CUAUHTEMOC PINEDA PINEDA y Otros.
Expediente 1777/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1777/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- CUAUHTEMOC PINEDA PINEDA y Otros.
- Cuauhtemoc Pineda Pineda
- Marlin Yesenia Diaz Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el primero de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del trece de septiembre al dieciséis de octubre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Octavio Santiago Agustín Rosales Constantino, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en apoyo a su informe justificado, misma que quedó resguardada en el secreto del juzgado bajo el número de registro 3/2017; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA AL Asesor Jurídico Federal FRANCISCO CUEVAS POZOS, representante especial de los menores A.M.P.B., C.P.B., F.P.B. y L.P.B. LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, realizándolo únicamente Miguel Ángel Barrera Borja, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, como se advierte del escrito presentado ante esta autoridad el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 261 a 265); en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 131 a 148), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado ********************, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismos, Acopia y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional solicitada por ********************por propio derecho y los dos últimos además en representación de los menores ********************y ********************todos de apellidos ********************, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado ********************, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia y dentro del plazo que para efecto se le otorgue, realice lo siguiente: 1.- DEJE INSUBSISTENTE el acuerdo de aseguramiento de bienes reclamado, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, que se llevó a cabo en la averiguación previa ********************de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República. 2. En su lugar, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN EMITA UNA NUEVA RESOLUCIÓN, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero atento a los razonamientos expuestos en esta sentencia, deberá purgar los vicios de forma que la afectaban, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación, los cuales han quedado señalados en el presente considerando. 3. NOTIFIQUE ese nuevo acuerdo de manera personal a la parte quejosa. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." Resolución que en auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 169 a 171). Así, mediante oficio SEIDO/UEITA/6220/2017 de diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 182 a 193), y escrito de la misma fecha (fojas 196 a 199), se tuvo al fiscal responsable remitiendo a esta autoridad copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa ********************de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de aseguramiento de bienes, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis (foja 185 vuelta). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, determinó volver a decretar el aseguramiento de los bienes afectos (con excepción de los documentos personas de los quejosos). Sin embargo, si bien es cierto, la representación social responsable, expuso los razonamientos y fundamentos para decretar el aseguramiento del inmueble afecto, consistente en la casa habitación número catorce, de la calle privada Buenos Aires, del condominio residencial Lomas de Angelópolis, Parque de la Plata, marcado con el número quinientos tres del Boulevard Asia, Lomas de Angelópolis II, Periférico Ecológico diecisiete mil dos, del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y del vehículo consistente en ********************, al considerarlos como instrumentos del delito que investiga en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/088/2013; no menos verídico resultó que soslayó exponer la motivación y fundamentación correspondiente, relativa al aseguramiento de los documentos personales a nombre de Martha Benítez Morales (pasaporte número G10889071) y Cuauhtémoc Pineda Pineda (licencia número A0010007209), en virtud de que si consideró procedente asegurar esos bienes, debió, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, expresar la calidad que tienen tales documentos (instrumento, objeto o producto de delito), o si en ellos existen huellas del delito o pudieran tener relación con aquél, además de exponer las razones que lo llevaron a esa conclusión. Motivo por el cual, en auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete (fojas 222 a 226), se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y se solicitó nuevamente su cumplimiento. Así las cosas, mediante oficio SEIDO/UEITA/7310/2017 de once de agosto de dos mil diecisiete (fojas 237 a 258), se tuvo al fiscal responsable remitiendo a esta autoridad copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa ********************de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - En resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el acuerdo reclamado de aseguramiento de bienes, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, así como la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 243). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en dicha resolución volvió a decretar el aseguramiento de los bienes afectos; resolución en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, precisó lo siguiente: "Por tanto, si hasta ahora existen diversos bienes inmuebles y vehículos respecto de los cuales los imputados se conducen como dueños y eran utilizados como instrumentos de sus actividades delictivas, así como para guardar documentación de cuentas bancarias con operaciones monetarias por fuertes cantidades de dinero realizadas a su nombre, sin que de las actuaciones aparezcan elementos de prueba que acrediten que tienen una actividad lícita que justifique su procedencia, aunque sea de manera presuntiva, a pesar de que esta representación social de la federación, como autoridad de buena fe y en respeto al principio de presunción de inocencia que les asiste, ordenó a los policías investigadores realizar la investigación de su modus vivendi, con el afán de conocer a plenitud su modo de vida; y el único resultado que advirtieron los elementos policiales al entrevistar a distintas personas y dar seguimiento a los involucrados, es que Martha Benítez Morales y Cuauhtémoc Pineda Pineda, se conducían como dueños de los inmuebles donde se guardaban ciertas cantidades de droga, lo que resultó cierto en la diligencia de cateo, sin que aparezca que desarrollan alguna actividad lícita que les genere ingresos, por lo que es incuestionable que procede su aseguramiento como instrumento del delito Contra la Salud, pues esta es la actividad que se encuentra acreditado desarrollaban, máxime si uno de los imputados se presenta como dueño del mismo para reclamarlo, a sabiendas de que su cónyuge fue detenida en flagrancia custodiando determinadas cantidades de droga, cometiendo un delito contra la salud, sin que justifique los recursos con que lo adquirió o que no sabía de las actividades de Martha Benítez Morales, por los que al permitir que esta actividad se realizara, consintió en que el inmueble se utilizara como instrumento del delito, puesto que no debe olvidarse que dentro de la indagatoria se investiga el delito de Delincuencia Organizada, Contra la Salud y el de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues es evidente que al pretenderlos hacer figurar a nombre de otras personas y de menores de edad sin capacidad económica para adquirirlos, pretenden ocultar el uso que se le daba, al igual que a la camioneta Buick, tipo enclave, con placas de circulación número PYL-17-97 del Estado de Morelos, con número de VIN 5GAKV7KD2EJ302198, el cual se encontró en el espacio para cochera del inmueble ubicado en Privada Buenos Aires número 14, fraccionamiento Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula del Estado de Puebla, que fue asegurada, pues de ella presumiblemente se extrajeron las cantidades de droga aseguradas en el domicilio. Ello con independencia del concurso delictual resultante de las diversas conductas realizadas por los imputados. Finalmente, por lo que hace al aseguramiento de los documentos personales a nombre de Martha Benítez Morales (pasaporte número G10889071) y Cuauhtémoc Pineda Pineda (licencia número A0010007209), debe decirse que, como atinadamente lo hizo notar el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en su auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en el que tiene por no cumplimentada la sentencia que dictó en autos del juicio de amparo número 1777/2016; dichos bienes no están afectados ni fueron asegurados en la averiguación previa PGR/SEIOD/UEITA/088/2013, al efectuarse la diligencia de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que en debido acatamiento a la ejecutoria de amparo y al auto que se cumplimentan, esta autoridad "procede a expresar la calidad que tienen tales documentos (instrumento, objeto o producto de delito), o si en ellos existente huellas o pudieran tener relación con aquél, además de exponer las razones que lo llevaron a esa conclusión. Por lo que en vía de cumplimiento de las resoluciones de mérito y para mejor proveer, se procedió a revisar de nueva cuenta la diligencia de cateo de tres de diciembre de dos mil seis, durante la cual convergen dos circunstancias: la primera, es la ejecución misma de la orden de cateo, derivada de la integración de una averiguación previa en el sistema penal tradicional, en la que se localizaron los instrumentos del delito que se han mencionado; y la segunda, el descubrimiento durante su desarrollo de diverso delito en flagrancia, por lo que los nuevos hallazgos pasan a convertirse en evidencias de delito descubierto, cometido ya en plena vigencia del sistema penal acusatorio, razón por la cual, mediante oficio SEIDO/UEITA/7215/2017 de ocho de agosto de dos mil diecisiete, se solicitó a la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la UEITA, informara si dentro de alguna carpeta de investigación se encuentra afectos dichos documentos; dando respuesta mediante el diverso PGR/SEIDO/UEITA/7287/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, en los siguientes términos: "al respecto me permito hacer de su conocimiento que los dos documentos son afectos a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-PUE/0001044/2016, en virtud de que al practicarse la diligencia de cateo 350/2016 de dos de diciembre de dos mil dieciséis emitida dentro de la AP PGR/SEIDO/UEITA/88/2013, se actualizaron delitos en flagrancia, lo que dio origen a la carpeta de investigación citada al rubro, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales." Razón por la cual, al encontrarse los documentos mencionados afectos a una carpeta de investigación a cargo de diversa autoridad, es jurídica y materialmente imposible para esta representación social de la federación pronunciarse respecto de tales documentos." Asimismo, en dicha determinación el fiscal responsable estableció que tomó como medios de prueba para arribar a tal determinación el informe y entrevistas realizadas por los suboficiales de la Policía Federal Ministerial, Laura Angélica Galarza Martínez y Jonathan Sarmiento García, así como el cateo desahogado en el domicilio afecto de tres de diciembre de dos mil dieciséis. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito de Miguel Ángel Barrera Borja, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, presentado ante esta autoridad el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 261 a 265), mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de que refiere la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que en su nueva resolución no fundamenta ni motiva adecuadamente la calidad que tienen los bienes afectos, para justificar su aseguramiento, pasando por alto la presunción de inocencia, las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso, pues señala como culpables a los quejosos atribuyéndoles la responsabilidad de un delito sin sustento legal alguno, pues a los mismos no se les ha hecho saber legalmente si existe alguna acusación o proceso legal en su contra, para que puedan ejercer su adecuada defensa, así tampoco los ha citado para que demuestren la legítima procedencia de los bienes afectos; aunado a que refiere que en la nueva resolución que dicta el representante social responsable hace cita de diversas averiguaciones previas que desconocen los quejosos, y sin saber a la fecha si forman parte o no de las mismas como indiciados o presuntos responsables; además de que a la fecha desconocen en dónde se encuentre la camioneta asegurada. Argumentos que resultan infundados, en virtud de que, primeramente ha de indicarse que el fiscal responsable en determinación de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa ********************sí establece que los bienes asegurados son considerados como instrumentos de los delitos que está investigando en dicha indagatoria de Delincuencia Organizada, Contra la Salud y el de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; con excepción de los documentos personales a nombre de Martha Benítez Morales (pasaporte número G10889071) y Cuauhtémoc Pineda Pineda (licencia número A0010007209), por los motivos ya transcritos. Y, en segundo lugar, ha de indicarse que en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el fiscal responsable, y las demás manifestaciones de la parte quejosa, se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por el representante social, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, realizándolo únicamente Miguel Ángel Barrera Borja, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, como se advierte del escrito presentado ante esta autoridad el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 261 a 265); en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 131 a 148), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado ********************, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismos, Acopia y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional solicitada por ********************por propio derecho y los dos últimos además en representación de los menores ********************y ********************todos de apellidos ********************, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado ********************, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia y dentro del plazo que para efecto se le otorgue, realice lo siguiente: 1.- DEJE INSUBSISTENTE el acuerdo de aseguramiento de bienes reclamado, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, que se llevó a cabo en la averiguación previa ********************de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República. 2. En su lugar, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN EMITA UNA NUEVA RESOLUCIÓN, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero atento a los razonamientos expuestos en esta sentencia, deberá purgar los vicios de forma que la afectaban, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación, los cuales han quedado señalados en el presente considerando. 3. NOTIFIQUE ese nuevo acuerdo de manera personal a la parte quejosa. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." Resolución que en auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 169 a 171). Así, mediante oficio SEIDO/UEITA/6220/2017 de diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 182 a 193), y escrito de la misma fecha (fojas 196 a 199), se tuvo al fiscal responsable remitiendo a esta autoridad copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa ********************de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de aseguramiento de bienes, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis (foja 185 vuelta). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, determinó volver a decretar el aseguramiento de los bienes afectos (con excepción de los documentos personas de los quejosos). Sin embargo, si bien es cierto, la representación social responsable, expuso los razonamientos y fundamentos para decretar el aseguramiento del inmueble afecto, consistente en la casa habitación número catorce, de la calle privada Buenos Aires, del condominio residencial Lomas de Angelópolis, Parque de la Plata, marcado con el número quinientos tres del Boulevard Asia, Lomas de Angelópolis II, Periférico Ecológico diecisiete mil dos, del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y del vehículo consistente en ********************, al considerarlos como instrumentos del delito que investiga en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/088/2013; no menos verídico resultó que soslayó exponer la motivación y fundamentación correspondiente, relativa al aseguramiento de los documentos personales a nombre de Martha Benítez Morales (pasaporte número G10889071) y Cuauhtémoc Pineda Pineda (licencia número A0010007209), en virtud de que si consideró procedente asegurar esos bienes, debió, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, expresar la calidad que tienen tales documentos (instrumento, objeto o producto de delito), o si en ellos existen huellas del delito o pudieran tener relación con aquél, además de exponer las razones que lo llevaron a esa conclusión. Motivo por el cual, en auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete (fojas 222 a 226), se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y se solicitó nuevamente su cumplimiento. Así las cosas, mediante oficio SEIDO/UEITA/7310/2017 de once de agosto de dos mil diecisiete (fojas 237 a 258), se tuvo al fiscal responsable remitiendo a esta autoridad copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa ********************de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - En resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el acuerdo reclamado de aseguramiento de bienes, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, así como la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 243). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en dicha resolución volvió a decretar el aseguramiento de los bienes afectos; resolución en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, precisó lo siguiente: "Por tanto, si hasta ahora existen diversos bienes inmuebles y vehículos respecto de los cuales los imputados se conducen como dueños y eran utilizados como instrumentos de sus actividades delictivas, así como para guardar documentación de cuentas bancarias con operaciones monetarias por fuertes cantidades de dinero realizadas a su nombre, sin que de las actuaciones aparezcan elementos de prueba que acrediten que tienen una actividad lícita que justifique su procedencia, aunque sea de manera presuntiva, a pesar de que esta representación social de la federación, como autoridad de buena fe y en respeto al principio de presunción de inocencia que les asiste, ordenó a los policías investigadores realizar la investigación de su modus vivendi, con el afán de conocer a plenitud su modo de vida; y el único resultado que advirtieron los elementos policiales al entrevistar a distintas personas y dar seguimiento a los involucrados, es que Martha Benítez Morales y Cuauhtémoc Pineda Pineda, se conducían como dueños de los inmuebles donde se guardaban ciertas cantidades de droga, lo que resultó cierto en la diligencia de cateo, sin que aparezca que desarrollan alguna actividad lícita que les genere ingresos, por lo que es incuestionable que procede su aseguramiento como instrumento del delito Contra la Salud, pues esta es la actividad que se encuentra acreditado desarrollaban, máxime si uno de los imputados se presenta como dueño del mismo para reclamarlo, a sabiendas de que su cónyuge fue detenida en flagrancia custodiando determinadas cantidades de droga, cometiendo un delito contra la salud, sin que justifique los recursos con que lo adquirió o que no sabía de las actividades de Martha Benítez Morales, por los que al permitir que esta actividad se realizara, consintió en que el inmueble se utilizara como instrumento del delito, puesto que no debe olvidarse que dentro de la indagatoria se investiga el delito de Delincuencia Organizada, Contra la Salud y el de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues es evidente que al pretenderlos hacer figurar a nombre de otras personas y de menores de edad sin capacidad económica para adquirirlos, pretenden ocultar el uso que se le daba, al igual que a la camioneta Buick, tipo enclave, con placas de circulación número PYL-17-97 del Estado de Morelos, con número de VIN 5GAKV7KD2EJ302198, el cual se encontró en el espacio para cochera del inmueble ubicado en Privada Buenos Aires número 14, fraccionamiento Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula del Estado de Puebla, que fue asegurada, pues de ella presumiblemente se extrajeron las cantidades de droga aseguradas en el domicilio. Ello con independencia del concurso delictual resultante de las diversas conductas realizadas por los imputados. Finalmente, por lo que hace al aseguramiento de los documentos personales a nombre de Martha Benítez Morales (pasaporte número G10889071) y Cuauhtémoc Pineda Pineda (licencia número A0010007209), debe decirse que, como atinadamente lo hizo notar el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en su auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en el que tiene por no cumplimentada la sentencia que dictó en autos del juicio de amparo número 1777/2016; dichos bienes no están afectados ni fueron asegurados en la averiguación previa PGR/SEIOD/UEITA/088/2013, al efectuarse la diligencia de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que en debido acatamiento a la ejecutoria de amparo y al auto que se cumplimentan, esta autoridad "procede a expresar la calidad que tienen tales documentos (instrumento, objeto o producto de delito), o si en ellos existente huellas o pudieran tener relación con aquél, además de exponer las razones que lo llevaron a esa conclusión. Por lo que en vía de cumplimiento de las resoluciones de mérito y para mejor proveer, se procedió a revisar de nueva cuenta la diligencia de cateo de tres de diciembre de dos mil seis, durante la cual convergen dos circunstancias: la primera, es la ejecución misma de la orden de cateo, derivada de la integración de una averiguación previa en el sistema penal tradicional, en la que se localizaron los instrumentos del delito que se han mencionado; y la segunda, el descubrimiento durante su desarrollo de diverso delito en flagrancia, por lo que los nuevos hallazgos pasan a convertirse en evidencias de delito descubierto, cometido ya en plena vigencia del sistema penal acusatorio, razón por la cual, mediante oficio SEIDO/UEITA/7215/2017 de ocho de agosto de dos mil diecisiete, se solicitó a la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la UEITA, informara si dentro de alguna carpeta de investigación se encuentra afectos dichos documentos; dando respuesta mediante el diverso PGR/SEIDO/UEITA/7287/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, en los siguientes términos: "al respecto me permito hacer de su conocimiento que los dos documentos son afectos a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-PUE/0001044/2016, en virtud de que al practicarse la diligencia de cateo 350/2016 de dos de diciembre de dos mil dieciséis emitida dentro de la AP PGR/SEIDO/UEITA/88/2013, se actualizaron delitos en flagrancia, lo que dio origen a la carpeta de investigación citada al rubro, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales." Razón por la cual, al encontrarse los documentos mencionados afectos a una carpeta de investigación a cargo de diversa autoridad, es jurídica y materialmente imposible para esta representación social de la federación pronunciarse respecto de tales documentos." Asimismo, en dicha determinación el fiscal responsable estableció que tomó como medios de prueba para arribar a tal determinación el informe y entrevistas realizadas por los suboficiales de la Policía Federal Ministerial, Laura Angélica Galarza Martínez y Jonathan Sarmiento García, así como el cateo desahogado en el domicilio afecto de tres de diciembre de dos mil dieciséis. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito de Miguel Ángel Barrera Borja, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, presentado ante esta autoridad el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 261 a 265), mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de que refiere la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que en su nueva resolución no fundamenta ni motiva adecuadamente la calidad que tienen los bienes afectos, para justificar su aseguramiento, pasando por alto la presunción de inocencia, las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso, pues señala como culpables a los quejosos atribuyéndoles la responsabilidad de un delito sin sustento legal alguno, pues a los mismos no se les ha hecho saber legalmente si existe alguna acusación o proceso legal en su contra, para que puedan ejercer su adecuada defensa, así tampoco los ha citado para que demuestren la legítima procedencia de los bienes afectos; aunado a que refiere que en la nueva resolución que dicta el representante social responsable hace cita de diversas averiguaciones previas que desconocen los quejosos, y sin saber a la fecha si forman parte o no de las mismas como indiciados o presuntos responsables; además de que a la fecha desconocen en dónde se encuentre la camioneta asegurada. Argumentos que resultan infundados, en virtud de que, primeramente ha de indicarse que el fiscal responsable en determinación de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa ********************sí establece que los bienes asegurados son considerados como instrumentos de los delitos que está investigando en dicha indagatoria de Delincuencia Organizada, Contra la Salud y el de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; con excepción de los documentos personales a nombre de Martha Benítez Morales (pasaporte número G10889071) y Cuauhtémoc Pineda Pineda (licencia número A0010007209), por los motivos ya transcritos. Y, en segundo lugar, ha de indicarse que en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el fiscal responsable, y las demás manifestaciones de la parte quejosa, se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por el representante social, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Miguel Ángel Barrera Borja, autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa; visto su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.
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