Damaris Porras Hernández y Otros.
Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Damaris Porras Hernández y Otros.
- Jacqueline Sandoval Catalán
- Damaris Porras Hernández
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se aprecia que en diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente expediente, así como su valoración, relevancia documental y destino, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. Sin embargo, el mismo debió ser valorado de conforme a los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, cuyo artículo quinto transitorio señala: [.] QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste. [.] Por tanto, al tratarse de una omisión por parte de este juzgado, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, se ordena regularizar el presente procedimiento y valorar el expediente en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo propuesta. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, de cuyo contenido se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa ***, en contra del proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio, al que le fuera asignado el número de recurso de queja civil ***.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta presentado por la quejosa ***; en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase por interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, residente en esta ciudad, y ríndase informe manifestando que es cierto el acto materia de la queja, toda vez que mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en autos del juicio de amparo 663/2020, se desechó la demanda planteada por la parte quejosa. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas para acreditar lo anterior. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Damaris Porras Hernández, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Bravos, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 663/2020 y fórmese expediente. DESECHAMIENTO. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclamó a través de esta instancia constitucional, actos cometidos dentro del juicio ordinario civil 131/2019-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Bravos, residente en esta ciudad; en concreto, la falta de notificación de la renuncia de la perito que propuso de su parte para la pericial que le fue admitida, y la posterior sustitución de la perito. En ese orden de ideas, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte;" (...) Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva (.)" De lo anteriormente transcrito, se advierte que el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Luego, conforme al referido numeral 107, fracción V de la ley de la materia, los actos de ejecución irreparable únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Consecuentemente, al combatir la parte quejosa actos cometidos dentro del juicio ordinario civil 131/2019-II, en concreto, la falta de notificación de la renuncia de la perito que propuso de su parte para la pericial que le fue admitida, y la posterior sustitución de la perito; el efecto es que se continúe con la tramitación del juicio civil de origen en contra de la parte demandada, lo cual de modo alguno coarta el acceso a la justicia. Esto es, no existe una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad o el derecho a la salud, ya que los efectos que se producen con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), pues pueden desaparecer al dictarse la sentencia correspondiente (al ser posible que sea acorde a sus pretensiones); dado que con la violación reclamada, por el momento no se está en posibilidad de saber si trascenderá al resultado de la sentencia, por lo que en caso de que esta violación procesal sea trascendente para un resultado adverso, podrá reclamarla analógicamente mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la Ley Ordinaria, en términos de lo dispuesto por los numerales 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo. De ese modo, se obtiene que las consecuencias de la determinación combatida sólo afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal. Aunado a lo anterior, es de citarse por similitud la tesis 2a. L/2014 (10a), con registro 2006548, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, visible a pagina 1095, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." Del criterio que antecede, se advierte como se expuso con antelación que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la regla general de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; así, en la fracción VIII el legislador contempló como única hipótesis de excepción para la procedencia del juicio biinstancial, en tratándose de violaciones formales contenidas en juicio, aquellos actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o conocimiento del asunto. Razones por las que resulta inconcuso que el juicio de amparo indirecto promovido contra cuestiones atinentes al trámite de un juicio civil resulta improcedente, por tratarse de un tema de naturaleza adjetiva que no puede impugnarse conforme a las citadas fracciones, por no haber sido establecida expresamente por el legislador como norma de excepción, pues, es un principio de interpretación generalmente aceptado, que las normas de excepción son de aplicación estricta. Luego, respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en la emisión del acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por renunciando a Yolanda Bello Piza, perito en materia de Grafoscopía deseignada por la parte demandada en el juicio ordinario civil de origen, el último precepto legal, interpretado en sentido contrario, conduce a determinar que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos en juicio que no son de imposible reparación. Atento a lo relatado, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción V del artículo 170 (aplicado contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María de Jesús Higashi Ramírez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Dominga Olmedo Martínez y/o Alicia Guadalupe Lorenzo Loredo, por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando su correo electrónico y número telefónico para los efectos legales conducentes. Se ordena al Actuario Judicial adscrito realice la notificación del presente proveído vía electrónica, con independencia de los medios acostumbrados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
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