Daniel Araf Hop
Expediente 1226/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Araf Hop
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese sin mayor pronunciamiento el comunicado proveniente del Juzgado responsable, en razón que el tres de febrero del año en curso causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo ordenando su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer, contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. ARCHÍVESE COMO JUICIO CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. El incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, en razón de que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá destruirse. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1226/2022; el licenciado..., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; con fundamento en el numeral 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informe justificado; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el quejoso ofreció la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza, y al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1226/2022, promovido por ... contra actos del Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra el acto de la citada autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, así se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un procedimiento del orden mercantil seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 183700, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 25, que señala: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistrados y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós emitido en el juicio ... del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, que desestimó su petición de fijar una contragarantía para levantar las providencias precautorias decretadas. TERCERO. Existencia. La certeza del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido por el Juez responsable, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. En el expediente ..., el siete de octubre de dos mil veintiuno, se otorgaron providencias cautelares de retención de bienes, en contra del quejoso y otros, a fin de garantizar un crédito hasta por la cantidad de $USD 30´000,000.00 (TREINTA MILLONES DE DÓLARES 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Asimismo se fijó a cargo del promovente, garantía para responder por posibles daños y perjuicios por la cantidad de $USD 933,374.40 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES 40/100 MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). II. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintidós, el quejoso solicitó la fijación de una contragarantía para levantar los efectos de las medidas cautelares en su contra. A esta petición recayó el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, en que se dio vista por tres días al actor. III. El diecisiete de octubre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el ocurso de la parte actora oponiéndose a la solicitud de su contrario; a lo que el juez de la causa decretó: "NO HA LUGAR a fijar contragarantía a fin de levantar las providencias precautorias en que se actúa, debido a que las mismas fueron decretadas conforme a lo establecido por los artículos 1175, 1176, 1177, 1178, 1179 y demás relativos del Código de Comercio, por lo que no resulta aplicable el artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, invocado por el enjuiciado, sin soslayar que la garantía prevista por el artículo 1175 de Código de Comercio, tiene por objeto garantizar los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en el citado ordenamiento o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte, daños que, pueden o no generarse, razón por la cual el citado precepto, establece que esa garantía debe ser determinada por el Juez prudentemente, con base en la información que se proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante, por lo que la "contragarantía" solicitada por el enjuiciado, contrario a lo pretendido no pudiera ser proporcional a la garantía fijada en términos de 1175 del Código de Comercio; siendo aplicable al efecto lo establecido en el artículo 1179 del citado Código de Comercio, que de acuerdo a su contenido, tiene como finalidad garantizar el valor de lo reclamado, lo que se advierte en razón de que dicho precepto es imperativo en cuanto a establecer que la providencia se levantará si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, es decir, no permite al suscrito fijar de manera prudente una fianza, por lo que en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1179 antes invocado, se dejan a salvo los derechos del ejecutado ..., para que consigne el valor de lo reclamado, exhiba fianza o garantice con bienes raíces suficientes el valor de los reclamado, hecho lo cual se levantaran las presentes providencias.- NOTIFÍQUESE." Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. En esencia, el quejoso señala que el acto reclamado es inconstitucional porque inobserva el principio pro persona, de legalidad y seguridad jurídica y acceso a la justicia, al no resolver de conformidad lo que planteó. Al respecto, cita diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Federal. Asimismo destaca que en el presente asunto era procedente la supletoriedad de las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, e incluso el local. Indica que incorrectamente el juez desestimó su petición de fijar contragarantía dado que las medidas fueron decretadas conforme a los artículos 1175 a 1179 del Código de Comercio; y de acuerdo al diverso 1176 de esa legislación, el otorgamiento y consignación de garantías se hará conforme a la legislación común o en su caso, conforme a los principios generales del derecho, lo cual revela que el estudio del juez fue insuficiente porque debió recurrir al contenido del precepto 236 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Señala que conforme al ordinal 1177 del Código de Comercio, las providencias debieron decretarse a través de sentencia interlocutoria y tramitarse vía incidental; con lo que coartó el derecho de defensa (replicar) del afectado, pues fueron decretadas de plano, violentando gravemente el procedimiento. El acto reclamado contraviene lo previsto en el dispositivo 236 del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que se ha privado al quejoso de tener las mismas oportunidades de defensa. El juez resolvió soslayando que conforme al principio pro persona debió acudirse a la legislación supletoria. Negar la petición conforme al numeral 1179 del Código de Comercio violenta los derechos del quejoso al negarle presentar una contrafianza, y orillándolo solo a exhibir el valor de lo reclamado, lo cual es violatorio del precepto 17 de la Constitución Federal e inobserva jurisprudencia y diversas disposiciones de la legislación mercantil y normas supletorias. Decisión: Los conceptos de violación se estudiarán de manera conjunta con fundamento en lo previsto por el artículo 76 de la Ley de Amparo , dado que a criterio del suscrito plantean un tema central, que es la posibilidad de acceder la fijación de una contragarantía con fundamento en la legislación supletoria. Dicho lo anterior, se califican como infundados los motivos de inconformidad, pues se considera que la determinación de la autoridad se ajusta al derecho aplicable; por lo que aun desestimando la solicitud del quejoso, no violentó sus derechos fundamentales. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el arábigo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, para desestimar la fijación de contragarantía, el Juez de la causa actuó conforme al principio de legalidad, pues consideró que era inaplicable el artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles; y para tal efecto, contrario a lo que sugiere el quejoso, ello no se hizo considerando su supletoriedad, sino atendiendo a un criterio de especialidad, conforme a la regla prevista en el ordinal 1179 de la legislación comercial, que dispone: "Artículo 1179.- Una vez ordenada la radicación de persona o practicada la retención de bienes, y en su caso, presentada la solicitud de inscripción de éste en el Registro Público correspondiente, se concederán tres días al afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia que se hubiere dictado." Lo anterior se considera apegado al principio de legalidad, puesto que el criterio de especialidad constituye una herramienta idónea para definir el derecho cuando dos disposiciones impiden su aplicación simultánea; como ocurre con los contenidos del numeral 391 del Código de Procedimientos Civiles, que contempla lo relativo a la posibilidad de presentar una contragarantía ; y el diverso 1179 del Código de Comercio, conforme al cual el levantamiento de las medidas solo es posible si el demandado consigna el valor u objeto reclamado. De modo que optar por la selección de la regla que expresamente está prevista en el Código de Comercio para poder levantar los efectos de una providencia es correcto, si se parte de que la legislación mercantil establece de manera expresa bajo qué condición puede levantarse el efecto de una medida cautelar. Al respecto se invoca la tesis I.4o.C.220 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN. La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no exista una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía de las fuentes), y c) que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a cada una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza con el criterio jerárquico, pero la relación de jerarquía no se establece entre las normas en conflicto, sino de ambas como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de prevalencia, este mecanismo requiere necesariamente de una regla legal, donde se disponga que ante conflictos producidos entre normas válidas pertenecientes a subsistemas normativos distintos, debe prevalecer alguna de ellas en detrimento de la otra, independientemente de la jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de procedimiento, se inclina por la subsistencia de la norma, cuyo procedimiento legislativo de que surgió, se encuentra más apegado a los cánones y formalidades exigidas para su creación. Para determinar la aplicabilidad de cada uno de los criterios mencionados, resulta indispensable que no estén proscritos por el sistema de derecho positivo rector de la materia en el lugar, ni pugnen con alguno de sus principios esenciales. Si todavía ninguno de estos criterios soluciona el conflicto normativo, se debe recurrir a otros, siempre y cuando se apeguen a la objetividad y a la razón. En esta dirección, se encuentran los siguientes: 7. Inclinarse por la norma más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en que la contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá prevalecer esta última. Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica bilateral que impone obligaciones correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque para uno una norma le puede ser más favorable, y la otra norma favorecerá más la libertad de la contraparte. Para este último supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo proteger o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el cual se elige la norma que tutele mejor los intereses protegidos, de modo que se aplicará la que maximice la tutela de los intereses en juego, lo que se hace mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica la existencia de valores o principios en colisión, y por tanto, requiere que las normas en conflicto tutelen o favorezcan al cumplimiento de valores o principios distintos; y, 10. Criterio basado en la distinción entre principios y reglas, para que prevalezca la norma que cumpla mejor con alguno o varios principios comunes a las reglas que estén en conflicto. Esta posición se explica sobre la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de un fin, como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, mientras que las reglas son expresiones generales con menor grado de abstracción, con las que se busca la realización de los principios y valores que las informan; de manera que ante la discrepancia entre reglas tuteladas de los mismos valores, debe subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por ejemplo si la colisión existe entre normas de carácter procesal, deberá resolverse a favor de la que tutele mejor los elementos del debido proceso legal." Máxime cuando la propia codificación mercantil establece en su artículo 1180 del Código de Comercio que ninguna excepción es admisible, salvo, precisamente, la de consignación total del valor de lo reclamado, lo que permite concluir que el sistema de normas apunta a que, como dijo el juez de la causa, es insostenible fijar una contragarantía, distinta a aquella que tienda a garantizar el valor de lo reclamado, esto es, por su totalidad; lo cual refuerza, para el caso, la aplicabilidad de la norma especial por sobre la regla general del código supletorio. No es inadvertido para este órgano, que la solicitud de la parte quejosa se apoyara en el criterio 1a. I/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuyo título es: "MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA MERCANTIL. LA SOLICITUD DE FIJAR UNA CONTRAGARANTÍA NO CONLLEVA IMPLÍCITAMENTE SU ACEPTACIÓN, NI IMPLICA CONSENTIMIENTO QUE PRODUZCA LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO PARA IMPUGNAR SU LEGALIDAD."; sin embargo, sin cuestionar la vinculatoriedad de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que el mismo no cobra vigencia para el presente asunto, esto es, no apoya la procedencia de la solicitud hecha por el quejoso, ya que como se ve de la propia tesis, su justificación partió del análisis de los artículos 1180, 1187, 1189 y 1193 del Código de Comercio, en su texto anterior al decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, esto es, legislación que temporalmente no cobra vigencia en el caso. De modo que si el asunto comenzó con la presentación del ocurso inicial , el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, es claro que las disposiciones anteriores al año dos mil catorce no cobran vigencia en este asunto siguiendo un criterio cronológico de aplicación de normas; y en consecuencia, el precedente que se invocó, no fundamenta acertadamente la petición hecha por el quejoso, pues su aplicación rige para asuntos previos. Orienta lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 88/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 191112. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, Materia(s): Común, Página: 8, que dispone: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional." Máxime que ni siquiera podría aplicarse por analogía tal precedente, en tanto que el texto legal interpretado en la tesis difiere con el del año dos mil veintiuno, aplicable para el asunto de origen, como puede verse de la siguiente comparación: TEXTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ANTERIOR AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014. TEXTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO, VIGENTE EN EL AÑO 2021. Art. 1,179. Cuando se pida un secuestro provisional sin fundarlo en título ejecutivo, el actor dará fianza de responder por los daños y perjuicios que se sigan, ya por que se revoque la providencia, ya por que, entablada la demanda sea absuelto el reo. Artículo 1179.- Una vez ordenada la radicación de persona o practicada la retención de bienes, y en su caso, presentada la solicitud de inscripción de éste en el Registro Público correspondiente, se concederán tres días al afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia que se hubiere dictado. Art. 1180. Si el demandado consigna el valor ú objeto reclamado, da fianza bastante á juicio del juez ó prueba tener bienes raíces suficientes para responder del éxito de la demanda, no se llevará á cabo la providencia precautoria, ó se levantará la que se hubiere dictado. Artículo 1180.- En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción alguna, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior. Art. 1,187. La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará dicha providencia, caso de no haberse ejecutado con su persona ó con su representante legítimo. Artículo 1187.- Si atendiendo a la cuantía del negocio fuere apelable la sentencia que resuelva la reclamación, el recurso se admitirá sólo en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Si la sentencia que resuelva la reclamación en primera instancia levanta la providencia precautoria, no se ejecutará sino previa garantía que dé la parte que la obtuvo. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria. Cuando la providencia precautoria hubiere sido dictada en segunda instancia, la sentencia no admitirá recurso alguno. Art. 1,189. Reclamada la providencia en escrito de demanda en el que se ofrezcan las pruebas por el tercero, el juez correrá traslado al promovente de la precautoria, y en su caso al deudor para que la contesten dentro del término de cinco días, debiendo en su caso, ofrecer las pruebas que pretendan se les reciban. Transcurrido el plazo para la contestación, al día siguiente en que se venza el término, el juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido, y señalará fecha para su desahogo dentro de los quince días siguientes, mandando preparar las pruebas que así lo ameriten. Artículo 1189.- Las garantías de que se trata en este capítulo, se otorgarán ante el juez o el tribunal que haya decretado la providencia precautoria respectiva. Si se tratara de fianza, el fiador, o la compañía que otorgue la garantía por cualquiera de las partes se entiende que renuncia a todos los beneficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los artículos relativos al Código Civil Federal. Art. 1,193. Las fianzas de que se trata en este capítulo, se otorgarán ante el tribunal que haya decretado la providencia precautoria respectiva. El fiador, o la compañía de fianzas que otorgue la garantía por cualquiera de las partes se entiende que renuncia a todos los beneficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los artículos relativos al Código Civil Federal. Artículo 1193.- Se deroga. Lo anterior hace claro que el precedente tampoco sería aplicable por analogía, considerando precisamente que las disposiciones previas al diez de enero dos mil catorce no preveían las reglas especiales que imponen los artículos 1179 y 1180 del Código de Comercio sobre la única defensa oponible para hacer levantar las providencias. Por otro lado, los motivos de disenso que versan sobre las irregularidades en la tramitación de las medidas cautelares, resultan inoperantes, al ser un tópico ajeno al debatido. Esta hipótesis de inoperancia se actualiza en los casos en que lo planteado es distinto a lo debatido o definido en el acto reclamado, pues es sobre ello que podría llegar a patentizarse alguna violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." En la especie, determinar si las providencias eran de decretarse de plano o mediante la instrucción de una incidencia con una sentencia interlocutoria; y las consecuencias que esto generó en contra del quejoso, es un tema distinto al aquí debatido, que se centra en la procedencia o no de una contragarantía para levantar las medidas, conforme a la codificación federal de procedimientos civiles. Finalmente, debe decirse que no escapan de la decisión del suscrito los motivos de inconformidad que invocan una violación al principio pro persona y a diversos postulados fundamentales sobre el acceso a la justicia, sin embargo, estas manifestaciones no son impedimento para resolver en el sentido en que se hace, pues los derechos humanos en sí mismos, ni los deberes que emanan del sistema proteccionista propio del artículo 1º Constitucional, implican que necesariamente las pretensiones deban acogerse, cuando existen razones jurídicas válidas y suficientes para desestimarlas, como son las expuestas en este fallo. Al respecto se invoca por analogía la tesis jurisprudencial 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época con registro: 2004748; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, en Materia(s): Constitucional, página: 906, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra actos del Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió electrónicamente .., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como Secretario Encargado del Despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; conforme al artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe con justificación y constancias que allega en su alcance, del Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmese el cuaderno auxiliar II, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.
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