Dania Jamin Roldán Pérez

Expediente 930/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
930/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
12/12/2023

Partes del expediente

  • Dania Jamin Roldán Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que sobreseyó el juicio, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE DICHO FALLO CAUSÓ EJECUTORIA. Tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. El cuaderno del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se negó la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 930/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; y B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron sus informes justificados. En este acto, se hace constar que a la fecha no ha sido emplazada la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Por lo que hace a la falta de llamamiento de la tercera interesada, tal circunstancia no es óbice para celebrar la presente audiencia y dictar la sentencia que corresponde, pues una vez analizadas las constancias, se considera que el sentido de la resolución no le pararía perjuicio a dicha persona; lo cual se apoya en el principio de celeridad procesal y favorecimiento de las soluciones al litigio, conforme al contenido del tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, por no haber una situación que afecte la igualdad entre las partes, ni las formalidades esenciales para el citado ejecutante del negocio natural, quien se reitera, no se verá afectado por el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, en Materias: Común, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA." A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la peticionaria exhibió diversas documentales con su demanda. Pronunciamiento: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas, dada su propia y especial naturaleza.. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 930/2023, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que consideró violatorios de sus derechos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y substanciación. Se admitió la demanda, dio vista al Ministerio Público adscrito, requirió informes justificados y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, y reclama la orden de lanzamiento del inmueble identificado como "...." TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por lo dispuesto en ese precepto, se requiere como presupuesto procesal, que la parte quejosa acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como postulado básico o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, es siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional mencionada únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el particular, la accionante se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, reclama la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en "...." Por tanto debió demostrar fehacientemente ser titular de los derechos que afirma fueron infringidos con el reclamo. La quejosa manifiesta que es poseedora del inmueble desde hace más de veinte años, lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de posesión. Prerrogativa esta última, que tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de posesión objetivo, como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Dicho lo anterior, se afirma que la peticionaria omitió allegar elementos de convicción con los que acredite de forma fehaciente la existencia de los derechos que dice tener sobre el inmueble materia de la litis, por lo cual se afirma que no existe afectación a su interés jurídico. En efecto, la accionante únicamente exhibió los documentos que se enlistan a continuación, seguidos de la precisión de lo que en ellos se advierte. 1. Copia simple de la cédula de notificación dirigida a ..., que contiene diversas determinaciones dictadas en el expediente de origen. De tales constancias únicamente se advierten actuaciones emitidas en el juicio natural, y la notificación que está dirigida a la parte demandada. 2. Copia simple de diversas actuaciones judiciales emitidas en los expedientes ... y ... del índice del Juzgado Noveno Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Dichas constancias carecen de valor probatorio por tratarse de documentales simples sin certificación; no obstante, se advierte que aluden a diversos juicios donde participó .., quien no es quejosa ni se promovió el amparo a su nombre. 3. Copia simple de un certificado de nacimiento. 4. Copia simple de la solicitud de registro del acta de nacimiento de su hijo. Dichas documentales que también son copias simples, sin certificación de algún fedatario, en su caso únicamente tendrían el alcance de probar el nacimiento de una persona y el trámite para su registro. 5. Copia simple de una póliza del seguro colectivo contra accidentes personales. Del mismo modo, por tratarse de una reproducción simple, únicamente genera el indicio sobre la contratación de un seguro a nombre de la quejosa. En apoyo a la afirmación de que las constancias señaladas en los números del 2 al 5, se cita la Jurisprudencia 1/89 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS." 6. Un estado de cuenta bancario. 7. Copia simple de una carátula de apertura de cuenta bancaria de nómina. 8. Estados de cuenta de afore. 9. Diversos recibos de teléfono. 10. Recibo de autorización para recibir o suspender servicios en circunscripción foránea del Instituto Mexicano del Seguro Social. 11. Una receta médica. La constancias enlistadas del número 5 al 11, en todo caso demuestran la contratación de servicios (bancarios, de seguro y telefónicos); la autorización emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a favor de la peticionaria, para recibir o suspender servicios fuera de su circunscripción. 12. Impresión de una constancia de movimiento a personal eventual, donde se aluden a datos de la quejosa para ingresar a un programa para realizar eventos y brigadas de protección social. En dicha constancia aparentemente se describe un contrato para que la peticionaria realice una actividad, sin que se pueda prejuzgar sobre su validez. Como se advierte, las documentales aludidas demuestran los aspectos que se precisaron, sin embargo, no se acredita la posesión material del bien inmueble que dice tener la accionante; ni la existencia de algún derecho derivado de la ley o un acto jurídico. Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, las documentales ofrecidas por la parte quejosa son insuficientes para demostrar los derechos que defiende. Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, dichas manifestaciones no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico del promovente, ya que esto, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con residencia en esta ciudad con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de la autoridad ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese el comunicado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el recurso que menciona, de lo que el suscrito queda enterado para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

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