Daniel Manzanarez Lopez

Expediente 154/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
154/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
01/10/2020

Partes del expediente

  • Daniel Manzanarez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Daniel Manzanarez López, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 313/2019; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de los mismos, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO DANIEL MANZANAREZ LOPEZ, EL AUTO DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Daniel Manzanarez López, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 313/2019; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de los mismos, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    Visto el oficio número DAJ/3643/2019, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica los trámites que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio 14922/2019 signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales de juicio de amparo en que se actúa 154/2019-6A, y copia certificada del testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión número 313/2019, en la que resuelve: "PRIMERO. Queda firme parte no impugnada relativa al sobreseimiento decretado en el juicio de amparo indirecto 154/2019, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis; respecto del acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la sentencia materia de revisión, en términos de lo establecido en el apartado cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y Director de Vialidad y Transportes del Estado, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por las razones esgrimidas en el punto considerativo sexto y para los efectos precisados en el considerando séptimo de la sentencia materia de revisión.". Acúsese recibo, vía sise. Glósese el cuaderno de antecedentes con sus actuaciones al presente juicio, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse muy voluminoso. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y Director de Vialidad y Transportes del Estado, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para que den cumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano Judicial, en la que concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".el Director Vialidad y Transportes del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria esta determinación, en un término perentorio de tres días emita la resolución que en derecho corresponda dentro del procedimiento administrativo ********************, y lo haga del conocimiento del quejoso.". Pues solo así será posible restituir el pleno goce de los derechos fundamentales violados, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítesele a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, informen sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indiquen a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2007918, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 19, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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