Daniel Duarte Corral

Expediente 635/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
635/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Daniel Duarte Corral
  • DANIEL DUARTE CORRAL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta de julio de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se negó el amparo y la protección de la justicia de la Unión, resolución que fue revocada en sus términos por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, en el amparo en revisión 111/2019, el dos de julio del año en curso; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS DANIEL DUARTE CORRAL Y SUSAN YENISEY LUGO HAYASHI Y AL TERCERO INTERESADO EDUARDO DUARTE CORRAL, EL AUTO DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio número 4317/2019, del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, suscrito por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, del que se desprende que se cumple con la ejecutoria que se dictó en este juicio de garantías. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto del dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con el citado documento para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el diecinueve de julio del dos mil diecinueve, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió negar el amparo solicitado (fojas 74 vuelta de autos). Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, y por sentencia del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, resolvió: ". RESUELVE PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Daniel Duarte Corral y Susan Yenisey Lugo Hayashi, contra el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 735/2018 por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Estado, con sede en Goros II, Ahome, Sinaloa; lo anterior, para los efectos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. ." Ahora, los efectos del citado fallo protector se hicieron consistir en los siguientes: ". Así, con los antecedentes expuestos se pone de manifiesto que en el caso se vulneró el derecho de defensa de los imputados Daniel Duarte Corral y Susan Yanisey Lugo Hayashi, así como el debido proceso, en términos de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, Constitucionales, al igual que el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y expuso los antecedentes de la investigación con los que consideró que existían datos que establecían que se habían cometido los hechos que la ley señala como los delitos en cuestión, y que existía la probabilidad de que los imputados los cometieron o participaron en su comisión, después de que éstos eligieron que su situación jurídica se resolviera en esa audiencia, lo que evidentemente aconteció en un momento procesal que no está permitido conforme a la interpretación correcta del artículo 313 de la legislación nacional procesal en consulta, cuenta habida que se traduce en la inobservancia al debido proceso, puesto que se obstaculizó la posibilidad de los imputados a ejercer una adecuada defensa, en virtud de que no tuvieron la oportunidad de conocer previamente esos datos de prueba con el fin de poder estar en aptitud de decidir de manera informada el momento en el cual querían que se resolviera su situación jurídica, además ello no sólo provoca que tal decisión fuera desinformada, sino también hace nugatorio su derecho al vedarles la posibilidad de posponer la respectiva resolución judicial, para ofrecer medios de convicción que desvirtúen la postura ministerial, en razón de que sería ilógico suponer que tal propósito se conseguiría sin tener pleno conocimiento de cuáles son los datos de prueba concretos en los que el Ministerio Público apoya su petición. No se pasa por alto que podría estimarse que los imputados adquieren esa posibilidad de defensa desde el momento en que el Ministerio Público formula la imputación, pero lo cierto es que no ocurre así, debido a que conforme al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como parte de la comunicación al imputado en presencia del Juez que se desarrolla una investigación en su contra, al formular la imputación el Ministerio Público únicamente tiene la obligación de informarle verbalmente el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que se le atribuye, así como el nombre de su acusador; empero, el representante social no tiene el deber de informa en ese momento los motivos ni los datos de prueba con los que considera que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que esa exigencia surge hasta que solicita la vinculación a proceso y frente a esa petición, conforme el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, el imputado tiene el derecho de solicitar el beneficio del plazo previsto para que el juez resuelva su situación jurídica, esto, con el fin de que pueda oponer las defensas que estime convenientes para destruir los antecedentes en los que se funda esa pretensión del fiscal, como ha quedado expuesto. Entonces, para que sea efectivo el derecho de defensa del imputado cuando solicita que se resuelva su situación jurídica en la misma audiencia, previamente el Ministerio Público debió solicitar la vinculación a proceso exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la carpeta de investigación con los que consideraba que existían datos que establecen que se han cometido los hechos que la ley señala como el delito de mérito y que existía la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en razón de que solamente de esa manera el imputado cuenta con la oportunidad real de decidir el momento en el que quiere que se resuelva su situación jurídica, pues estimar lo contrario, es decir, que el Ministerio Público puede solicitar la vinculación a proceso y exponer los antecedentes de la investigación después de que el imputado haya decidido en qué momento se resolviera la solicitud de vinculación, haría nugatoria la posibilidad de ofrecer medios de prueba para desvirtuar los antecedentes de la carpeta de investigación y, por ende, nulo el derecho de defensa que le otorgan los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución General de la República. Por tanto, al haberse vulnerado en perjuicio de los imputados hoy recurrentes, los derechos fundamentales de defensa y de debido proceso, procede revocar la negativa de amparo decretada en la sentencia recurrida, de conformidad con la fracción V del artículo 93 de la Ley de Amparo, y en su lugar, conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Juez responsable deje insubsistente la audiencia inicial a partir de donde los justiciables decidieron que se resolvería su situación dentro de la misma audiencia a que alude el artículo 19 Constitucional, con el fin de que previo a ello, la representación social de estimarlo procedente, solicite la vinculación a proceso exponiendo los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acrediten la existencia de los hechos materia de la imputación y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole a los imputados y a sus defensores, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. Cabe precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que deriven de los antecedentes de la investigación para establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender su análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades de la Juez responsable que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. ." Conforme lo anterior, la autoridad responsable debió realizar un acto en concreto: 1. La autoridad responsable deberá dejar sin efectos la audiencia inicial del cinco de noviembre de dos mil dieciocho y, 2. Celebre otra audiencia en donde, previo a lo manifestado por los imputados, en el sentido que era su deseo se resolviera su situación jurídica en esa fecha, el agente del Ministerio Público solicite la vinculación a proceso y, exponga lo datos con los cuales considera se acredita la existencia del hecho por el cual se formuló la imputación y la probabilidad de que lo hayan cometido o participado en el mismo.. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio número 4317/2019, del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, al que adjuntó copia certificada de la constancia por escrito de la audiencia inicial de vinculación a proceso y medidas cautelares del quince de julio de dos mil diecinueve. De esa constancia se aprecia que la titular que resolvió justificó su intervención, porque la juzgadora que emitió el acto reclamado se encontraba en ese momento disfrutando de su periodo vacacional, hecho que se corrobora con la siguiente transcripción: ".dado que, la presente juzgadora no tiene conocimiento del hecho motivo de la presente causa, es por lo que, en cumplimiento a dicha Ejecutoria de Amparo se declara la insubsistencia de la audiencia inicial, y se procede a celebrar la audiencia nuevamente. ." Después de narrase los antecedentes del caso, y señalar la forma de intervención de los imputados (aquí quejosos), la naturaleza de los actos señalados como delitos (que fue dolosa), el grado de consumación (continuado), y decirle a éstos los nombres de las personas que deponen en su contra; señalaron lo siguiente: ". Oportunidad para declarar: Los imputados después de consultar con su defensora particular, se reservaron el derecho que les asiste a declarar en esta audiencia, advertidos de que el silencio no les perjudica y que pueden declarar en cualquier momento considerado pertinente por los imputados. Una vez que la fiscalía solicitó la Vinculación a Proceso, y expuso los datos de prueba con los que cuenta en la carpeta de investigación 254/2018, con los que considera acreditar la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que los imputados lo cometieron, se hizo saber a los mismos su derecho a ofrecer algún dato de prueba que consideren pertinente para desvirtuar la postura ministerial, dentro del término constitucional, informando previa consulta con su Defensora, su decisión de que se resolviera en la misma audiencia. ." Después, se expuso el delito imputado (violencia familiar), los preceptos que así lo prevén y se indicaron los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación número 254/2018, consistente en: querella, informa policial, primer dictamen psicológico, segunda querella, dos actas de nacimiento, segundo informe policial, pericial de daños, declaración de una testigo, declaración de otro testigo, segundo dictamen psicológico y dictamen de valuación intrínseca de daños. Los citados elementos de convicción se valoraron conforme las reglas del Sistema Penal Acusatorio, de forma conjunta, integral y armónica (se expuso), y se concluyó vincular a proceso a los aquí agraviados, tal y como se observa de la siguiente transcripción: ". De los cuales se advierte que existen indicios razonables para tener por establecida la comisión de un hecho que la Ley señala como delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado por . No se actualizó a favor de los imputados Daniel Duarte Corra y Susan Yenisey Lugo Hayashi, causa de extinción de la acción penal, ni excluyentes del delito, previstas en el artículo . Por lo tanto, este Órgano Jurisdiccional, con fundamento en el artículo 19 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316, 317 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, se Vincula a proceso a Daniel Duarte Corral y Susan Yanisei Lugo Hayashi, por el hecho que la Ley señala como delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado en el artículo ." Posteriormente a lo antes dicho, la titular del Juzgado ordenó la transcripción de esa resolución; la notificó a las partes y les indicó que la misma es apelable. Inmediatamente después, la juzgadora decretó medidas cautelares (presentación periódica una vez al mes, prohibición de salir del Estado, y la prohibición de acercarse, convivir o causarle algún tipo de molestia o represalia a la víctima); finalmente, se les conminó a las partes a cumplir lo allí dicho. A su vez, en esa misma diligencia se fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria la de un mes. Finalmente, la audiencia se cerró a las trece horas con veintiún minutos del quince de julio de dos mil diecinueve. Como se observa, la autoridad responsable cumplió con la sentencia de amparo, porque después de la formulación de imputación y la solicitud de vinculación a proceso hecha por el Ministerio Público y, previo a que la juzgadora dijera algo sobre la citada vinculación, se les otorgó a los quejosos (en su calidad de imputados), la posibilidad de ofrecer algún dato de prueba para desvirtuar la postura ministerial, dentro del término constitucional, y una vez que lo consultaron con su Defensa, señalaron ".su decisión de que se resolviera en la misma audiencia." Esto es, se les hizo del conocimiento de los quejosos, en su calidad de imputados, de los hechos que adujo la Representación Social para sostener su imputación y con ello vincularlos a proceso, y sobre esto, no se quiso aportar prueba alguna, lo que originó se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia de ley. En consecuencia, con el actuar de la responsable, se respeta el derecho de defensa y de debido proceso de los justiciables, en la medida que éstos tuvieron conocimiento de todos los datos de prueba que expuso el agente del Ministerio Público para sostener su imputación y, de esa forma, exponer su deseo o no, de ampliar el término constitucional para resolver su situación jurídica; hecho que concluyó en que éstos quisieran que en la misma audiencia se resolviera sobre la vinculación a proceso. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el presente juicio e informa que el quince de julio de dos mil diecinueve, se celebró nuevamente la audiencia inicial la que se resolvió en la misma audiencia y acompaña un disco compacto (DVD) que contiene las actuaciones relativas. En atención a lo informado por la autoridad oficiante, se le tiene informando del cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio Dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento. Finalmente, a fin de evitar el deterioro del disco en comento, resguárdese en secretaría de acuerdos, a disposición de las partes.

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