Dagoberto Montes Gilbert

Expediente 215/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
215/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
20/01/2016

Partes del expediente

  • Dagoberto Montes Gilbert

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dieciocho de diciembre de dos mil quince, que dice: "Ensenada, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 31628 (fojas 208 a 239), la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la partes quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: [.] Se reclama directamente a la Autoridad Responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República de la Delegación Estatal de Baja California (Ensenada) la omisión total de dicho Representante Social, respecto a la continuación de la investigación de los delitos de FALSEDAD ANTE LAS AUTORIDADES Y LO QUE RESULTE, instruida en contra de los inculpados MARGARITA MONTES GILBER, PEDRO CAPACETA MARTOREL Y MARIO SINOHUE MURRIETA, en la Averiguación Previa número A.P. AP/PGR/BC/ENS/415/13/M-IV, en franca violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales en relación con el 107 fracción VII de la Ley de Amparo. En virtud de que NO ha practicado el desahogo de la prueba pericial caligrafoscopica, a cargo de los inculpados, específicamente de MARGARITA MONTES GILBER, es decir, la falta de práctica de las diligencias por parte del representante social de marras, para el total esclarecimiento de los hechos, y así poder determinar lo conducente." [.] Ahora bien, mediante resolución pronunciada en la audiencia constitucional de treinta de julio de dos mil quince, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el diecinueve de agosto del actual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: [.] "lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas, de esta ciudad: En el estricto plazo de dos meses, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, desahogue las diligencias que sean necesarias para la integración de la averiguación previa AP/PGR/BC/ENS/415/13/M-IV, radicada con motivo de la denuncia de hechos probablemente constitutivos del delito de falsedad ante autoridades; y, Con libertad de criterio, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, emita diversa determinación que defina el resultado de la investigación. Sin que sea óbice al criterio sostenido en el presente fallo constitucional, el que los indiciados Pedro Capaceta Martorel y Mario Sinohue Murrieta, no hayan sido llamados al juicio como terceros interesados, en aplicación analógica del supuesto contenido en el inciso c, fracción III, del artículo 5o de la Ley de Amparo, pues se estima que la concesión del amparo en los términos antes precisados, lejos de irrogarles algún perjuicio, al igual que al presunta víctima solicitante del amparo le resulta benéfica, máxime que es la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal, lo que mantiene a los indiciados en un estado de incertidumbre jurídica.." [.] ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 31628 (fojas 208 a 239), la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de veintitrés de noviembre del año en curso, emitida dentro de la AP/PGR/BC/ENS/415/13/-M-IV de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior se evidencia por el hecho de que el 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad, mediante resolución de veintitrés de noviembre del año en curso, emitida dentro de la AP/PGR/BC/ENS/415/13/-M-IV de su índice, ejerció acción penal en contra de Margarita Montes Gilbert y/o Margarita Montes Gilber, Pedro Capaceta Martorel y Mario Sinohue Murrieta; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Pues si bien es verdad, como se estableció en la ejecutoria de amparo, la única diligencia pendiente para integrar la averiguación previa AP/PGR/BC/ENS/415/13/-M-IV -lo era la prueba pericial en materia de caligrafía- la cual tendría que desarrollarse ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco de esta ciudad; sin embargo, de las actuaciones que integran el presente asunto es dable advertir que no fue posible su desahogo, debido a que el especialista Arturo Rosales Soto, perito oficial en materia de grafoscopía y documentoscopía, expresó su imposibilidad material para emitirlo dado que las firmas que constan en el expediente materia de cotejo, no son originales; de ahí tal circunstancia no resultó ser un obstáculo para que la autoridad investigadora ejerciera acción penal con base en los demás medios de convicción. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De ahí que al haberse pronunciado la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad, sobre el ejercicio de la acción penal en los términos precisados en la sentencia dictada en el presente asunto, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente"

  3. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por la tercero interesada Margarita Montes Gilber, a través del cual solicita la expedición de copias simples. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita la promovente, se expiden copias simples de las constancias que indica en el ocurso de cuenta, autorizando para recibirlas a Martha Yenicia Álvarez Sainz y Gabriel Bello Martínez. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  4. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de ocho de diciembre de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte TERCERO INTERESADA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de siete de diciembre de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADO MARGARITA MONTES GILBER, publicada el once de diciembre de dos mil quince, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, QUE DICE: Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas, con residencia en esta ciudad, con anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Finalmente, se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta, signado por Rodolfo Rafael Carrillo Olea, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 13 vuelta), por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente juicio, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

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