Dalia Ávila Flores
Expediente 1165/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Dalia Ávila Flores
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 10), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Dalia Ávila Flores contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo y otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese a la parte quejosa como está indicado en autos.
- Principal
Visto el escrito de demanda firmado por *********, contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 1165/2018, que legalmente le corresponde y fórmese expediente. Atento a las manifestaciones de la parte quejosa y en atención a los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso el acto reclamado o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se observa su notoria improcedencia, dado que literalmente los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: "A)- El Auto de Plazo Constitucional, dictado por la C. Jueza Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con fecha 14 de abril del año 2015, en la Causa Penal 09/2015-II, en el cual se me decretó Auto de Formal Prisión, como probable responsable de la comisión del delito Allanamiento de Morada, en agravio de Federico Castrejón Sánchez. ( Debo señalar que esta Autoridad Judicial, mediante Auto de fecha 17 de octubre de 2016, se declaró incompetente para seguir conociendo del Juicio y remitió las actuaciones al Juzgado Mixto de Paz de Chilpancingo Guerrero, donde fue radicada con el número 28/2016-II y Actualmente acumulada a la Causa penal 09/2015-I de ese mismo juzgado). El Auto de Plazo Constitucional, dictado por el C. Juez Mixto de Paz de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con fecha 23 de febrero del año 2015, en la Causa Penal 09/2015-1, en el cual se me decretó Auto de Formal Prisión, como probable responsable de la comisión del delito Lesiones, en agravio de Yaretzy Castrejón Guevara. El Auto de Radicación, dictado por el C. Juez Mixto de Paz de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con fecha 26 de octubre del año 2016, en la Causa penal número 28/2016-II, al dar por recibidas las actuaciones que integran la Causa Penal referida en el Acto Reclamado marcado con el inciso "A" del presente escrito." De los numerales descritos se obtiene que el juicio de garantías es improcedente cuando sea promovido contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender como tales, aquéllos en los que la demanda de amparo no sea promovida dentro del término de quince días. Ahora, el término de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, se contará desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se combata; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia P/J.115/2010, que se invoca por analogía, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, visible a página 5, que textualmente dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." En el caso a estudio, como ya quedó precisado, la ahora quejosa reclama el auto de plazo constitucional de catorce de abril de dos mil quince, emitido por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 09/2015-II, así como el diverso auto de plazo constitucional de veintitrés de febrero de dos mil quince y el auto de radicación de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, emitidos por el Juez Mixto de Paz de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dentro de la diversa causa penal 28/2016-II, acumulada a la 09/2015-II. Actos controvertidos, de los que se actualiza la causal de improcedencia señalada, dado que en el escrito que se provee la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veinte de abril y veintitrés de febrero de dos mil quince, así como el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis; por tanto, el término de quince días que tenía para promover el juicio de garantías, transcurrió a partir del día siguiente al de la notificación realizada por la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 15 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, que dispone: "Artículo 15. En materia penal, los plazos son improrrogables, comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación, salvo los casos en que este Código señala expresamente otra cosa, y se cuentan por días hábiles. En lo relativo a la declaración preparatoria y la emisión de Auto de Plazo Constitucional, el cómputo se hará de momento a momento, a partir de aquél en que el inculpado quede a disposición del juzgador en un reclusorio o en un centro de salud, circunstancia que harán constar por escrito tanto quien hace entrega del inculpado como el encargado del establecimiento en que se recibe. Cuando se fije un término para la práctica de una actuación, quien ordena ésta deberá precisar en el mandamiento respectivo la fecha y hora correspondiente al acto que se realizará". En efecto, si la peticionaria del amparo, aduce que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veinte de abril y veintitrés de febrero de dos mil quince, así como el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis y la demanda que se provee fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, hasta el quince de octubre de dos mil dieciocho, es obvio que se interpuso de manera extemporánea, en virtud de que se hizo fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la quejosa consintió la mencionada resolución. Se sostiene lo anterior, toda vez que, el término de quince días que tenía para interponer su demanda de garantías respecto del acto reclamado notificado en último lugar, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete y feneció el veinticuatro de noviembre de ese mismo año, descontando del cómputo los días sábados y domingos, además del uno, dos, tres y veinte de noviembre de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; por ende, es claro que la demanda de amparo interpuesta por el quejoso, se encuentra fuera del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. En ese entendido, es claro que el quejoso, no promovió la demanda de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es inconcuso, que consintió tácitamente el acto reclamado y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la citada ley. Es aplicable, por analogía, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, página 3212, tomo LXVIII, registro 328325, que señala: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De acuerdo con lo expuesto, es evidente que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquél término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte". Sin que se estime, que la peticionaria del amparo se ubique dentro de las hipótesis legales que contemplan las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Lo anterior es así, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, de ninguna manera se adecuan a alguno de los supuestos comprendidos en las fracciones transcritas con anterioridad, que exceptúan la presentación de la demanda dentro del término de quince días, en virtud de que no se trata de una norma general autoaplicativa, ni de un procedimiento de extradición. De igual forma, la quejosa no reclama una sentencia definitiva condenatoria de un proceso penal, que le imponga pena de prisión; tampoco es el caso de que se reclamen actos que tenga o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; menos aún se está ante un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni se está en presencia de una incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pues los actos reclamados no son de los actos que pueden restringir la libertad del gobernado pero emitidos dentro de un procedimiento, por tanto ya no gozan de la temporalidad indefinida para ser combatidos, por lo que en el caso concreto para combatir ese acto debe estarse a la regla general que contempla el precepto 17 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por analogía, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". De igual forma, se aplica por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, página 122, tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. ES EXTEMPORÁNEA CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO IMPLICA ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL. Si en una sentencia sólo se impuso al quejoso sanción pecuniaria, al no ser ésta restrictiva de libertad, no se encuentra en los casos de excepción que establece la fracción II, del artículo 22 de la Ley de Amparo; por ello debe considerarse que el término para promover el juicio de garantías contra el fallo, es el de quince días a que se refiere el artículo 21 de la misma ley; de lo contrario, el acto reclamado es extemporáneo y procede el sobreseimiento". Al caso es aplicable la tesis de la Décima Época, registro 2006040, del Primer Tribunal Colegiados del Trigésimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, tesis: XXX.1o.8 P (10a.), publicada en la página 1583, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE PROMOVERSE EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. Antes de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, se establecía que los actos que afectan a la libertad personal quedaban exceptuados del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, para promover el juicio de amparo, por lo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, conforme a su artículo 22, fracción II; sin embargo, este tipo de determinaciones queda excluida de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17, fracciones II y IV, de la actual ley, que prevén, la primera, que contra las sentencias definitivas de condena que impongan pena de prisión, el juicio de amparo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años; en tanto que la segunda, si bien se refiere a actos que atacan a ese derecho fundamental, éstos deben ocurrir fuera de procedimiento para que puedan impugnarse en cualquier tiempo; de ahí que ambas fracciones excluyan al auto de formal prisión; por tanto, el juicio en su contra debe promoverse en el término de quince días". En consecuencia, es de concluirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia. Se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere, dado que así lo solicitó expresamente. Sin embargo, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito, toda vez que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control, constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Vigente. Es aplicable al caso, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067 del Tomo VIII, Diciembre de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el siguiente rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Notifíquese a la parte quejosa como está indicado en párrafos precedentes.
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