Cynthia Guadalupe Serrano Mejia

Expediente 1306/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1306/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Cynthia Guadalupe Serrano Mejia
  • CYNTHIA GUADALUPE SERRANO MEJIA y Otros.
  • Erick Contreras Perez Valderrama

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio III-594/2016 y anexos que acompaña la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite el expediente de amparo 1306/2015 en que se actúa y el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis en el amparo en el toca de revisión R-262/2016, relativo a dicho medio de impugnación interpuesto en el presente asunto, misma que confirmó sobreseer en el juicio, pues sus puntos resolutivos a la letra dicen: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1306/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Cynthia Guadalupe Serrano Mejía." Como consecuencia de lo anterior, glósese al presente expediente el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como concluido; acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión. Ahora bien, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio y no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN transcurridos cinco años a partir del presente proveído, de conformidad con el punto Vigésimo Primero fracción II del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por otra parte, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase a la Agente del Ministerio Público Especializada en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado (copia certificada de la averiguación previa 1719/2015/AESEX/AMSAS), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio II. 3794/2016 signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto circuito, con el que acusa recibo del diverso VI-958 de este índice con el que se le remitió el expediente original 1306/2015 de esta estadística y anexo; asimismo, comunica que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Cynthia Guadalupe Serrano Mejía contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, el cual quedó registrado bajo el Amparo en revisión R-262/2016; de lo que esta autoridad queda enterada.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA ) SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO ERICK CONTRERAS PÉREZ VALDERRAMA el auto de ocho de julio de dos miol dieciséis y el de veintidós de junio así como la sentencia de siete de junio, ambos de dos mil dieciséis, QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso CYNTHIA GUADALUPE SERRANO MEJÍA, y en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que quede debidamente integrado el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, un tomo de prueba y el escrito original de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciséis. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1306/2015-I-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Cynthia Guadalupe Serrano Mejía; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Cynthia Guadalupe Serrano Mejía, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguiente: ". AUTORIDAD RESPONSABLE.- (.) El ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. ACTO RECLAMADO: La falta de expeditez procesal y/o excesivo tiempo para procurar justicia dentro de la Averiguación Previa 1719/2015/AESEX/AEMSAS, de las del índice de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla iniciada por el delito de Violencia Familiar." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 4, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. El veintiuno de octubre de dos mil quince se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de cinco de noviembre de dos mil quince, se tuvo con el carácter de tercero interesado a Eric Contreras Pérez Valderrama denunciante y padre de los menores involucrados en la averiguación previa de la que derivan los actos reclamados. El quince de diciembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia constitucional y, el veintidós de enero del año en curso, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este órgano jurisdiccional, dictó sentencia definitiva, negando el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Cynthia Guadalupe Serrano Mejía, por los motivos y fundamentos indicados en el propio fallo. Inconforme con la referida sentencia, la aquí quejosa Cynthia Guadalupe Serrano Mejía, interpuso recurso de revisión, mismo que por turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y, quien mediante ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, revocó la sentencia sujeta a revisión y ordenó la reposición del procedimiento, a fin de que esta juzgadora procediera en términos del o dispuesto por el artículo 8° de la Ley de Amparo, sin perder de vista además, que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte la existencia de un diverso acto reclamado consistente en la medida de separación ordenada dentro de la indagatoria, y hecho lo anterior, emita la resolución que en derecho proceda. En cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se dejó sin efectos la audiencia constitucional celebrada el quince de diciembre de dos mil quince, se declaró insubsistente la sentencia engrosada el veintidós de enero de dos mil dieciséis y, con fundamento en los artículos 8 de la Ley de Amparo , así como 4o. y 133 de la Constitución General de la República, 3, 9, 12, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en aras de proteger el interés superior de los menores, y en vista del conflicto de intereses entre sus progenitores por la custodia de aquéllos, se ordenó designar un representante especial de los infantes terceros interesados de identidad reservada (Asesor Jurídico Federal adscrito a la Delegación Regional en Puebla del Instituto Federal de la Defensoría Pública), quien el uno de junio del año en curso, aceptó y protestó el cargo conferido y se impuso de los autos. Finalmente, seguido el trámite del juicio, se celebró la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna: a) La omisión en que ha incurrido la Agente del Ministerio Público Especializada en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social, para integrar la averiguación previa 1719/2015/AESEX/AMSAS, en la cual la quejosa tiene el carácter de indiciada; y, como consecuencia de ello, la falta de determinación sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal en dicha indagatoria, que se inició por el delito de violencia familiar; y, b) El acuerdo de seis de junio de dos mil quince, mediante el cual la fiscal responsable decretó la medida de separación de sus menores hijos de identidad reservada, de su núcleo familiar; dentro de la indagatoria de origen, en el que solicitó a la Procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el ingreso de los mencionados impúberes a dicha institución, a efecto de salvaguardar su integridad física y emocional. TERCERO. Existencia o Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor, la Agente del Ministerio Público Especializada en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social, al rendir su informe de ley (fojas 18 a 20), negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, esa negativa se desvirtúa, pues dicha autoridad reconoció que actualmente está conociendo de la integración de la averiguación previa AP-1719/2015/AESEX/AMSAS y, en apoyo a su informe remitió el duplicado de la misma, documental que tiene pleno valor probatorio con fundamento en lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de garantías (veintiuno de octubre de dos mil quince), la autoridad responsable no se había pronunciado sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal, por lo que la omisión reclamada es cierta. De igual forma, se advierte que el seis de junio de dos mil quince, dictó el acuerdo del cual se duele la demandante constitucional (foja 18 del anexo I); por tanto, dicho acto, también resulta ser cierto. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En relación con el primero de los actos reclamados, dada su naturaleza jurídica- omisión de pronunciarse sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal en la indagatoria de origen - es evidente que aquél tiene el carácter de acto negativo y, como tal, es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata. Por tanto, no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el veintiuno de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, entonces, resulta evidente que su promoción fue oportuna, por cuanto hace al acto reclamado ya precisado. Por cuanto hace al segundo de los actos reclamados, consistente en el acuerdo dictado por la fiscal responsable el seis de junio de dos mil quince, dentro de la indagatoria de origen, en el que solicitó a la Procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el ingreso de los menores de identidad reservada, al albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, a efecto de salvaguardar su integridad física y emocional; se resolverá lo atinente a su oportunidad en el considerando sexto de esta sentencia. QUINTO.- Ponderaciones previas. I. Cuando en la presente sentencia se haga referencia a las disposiciones de la Ley de Amparo, deberá entenderse que se trata de las normas vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece (pues como ha quedado evidenciado, la promoción de este juicio aconteció con posterioridad a tal data), y la jurisprudencia que se mencione, que haya sido integrada conforme a la Ley de Amparo abrogada, se entenderá que continúa en vigor por no contraponerse con las disposiciones de la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del último ordenamiento legal mencionado. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª/J. 10/2016 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1º constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." II. La radicación de la averiguación previa de donde derivan los actos reclamados, tuvo lugar en la ciudad de Puebla, donde a la fecha de la presentación de la demanda, aún no entraba en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, lo cual aconteció el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; razón por la cual, se instó bajo las normas del procedimiento penal establecido en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y sus reformas. En consecuencia, el acto reclamado se estudiará de conformidad con dicha legislación y con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, por así establecerlo los artículos 10 Bis y transitorios SEGUNDO y TERCERO, los últimos, del Decreto de reforma publicado en el Periódico Oficial del Estado, el diecisiete de junio de dos mil once, con sus reformas. III. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que la quejosa tiene el carácter de indiciada en la indagatoria que da origen a los actos reclamados. IV. Publicación de datos personales. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. SEXTO. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número Tesis: II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este Juzgado de Distrito advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de seis de junio de dos mil quince, mediante el cual la fiscal responsable decretó la medida de separación de sus menores hijos de identidad reservada, de su núcleo familiar; dentro de la indagatoria de origen, en el que solicitó a la Procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el ingreso de los mencionados impúberes a dicha institución, a efecto de salvaguardar su integridad física y emocional, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" De la disposición legal aludida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la ley de la materia prevé para tal efecto, caso en el cual se reputarán consentidos tácitamente los actos reclamados. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo son del tenor siguiente: "(.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. (.) De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia. Esto es así, pues no se reclama una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, en modo alguno se ordenó la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal, pues el acto que se estudia es una de determinación emitida dentro un procedimiento penal, en la etapa de averiguación previa, en la que se solicitó a la Procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el ingreso de los menores víctimas del probable hecho ilícito, a dicha institución, a efecto de salvaguardar su integridad física y emocional. Con relación a la manera en que debe computarse el plazo en cita, la hipótesis señalada en el inciso a) que antecede relativa a que haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso, se refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no acredite su ilegalidad o inconstitucionalidad, o bien, pruebe que se ha dictado su nulidad. La segunda regla, inciso b), relativa a que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado, establece que para computar el plazo de quince días es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación del acto reclamado-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. La última hipótesis, contenida en el inciso c), relativa a que el quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual, implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera Sala de ese Máximo Tribunal con la tesis 1a./J. 30/2007, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.", y la Segunda Sala con la tesis 2a./J. 31/2002, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL.", consideró que resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en la Ley de Amparo, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. El Máximo Tribunal del País destacó que la esencia del inicio del cómputo del plazo para promover amparo, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Concluyó que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los tribunales federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional, lo cual, constituye el derecho del agraviado a promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el acto reclamado. Estableció que si el particular tiene conocimiento, previamente a la notificación que ordena la ley que rige el acto reclamado, a través de cualquier otro medio, como puede ser el momento en que hubiese recibido copias de ese acto, es válido que a partir de ese momento inicie el cómputo del plazo para la presentación del juicio de amparo, siempre y cuando se acredite plenamente que el quejoso conoció de manera completa el acto. Afirmó que el inicio del plazo para la presentación del juicio de amparo contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio. Dispuso que considerar lo contrario, conduciría a permitir al particular la promoción anticipada del juicio de amparo, cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación e ignorar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan tal situación. Las consideraciones que anteceden dieron origen a la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sumario es: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Este criterio es aplicable al caso por analogía, porque el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada , que fue analizado en la jurisprudencia en cita, prevé los mismos supuestos para iniciar el cómputo de la promoción del juicio de amparo que el numeral 18 de la ley de la materia en vigor . En ese sentido, en términos de la sexta disposición transitoria de la citada legislación actual , la jurisprudencia P./J. 115/2010, sigue vigente porque no se opone a la reglamentación vigente. Ahora bien, consta en autos que el acuerdo reclamado fue dictado el seis de junio de dos mil quince (foja 18 del anexo I) y, que la quejosa tuvo conocimiento de su existencia por lo menos desde el día dieciséis de julio del citado año, fecha en la que compareció dentro de la averiguación previa de origen a rendir su declaración ministerial (fojas 74 a 81). En suma, a partir del día siguiente a la mencionada data (dieciséis de julio de dos mil quince) debe computarse el plazo para la promoción del juicio de amparo, pues al menos desde esa fecha la quejosa tuvo conocimiento de dicho acto. Por tanto, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo (respecto del acto reclamado indicado en este considerando) trascurrió del diecisiete de julio al seis de agosto, todos de dos mil quince; sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de julio, así como uno y dos de agosto, todos del año próximo anterior, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo se recibió hasta el veintiuno de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (foja 1), es evidente que resulta extemporánea su promoción; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales. Por otra parte, respecto al acto consistente en la omisión en que ha incurrido la Agente del Ministerio Público Especializada en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social, para integrar la averiguación previa 1719/2015/AESEX/AMSAS, en la cual la quejosa tiene el carácter de indiciada; y, como consecuencia de ello, la falta de determinación sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal en dicha indagatoria, que se inició por el delito de violencia familiar, la suscrita jueza de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias remitidas por fiscal responsable en alcance a su informe justificado, las que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que dicha autoridad, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, ejercitó acción penal dentro de la averiguación previa de origen 1719/2015/AESEX/AMSAS en contra de Cynthia Guadalupe Serrano Mejía, como probable responsable en la comisión de los delitos de violencia familiar y violencia familiar equiparada, previstos y sancionados por los artículos 284 bis y 284 ter, en relación con los artículos 13, 14 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla en agravio de los menores cuya identidad se encuentra reservada; en contra de Hugo Castilla Arriaga y/o Hugo R. Castilla Arriaga, como probable responsable en la comisión del delito de violencia familiar equiparada, previsto y sancionado por los artículos 284 bis y 284 ter, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de los referidos menores; y, en contra de Cynthia Guadalupe Serrano Mejía y Hugo Castilla Arriaga y/o Hugo R. Castilla Arriaga, como probables responsables en la comisión del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I y 309, en relación con los diversos 13, 14 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de uno de los menores de identidad reservada. Es decir, la Agente del Ministerio Público Especializada en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social acreditó que el nueve de marzo de dos mil dieciséis, consignó al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la averiguación 1719/2015/AESEX/AMSAS. En esas condiciones, resulta inconcuso que si la representante social responsable determinó el ejercicio de la acción penal en la indagatoria natural fue como resultado de la integración de la misma, por lo cual, los efectos de la omisión reclamada han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, de manera total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación, como si se hubiera otorgado el amparo solicitado, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa, o habiéndola irrumpido, la cesación no haya dejado huella alguna que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. No pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que el pliego consignatorio a que se hace referencia, fue presentado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, dicha constancia se toma en cuenta, pues el estudio de las causales de improcedencia es preferente, acorde con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Por tanto, se concluye que respecto del acto consistente en la omisión de integrar la averiguación previa 1719/2015/AESEX/AMSAS y, como consecuencia de ello, la falta de determinación sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal en dicha indagatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa. Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Cynthia Guadalupe Serrano Mejía, en contra de los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público Especializada en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social, precisados en el considerando segundo, por los motivos señalados en el diverso considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del punto IV del considerando quinto de este fallo. San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, de la que se desprende que el veinte de junio de dos mil dieciséis a las once horas con veinte minutos se llevó a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1306/2015, por lo que el asunto de referencia se encuentra en proyecto de resolución; en consecuencia, fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes. Por otra parte, agréguese a los presentes autos la documental enviada vía correo electrónico por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializada en Atención a los Menores Sujetos de Asistencia Social, consistente en el pliego consignatorio (con sello de recibido del Juzgado del o Penal de Cholula, Puebla) de la averiguación previa 1719/2015/AESEX/AMSAS. En consecuencia, se ordena glosar el presente cuaderno de antecedentes al expediente principal para resolver lo que en derecho proceda, tomándose en consideración la documental de que se trata, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Así mismo, y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra en proyecto de sentencia, procédase a la notificación del presente acuerdo junto con la sentencia definitiva que en aquel se pronuncie.

  4. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL LA RESOLUCIÓN DE 08 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a sus autos el escrito del quejoso CYNTHIA GUADALUPE SERRANO MEJÍA, y en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que quede debidamente integrado el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, un tomo de prueba y el escrito original de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios"

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