Cynthia Villanueva Espinoza

Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
60/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Cynthia Villanueva Espinoza
  • CYNTHIA VILLANUEVA ESPINOZA y Otros.
  • Luis Alberto Gonzalez Ramirez (Apoderado)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio UEIDCS-B-EILI-C3-174/2022, firmado electrónicamente por Laura Ivetth Rojas Gutiérrez Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-I-3 UEIDCS; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción fue presentada de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que ésta cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la autoridad oficiante informando que ella es quien actualmente se encuentra a cargo de la carpeta de investigación de que derivó el acto en esta instancia reclamado y que respecto al requerimiento efectuado mediante oficio 267 de esta estadística, manifiesta que no ha recibido el diverso 22/2022-1, por el que se le requirió informara la fecha en que quedó notificada de ese. En esas condiciones a efecto de no retardar la integración del presente expediente y su remisión correspondiente al archivo material, líbrese el oficio correspondiente con transcripción del acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, vía telegráfica a la autoridad oficiante y requiérasele para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse recibo del mismo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio telegráfico a la autoridad requerida...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. Vistos el estado que guarda el presente expediente, se aprecia que no obran en autos el acuse de recibo del oficio 22/2022-1, dirigido a la autoridad responsable 1 Gerardo Carlos Camberos Correa agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, que se les envió para notificarle el proveído de tres de febrero de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a la citada autoridad para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comunique a este juzgado la fecha exacta en que recibió el oficio 22/2022-1. En el entendido de que en el plazo señalado tendrán que remitir copia certificada de las constancias con las que sustente su dicho. Asimismo, se hace de su conocimiento que podrá remitir dichas constancias a través del correo electrónico oficial de este órgano de control constitucional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Se apercibe a la autoridad requeridas, que de no cumplir con el requerimiento, se le impondrá, una multa equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese mediante oficio telegráfico a la autoridad requerida y por lista a las demás partes.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Juan Miguel Juárez Caudillo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Mercedes En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio UEIDCS/CGB/1361/2021, signado por María del Carmen Ortega Guerrero, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, mediante el cual expresa lo siguiente: "Que en atención a su oficio 424 de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno recibido el once de noviembre del año en curso, por el que realizó el siguiente requerimiento a la Autoridad: Requiérase.Agente del Ministerio Público de la Federación para que en el término de tres días contado a partir. cumpla con la ejecutoria de amparo emitido en el presente juicio. Dicte un proveído en el que deje sin efectos el acuerdo reclamado el ocho de diciembre de dos mil veinte. En su lugar, dicte otro, debidamente fundado y motivado en el que ordene levantar el aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle San Pedro los Frescos número tres mil cuatrocientos once de la colonia Lázaro Cárdenas Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, por lo que deberá ordenar retirar los sellos que impiden acceso al mismo (.) Por lo que para dar debido cumplimiento a la ejecutoria le solicito a su señoría me proporcione una prórroga de diez días, para realizar los acuerdos y notificaciones correspondientes, ello en virtud de que dicha carpeta le fue entregada al licenciado Gerardo Carlos Camberos Correa el diecinueve de octubre del año en curso, por lo que resulta importante imponerse del contenido de esta para poder dar respuesta a su requerimiento." Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad responsable sustituta a José Mario Aldana Galván; agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, debido a que esta autoridad fue informada que dicho servidor público era el encargado de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000723/2018, de donde deriva lo aquí reclamado. Atento a ello, en esa data se ordenó reexpedir el oficio 424 para notificar a la autoridad responsable sustituta aludida, la sentencia de amparo. No obstante, el oficio de cuenta es signado por una representante social diversa y, además, refiere que entregó la carpeta de investigación a un servidor público distinto. En ese sentido, a efecto de evitar actuaciones que retrasen el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y tener certeza sobre la identidad del representante social encargado de acatar el fallo protector, requiérase a la autoridad oficiante María del Carmen Ortega Guerrero, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, vía telegráfica, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente proveído, informe con claridad quien es el encargado actualmente de conducir la investigación en la carpeta FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000723/2018 y, por ende, de cumplir la sentencia de amparo. Se apercibe a la autoridad requerida que en caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá, una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, por cuanto hace a la prórroga de diez días que solicita, dígase que no ha lugar a conceder la extensión solicitada, en virtud de que el cumplimiento de la sentencia pronunciada en el presente juicio de garantías, no entraña una complejidad extrema; no obstante, a efecto de dar oportunidad para que se imponga de las constancias conducentes para cumplir con la sentencia protectora, se concede a la autoridad oficiante o, en su caso, al servidor público que finalmente se designe para tal efecto, una prórroga de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto. En similar sentido, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Fiscal General de la República, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, instruya al agente del Ministerio Público a quien corresponda la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000723/2018, cumpla puntualmente la sentencia de amparo dentro del plazo concedido. Notifíquese mediante oficio telegráfico a la autoridad oficiante y al superior jerárquico; y por medio de lista a las demás partes...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede se advierte que en sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Cynthia Villanueva Espinoza, y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable José Mario Aldana Galván, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República (denominación actual), para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: ". Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Luis Alberto González Ramírez, apoderado general para pleitos y cobranzas de Cynthia Villanueva Espinoza, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, Fabiola Marcela Rangel: una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000723/2018 de su índice: a) Dicte un proveído en el que deje sin efectos el acuerdo reclamado de ocho de diciembre de dos mil veinte. b) En su lugar, dicte otro, debidamente fundado y motivado, en el que ordene levantar el aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle San Pedro casa número tres, fraccionamiento Rinconada del Fresno, ubicada en Avenida de los Fresnos número tres mil cuatrocientos once de la colonia Lázaro Cárdenas, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, por lo que deberá ordenar retirar los sellos que impiden el acceso al mismo. Cabe señalar que no ha lugar ordenar la entrega de la posesión del inmueble a favor Cynthia Villanueva Espinoza, en virtud de que al momento de asegurar el inmueble, ésta no se encontraba en ejercicio de ese derecho, sino que en la propia demanda se expresó que dicho bien era habitado por una diversa persona, por lo que la protección constitucional concedida no tiene el alcance de vigilar la entrega del bien raíz, y quedan a salvo los derechos de la propietaria para hacerlos valer en la vía que resulte procedente, en caso de que lo estime necesario. c) Notifique esa determinación a Luis Alberto González Ramírez, apoderado general para pleitos y cobranzas de Cynthia Villanueva Espinoza. (.)" Así mismo, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere al superior jerárquico Fiscal General de la República, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad José Mario Aldana Galván, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República (denominación actual), dar cumplimiento en sus términos al fallo protector que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todas las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que 'las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo'. De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Se apercibe a las citadas autoridades que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se les impondrá, de forma separada, una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable (que se ordena notificar vía correo electrónico), a su superior jerárquico y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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