Dalila Bahena Brito

Expediente 689/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
689/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2016

Partes del expediente

  • Dalila Bahena Brito
  • Dalila Bahena Brito y Otros.
  • Lauro Solís Avila

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio firmado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, por medio del cual informa que el trece de junio de dos mil dieciséis, aceptó la competencia planteada por este juzgado federal. Atento a lo anterior, archívese el presente como asunto total y definitivamente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, vistas las constancias de autos del presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original, pues a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio; por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, el presente cuaderno es susceptible de ser destruido; por lo que se determina, que de acuerdo con el punto vigésimo, fracción I, del citado acuerdo, transcurrido seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Dalila Bahena Brito, Lauro Solis Avila, Araceli Calderon Ayala, Yusdibia Molinero Villamil, Georgina Segura Delgado, Aidé de la Paz Ríos, Sofía Yuridia Ortega Ventura, Margarita Gallardo Galván, por propio derecho, fórmese expediente y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 689/2016. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Dalila Bahena Brito, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes del juicio señalan como actos reclamados los siguientes: "IV. SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO: DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS y EJECUTORAS RECLAMADOS (sic): 1. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y/O EMPLAZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AL CUAL MANIFIESTAN DEBEN AJUSTARSE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, QUE FUERON SELECCIONADOS. 2. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN POR LA CUAL SE DIO A CONOCER CUANDO MENOS TRES MESES DE ANTERIORIDAD LOS PERFILES PARÁMETROS INDICADORES CON BASE A LOS CUALES SE APLICARÁ EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 3. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y/O EMPLAZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE APLICAR UNA SANCIÓN ESTIPULADA EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 4. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO DE EVALUACIÓN QUE SEÑALA LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 5. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EL QUE SE ME PRETENDE IMPONER UNA SANCIÓN CONFORME A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 6. LA VIOLACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR LA CUAL SE ME PRETENDE APLICAR UNA SANCIÓN SEÑALADA EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 7. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EN MI PERJUICIO. 8. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR." Ahora, en el capítulo de antecedentes la quejosa manifiesta lo que a continuación se transcribe: "(.) ANTECEDENTES: PRIMERO.- Los suscritos trabajadores al servicio del estado, del sector educativo, en el estado de Guerrero, PROFRA. DALILA BAHENA BRITO, ANTIGÜEDAD 14 AÑOS 7 MESES, FECHA DE INGRESO: 16 DE OCTUBRE 2001, NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA: "20 DE NOVIEMBRE", CLAVE CT. 12DPR1362S, GRADO Y GRUPO: 1°A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007121200.0E0281830154, MOTIVO 10 TRABAJADOR DE BASE. SEGUNDO. PROF. LAURO SOLÍS ÁVILA. RFC. SOAL720811MG1, ANTIGÜEDAD: 19 AÑOS 4 MESES, FECHA DE INGRESO: 17 DE ENERO DE 1997, NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA "INDEPENDENCIA", CLAVE CT. 12DPR12DEPR0654K, GRADO Y GRUPO: 5 ° A, LOCALIDAD: ACATEMPA, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007121200. 0E02811831373, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. TERCERO: PROFA ARACELI CALDERÓN AYALA, RFC. CAAA730829KQU4, CON ANTIGÜEDAD 17 AÑOS 5 MESES DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 1998, NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA: "20 DE NOVIEMBRE", CLAVE CT. 12DPR1362S, GRADO Y GRUPO: 5°A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007661200.0E0281167112, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. CUARTO: PROFA. YUSDIBIA MOLINERO VILLAMIL, RFC. MOVY751016RZ1, CON ANTIGÜEDAD 17 AÑOS 8 MESES DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997, NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA: "20 DE NOVIEMBRE", CLAVE CTR. 12DPR1362S, GRADO Y GRUPO: 6°B, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007661200.0E028116952, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. QUINTO: PROFA. GEORGINA SEGURA DELGADO, RFC. SEDG730505ND9, ANTIGÜEDAD 20 AÑOS 8 MESES, FECHA DE INGRESO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 1995: NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA: "BENITO JUAREZ", CLAVE CT. 12DPR01610, GRADO Y GRUPO: 1°A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007121200. 0E0281830365, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. SEXTO: PROFA, AIDÉ DE LA PAZ RÍOS, R.F.C. PARA750116GL6, ANTIGÜEDAD 17 AÑOS 3 MESES DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 19 DE FEBRERO DE 1999, NIVEL: PREESCOLAR, ESCUELA: "VIRGILIO MARÓN", CLAVE CT. 12DJN2805M, GRADO Y GRUPO: 2 ° A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPA, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007662100. 0E0181850505, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. SÉPTIMO: PROFA. SOFIA YURIDIA ORTEGA VENTURA, RFC. OEBS7709309J9, CON ANTIGÜEDAD 15 AÑOS 6 MESES DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2000, NIVEL: PREESCOLAR, ESCUELA: "VIRGILIO MARÓN", CLAVE CT. 12DJN2805M, GRADO Y GRUPO: 3° A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007661200. 0E0181124521, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. OCTAVO: PROFA. MARGARITA GALLARDO GALVÁN, RFC. OEBS7709309J9, CON ANTIGÜEDAD 15 AÑOS DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 1 DE MAYO DEL 2001, NIVEL: PREESCOLAR, ESCUELA: "VIRGILIO MARÓN", CLAVE CT. 12DJN2805M, GRADO Y GRUPO: 1° A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007662100. 0E0181124635, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE.". De igual forma, de los documentos que anexan a la demanda, se desprenden de las constancias de servicio C.C.T. de fechas veinticinco (3) y treinta de mayo de dos mil dieciséis (5), los escritos de negativa de cambio de maestro de veintiséis de mayo (2), siete de abril (4), veinticuatro de mayo, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, todos de dos mil dieciséis, así como las actas de acuerdos de veintiséis de mayo, siete de abril, veinticuatro de mayo, veintiséis de mayo, treinta de mayo, siete de abril, todas de dos mil dieciséis, de las cuales se advierte que los quejosos tienen su centro de trabajo en el Municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero, por tanto, si una de la consecuencia de los actos reclamados es que los agraviados se retiren de la escuela en la que prestan sus servicios por estar sujetos a un proceso administrativo sancionador, ello implica que la ejecución material de los mismos tendría lugar en aquella población, pues es ahí donde laboran directamente. Por otra parte, resulta pertinente destacar que este Juzgado Federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto; ello, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Al efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso que nos ocupa, los promoventes reclaman actos que tienen ejecución material, entendida ésta como toda alteración en el mundo fáctico generada en cumplimiento a un acto, a saber, la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación de los trabajadores de la educación y la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, así como su ejecución, determinación en la que, a decir de los quejosos, bajo protesta de decir verdad, se pretende que se retiren de la escuela en la que prestan sus servicios por estar sujetos a un proceso administrativo sancionador. Cabe reiterar, que el lugar donde los quejosos tienen su centro de trabajo es en el Municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero. De lo hasta aquí señalado se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la agraviada, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado, o se vayan a ejecutar los actos reclamados. Ahora, de la manifestación realizada por los promoventes, bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que anexan su demanda, consistente en las constancias de servicios, se advierte que los actos reclamados tendrían ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en el Municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero. Por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación de los trabajadores de la educación y la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, así como su ejecución, determinación en la que, a decir de los quejosos, bajo protesta de decir verdad, se pretende que se retiren de la escuela en la que prestan sus servicios por estar sujetos a un proceso administrativo sancionador, debe atenderse al lugar en que tendría ejecución tal disposición, lo que en la especie ocurriría en el Municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Séptima Época, 66 Tercera Parte, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo.". [Énfasis añadido]. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, quien ejerce jurisdicción en el municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero, en que tuvo lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de Distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, con una copia de la demanda de amparo, ello de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio con las copias de la demanda, al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, en turno, y se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano de control constitucional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado, toda vez que éste no se encuentra entre los previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo ni es de aquéllos de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los quejosos en su escrito de demanda, y dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rogelio Luna Jurado, Luis Alberto Bravo Navarrete, Manuel Morales Barrientos, Abundio Sidronio Cervantes Hernández, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Ángel Valdez Vejar, Julio Cesar Velázquez García, José Leonardo González de León, Magali Tzintzún Tzintzún, Rubén Cayetano García, Yenny Guitiérrez Mojica, Javier Cayetano Pablo, Filiberto Gutiérrez Mayo, Francisco Maganda Palma, Florina Mejía Jiménez, Abel Bruno Arriaga, José Cruz Santamaria Chamú, José Domingo Guillen Gutiérrez, Diana Liz López Genchi, Jerónimo Martínez Ambrosio, Mayen Pilar Arrellanes Cano, Ángel Esteban Dorantes Jiménez; hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa por conducto del representante común.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Dalila Bahena Brito, Lauro Solis Avila, Araceli Calderon Ayala, Yusdibia Molinero Villamil, Georgina Segura Delgado, Aidé de la Paz Ríos, Sofía Yuridia Ortega Ventura, Margarita Gallardo Galván, por propio derecho, fórmese expediente y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 689/2016. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Dalila Bahena Brito, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes del juicio señalan como actos reclamados los siguientes: "IV. SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO: DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS y EJECUTORAS RECLAMADOS (sic): 1. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y/O EMPLAZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AL CUAL MANIFIESTAN DEBEN AJUSTARSE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, QUE FUERON SELECCIONADOS. 2. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN POR LA CUAL SE DIO A CONOCER CUANDO MENOS TRES MESES DE ANTERIORIDAD LOS PERFILES PARÁMETROS INDICADORES CON BASE A LOS CUALES SE APLICARÁ EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 3. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y/O EMPLAZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE APLICAR UNA SANCIÓN ESTIPULADA EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 4. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO DE EVALUACIÓN QUE SEÑALA LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 5. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EL QUE SE ME PRETENDE IMPONER UNA SANCIÓN CONFORME A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 6. LA VIOLACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR LA CUAL SE ME PRETENDE APLICAR UNA SANCIÓN SEÑALADA EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 7. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EN MI PERJUICIO. 8. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR." Ahora, en el capítulo de antecedentes la quejosa manifiesta lo que a continuación se transcribe: "(.) ANTECEDENTES: PRIMERO.- Los suscritos trabajadores al servicio del estado, del sector educativo, en el estado de Guerrero, PROFRA. DALILA BAHENA BRITO, ANTIGÜEDAD 14 AÑOS 7 MESES, FECHA DE INGRESO: 16 DE OCTUBRE 2001, NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA: "20 DE NOVIEMBRE", CLAVE CT. 12DPR1362S, GRADO Y GRUPO: 1°A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007121200.0E0281830154, MOTIVO 10 TRABAJADOR DE BASE. SEGUNDO. PROF. LAURO SOLÍS ÁVILA. RFC. SOAL720811MG1, ANTIGÜEDAD: 19 AÑOS 4 MESES, FECHA DE INGRESO: 17 DE ENERO DE 1997, NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA "INDEPENDENCIA", CLAVE CT. 12DPR12DEPR0654K, GRADO Y GRUPO: 5 ° A, LOCALIDAD: ACATEMPA, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007121200. 0E02811831373, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. TERCERO: PROFA ARACELI CALDERÓN AYALA, RFC. CAAA730829KQU4, CON ANTIGÜEDAD 17 AÑOS 5 MESES DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 1998, NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA: "20 DE NOVIEMBRE", CLAVE CT. 12DPR1362S, GRADO Y GRUPO: 5°A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007661200.0E0281167112, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. CUARTO: PROFA. YUSDIBIA MOLINERO VILLAMIL, RFC. MOVY751016RZ1, CON ANTIGÜEDAD 17 AÑOS 8 MESES DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997, NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA: "20 DE NOVIEMBRE", CLAVE CTR. 12DPR1362S, GRADO Y GRUPO: 6°B, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007661200.0E028116952, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. QUINTO: PROFA. GEORGINA SEGURA DELGADO, RFC. SEDG730505ND9, ANTIGÜEDAD 20 AÑOS 8 MESES, FECHA DE INGRESO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 1995: NIVEL: PRIMARIA, ESCUELA: "BENITO JUAREZ", CLAVE CT. 12DPR01610, GRADO Y GRUPO: 1°A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007121200. 0E0281830365, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. SEXTO: PROFA, AIDÉ DE LA PAZ RÍOS, R.F.C. PARA750116GL6, ANTIGÜEDAD 17 AÑOS 3 MESES DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 19 DE FEBRERO DE 1999, NIVEL: PREESCOLAR, ESCUELA: "VIRGILIO MARÓN", CLAVE CT. 12DJN2805M, GRADO Y GRUPO: 2 ° A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPA, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007662100. 0E0181850505, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. SÉPTIMO: PROFA. SOFIA YURIDIA ORTEGA VENTURA, RFC. OEBS7709309J9, CON ANTIGÜEDAD 15 AÑOS 6 MESES DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2000, NIVEL: PREESCOLAR, ESCUELA: "VIRGILIO MARÓN", CLAVE CT. 12DJN2805M, GRADO Y GRUPO: 3° A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007661200. 0E0181124521, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE. OCTAVO: PROFA. MARGARITA GALLARDO GALVÁN, RFC. OEBS7709309J9, CON ANTIGÜEDAD 15 AÑOS DE SERVICIO, FECHA DE INGRESO: 1 DE MAYO DEL 2001, NIVEL: PREESCOLAR, ESCUELA: "VIRGILIO MARÓN", CLAVE CT. 12DJN2805M, GRADO Y GRUPO: 1° A, LOCALIDAD: TELOLOAPAN, MUNICIPIO: TELOLOAPAN, ESTADO: GUERRERO, CLAVE PRESUPUESTAL: 11007662100. 0E0181124635, MOTIVO 10, TRABAJADOR DE BASE.". De igual forma, de los documentos que anexan a la demanda, se desprenden de las constancias de servicio C.C.T. de fechas veinticinco (3) y treinta de mayo de dos mil dieciséis (5), los escritos de negativa de cambio de maestro de veintiséis de mayo (2), siete de abril (4), veinticuatro de mayo, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, todos de dos mil dieciséis, así como las actas de acuerdos de veintiséis de mayo, siete de abril, veinticuatro de mayo, veintiséis de mayo, treinta de mayo, siete de abril, todas de dos mil dieciséis, de las cuales se advierte que los quejosos tienen su centro de trabajo en el Municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero, por tanto, si una de la consecuencia de los actos reclamados es que los agraviados se retiren de la escuela en la que prestan sus servicios por estar sujetos a un proceso administrativo sancionador, ello implica que la ejecución material de los mismos tendría lugar en aquella población, pues es ahí donde laboran directamente. Por otra parte, resulta pertinente destacar que este Juzgado Federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto; ello, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Al efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso que nos ocupa, los promoventes reclaman actos que tienen ejecución material, entendida ésta como toda alteración en el mundo fáctico generada en cumplimiento a un acto, a saber, la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación de los trabajadores de la educación y la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, así como su ejecución, determinación en la que, a decir de los quejosos, bajo protesta de decir verdad, se pretende que se retiren de la escuela en la que prestan sus servicios por estar sujetos a un proceso administrativo sancionador. Cabe reiterar, que el lugar donde los quejosos tienen su centro de trabajo es en el Municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero. De lo hasta aquí señalado se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la agraviada, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado, o se vayan a ejecutar los actos reclamados. Ahora, de la manifestación realizada por los promoventes, bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que anexan su demanda, consistente en las constancias de servicios, se advierte que los actos reclamados tendrían ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en el Municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero. Por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación de los trabajadores de la educación y la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, así como su ejecución, determinación en la que, a decir de los quejosos, bajo protesta de decir verdad, se pretende que se retiren de la escuela en la que prestan sus servicios por estar sujetos a un proceso administrativo sancionador, debe atenderse al lugar en que tendría ejecución tal disposición, lo que en la especie ocurriría en el Municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Séptima Época, 66 Tercera Parte, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo.". [Énfasis añadido]. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, quien ejerce jurisdicción en el municipio de Teloloapan, en el Estado de Guerrero, en que tuvo lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de Distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, con una copia de la demanda de amparo, ello de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio con las copias de la demanda, al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, en turno, y se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano de control constitucional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado, toda vez que éste no se encuentra entre los previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo ni es de aquéllos de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los quejosos en su escrito de demanda, y dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rogelio Luna Jurado, Luis Alberto Bravo Navarrete, Manuel Morales Barrientos, Abundio Sidronio Cervantes Hernández, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Ángel Valdez Vejar, Julio Cesar Velázquez García, José Leonardo González de León, Magali Tzintzún Tzintzún, Rubén Cayetano García, Yenny Guitiérrez Mojica, Javier Cayetano Pablo, Filiberto Gutiérrez Mayo, Francisco Maganda Palma, Florina Mejía Jiménez, Abel Bruno Arriaga, José Cruz Santamaria Chamú, José Domingo Guillen Gutiérrez, Diana Liz López Genchi, Jerónimo Martínez Ambrosio, Mayen Pilar Arrellanes Cano, Ángel Esteban Dorantes Jiménez; hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho.

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