Daniel Alberto González Valle

Expediente 543/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
543/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Alberto González Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del apoderado de la tercera interesada ...; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés; remítase el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como impresión del escrito electrónico de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 543/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Apersonamiento de la parte tercera interesada. En este acto se da cuenta con las promociones con folio 14708 y 14707. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Por lo que hace a los escritos de cuenta se tiene a *****, ofreciendo pruebas y formulando alegatos, lo que será relacionado en la etapa procesal oportuna. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se precisa que ***** ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que la tercera interesada los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 543/2023, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Trámite. El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se requirió informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Substanciación. La representación social Federal adscrita no intervino; se rindió el informe de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y la audiencia constitucional se celebró acorde al acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso concursal, seguido en un Juzgado Federal con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución emitida el treinta de junio de dos mil veintiuno (engrosada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés), en el concurso mercantil 666/2016 por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de siete de junio de dos mil veintiuno (que proveyó la promoción 393), que acordó desfavorable la petición de requerir a ..., restituir fondos. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, y se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Instituto Federal de Especialista de Concursos Mercantiles señalado como autoridad ejecutora, negó los actos reclamados, sin embargo, deben tenerse por ciertos, pues, en su carácter de ejecutora, está en aptitud de cumplir el mandamiento de la ordenadora, de la cual se tuvo por cierto. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte -1, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." A consecuencia de la anterior precisión, es inviable la causal de sobreseimiento invocada por la propia autoridad ejecutora, consistente en la inexistencia de los actos reclamados. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió la solicitud de declaración en concurso mercantil de .... Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Concursos Mercantiles, la juzgadora concursal dictó como medida precautoria la prohibición a la comerciante de realizar pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda, la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos que integren el activo fijo y circulante; realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes principales de la empresa; así como transferencias de recursos o valores a favor de terceros, sin perjuicio de las operaciones ordinarias y prestaciones laborales. 2. El tres de marzo de dos mil diecisiete, la A Quo ordenó a ... retener los recursos fideicomitidos en el fideicomiso ...; giró oficio al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México para no ejecutar embargo contra la comerciante, en el juicio ejecutivo mercantil ... Requirió a ... depositar ante la autoridad judicial, los pagos que debía hacer a la comerciante con motivo del contrato número ..., hasta en tanto la concursada compareciera y cumpliera las medidas emitidas en el auto de admisión. 3. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, la juzgadora emitió la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. (.) Se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante y aun cuando en el sistema jurídico mexicano, exista la posibilidad de transmitir por cesión de derechos la facultad de cobrar remuneraciones futuras, como en el caso sucede en referencia al contrato ..., celebrado entre ... Y ..., en favor de THE BANK OF NEW YORK MELLON, con el fin de pagar o garantizar una obligación sin embargo, la inflexibilidad de ese pacto debe ceder ante las disposiciones de orden público que entran en juego cuando el cedente queda sujeto a concurso mercantil, por ello la administración y aplicación de los activos futuros del comerciante ya no podrán regirse por las estipulaciones comunes, en donde se comprometan anticipadamente los ingresos esperados en el porvenir, porque estarán regulados por normas de orden público y de índole taxativo que deben prevalecer frente las predisposiciones efectuadas en un título privado, por lo que en caso de concurso, ya no podrá continuar vigente la predisposición de ingresos futuros destinados al pago de ciertos créditos a favor de algunos acreedores por el comerciante en el contrato de cesión de derechos futuros. Consecuentemente, gírese atento oficio a ..., para que proceda a depositar a este juzgado los pagos que originalmente debía hacer a la comerciante demandada, con independencia de la cesión de derechos referida en su oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de marzo del año en curso y derivada del contrato 422213801 de fecha veintinueve de agosto del dos mil trece, por virtud de las providencias precautorias decretadas en el auto de veinticuatro de enero del dos mil diecisiete y hasta en tanto la comerciante demandada comparezca y empiece a dar cumplimiento puntual a la providencia decretada en autos, apercibido de doble pago en caso de no cumplir con lo anterior." (.) Asimismo y en cumplimiento a las medidas decretadas en auto admisorio, gírese atento oficio a ..., con la finalidad de que retenga los pagos recibidos por Pemex Exploración y Producción, en su carácter de cesionaria de los derechos de cobro derivados del contrato número ...denominado "Servicio Integral de Compresión para Gas Amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en una plataforma auto elevable (Jack-up), para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell" de fecha 29 de agosto de 2013, por virtud del Contrato de Cesión de Derechos de Cobro que consta en el instrumento Notarial número 1586 de fecha 15 de septiembre de 2015, pasado ante la fe del notario Público número 12 de Ciudad del Carmen Campeche, ya sea que reciba dichos recursos por cuenta propia o por cuenta de un fideicomiso, contrato de mandato o por cualquier otro motivo, apercibido que de no hacerlo en el término de tres días se le impondrá una multa." Inconforme, ..., interpuso recurso de revocación, resuelto en sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete (engrosada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete), declarado infundado. 4. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio de concurso mercantil.... En el segundo punto resolutivo se declaró abierta la etapa de conciliación por ciento ochenta y cinco días; se ordenó al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos la sentencia de concurso mercantil; suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos del comerciante, con las excepciones del artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, entre otros. 5. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable consideró que las medidas cautelares dictadas en autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril, todos de dos mil diecisiete, fueron sustituidas por los resolutivos de la declaratoria de concurso mercantil. Se ordenó y requirió normalizar los pagos del contrato de prestación de servicios ...y fideicomiso ... a la paraestatal y fiduciaria respectivamente, como sigue: "Ciudad de México, a trece de septiembre dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que mediante sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete se declaró en concurso mercantil a la comerciante ... en la cual en sus puntos resolutivos décimo primero y décimo segundo se estableció lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos esta sentencia de concurso mercantil, salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar a este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados. DÉCIMO SEGUNDO.- Se ordena que durante la etapa de conciliación se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante, con las excepciones a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, es decir, el mandamiento de embargo o ejecución de carácter laboral, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, ampliando el monto de los salarios a los dos años anteriores al concurso mercantil" En atención a ello, las medidas cautelares provisionales concedidas por este órgano jurisdiccional a través de los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, fueron sustituidas por dichos puntos resolutivos, y, por ende, dejaron de surtir sus efectos. Así y por cuanto hace al escrito de cuenta registrado con el número 18730, signado por ..., en su carácter de apoderada de ...N, personalidad que se le y reconoce en términos del instrumento notarial número treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete pasado ante la fe del notario público número 150 de la Ciudad de México, y en atención a su contenido se provee: Infórmese a la promovente, que por lo que respecta a la medida cautelar de cuatro de abril del dos mil diecisiete, la misma, dejó de surtir sus efectos, por consiguiente, en lo que concierne a los derechos de cobro relativos al contrato 422213801, deberá de normalizarlos como lo venía haciendo hasta antes del dictado del referido proveído, en atención a que es necesario que la concursada reciba el flujo de dinero que le corresponde a fin de hacer frente a las operaciones ordinarias, lo que deberá ser informado en términos del resolutivo décimo primero de la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Por otra parte y a fin de que la comerciante este en aptitud de informar el pago de las operaciones ordinarias que debe realizar, infórmese a ..., que debido a que dejaron de surtir efectos las medidas cautelares ordenadas en los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, que estaba sujeta a cumplir, en consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número ... derivado de los derechos de cobro del contrato número ...e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos M.N. 100/00) de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio. Asimismo, como lo solicita el ocursante, devuélvase la copia certificada, que indica en su escrito, de mérito, previa toma de razón que de su recibo que obre en autos. En relación al escrito registrado con el número 18875 signado por ..., apoderado de la comerciante, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial cuarenta mil ciento treinta y tres, pasado ante la fe de los notarios públicos 18 y 195 de la Ciudad De México, y atención a su contenido se provee: Dígasele al ocursante, que el término de veinticuatro horas que reclama como insuficiente, se estableció en la sentencia de concurso mercantil y, por ende, la suscrita no puede modificarlo, alterarlo o revocarlo, aunado a que el requerimiento que se le hizo dentro de este término, es únicamente para que informe sobre sus gastos de operación ordinarios, lo que debió de tener contemplado en vista de los innumerables requerimientos que solicitó a este órgano a fin de que pudiera manejar la viabilidad de la empresa. Por lo que respecta a la entrega de los derechos de cobro derivados del contrato número ..., derivado del fideicomiso ..., dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. (.)" 6. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la juzgadora concursal dictó las siguientes determinaciones: ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por (.), quien promueve en su carácter de delegada fiduciaria de ..., personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, y en atención a su contenido al efecto se provee: En cuanto al primer punto del escrito de cuenta y respecto a la aclaración que refiere la ocursante, dígasele que ello lo debió de hacer valer a través el (sic) medio de impugnación correspondiente, puesto que al auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, ya no puede ser revocado por la suscrita, aunado a que la aclaración solicitada se refiere a aspectos diversos sobre los cuales se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos. En relación al primer punto en donde insiste en que se aclare el requerimiento formulado, dígasele a la ocursante que los términos sobre los cuales han sido fijadas las medias (sic) cautelares se encuentran perfectamente claros, desde el auto de trece de septiembre del dos ml (sic) diecisiete, en el cual se indicó lo siguiente: "En consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número ... derivado e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido..." De donde se aprecia que la obligación de normalizar los pagos de manera inmediata no significa otra cosa sino la de efectuar los pagos como los venía haciendo previo al concurso mercantil, como se reitera mediante auto de treinta de octubre del dos mil diecisiete, lo que evidentemente significa que la fiduciaria sabrá como lo explica, en su propio escrito, los términos sobre los cuáles deberá realizarlos ya sea cumpliendo con los pagos comprometidos, considerando la cuenta receptora, o la cuenta de ingresos, o de remanentes si pagaba o no los servicios impuestos o demás, pues sólo ella era la encargada de efectuarlos, razón por la cual queda subsistente el requerimiento ordenado en autos y una vez que fenezca el término que se le concedió en el auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, se acordara lo que en derecho corresponda. En relación al segundo punto, en el cual se alega que las sumas de dinero entregadas a Coastal, se hicieron en cumplimiento al propio fideicomiso CIB/2346, porque así se pactó en la cláusula que indica y que sólo ha cumplido con los términos del fideicomiso y que al exigírsele la devolución, la medida se constituye en una medida restitutoria y no conservadora. Dígasele que dadas las medidas precautorias que se emitieron por medio del auto de cuatro de abril del dos mil diecisiete, en las cuales se le ordenó retener los pagos que se recibieran a nombre de la concursada, por encima del fideicomiso y, por ende, se le impedía a la hoy ocursante entregar las cantidades a cualquiera otra persona, debido a ello no es verdad que el requerimiento para exhibir esas cantidades, carezca de legalidad o se aparte de la naturaleza de las medidas cautelares. Por otra parte, según lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, la suscrita como rectora del procedimiento, con independencia de que la concursada haya instaurado en contra de la promovente el juicio que aduce ello no impide que se cumpla con la exhibición de las cantidades solicitadas. Tampoco es procedente la petición que se hace en el punto cuatro, consistente en requerir a Coastal para los fines que indica, dado a que la supervivencia de la empresa como factor predominante en el objeto de los juicios concursales, deberá de estar sobre cualquier trato entre particulares (fideicomiso) y si bien se hizo mención al banco promovente como fiduciario, fue para que el orden administrador y financiero del fideicomiso sirviera para recibir los pagos y encausarlos a un mejor fin, pero al mostrar la contumacia de la fiduciaria promovente resulta necesario obtener tales ingresos del fondo de origen. Finalmente y en cuanto a la prórroga que indica en el punto cinco, se le concede un término de veinte días para que dé cumplimiento con la rendición de cuentas requerida por la suscrita, bajo el entendido de que subsiste el requerimiento decretado en autos. Sin perjuicio de lo anterior guárdense en el seguro del juzgado los documentos que al efecto exhibe." ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por (.), quien promueve en su carácter de apoderado de la comerciante (.), personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta y, en atención a su contenido, al efecto se provee: Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de ..., para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ... cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a Pemex Exploración y Producción, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada (.), respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil (.), en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a .... Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada número I.3º.C.230 C (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Civil, publicada en la página 2736, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2012476, que es del tenor literal siguiente: 'FIDEICOMISO O CESIÓN DE DERECHOS. EN CASO DE CONCURSO MERCANTIL, LAS REMUNERACIONES FUTURAS DERIVADAS DE UN CONTRATO PRIVADO DE TRACTO SUCESIVO, A FIN DE GARANTIZAR O PAGAR UNA OBLIGACIÓN, NO PODRÁN CONTINUAR VIGENTES, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ACTIVOS FUTUROS ESTARÁN REGULADAS POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE RIGEN PARA EL CEDENTE O FIDEICOMITENTE.'. Bajo el percibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de (.), de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio, de aplicación supletoria (sic) la Ley de Concursos Mercantiles. Asimismo, se requiere al conciliador designado en este concurso mercantil (.), para que una vez que tenga a disposición el pago requerido, cumpla de inmediato con el pago del impuesto al valor agregado, del arrendamiento de la plataforma y los impuestos correspondientes, por ser considerados como gastos de operación. Notifíquese." Contra dichas determinaciones se interpusieron sendos recursos de revocación, resueltos el dieciséis de enero de dos mil dieciocho en sentencias engrosadas el doce de febrero de dos mil diecinueve. En el amparo en revisión R.C. ... el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó la protección constitucional concedida y negó el amparo, respecto de la ulterior determinación, en resolución dictada en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 7. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la juzgadora dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que fue objeto de impugnación en segunda instancia (toca civil ... y sus acumulados ...), resuelto el seis de febrero de dos mil diecinueve. 8. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la juzgadora concursal dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos los escritos suscritos por (.) en su carácter de apoderado de la comerciante, personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido al efecto se provee: Con relación al escrito con número de registro 13382, tomando en consideración que en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante sentencia de catorce de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C. ...; asimismo, en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, mediante resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el R. C. ..., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó negar la suspensión definitiva; en consecuencia, la suscrita se encuentra en aptitud de continuar con la ejecución del auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, gírese oficio a Pemex Exploración y Producción, para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, que en lo conducente dice: ".Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de ..., para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número 422213801 cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a Pemex Exploración y Producción, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil (.), en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a .... Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares." Ahora bien, atento a lo manifestado por el conciliador (.) mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de la presente anualidad, el pago que corresponde a la comerciante por concepto de "ingreso por compresión de gas amargo" correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete es de USD$1,914,000.00 (un millón novecientos catorce mil dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor agregado; y por el mes de diciembre de dos mil diecisiete, es de USD$1,977,700.00 (un millón novecientos setenta y siete mil setecientos dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor agregado, por lo que el total a pagar por los dos meses asciende a USD$3,891,700.00 (un millón (sic) ochocientos noventa y un mil setecientos dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor. Por otro lado, visto el escrito con número de registro 14261, dado que en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, con fecha once de abril de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la novena Región, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, médiate sentencia de uno de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C....; en consecuencia, es procedente requerir a ..., el cumplimiento del auto de treinta de octubre del año próximo pasado, en tal virtud, previo a requerir dicho cumplimiento, requiérase al conciliador para que se pronuncie respecto al monto que deba exhibir dicha institución bancaria. Sin perjuicio de lo anterior, guárdese en el seguro del juzgado las documentales indicadas. (.)" Contra dicha determinación se interpuso recurso de revocación declarado infundado en sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho (engrosada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), que a su vez fue materia del juicio de amparo indirecto ... del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y posterior revisión R.C. ... del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo. 9. El seis de julio de dos mil dieciocho, el conciliador solicitó entregar a la comerciante USD$19´690,785.40 (diecinueve millones seiscientos noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares 40/100 moneda en curso de los Estado Unidos de América), petición que motivó la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, doce de julio de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, se tiene por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el conciliador (.), personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido se provee: Se tiene al conciliador dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y al efecto informa el monto que ... debe devolver a la comerciante en atención a lo ordenado en auto de treinta de octubre del año inmediato anterior. Por tanto, requiérase a ..., en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso CIB/2346, para que de cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que en lo conducente señala: ".Bajo ese contexto, y al quedar clara la libertad de la fiduciaria para continuar con la normalidad del pago de los derechos de cobro que únicamente le corresponden de manera exclusiva a la comerciante como se venían haciendo antes del concurso, en consecuencia con fundamento en la sentencia de concurso mercantil emitida y en lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 26 de la Ley de Concursos Mercantiles y como lo solicita la comerciante a través de su escrito 20318, en el punto 28 requiérase a ...en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso para que entregue directamente a la comerciante ... los fondos que normalmente venía realizando hasta antes del concurso mercantil, pertenecientes exclusivamente a la referida concursada derivados del fideicomiso número CIB/2346 de once de septiembre de dos mil quince. (.) Bajo apercibimiento que de no informarlo en el término de cinco días, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio. Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y a fin de dar seguridad a los acreedores de que las cantidades liberadas a la comerciante serán aplicados correctamente, se requiere a ..., asistida por el conciliador (.), para que mes con mes informen, el flujo recibido por la institución fiduciaria, así como la aplicación de los mismos, apercibido (s) que de no hacerlo o que de los mismos se aprecie aplicación anormal de tales ingresos, se le impondrá a cada uno una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Ahora bien, en atención a lo señalado por el conciliador en el escrito que se provee, la cantidad que la institución bancaria señalada deberá devolver a la comerciante es de USD$19,690,785.40 (diecinueve millones seiscientos noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares 40/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos de América) equivalente a $379,099,601.67 (trescientos setenta y nueve millones noventa y nueve mil seiscientos un pesos 67/100 moneda nacional), tomando el tipo de cambio que utilizó Pemex Exploración y Producción para pagar la contraprestación pactada en el contrato de prestación de servicios identificado con el número 422213801. Notifíquese." Dicha determinación fue objeto del recurso de revocación fallado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (engrosado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), declarado infundado, analizado posteriormente en el amparo indirecto y revisión R.C. 296/2019, donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, negó el amparo. 10. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, resolvió en definitiva el procedimiento especial de medidas cautelares previas al arbitraje, radicado con el índice 170/2017-II, en cuyos puntos resolutivos se lee: "PRIMERO. Se ordena a ... que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número (.) con motivo del concurso mercantil o la quiebra de ..., quien forma parte del consorcio que suscribió dicho contrato con el carácter de proveedor, o bien que con motivo de dicho contrato retenga o suspenda los pagos de dicho contrato de prestación de servicios. SEGUNDO. Se ordena a PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número (.) con motivo de la subcontratación por parte del representante común del consorcio (...) de un proveedor idóneo para sustituir a T..., en la prestación de los servicios relativos al complimiento de dicho contrato, debiendo realizarse la sustitución en acatamiento al contrato de prestación de servicios, salvaguardando la debida y probada experiencia, capacidad y cualidad del prestador del servicio y de sus subcontratistas. TERCERO. Se ratifica la autorización para que C... o ..., indistintamente lleven a cabo los pagos relacionados a la PAE Agosto 12 respecto de las labores que correspondía realizar a ..., en términos del contrato de participación conjunta y del instrumento regulador del consorcio, ambos de fecha 19 de febrero del 2013, a efecto de que se cumplan las obligaciones de los contratos de fletamento a casco desnudo del 14 de octubre de 2013 y/o del contrato de servicios celebrado con ... el 29 de agosto de 2013 con número (.), debiendo compensarse los pagos en cuestión con los ingresos derivados del contrato de servicios que corresponderían a los remanentes o en su caso a los ingresos directos que correspondan a ..., siempre y cuando dichos pagos correspondan a (1) Contribuciones fiscales; (2) Prestaciones laborales de los operarios y empleados de la plataforma y (3) Gastos de conservación, mantenimiento y operación ordinará de la plataforma. (.)" 11. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el entonces Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, dictó el fallo correspondiente al toca ... y sus acumulados, donde desaprobó el convenio presentado por la concursada con la mayoría de sus acreedores, y ordenó reponer el procedimiento en la etapa de conciliación, para el efecto de reconocer a ciertos acreedores y éstos pudieran considerarse en la propuesta del convenio concursal. Contra lo resuelto, ... interpuso juicio de amparo que tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (expediente 68/2019 y sus acumulados ... y ...). El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el entonces Tribunal Unitario concedió la suspensión definitiva para el efecto de mantener las cosas en el estado que guardaban y no seguir ejecutando la reposición. Para cumplir con la suspensión, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte se ordenó mantener en el cargo de depositario a..., otorgado desde el tres de junio de dos mil diecinueve. Contra lo resuelto en el fondo de la controversia, se dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, conforme a los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO.- El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (y por ende, este propio órgano auxiliar por asumir su competencia al resolver este asunto), CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver respecto de las ampliaciones de demanda por cuanto a los actos reclamados consistentes en el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (emitido en el concurso mercantil de origen), así como la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, atribuidos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos, razones y para proceder en los términos expresados en la consideración PRIMERA de este fallo. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., por los motivos y razones expuestos en la consideración NOVENA de la presente sentencia de amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... y a ..., por su propio derecho, como acreedor reconocido y en su carácter de cesionario de ... contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la consideración SEXTA de esta sentencia, por los motivos, razones y para los efectos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional. (.)" El último considerando del fallo, en lo conducente dice: ".Efectos de la protección constitucional. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes: I. La autoridad responsable ordenadora (tribunal de apelación) deberá dejar insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. II. Hecho lo anterior, deberá emitir una resolución en la que analice de nueva cuenta los recursos de apelación hechos valer, empero, en esta ocasión, prescinda de sustentar su decisión judicial en el contenido de los artículos 166, 233 y 266 de la Ley de Concursos Mercantiles, al menos desde la visión adoptada en el fallo aquí examinado y, en su lugar, considere que para efectos de examinar la no aprobación del convenio concursal así como la declaratoria de quiebra de la empresa quejosa, no resulta menester contar con la sentencia ejecutoria que resuelva las apelaciones contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, pues los derechos de esos acreedores impugnantes, una vez designados como acreedores reconocidos mediante sentencia ejecutoria, podrán ser ejercidos en la forma prevista en el artículo 143 de la propia norma concursal. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos reclamados atribuidos (por ambas quejosas) al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, evento que incluye el proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, materia de la ampliación de demanda de Daniel Alberto González Valle, en su carácter de acreedor reconocido y como cesionario de Importadora de Filtros, sociedad anónima de capital variable; lo anterior, dado que la ejecución del acto reclamado al Tribunal Unitario responsable, no deriva de una impugnación por vicios propios, por tanto, su inconstitucionalidad depende de aquél por el que se concedió el amparo.." Inconformes, se interpuso recurso de revisión radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 405/2022, resuelto el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que confirmó la sentencia impugnada. 12. El quejoso, por conducto de su apoderado y ..., solicitaron a la juzgadora requerir a la comerciante y su representación, la restitución de los fondos entregados el seis, once y trece de marzo de dos mil veinte, por no haberse acreditado los "gastos de operación". Con dicha petición se dio vista a Grupo Empresarial Anacar, Sociedad Anónima de Capital Variable, en auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Desahogada la vista, se dictó la siguiente determinación: " En siete de junio de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con el escrito registrado con el número 393. Conste. Ciudad de México, siete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta presentado por (.) apoderado de ..., personalidad que tiene debidamente acreditada en los presentes autos, a quien se le tiene desahogando la vista ordenada en proveído de veintiocho de enero del año en curso, relativo a los escritos 6417 y 7656, únicamente por lo que respecta al acreedor ..., cesionario del acreedor I..., en tal virtud, se proceden a proveer los citados escritos en los siguientes términos: Dígase al acreedor ..., cesionario del acreedor ..., que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud de requerir a ..., la restitución de las cantidades que refiere en los ocursos de mérito, en la medida que los gastos erogados fueron reportados como gasto ordinario. Finalmente, dígase a ..., que los acreedores tienen legitimación para promover en el presente asunto, en la medida que son parte del proceso, sin que la Ley de Concursos Mercantiles se advierta una limitación al respecto, y la figura de interventor prevista en los artículos 62 y 63 de la Ley de Concursos Mercantiles, es para que un grupo de acreedores que represente por lo menos el diez por ciento del pasivo, realicen la designación de una persona que represente sus intereses, lo cual no implica que un acreedor no pueda promover de manera individual. (.)" Inconformes, la quejosa y ..., interpusieron recursos de revocación, fallados el treinta y uno de junio de dos mil veintiuno (en sentencia engrosada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés), declarados infundados. Esta última determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, procede estudiar las causales de improcedencia, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia II.1o.J/5 de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página noventa y cinco, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La tercera interesada invocó la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en su concepto el quejoso no acreditó interés jurídico ni estar legitimado para solicitar la devolución de fondos entregados para la comerciante, y que los conceptos de violación no tienen mérito para obtener la protección constitucional. Empero, se trata de temas relacionados con el fondo de la controversia, porque parte de las alegaciones planteadas ante la juzgadora responsable consistentes en la necesidad de tener información administrativa de los recursos dispersos, por tener la presunción de acceder a ellos, además, cuyo derecho se ampara en el carácter de acreedor. De modo que la litis comprende analizar el derecho de la quejosa de acceder a la información en torno al concurso mercantil, si de ello deriva una afectación económica o patrimonial, que sea susceptible de acreditarse con los argumentos sustentados. Tales aspectos corresponden a la revisión de fondo de la controversia y su sola explicación rebasa la improcedencia y en tal sentido, no actualiza el supuesto invocado por la tercera interesada. Al no existir diversa causal, invocada o advertida de oficio, se analizan las causas de inconformidad. Sexto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene el principio de congruencia acorde al artículo 1077 del Código de Comercio, por no contestar las siguientes alegaciones sobre la restitución de $27´345,000.00 (veintisiete millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100), a la masa: Que la sindicatura no pagó acreedores sino personas ajenas, y dispuso más del veinte por ciento depositado. El dinero debió recibirlo una empresa y no su apoderado, mediante contra recibo donde conste el precio pactado. El síndico no justificó su gestión contable de los activos de la masa, los informes bimestrales han sido extemporáneos e incompletos. No se ha requerido a la sindicatura informar el destino y ubicación del dinero. El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación al 1°, 59 y 145 de la Ley de Concursos Mercantiles, en materia de plazos y términos. El proceso no puede estar en conciliación, porque ya transcurrió el plazo previsto en el artículo 145 de la ley concursal para mantener a la comerciante en ese periodo, por ello las funciones de ... deben equipararse a las de un síndico. Si el concurso está en conciliación y ... es conciliador y no síndico, debe informar a los acreedores los gastos ordinarios y gestiones financieras acorde al artículo 59 de la ley concursal. Lo resuelto contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación al 1°, 7 y 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, pues contrario a lo resuelto, no se objeta la titularidad de la administración sino la forma de ejercerla. El dinero entregado no se dispersó para gastos de operación ordinaria de la comerciante, sino en ajenos, durante el periodo de quiebra, sin autorización judicial, que no son aquellos indispensables para mantener las operaciones, como prevé el artículo 75 de la ley concursal. Si desde marzo de dos mil diecinueve la comerciante no labora en la plataforma, tampoco hay gastos de operación ordinaria que cubrir. El principio de mayor publicidad del concurso mercantil, justifica exhibir a los acreedores e interventores las operaciones de la comerciante y no solo informar al juez. Los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional, porque el acto reclamado está incorrectamente fundado y motivado. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto y legalidad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Es fundado el primer concepto de violación porque la autoridad responsable no atendió integralmente la litis planteada en el recurso de revocación por la parte quejosa, porque argumentó las siguientes consideraciones: 1. El auto recurrido contraviene los artículos 61, 229, 230, 232, 233 y 234 de la Ley de Concursos Mercantiles, porque el especialista debe presentar a los acreedores informes periódicos con motivo de la quiebra. 2. Conforme al artículo 231 de la Ley de Concursos Mercantiles, el juez debe vigilar los repartos de los efectivos disponibles y por ello todos los pagos de los especialistas deben tener autorización judicial, incluidos los gastos ordinarios, y la forma idónea para ello es exhibir una lista de acreedores reconocidos, para validar las operaciones. 3. Es incorrecto impedir la restitución de fondos considerando que se trata de gastos ordinarios de operación, porque los gastos de esa naturaleza son créditos contra la masa, que exige un estudio y autorización sobre su incorporación y justificación de pago preferente. Los gastos de operación ordinaria son aquellos necesarios para que la empresa cumpla con su objeto, continuar con su servicio y en el caso pagar acreedores, los cuales deben estar reconocidos, previa autorización y verificación judicial, y si no cumplen esas condiciones no pueden tener dicho carácter. 4. Los gastos ordinarios reportados por la comerciante no fueron dispersados en acreedores sino en entidades ajenas, y la cantidad dispuesta fue mayor al veinte por ciento de los fondos entregados para la comerciante. No hay respaldo de entrega-recepción fiscal de las empresas acreedoras, porque en la gestión del síndico no se elaboró balance contable, los informes fueron extemporáneos ni enajenación de bienes. Por su parte, constan en el acto reclamado las consideraciones de la juzgadora responsable sobre el recurso de la quejosa, en los siguientes términos: - Son inoperantes las alegaciones sobre las obligaciones del síndico porque el concurso mercantil está en conciliación y ..., ejerce el cargo de conciliador. - En cuanto a la fuente de ingresos de la comerciante, no es materia del recurso, que solo es resolver sobre la restitución del numerario erogado con motivo del gasto ordinario declarado. - En cuanto a la administración de la empresa, solo debe informarse al juzgador respecto de los gastos ordinarios de operación. Como se advierte de contrastar los argumentos del recurso de revocación con lo fallado por la juzgadora responsable, no se contestaron los puntos agrupados bajo los numerales 2, 3 y 4. En esos apartados desde la posición de acreedor la parte inconforme solicitó a la juzgadora diversas circunstancias con un solo objetivo, esto es, revisar la dispersión de gastos erogados en el concurso, con una cantidad específica de recursos comunes, la justificación fiscal de los beneficiarios y su relación con la comerciante, ejercer un control sobre la gestión de esos fondos mediante la autorización de pagos, y hacer disponible ese respaldo. Aspectos que la A Quo claramente dejó de lado y que son relevantes porque las alegaciones tienen como base de hecho, la entrega de $27´345,000.00 (veintisiete millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100), en administración y que parte de esos recursos pudieran pertenecer a los acreedores. Además, de distinguir erogaciones que la masa no debe soportar, es decir, que solo algunos y dependiendo de su justificación o documentación, podrán ser destinatarios de ese capital. Pues de lo contrario, en concepto de la solicitante toda esa suma o una parte, siguiendo el planteamiento, deberá ser reintegrada bajo el concepto de pagos injustificados. Ese argumento impuso a la autoridad responsable analizar si es jurídicamente viable exigir al conciliador la entrega de la evidencia financiera, fiscal o contable para demostrar cómo ha fluido el capital respecto de los acreedores. Revisar si la rectora concursal tiene la obligación jurídica para analizar si los destinatarios de recursos, tienen el carácter de acreedores, y en caso de existir ese deber, calificar si tienen reconocido esa posición y/o relación con la comerciante. Tocante a las facultades de rectoría, la autoridad responsable debe analizar si le es necesario, idóneo o exigible autorizar cada movimiento financiero, o controlar la actividad del conciliador hasta esos términos, y si los acreedores como la inconforme deben acceder a la información que señaló. En esos términos, es claro que el recurso que precede al acto reclamado tiene aspectos omitidos por la juzgadora responsable, que generan una violación de carácter formal porque no administra justicia de forma integral y de manera sustantiva, tampoco aclara a la recurrente si bajo las circunstancias que señaló los recursos dispersados pudieran beneficiarlo, dado su carácter de acreedor. Por ello es relevante atender integralmente los aspectos planteados por la solicitante. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.8o.C.92 C (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2023842, de la Undécima Época, que dice: "CONCURSO MERCANTIL. DEBE OBSEQUIARSE LA PETICIÓN DE UN ACREEDOR RELATIVA A LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA COMERCIANTE, PORQUE EL DERECHO A LA SECRECÍA DE SU CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA NO PREVALECE SOBRE EL INTERÉS SOCIAL QUE PROTEGE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES. Conforme a las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles es optativo para los acreedores nombrar o no un interventor; esto se traduce en que están legitimados para solicitar al Juez del concurso cualquier medida tendente a proteger sus intereses, sin que se requiera que actúen a través del interventor, el conciliador o el síndico, porque en dichos acreedores recae el interés de poder satisfacer en mayor medida el pago de los créditos que existan a su favor y a cargo del comerciante. Ahora bien, en caso de que los acreedores hayan nombrado un interventor, esto no hace desaparecer la personalidad de un representante que hubieran nombrado con anterioridad ni, por ende, la posibilidad de que éste actúe en su nombre en el concurso mercantil; por lo que, partiendo de esa premisa, el interés público que privilegia la Ley de Concursos Mercantiles, no sólo es conservar las empresas y evitar el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, sino también evitar poner en riesgo la viabilidad de los negocios sujetos a concurso mercantil y de los demás con los que mantenga una relación comercial, como sería el caso de los acreedores de la concursada, para lo cual es indispensable mantener una estricta y necesaria vigilancia sobre la administración de la empresa sujeta a concurso, lo que sólo se logra contando con la información financiera y contable correspondiente, a fin de no poner en riesgo la viabilidad de los negocios que como unidad económica representan. Por tanto, debe obsequiarse la petición de un acreedor, cuando solicita al rector del concurso mercantil la información contable de la comerciante, que si bien tiene el derecho a la secrecía de su contabilidad e información financiera, frente a ese interés prevalece el interés social que protege la Ley de Concursos Mercantiles, de conservar las empresas o comerciantes acreedores involucrados en los negocios económicos con la concursada." Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la juzgadora responsable: Deje insubsistente la determinación judicial reclamada. En su lugar, emita otra donde reasuma sus facultades decisorias y atienda los agravios que no fueron analizados, descritos en esta sentencia. Atento a lo anterior, es innecesario atender los conceptos de violación restantes, pues el estudiado es suficiente para conceder el amparo demandado, conforme a la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Número 107, página 85, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. La justicia de la Unión ampara y protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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