Cutberta Gutiérrez García
Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 64 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 64
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cutberta Gutiérrez García
- Enrique Hernández Miranda
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 64.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de junio del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que dentro del presente juicio, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el incidente sobre pago de daños y perjuicios promovido por Abraham Segura Hernández, apoderado jurídico de Enrique Hernández Miranda, el cual se resolvió el veintinueve de julio de ese mismo año, declarando infundado el citado recurso; sin que se haya promovido el recurso de queja en contra de tal resolución; en consecuencia, se deja a disposición de la parte de la quejosa el billete de N 863492, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), el cual sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida. En el entendido que de no recogerlo dentro del plazo de dos años computado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, de conformidad con el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito en favor del Fisco Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que obra en este juzgado las constancias consistentes en el juicio de origen 92/2020, mismas que el Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil Del Distrito Judicial De Maravatío, Michoacán, acompañó a su informe justificado. Ahora, toda vez que la retención de tales documentales es innecesaria en virtud de que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, se ordena la devolución del mismo al Juez responsable. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS el estado que guarda el incidente sobre pago de daños y perjuicios promovido por Abraham Segura Hernández, apoderado jurídico de Enrique Hernández Miranda, dentro del juicio de amparo 564/2020, este Juez de Distrito procede a dictar la interlocutoria correspondiente; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Interposición y tramitación del incidente sobre pago de daños y perjuicios. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil veintidós, Abraham Segura Hernández, apoderado jurídico de Enrique Hernández Miranda, promovió incidente sobre pago de daños y perjuicios, libelo que fue radicado por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, por el que se previno a la parte incidentista a fin de que aportara una copia de su escrito a fin de estar en el aptitud de correr traslado a las partes. Requerimiento que se tuvo por cumplido mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se ordenó correr traslado a la parte quejosa con el escrito presentado por la parte tercero interesada y se les otorgó el término de tres días para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, así como para que ofrecieran las pruebas que estimaran conducentes. Mediante auto de veintidós de los corrientes se fijaron las doce horas con diez minutos del veintiocho de julio posterior para que se llevara a cabo la audiencia correspondiente, la cual se verificó en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Argumentos sustentados por la parte quejosa para promover el incidente sobre pago de daños y perjuicios. La pare tercero interesada sustenta el pago de daños y perjuicios ocasionados a quien representa, con el único hecho de que la promoción de tal incidente se realiza dentro del término contemplado por el artículo 156 de la Ley de Amparo y que con la garantía exhibida para ello no fueron suficientes para cubrir los daños y perjuicios que les fueron ocasionados con la concesión de la suspensión definitiva. SEGUNDO. Estudio. Una vez precisado lo anterior, se colige que el incidente promovido por la parte tercero interesada resulta infundado. Se estima de esta manera, pues si bien es cierto que la promoción del incidente que nos ocupa se realizó dentro del plazo de seis meses que contempla el artículo 156 de la Ley de Amparo, pues la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el diecisiete de diciembre del mismo año, determinación que fue notificada a las partes por medio de lista publicada el veinte posterior, por lo cual surtió sus efectos el veintiuno inmediato; en tanto, que como fue señalado párrafos arriba la solicitud de su trámite se gestionó mediante escrito presentado el diez de junio del año en curso, por ende se puede colegir que su promoción estuvo dentro del término de seis meses con que contaba para hacerlo. Sin embargo, tal circunstancia por sí sola no es suficiente para declarar procedente el pago de los daños y perjuicios que le fueran ocasionados. Se sustenta lo anterior, en virtud de que de la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que originó la tesis de rubro "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO", se desprende que si bien la parte tercero interesada cuenta con un medio para que pueda ver resarcida la posible afectación a su patrimonio sufrida con motivo de los daños o perjuicios generados por la suspensión concedida, también lo es que no basta la mera solicitud de su pago o la manifestación de haber sufrido daños y perjuicios o uno u otro; sino, que la parte tercero perjudicada tiene derecho y la carga de probar sus afirmaciones. El derecho en cuanto una manifestación de la facultad de acción y defensa en juicio; y, la carga en cuanto una obligación a acreditar su afirmación mediante pruebas. En esencia, se requiere que la parte que tiene la carga respectiva acredite la verdad de los hechos que ha argumentado como fundamento de su derecho y por ende, que demuestre que sus enunciados se encuentran debidamente fundados. De ahí que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sustentado en la ejecutoria que se comenta que en la exposición del escrito incidental, el tercero interesado debe de expresar como hechos relevantes, aquéllos en los que sustenta la generación de los daños o de los perjuicios que reclama. De esta manera, el actor incidentista tiene dos obligaciones o cargas; la primera de manifestar en los hechos de su escrito inicial en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar la relación directa con la inejecución del acto reclamado derivada del otorgamiento de la medida cautelar en el juicio de amparo (relación causa efecto); y, la segunda, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo sus excepciones. En ese sentido, como se dijo supra líneas, la parte tercero interesada únicamente basa su reclamo de pago de daños y perjuicios en la circunstancia de que se encontraba en tiempo para promover el incidente correspondiente, plazo y acción que se encuentran contempladas en el artículo 156 de la ley de la materia. No obstante, como se observa tal circunstancia no es suficiente para declarar procedente la acción ejercitada por el tercero interesado, pues no cumplió con la carga de expresar en que consistió el daño o perjuicio ocasionado con motivo de la concesión de la medida suspensional y justificar su relación directa con el detrimento o menoscabo sufridos. Pues no realizó argumento alguno dirigido a ello y mucho menos aportó medio de convicción que acreditara sus afirmaciones, pese a que este órgano jurisdiccional otorgó el plazo necesario para que argumentara lo que considerara necesario y ofreciera los medios probatorios atinentes. En consecuencia, en términos de los artículos 67 y 68 de Ley de Amparo, se declara infundado el incidente sobre pago de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la concesión de la suspensión definitiva. R E S U L T A N D O: ÚNICO. Resulta infundado el incidente sobre pago de daños y perjuicios promovido por Abraham Segura Hernández, apoderado jurídico de Enrique Hernández Miranda, dentro del juicio de amparo 564/2020. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 60 actuaciones en este expediente
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