Dagoberto Quintana Zamudio

Expediente 638/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
638/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Dagoberto Quintana Zamudio
  • Miriam Quintana Zamudio
  • María de Lourdes y/o Ma. de Lourdes Morales Pintor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    El veintiséis de enero de dos mil veintidós, se da cuenta al encargado del despacho dentro del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 638/2021, con una promoción registrada con el número 1208. Conste. Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 638/2021, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno, e informa su admisión, la cual quedó registrada con el número 5/2022. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    UZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA. OF. 227. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EN TURNO. CIUDAD. Para el ulterior trámite del recurso de revisión interpuesto por Sergio García Álvarez, endosatario en procuración de la parte quejosa Dagoberto y Miriam ambos de apellidos Quintana Zamudio, contra la sentencia emitida dentro del juicio en que se actúa, remito lo siguiente: a) El expediente original del juicio de amparo 638/2021; y, b) El escrito de expresión de agravios en los que consta la firma de la parte recurrente y el sello de la oficialía de partes de este Juzgado y una copia de dicho escrito. Asimismo, solicito atentamente ordene a quien corresponda acuse el recibo de estilo correspondiente. Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. MORELIA, MICHOACÁN, SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. A T E N T A M E N T E: JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. ARMANDO DÍAZ LÓPEZ. MAESTRO EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) JAVIER MORALES GUZMAN

  3. Principal

    Vistos los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 638/2021, promovido por Sergio García Álvarez, endosatario en procuración de Dagoberto Quintana Zamudio y/o Miriam Quintana Zamudio; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, Sergio García Álvarez, endosatario en procuración de Dagoberto Quintana Zamudio y/o Miriam Quintana Zamudio, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez Tercero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 638/2021 y en auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, la admitió; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; reconoció el carácter de tercera interesada a María de Lourdes Morales Pintos y/o Ma. De Lourdes Morales Pintor; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez Tercero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, es: La sentencia interlocutoria emitida el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1360/2019, que en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió Sergio García Álvarez, endosatario en procuración de Dagoberto Quintana Zamudio y/o Miriam Quintana Zamudio, frente a María de Lourdes Morales Pintor y/o Ma. De Lourdes Morales Pintor. En dicha interlocutoria el juez responsable determinó que era parcialmente procedente la ampliación de incidente de liquidación promovido Sergio García Álvarez, en cuanto endosatario en procuración de la parte actora. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe justificado, consistentes diversas copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1360/2019. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte la sentencia interlocutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; por lo tanto, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a analizar los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso, se estima necesario narrar algunas de las actuaciones que forman parte del expediente del que deriva el acto reclamado, esto es, del juicio ejecutivo mercantil 1360/2019 y son las siguientes: Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, Sergio García Álvarez, en cuanto endosatario en procuración de Dagoberto Quintana Zamudio y/o Miriam Quintana Zamudio, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a María de Lourdes Morales Pintor. Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia; se registró el expediente con el número 1360/2019 y se admitió el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Seguido el juicio por sus trámites legales, se dictó sentencia el diez de marzo de dos mil veinte, en la que se declaró procedente la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil ejercitó Sergio García Álvarez; y, condenó a María de Lourdes Morales Pintor y/o Ma. de Lourdes Morales Pintor a pagar a favor de la actora la cantidad de $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal; al pago de intereses moratorios pactados a razón del 3.5 % tres punto cinco por ciento mensual, desde la fecha en que se hizo exigible el cumplimiento de la prestación reclamada y que determinó la época de su constitución en mora, a saber, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho hasta la total solución del adeudo; así como al pago de gastos y costas del juicio, en el entendido de que dentro de esa condena se encontraban comprendidos los honorarios profesionales del abogado. El doce de agosto de dos mil veinte, el juez de origen declaró ejecutoriada la sentencia y requirió a la demandada para que dentro del plazo de tres días cumpliera voluntariamente con la misma. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, se emitió sentencia interlocutora para resolver planilla de liquidación de sentencia formulada por Sergio García Álvarez, en la que determinó que era parcialmente procedente, por el monto de $46,404.85 (cuarenta y seis mil cuatrocientos cuatro pesos 85/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios devengados del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho al siete de octubre de dos mil veinte, honorarios profesionales y gastos erogados en el presente juicio. El veinte de noviembre de dos mil veinte, María de Lourdes Morales Pintor y/o Ma. de Lourdes Morales Pintor, consignó la cantidad de treinta y seis mil pesos; al respecto, en auto de veinticinco siguiente, el juez la tuvo exhibiendo tal monto por concepto de pago total a lo que salió condenada en sentencia de diez de marzo de dos mil veinte. El siete de diciembre de dos mil veinte, Sergio García Álvarez y María de Lourdes Morales Pintor y/o Ma. de Lourdes Morales Pintor, presentaron convenio judicial, el cual ratificaron en esa misma data. Cuyas cláusulas con las siguientes: "PRIMERO. Que la suscrita demandada MA. DE LOURDES MORALES PINTOR y/o MARÍA DE LOURDES MORALES PINTOR, reconozco la deuda actual por la cual se me está demandando, pero he llegado a un CONVENIO JUDICIAL con el suscrito LICENCIADO SERGIO GARCÍA ÁLVAREZ, para concluir este juicio y pagarle las siguientes cantidades acordadas por ambas partes, como pago total de la deuda de la suscrita, y en las siguientes fechas acordadas: a) La cantidad de $ 36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), a cuenta de intereses generados en este juicio mediante la ficha de depósito con referencia Alfanumérica siguiente: JM0505313600P0119SP39; y que ya exhibí con anterioridad a este juicio, para que surta todos los efectos legales correspondientes; misma que solicito le sea entregada al licenciado SERGIO GARCÍA ÁLVAREZ, "a su nombre" y "para su cobro judicial". NOTA ACLARATORIA: Dicha ficha de depósito la exhibí a cuenta de capital, pero aclaro y corrijo que la exhibo a cuenta de intereses, según lo acordado en este convenio judicial. b) Y finalmente, la cantidad restante y como pago total de $ 49,260.85 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 85/100 M.N.), que le entregaré en efectivo, el día 16 de diciembre de año 2020, en su domicilio legal, que lo es en la calle Miguel Silva número 42, interior 5 zona centro de esta Ciudad de Morelia, Michoacán; sin que sea necesario el requerimiento judicial, llegada la fecha de cumplimiento de este convenio judicial; y como pago total del presente juicio ejecutivo mercantil número 1360/2019, tramitado en este Juzgado Tercero Menor Civil. SEGUNDO. Se aclara y precisa que, el resto de la cantidad de $49,260.85 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos con 85/100 M.N.), que se pagará a más tardar el día 16 de diciembre del año en curso, por parte de la suscrita demandada MA. DE LOURDES MORALES PINTOR Y/O MARÍA DE LOURDE MORALES PINTOR, al licenciado SERGIO GARCÍA ÁLVAREZ, es la fecha en que se finiquitará el pago por parte de la demandada. TERCERO. Acordamos también los suscritos, que no pagará ninguna cantidad de dinero extra la suscrita demandada MA. DE LOURDES MORALES PINTOR y/o MARÍA DE LOURDES MORALES PINTOR, en el presente juicio ejecutivo mercantil, siempre y cuando se cumpla en su totalidad del presente convenio judicial, es decir, el pago restante por parte de la demandada, el día 16 de diciembre del presente año del 2020; bajo la penalidad de que de no hacerlo, pagará entonces la demandada el capital total de los intereses, gastos y costas judiciales que se tengan que generar y que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, y todas las cantidades que se paguen y abonen en el inter se abonarán primero a intereses y finalmente a capital; previa planilla de liquidación que sea presentada y aprobada por este juzgado. CUARTO. Para el caso de no cumplir con los términos y cláusulas establecidos en el presente convenio judicial, por alguna de las pates, en este caso por parte de la demandada MA. DE LOURDES MORALES PINTOR y/o MARÍA DE LOURDES MORALES PINTOR, con relación a alguno de los puntos que aquí se denuncian en sus respectivas cláusulas, solicitamos se ejecute este convenio judicial que sustituye a la sentencia definitiva dicta ya en autos, pagando además la partes que no lo cumpla con el mismo, los gastos y costas judiciales que se hayan erogado, así como los honorarios profesionales del suscrito licenciado SERGIO GARCÍA ÁLVAREZ, previa planilla de liquidación que se presente y sea aprobada por su señoría en todas y cada una de sus partes, en razón a las prestaciones que se reclaman en este juicio. Sin que sea requisito previo el requerir a la demandada del cumplimiento del convenio que aquí se firma, para el caso de su incumplimiento. QUINTO. No habiendo dolo, error, vicio oculto, ni mala fe en el contenido y términos de este convenio judicial, lo ratificamos en todas y cada una de sus partes, ante usted y para todos los efectos legales correspondientes, ya que es nuestra voluntad y sentir, lo que se encuentra plasmado y escrito en este convenio judicial, además de pedir que se eleve a la categoría de cosa juzgada". Dentro de la misma diligencia de ratificación, el juez responsable acordó: "[.] Se aprueba el convenio celebrado en los términos que se presenta, con las consecuencias legales, sujetándose las partes a las cláusulas establecidas en el mismo, siempre y cuando no se opongan a derecho y a las buenas costumbres, aclarando que de acuerdo a la manifestación expuesta en el apartado "PRIMERO" inciso "a" del citado convenio, no se tendrá el depósito exhibido por la demandada como abono a intereses como así lo solicita, lo anterior toda vez que previamente quedó establecido mediante sentencia definitiva de fecha 10 diez de marzo del presente año que dicha suma a la que fue condenada lo es por concepto de suerte principal [.]". El catorce de junio de dos mil veinte, Sergio García Álvarez manifestó: "[.] Toda vez que no fue impugnado el auto (acuerdo) de fecha 7 de diciembre de 2020, por alguna de las partes, solicito que se declare firme para todos los efectos legales correspondientes, y se proceda a su ejecución parcial; y se me haga entrega de la ficha de depósito valiosa por la cantidad de $36,000 (treinta y seis mil pesos M.N.) y debidamente ordenada para su cobro "en favor del suscrito", de conformidad con lo establecido en la cláusula primera, inciso a), del referido convenio, como pago a capital, de conformidad a lo establecido en la ratificación del convenio [...]". En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el juez de origen tuvo a Sergio García Álvarez aceptando la consignación realizada por la demandada, "en concepto de pago total a lo que salió condenada en sentencia definitiva de fecha 10 diez de marzo del año en curso, de conformidad a lo establecido en la ratificación de convenio de fecha 7 siete de diciembre del año en curso". En proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, el juez responsable, determinó que previo a acordar el escrito de Sergio García Álvarez -en el que solicitó se fijara fecha para la audiencia de remate- se debía requerir a la demandada para que cumpliera voluntariamente con el convenio pactado. El ocho de junio de dos mil veintiuno, Sergio García Álvarez, presentó incidente sobre ampliación de planilla de liquidación, gastos y costas judiciales, en el que reclamó lo siguiente: "PRIMERO. En primer lugar, reclamo a partir del 8 de octubre del año 2020, y por concepto de intereses del pagaré valioso por la cantidad de $36,000 (treinta y seis mil pesos M.N.); la cantidad de $10,080.00 (diez mil ochenta pesos 00/100 M.N.); por concepto de intereses generados a razón de 3.5% tres punto cinco por ciento mensual y hasta la presentación de esta ampliación de planilla de liquidación, que lo es el día de hoy, 8 de junio de 2021. Como así fue acordado con la demandada Ma. De Lourdes Morales Pintor y/o María de Lourdes Morales Pintor, en las cláusulas tercera, cuarta y quinta, de dicho convenio celebrado, para el caso de su incumplimiento por alguna de las partes, en que lo abonado en dinero, sería primero para abonarse a intereses y después a capital. SEGUNDO. En segundo lugar, reclamo la cantidad de $3,686.40 (tres mil seiscientos ochenta y seis pesos con 40/100 M.N.); por concepto de honorarios profesionales del suscrito, de conformidad a lo establecido en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley del Arancel de Abogado del Estado de Michoacán; que estoy facultado a cobrar, según lo acredito con mi cédula profesional federal número 2037620 [.]". Ampliación de planilla de liquidación que fue resuelta por el juez responsable en sentencia interlocutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de declararla parcialmente procedente, toda vez que únicamente aprobó la cantidad de mil novecientos setenta y cuatro pesos por concepto de intereses moratorios generados del ocho de octubre del dos mil veinte, al veinticinco de noviembre del mismo año, data en la que se tuvo a la demandada consignada la cantidad de treinta y seis mil pesos como pago total a lo que salió condenada en sentencia definitiva; asimismo, determinó que no era procedente el pago el pago de honorarios profesionales (Interlocutoria que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo). Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados e inoperantes. En su primer concepto de violación señala el quejoso que el juez viola en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales, porque no analizó ni valoró el contenido del convenio que celebró con la demanda el veinticinco de noviembre de dos mil veinte y ratificado el siete de diciembre siguiente y mucho menos sus cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ya que como consecuencia de ello, declaró parcialmente procedente el incidente de ampliación de planilla de liquidación. Asimismo; menciona el promovente del amparo que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado porque la responsable no tomó en consideración la "cláusula penal" contenida en la cláusula tercera del multicitado convenio. Argumentos que son infundados, ya que contrario a lo señalado por el quejoso, el juez responsable no tenía porqué valorar ni tomar en consideración el contenido del convenio tal como fue presentado por las partes al momento de resolver la interlocutoria reclamada en este juicio. Ello es así, porque como se advierte de la narración de algunas constancias del juicio de origen, el juez responsable, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, tuvo a la demandada consignando mediante orden de pago con referencia alfanumérica JM0505313600P0119SP39, expedida por la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, S.A., la cantidad de treinta y seis mil pesos, "por concepto de pago total a lo que resultó condenada en sentencia definitiva de diez de marzo de dos mil veinte"; luego al momento de probar el convenio el juez -en la diligencia de ratificación- determinó "Aclarando que de acuerdo a la manifestación expuesta en el apartado "PRIMERO" inciso "a" del citado convenio, no se tendrá el depósito exhibido por la demandada como abono a intereses como así lo solicita, lo anterior toda vez que previamente quedó establecido mediante sentencia definitiva de fecha 10 diez de marzo del presente año que dicha suma a la que fue condenada lo es por concepto de suerte principal". En ese contexto, fue correcto que el juez al momento de resolver la ampliación de planilla de liquidación haya tomado en consideración los términos en que fue aprobado, esto es, el depósito exhibido por la demandada no se tomó como abonó a intereses, sino a capital. Aunado a lo anterior el quejoso no solo no interpuso medio de impugnación alguno en contra de la determinación del juez del siete de diciembre de dos mil veinte, esto es, de no aprobar el convenio tal como lo propusieron las partes; sino que incluso aceptó la consignación realizada por la demandada, "en concepto de pago total a lo que salió condenada en sentencia definitiva de fecha 10 diez de marzo del año en curso, de conformidad a lo establecido en la ratificación de convenio de fecha 7 siete de diciembre del año en curso", lo que se acordó de conformidad en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. En el segundo concepto de violación manifiesta el quejoso que la tesis aislada que invoca que juez de rubro "HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS EN MATERIA MERCANTIL" no es aplicable al caso, pues la misma se refiere a asuntos en los que si un abogado recurre al patrocinio de otro abogado titulado, entonces solamente cobrará sus honorarios como procurador y los honorarios de abogado se cubrirán a aquel que personalmente haya dirigido el asunto y por lo tanto, es inadmisible que el artículo 1083 del Código de Comercio, debe interpretarse en el sentido de que si uno de los litigantes nombró como procurador a una abogado, no pueda resarcirse de los honorarios del abogado que dirigió profesionalmente el asunto judicial, cuanto éste n sea el mismo procurador, ya que lo único que la ley prevé, es que no haya duplicidad en el cobro de honorarios profesionales. Motivo de disenso que es inoperante, toda vez que al margen de que el criterio invocado por el juez no sea aplicable al caso, el argumento que dio para no aprobar el monto exigido por el aquí quejoso como pago de honorarios fue que dicho cobro ya había sido calculado en la interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil veinte, pues ahí se aprobaron los honorarios profesionales a la actora y en atención al propio texto del artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogado, el profesional tiene derecho al cobro de los mimos por una sola vez, pues la prestación del servicio incluye cuanto trabajo se haya relacionado con el negocio, dado que esta prestación no puede ir a la par de los intereses moratorios, porque su cobro es por la totalidad de la labor realizada dentro del juicio no por el tiempo que haya durado su trámite, a más de que la prestación de mérito no puede ser cobrada más de una vez, evitando con ello la duplicidad en su entrega, de tal suerte que no es posible su aprobación. Argumento que no fue combatido por el aquí quejoso, de ahí la inoperancia del concepto de violación, pues al no haber vertido argumento alguno en su contra, debe seguir rigiendo el acto reclamado. En ese contexto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por las quejosas. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio García Álvarez, endosatario en procuración de Dagoberto Quintana Zamudio y/o Miriam Quintana Zamudio, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada María de Lourdes Morales Pintor y/o MA. de Lourdes Morales Pintos, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 18 de NOVIEMBRE de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, Y 29 de la Ley de Amparo.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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