Daira Nayeli Martínez Pablo

Expediente 88/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
88/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Daira Nayeli Martínez Pablo
  • Martín Jimenez Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de uno de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, uno de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de cuenta promovida por [1] Daira Nayeli Martinez Pablo, [2] Luis Renato Cárdenas Hernandez y [3] Martin Jiménez Juárez, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, recibido en línea, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con el auto de tres de octubre de dos mil diecinueve que anexa; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 88/2022 y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual establece en forma expresa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del artículo antes transcrito, se advierte que para que opere la causa de improcedencia antes transcrita se requiere la existencia de los siguientes elementos: a) Que se haya promovido con anterioridad otro juicio de amparo; b) Que ese juicio se encuentre pendiente de resolución, en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Que exista entre ambos juicios coincidencia en cuanto a la parte que figura como la parte quejosa, las autoridades responsables y el acto reclamado. Sentado lo anterior, de la certificación secretarial que antecede, y por ser un hecho notorio los juicios que se tramitan ante este juzgado de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y la jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, con número de registro digital: 172215, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se consulta en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", se advierte que el juicio de amparo número 85/2022, fue promovido por [1] Daira Nayeli Martinez Pablo, [2] Luis Renato Cárdenas Hernandez y [3] Martin Jiménez Juárez, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de quien reclaman lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DICTAR EL AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS, en términos de la Ley numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de la Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, al no desahogar el procedimiento laboral, en términos de los artículos 81, 84 y 91 de la citada Ley, ni dicta las medidas conducentes a efecto de logar el desahogo del procedimiento en sus términos, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, en la demanda que nos ocupa, se trata de los mismos quejosos [1] Daira Nayeli Martinez Pablo, [2] Luis Renato Cárdenas Hernandez y [3] Martin Jiménez Juárez, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, quienes también reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DICTAR EL AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS, en términos de la Ley numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de la Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, al no desahogar el procedimiento laboral, en términos de los artículos 81, 84 y 91 de la citada Ley, ni dicta las medidas conducentes a efecto de logar el desahogo del procedimiento en sus términos, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De ahí que, el acto impugnado en el presente juicio es materia del diverso 85/2022, mismo que se encuentra en trámite y pendiente de que tenga verificativo la audiencia constitucional, para lo cual se señalaron las doce horas con diez minutos del uno de marzo de dos mil veintidós. En las relatadas condiciones, se advierte de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia que se ha analizado, toda vez que los actos impugnados en esta demanda, ya son materia de análisis del primigenio juicio de amparo 85/2022 del índice de este juzgado, que además se trata de los mismos quejosos, misma autoridad y mismo acto reclamado. Cabe destacar que este juzgador no pasa por alto la jurisprudencia P.J.24/2014, con número de registro digital: 2006145, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Pagina 265, Materia Común, con número de registro 2006145, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Sin embargo, tal criterio es para evitar que se desechen las dos demandas y no se tramite ninguna; por ende, para que los quejosos conserven la oportunidad de defenderse de los actos de autoridad, basta con la admisión de una de ellas, como acontece en el caso. Ahora bien, ya quedó visto que se trata de una sola demanda, a esta última se le está dando trámite, por lo que se señalaron las doce horas con diez minutos del uno de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; por lo tanto, no se están desechando ambas, y así los quejosos conservan la oportunidad de defenderse contra los actos de autoridad impugnados, a través del primigenio y admitido juicio de amparo 85/2022, también del índice de este juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde los quejosos no son la parte patronal, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando los siguientes correos electrónicos Ana Laura Gatica Morales any_nube@hotmail.com, con número celular 7472014369 y Jesús Montalván Ramírez j-montalvan@hotmail.com, con número celular 7471065780. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. De igual manera, téngase como autorizado para consultar el Expediente Electrónico a Jesús Montalván Ramírez con nombre de usuario de lic.monta, en virtud que cumple con lo que establece el artículo 3º de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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