Dalia Fernandez Salgado

Expediente 857/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
857/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Dalia Fernandez Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad capital; mediante el cual remite copia certificada del testimonio pronunciado en el impedimento 2/2016, de su índice, dictado en autos del presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "PRIMERO. Se declara fundado el impedimento planteado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, para conocer del juicio de amparo indirecto 857/2016, promovido por Dalia Fernández Salgado, contra el acto dictado en el juicio ordinario civil 45/2015, del índice del referido Juzgado de Distrito. SEGUNDO Se ordena remitir el expediente del citado juicio de amparo indirecto 857/2016, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, para que sea turnado al Juzgado de Distrito que corresponda, con exclusión del Primero de Distrito en el Estado." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.

  2. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional admitió a trámite el impedimento, al que le fuera asignado el número 2/2016, relativo al juicio de amparo 857/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad capital. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. El auto de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la ahora quejosa en contra del acuerdo de diecinueve de mayo del año que transcurre, mismo que vulnera la esfera jurídica de la suscrita promovente, por ser contrario a derecho, ilegal e infundado." Además, se advierte que el acto que señala la quejosa aludida, deriva del juicio ordinario civil ********************, del índice de este órgano jurisdiccional. El artículo 51 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." En virtud de lo anterior, esta Juzgadora se declara impedida para conocer de la demanda de amparo, con base en las siguientes consideraciones: De la fracción IV del artículo transcrito en el párrafo que antecede, se advierte que un Juez de Distrito deberá excusarse para conocer del asunto en que se actúa; en caso de haber tenido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, o que hubiere emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación. Ahora bien, tomando en consideración la certificación de cuenta se advierte que se actualiza la causa de impedimento prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer del asunto, en razón de que este órgano jurisdiccional conoce del juicio ordinario civil ********************, que promovió la aquí quejosa ********************, el cual se encuentra en trámite y en el que el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, esta juzgadora dictó la resolución interlocutoria que resolvió el recurso de revocación que interpuso la parte actora en contra del auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Además, de que como se especificó en párrafos precedentes la quejosa reclama en este asunto precisamente la determinación de referencia de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, señalando como autoridad responsable al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital. Aunado a lo anterior, es de señalar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de acceso a la justicia imparcial, lo cual implica que el juzgador debe emitir su resolución no solo apegada a derecho, sino primordialmente que no dé lugar a considerar que existió el riesgo de pérdida de imparcialidad, respecto de alguna de las partes. Por ello, se actualiza la hipótesis señalada ya que existe un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad que impide a este órgano jurisdiccional conocer del acto reclamado, dado que en este juzgado de Distrito se tramita el juicio ordinario civil ******************** y la suscrita dictó la resolución que reclama la aquí quejosa, por lo que su actuación se encuentra estrechamente vinculada con la resolución de veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario civil ********************. En consecuencia, se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, por lo que, ésta juzgadora se declara impedida para conocer del presente juicio de garantías. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 54 de ley de la materia, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Turno en Materias civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad capital, a fin de que se sirva a calificar el impedimento planteado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/44, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página mil trescientos cuarenta y cuatro del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.-De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." De igual forma, en lo conducente la tesis XXVII.3o.27 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN ADMINISTRATIVA DE TRASLADO Y EL JUEZ DE DISTRITO ES EL INSTRUCTOR DE LA CAUSA PENAL EN LA QUE SE SUJETÓ AL QUEJOSO A PRISIÓN PREVENTIVA. El citado precepto establece una hipótesis genérica de impedimento que opera cuando el Juez de amparo se encuentra en alguna situación objetiva, diversa a los impedimentos específicos, que implique un riesgo de pérdida de imparcialidad. Para que se acredite este impedimento, no se requiere demostrar que el juzgador efectivamente tiene una inclinación subjetiva favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal sobre la solución del asunto. Basta que, en abstracto, la situación perceptible en la que se encuentre pueda generar una duda sobre su neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto. Esta hipótesis se actualiza, entre otros casos, cuando el acto reclamado es una orden administrativa de traslado carcelario y el Juez de Distrito instruye la causa penal en la que se sujetó al quejoso a prisión preventiva. En tal supuesto, el acto reclamado está estrechamente vinculado con la actuación instructora pretérita y futura del juzgador federal, por las siguientes razones: i. Aunque no emitió la orden de traslado, sí dictó el acto restrictivo de la libertad en el que aquélla se sustenta; ii. Además, expresó o debió expresar su anuencia con el traslado carcelario del indiciado, pues éste se encuentra bajo su disposición; y, iii. Finalmente, el traslado podría influir en el desarrollo del juicio penal, ya que si se recluyera al procesado en un lugar distinto al del procedimiento, las actuaciones en las que deba intervenir tendrían que recibirse ante un juzgador diverso al de la causa. Estas circunstancias objetivas generan una duda razonable sobre la neutralidad del operador jurídico, pues no está suficientemente garantizado que resolvería el amparo con absoluta neutralidad, y no en función de su carácter de rector de la causa penal vinculada a la orden de traslado." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en su demanda y como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel Israel Miranda Tapia y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, ******************** y ********************, de acuerdo a la certificación de cuenta.

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