Daira Nayeli Martínez Pablo y Otros.

Expediente 89/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
89/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Daira Nayeli Martínez Pablo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; no obstante ello, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en ciudad, realizara lo siguiente: Verificar el efectivo desahogo de prueba testimonial admitida a la parte demandada, con cargo a Samir Judá González González y Raúl de la O Muñoz, señalada para las doce horas del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 678/2019; corroborando que se encuentren debidamente notificadas las partes (actor, demandado y testigos), para el verificativo de la misma y su correspondiente desahogo. En su defecto, tome una determinación final respecto de dicha prueba. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable realizó en lo que interesa lo siguiente: Por oficio 5213/2023, remitió copias certificadas de la determinación del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 678/2019. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató de manera total los puntos marcados en la sentencia amparadora dictada en autos por las consideraciones siguientes. En principio, es menester indicar que los efectos de la sentencia de amparo, se constriñeron a que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, [1] desahogara la prueba testimonial admitida a la parte demandada, con cargo a Samir Judá González González y Raúl de la O Muñoz, señalada para las doce horas del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 678/2019; o en su caso, tomará una determinación final respecto a dicho medio probatorio. En ese orden, del acuerdo de veinticinco de abril pasado, emitido en el juicio laboral 678/2019, se advierte que la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado a la demandada en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós y declaró desierta la prueba testimonial admitida a la parte demandada, con cargo a Samir Judá González González y Raúl de la O Muñoz; asimismo, ordenó poner a la vista de las partes el expediente de origen para que en un término de tres días hábiles formulen sus alegatos. En mérito de lo anterior, se estima que la sentencia de amparo se encuentra cumplida, porque tomó una determinación final respecto de la prueba testimonial admitida a la parte demandada, con cargo a Samir Judá González González y Raúl de la O Muñoz. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral 678/2019, a través del cual hace efectivo el apercibimiento a la parte demanda respecto a la prueba testimonial ofertada, declarándola como desierta, por no presentar a los testigos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexos, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento realizado en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés y al efecto remite las actuaciones solicitadas. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de diez días hábiles, siguientes al que reciba la notificación del presente acuerdo remita copia certificada del desahogo de la diligencia señalada para el día veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 678/2019. Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable, que subsisten los apercibimientos decretados en el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en caso de no cumplir con lo requerido y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el trece de marzo de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo, misma que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este juzgado federal, que lo obliga en principio a: Remitir las constancias de notificación realizadas para llevar a cabo la prueba testimonial admitida a la parte demandada, con cargo a ******************** y ********************, señalada para las doce horas del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento, en el entendido que los efectos de la sentencia del presente juicio fueron para los efectos siguientes: I. Verificar el efectivo desahogo de prueba testimonial admitida a la parte demandada, con cargo a ******************** y ********************, señalada para las doce horas del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************; corroborando que se encuentren debidamente notificadas las partes (actor, demandado y testigos), para el verificativo de la misma y su correspondiente desahogo. II. En su defecto, tome una determinación final respecto de dicha prueba. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, se apercibe a ********************en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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