Daniel Duarte García

Expediente 43/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
43/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • Daniel Duarte García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de once de junio de la presente anualidad, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que las partes no exhibieron documentos originales, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de quince de mayo del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Daniel Duarte García, misma que el seis de mayo de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa, por el cumplimento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte del Estado con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal número 861/2018, de su índice. b) Dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos señalados en esta ejecutoria, precise si la conducta imputada, al aquí quejoso, se encuadró en el supuesto legal contemplado en la fracción I del artículo 225 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en la hipótesis de impedir materialmente el disfrute de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenezca, precisando exactamente en cuál, si en uno (inmueble ajeno) u otro (derecho real); así como establecer con qué datos tuvo por acreditado tal hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 177362, del siguiente contenido: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN IMPIDE ANALIZAR LOS REQUISITOS DE FONDO. Cuando el amparo se concede por vicios de forma, y únicamente el quejoso recurre, aduciendo cuestiones de fondo, el tribunal revisor está impedido para analizarlas, toda vez que es incierta la futura existencia del acto originalmente impugnado, por virtud del cumplimiento que a la ejecutoria respectiva dé la autoridad responsable, máxime que de analizar el fondo, se corre el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente perjudique al quejoso, en detrimento del principio non reformatio in peius, tal como lo interpreta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 15/2000, consultable en la página 264, Tomo XII, noviembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN." Asimismo, sustenta lo anterior el criterio jurisprudencial aprobado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 201568, del rubro y texto siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LÍMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, se requirió por el cumplimiento de ejecutoria a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa. Seguidamente, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diez de mayo de dos mil diecinueve, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente la resolución consistente en el auto de vinculación a proceso de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, dictado en la audiencia inicial de la misma fecha en contra del aquí quejoso, dentro de la causa penal 861/2018 de su índice, y emite una diversa resolución de vinculación de proceso en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación sobre la solicitud que le hizo el quejoso, mismo que se le dio vista al quejoso Daniel Duarte García, que fue notificada personalmente el diecisiete de mayo del año en curso, por conducto de su autorizado legal. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte del Estado con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal número 861/2018, de su índice. b) Dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos señalados en esta ejecutoria, precise si la conducta imputada, al aquí quejoso, se encuadró en el supuesto legal contemplado en la fracción I del artículo 225 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en la hipótesis de impedir materialmente el disfrute de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenezca, precisando exactamente en cuál, si en uno (inmueble ajeno) u otro (derecho real); así como establecer con qué datos tuvo por acreditado tal hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión ".. Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO DANIEL DUARTE GARCIA, EL AUTO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de quince de mayo del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Daniel Duarte García, misma que el seis de mayo de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa, por el cumplimento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte del Estado con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal número 861/2018, de su índice. b) Dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos señalados en esta ejecutoria, precise si la conducta imputada, al aquí quejoso, se encuadró en el supuesto legal contemplado en la fracción I del artículo 225 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en la hipótesis de impedir materialmente el disfrute de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenezca, precisando exactamente en cuál, si en uno (inmueble ajeno) u otro (derecho real); así como establecer con qué datos tuvo por acreditado tal hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 177362, del siguiente contenido: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN IMPIDE ANALIZAR LOS REQUISITOS DE FONDO. Cuando el amparo se concede por vicios de forma, y únicamente el quejoso recurre, aduciendo cuestiones de fondo, el tribunal revisor está impedido para analizarlas, toda vez que es incierta la futura existencia del acto originalmente impugnado, por virtud del cumplimiento que a la ejecutoria respectiva dé la autoridad responsable, máxime que de analizar el fondo, se corre el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente perjudique al quejoso, en detrimento del principio non reformatio in peius, tal como lo interpreta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 15/2000, consultable en la página 264, Tomo XII, noviembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN." Asimismo, sustenta lo anterior el criterio jurisprudencial aprobado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 201568, del rubro y texto siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LÍMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, se requirió por el cumplimiento de ejecutoria a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa. Seguidamente, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diez de mayo de dos mil diecinueve, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente la resolución consistente en el auto de vinculación a proceso de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, dictado en la audiencia inicial de la misma fecha en contra del aquí quejoso, dentro de la causa penal 861/2018 de su índice, y emite una diversa resolución de vinculación de proceso en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación sobre la solicitud que le hizo el quejoso, mismo que se le dio vista al quejoso Daniel Duarte García, que fue notificada personalmente el diecisiete de mayo del año en curso, por conducto de su autorizado legal. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte del Estado con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal número 861/2018, de su índice. b) Dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos señalados en esta ejecutoria, precise si la conducta imputada, al aquí quejoso, se encuadró en el supuesto legal contemplado en la fracción I del artículo 225 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en la hipótesis de impedir materialmente el disfrute de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenezca, precisando exactamente en cuál, si en uno (inmueble ajeno) u otro (derecho real); así como establecer con qué datos tuvo por acreditado tal hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión ".. Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Vistos los oficios de cuenta, signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual en el primero acusa recibo del oficio número 1005-1A, y en el segundo comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. De igual manera, respecto al disco compacto que remite la autoridad responsable citada, resguárdese en la secretaria de acuerdos, en el entendido de que queda a disposición de las partes.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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