69. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Artículo 70. Cuando proceda el otorgamiento de la suspensión, ésta medida cautelar genérica tendrá efectos restitutorios tratándose de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia; actos privativos de libertad decretados al particular por faltas administrativas; o bien, cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, siempre que no se lesionen derechos de terceros." Preceptos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.". Como se advierte, en ambos ordenamientos (Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y Ley Amparo), basta con solicitar la medida cautelar ante la autoridad competente (Magistrado instructor o Juez de Distrito) en cualquier etapa del juicio, y se exige además que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, sin pedir más requisitos y condiciones. Asimismo, puede apreciarse que tanto la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en el artículo 68 analizado, como la Ley de Amparo, establecen que la medida solicitada durante la substanciación del juicio, tiene efectos hasta que se dicte sentencia definitiva que lo resuelva, y existe igualdad de condiciones para proveer respecto a la garantía para reparar posibles daños y perjuicios (artículos 132 y 135 de la ley de Amparo y 73 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa). En ese orden de ideas, resulta incuestionable que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, no establece obligaciones adicionales a las señaladas en la Ley de Amparo para solicitar y obtener la suspensión del acto reclamado, por ende, acorde al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acto reclamado si previamente no se agota el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. En tales condiciones, al ser impugnables los actos que reclama el impetrante de garantías a través del respectivo medio ordinario de defensa, es obvio e incuestionable que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia invocada, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por otro lado, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones en bulevar Rio de las Cañas número 1379-6 norte, fraccionamiento Las Palmas, en esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Enrique Becerra Elizalde y Ana Bertha Castellanos Bautista.
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