Cuauhtémoc Mendoza Cárdenas
Expediente 388/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Mendoza Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acusando recibo del oficio mediante el cual se le notificó el proveído por el que se ordenó el archivo del presente asunto y se le devolvieron las constancias que allegó al sumario en que se actúa, en virtud de ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 388/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con las constancias de autos, de las que se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con apoyo en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales aportadas por las autoridades responsables; además con la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, ofrecida por la parte quejosa. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas dentro del presente asunto, y dado que no hay medios de convicción pendientes por admitir, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por el Asesor Jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrito a la Delegación en Michoacán, en representación de la menor Irlanda Camila Mendoza Rodríguez. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducidos los alegatos de mérito y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, ante el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Cuauhtémoc Mendoza Cárdenas por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (en la vía directa), contra actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución; razón por la cual, mediante oficio de treinta de marzo de la anualidad que transcurre, la sala responsable remitió los autos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Segundo. Mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, el citado Tribunal, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, al considerar que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo; de ahí que ordenó la remisión de la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad. Tercero. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, por lo que se registró bajo expediente 388/2022, así en proveído de once de abril de dos mil veintidós se admitió; se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por las autoridades responsables; se convalidó el emplazamiento de la tercera interesada Evelia Rodríguez Andrade, por sí y en representación de la menor Indra Camila Mendoza Rodríguez; y con posterioridad se ordenó el emplazamiento de Oscar Hiram Mendoza Rodríguez y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; motivo por el cual procede resolver de acuerdo a los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo,51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en un lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la quejosa al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Estado, con residencia en esta ciudad, consiste en: La resolución de tres de febrero de dios mil veintidós, emitida en el toca I-12/2022 que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente y pago retroactivo de pensión alimenticia promovido en las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 66/2010, que sobre fijación y pago de alimentos provisionales, promovió Evelia Rodríguez Andrade, por sí y como representante legal de sus hijos Oscar Hiram e Irlanda Camila de apellidos Mendoza Rodríguez, a cargo del impetrante de amparo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad; pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó la primera de las autoridades, consistente en el toca de apelación I-12/2022 (un tomo de prueba). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ahora, contrario a lo aducido por la parte quejosa en el primer concepto de violación, no puede afirmarse válida y legalmente que el acto que en esta vía se reclama, carezca de fundamentación y motivación, pues basta imponerse de su contenido para apreciar que el Magistrado responsable, refirió e invocó los numerales 1º, y 4º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; 463, 783, 890 y 891 del Código Familiar del Estado, 745 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y 433 del Código Civil de esta Entidad. Asimismo se apoyó en la tesis del rubro: "ALIMENTOS. EL INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TIENE APLICACIÓN CUANDO LA PENSIÓN ALIMENTICIA SE FIJA EN PORCENTAJE RESPECTO DE LAS PERCEPCIONES QUE RECIBE EL OBLIGADO". De igual forma, señaló las causas inmediatas, circunstancias especiales y razones particulares por las que determinó que: Si bien la incidentista promovió por propio derecho, ello no implicaba que lo hiciera únicamente en su beneficio, ya que su pretensión fue que se hicieran los ajustes correspondientes a la pensión alimenticia que recibe ella como sus descendientes, de conformidad con la resolución emitida en autos; por lo que el a quo desde un inicio la tuvo actuando como la misma representación establecida en las diligencias, esto es por sí y como representante legal de sus hijos. Aunque se admitió el incidente sobre cumplimiento de sentencia y no obstante, en la sentencia que impugnó se hizo referencia como incidente sobre incremento y pago retroactivo de pensión alimenticia, lo que podía derivar en una incongruencia; sin embargo ello no le generaba perjuicio alguno en tanto que el juez únicamente resolvió lo correspondiente al cumplimiento del fallo emitido en las diligencias, dado que se limitó a cuantificar las sumas que el incidentado debió cubrir durante el periodo reclamado y a determinar las cantidades que adeudaba, sin realizar pronunciamiento alguno sobre aumento de pensión alimenticia. Opuesto a lo que aducía el recurrente, el incremento aplicable a la pensión fijada en el particular, no debía realizarse conforme al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica en el Banco de México, toda vez que en el asunto se fijó como pensión, la suma equivalente a 177 ciento setenta y siete salarios mínimos, por lo que resultaba lógico que el monto de la misma se incrementaría año con año, en la misma medida que también el salario mínimo tuviera un aumento. El recurrente soslayó el argumento del juez relativo a que su salario base aumentó únicamente $38.00 treinta y ocho pesos, no era motivo para exonerarlo de la obligación alimentaria impuesta, dado que, en su caso, ello sería materia de juicio diverso, porque refiere de aspectos sustantivos que podrían servir para ajustar la pensión alimenticia en base al principio de proporcionalidad, más no era factible tomarlos en cuenta en el incidente, dado que no se ventilan cuestiones sobre cantidad de alimentos, sino sobre el pago de los ya fijados mediante resolución judicial y que no fueron cubiertos oportunamente. En ningún momento el a quo decretó un aumento de alimentos provisionales, sino que únicamente cuantificó el monto de la pensión alimenticia que el apelante debió cubrir durante el período que se reclama en el incidente, tomando en cuenta, el incremento que conforme al salario mínimo vigente en cada anualidad, debía aplicarse a la pensión. Los estados de cuenta aportados por el incidentista -válidos o no- no le generaba agravio, en razón que su pretensión resultó procedente, ante la falta de acreditación por parte del recurrente, del cumplimiento de la obligación alimentaria, dado que era él quien tenía la carga probatoria para acreditar ese hecho. El disidente no controvirtió el razonamiento del juez en el sentido de que no obstante que el acreedor Oscar Hiram Mendoza Rodríguez, alcanzó la mayoría de edad, éste compareció dentro del incidente, a hacer suyas las exigencias que había realizado su progenitora; que la Evelia Rodríguez Andrade, estaba legitimada para exigir a reclamar el incremento de la pensión fijado en las diligencias, a favor suyo y de sus hijos, al no haber cubierto durante el tiempo en que el mencionado era menor de edad y por ser ella quien se encargaba de cubrir todas las necesidades de los acreedores alimentistas. La madre es quien puede exigir el pago de lo adeudado, dado que su reclamo comprende un periodo de tiempo en que Oscar Hiram, era menor de edad, por lo que debido a ello, así como al hecho de que se encuentra estudiando, la incidentista tiene legitimación para exigir lo correspondiente a las pensiones que no se cubrieron totalmente por el deudor. La figura de la prescripción no podía computarse bajo el estatus a que se refiere el artículo 433 del Código Civil para el Estado, dado que el término debía computarse a partir de su mayoría de edad; además tampoco se configuraba, ya que el pago de la pensión la reclamaba a partir de enero de dos mil doce, y su solicitud, se presentó en septiembre de dos mil veinte, eso era, antes de que transcurrieran los diez años que establecen los preceptos aplicables. Sirve como sustento a lo predecesor, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su otrora integración, plasmada en la página 143, del Tomo 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es "decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, en diversas porciones del primer concepto de violación el quejoso aduce esencialmente, que el acto reclamado vulnera su esfera de derechos toda vez que no se tomaron en consideración todas las pruebas aportadas en el sumario, de las que deriva que siempre cumplió con su obligación alimentaria, puesto que se le descontó la cantidad que arrojaba 177 días de salarios mínimos general vigente de la zona, a saber $10,035.90 (diez mil treinta y cinco pesos 90/100 M.N.), sin que se estableciera en la resolución respectiva que esa pensión se incrementaría año con año de acuerdo al valor actual del salario mínimo. Añade que el Magistrado en forma indebida realizó la aplicación de la norma -artículo 463 del Código Familiar del Estado- pues hizo un comparativo de un artículo vigente con la anterior legislación, cuando lo único que debió realizar fue aplicar e interpretar debidamente la norma invocada por el a quo; que además en forma errónea señaló que fue condenado a un porcentaje, pues en atención a la definición de porcentaje, debió tomarse un tanto por ciento de su salario; además la sentencia fue clara en precisar que la pensión tendría un incremento automático equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. Que el Magistrado pretende dar otro sentido a la sentencia, en la que, es clara y precisa en señalar que se le condenó a la suma que arrojara 177 días de salario vigente en la zona geográfica, cantidad que quedó firme; que además sería inoperante e ilegal que al quejoso se le condene a un doble incremento de pensión, ya que ahora se pretende aumentar de acuerdo al aumento de salario vigente de cada año, existiendo falta de congruencia a lo ordenado en resolución definitiva. Conceptos de violación que devienen infundados. En efecto, de la resolución final emitida el once de febrero de dos mil once, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 66/2010, deriva que se condenó al aquí quejoso a pagar ".la suma que resulte de 177 ciento setenta y siete días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica; en forma mensual y por meses anticipados..además deviene importante decirse que dicha pensión tendrá un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México." Esto es, si bien se dijo que el aumento sería conforme Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, también lo es que en el caso particular el incremento no debe realizarse de ese modo, sino a la actualización del salario mínimo, atento a que la condena fue impuesta precisamente en salarios, sin que ello implique una indebida aplicación de la norma y de la sentencia. Porque como bien la adujo la responsable, en el presente caso se estableció como pensión la suma equivalente a 177 salarios mínimos, por lo que es inconcluso que ésta se incrementaría año con año en la misma proporción en que aumentara el salario y no conforme al Índice Nacional mencionado, puesto que ésta disposición rige para el supuesto en que se decretan los alimentos en cantidad líquida o determinada ya que sólo en este caso, se requiere un parámetro para su aumento. De ahí que no le asista razón, cuando alega que se le pretende hacer una doble condena, pues lo que en realidad se precisó es que como no se condenó en cantidad líquida se debería incrementar el pago conforme al salario mínimo. De igual forma, también resulta desacertado el argumento atinente a que en forma errónea el Magistrado hablaba de porcentaje, cuando no se tomó en cuenta un tanto por ciento de su salario para la condena; puesto que en realidad dicha autoridad se refiere al porcentaje del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En otro orden, el quejoso continúa señalando en otra porción del primer concepto de violación, que el Magistrado responsable, omitió otorgarle valor a la documental de donde deriva que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Argumento que se torna infundado, pues basta imponerse de la resolución que se revisa, para poder advertir que el ad quem responsable precisó que el recurrente soslayó el argumento del juez relativo a que su salario base aumentó únicamente $38.00 treinta y ocho pesos, no era motivo para exonerarlo de la obligación alimentaria impuesta, dado que, en su caso, ello sería materia de juicio diverso, porque refiere de aspectos sustantivos que podrían servir para ajustar la pensión alimenticia en base al principio de proporcionalidad, más no era factible tomarlos en cuenta en el incidente, dado que no se ventilan cuestiones sobre cantidad de alimentos, sino sobre el pago de los ya fijados mediante resolución judicial y que no fueron cubiertos oportunamente, de ahí que, opuesto a lo que alega, sí atendió el argumento vertido en ese tema. Asimismo, tampoco asiste razón al impetrante del amparo en el segundo concepto de violación, en donde señala que la Sala Civil responsable no valoró correctamente lo demandado inicialmente por la actora, toda vez que el a quo admitió un incidente de cumplimiento de sentencia, y en la interlocutoria se precisó que era un incidente sobre incremento y pago de retroactivos de pensión alimenticia, eso era el juez fue confuso en determinar la prestación que la actora hizo valer. Que por ello, resultaba improcedente la manifestación del Tribunal de Alzada, en el sentido de que ello no le generaba perjuicio alguno, toda vez que el cumplimiento de sentencia es otro procedimiento a seguir del incidente sobre incremento y pago de retroactivo de pensión alimenticia, dejándolo en estado de indefensión para interponer la defensa adecuada al caso concreto. Lo anterior es así, esto es infundado dicho motivo de disenso toda vez que -en lo que interesa- de las constancias que obran en autos deriva lo siguiente: El nueve de septiembre de dos mil veinte, se previno a la promovente incidentista para que precisara las prestaciones que perseguía con la tramitación del incidente que presentaba, en relación que, si lo que pretendía era un incremento de pensión alimenticia, la misma debería realizarlo con las formalidades que prevé la legislación familiar [foja 448 del tomo de pruebas]. En cumplimiento a lo anterior Evelia Rodríguez Andrade, señaló: "1. Se reclama de la parte demandada el cumplimiento a la sentencia dictada en autos y que a la fecha se encuentra firme." [foja 449 del tomo de pruebas]. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el juez natural le tuvo promoviendo: "Incidente de cumplimiento de sentencia, el que se admite a trámite."[foja 450 del tomo de pruebas]. De lo que se sigue, que en la especie se promovió y admitió un incidente de cumplimiento de sentencia, el cual -como bien lo precisó la responsable- fue precisamente lo que resolvió el a quo. De ahí, que aun y cuando el juez al resolver la interlocutoria materia de la apelación, hiciera referencia a éste como incidente sobre incremento de pensión alimenticia, al no haberse resuelto nada sobre aumento de pensión alguna, en nada le perjudica; máxime que se insiste, se admitió como incidente sobre cumplimiento de sentencia, por ello estuvo en aptitud de interponer la defensa adecuada, de ahí lo infundado del concepto de violación de que se trata. Ahora, por lo que toca al tercer concepto de violación, el peticionario de amparo aduce que la resolución reclamada vulnera su esfera de derechos, toda vez que le otorga a Evelia Rodríguez Andrade el carácter legal para gestionar a nombre de su hijo mayor Oscar Hiram, no obstante que él compareció por propio derecho e hizo suyas las prestaciones reclamadas por la actora; que de manera ilegal no se le reconoció el carácter con el que compareció su hijo a juicio, y que al tener la capacidad legal para hacer valer algún derecho era a él a quien le competía ejercitarlo, y que no se estudió el fondo de sus pretensiones, además se acreditó que radica en Zapopan jalisco el Juez era incompetente para conocer del asunto y que por ello, se le tuvo que dar vista con su demanda interpuesta. Argumentos que devienen por un lado infundados y por otro inoperantes. Se dice de este modo, toda vez que en primer lugar, el Magistrado responsable determinó que el derecho de la incidentista para reclamar a nombre de su hijo el pago exigido, surgía precisamente por el hecho de haberse originado cuando éste era menor de edad, su madre era quien, teniendo la representación legal de los mismos, podía exigir el pago de lo que se adeudaba, dado que su reclamo correspondía un periodo de tiempo en que Oscar Hiram era menor de edad, motivo por el que la incidentista tenía legitimación para exigir lo correspondiente a las pensiones que no se cubrieron totalmente; además en cuanto al lugar que se encuentra habitando, precisó que la Ciudad de Guadalajara corresponde únicamente la ciudad en donde se encuentra realizando sus estudios, de ahí lo infundado de los conceptos de violación de que se trata. En segundo, la inoperancia del concepto de violación radica, en que es precisamente Oscar Hiram Mendoza Rodríguez quien -en su caso- de estimar que no se analizó el estudio de sus pretensiones, correspondería inconformarse en contra de la resolución reclamada y no al peticionario de amparo. En otro orden, también es infundado el cuarto concepto de violación, en donde alega que el incremento de la pensión a que se le condenó tiene un término para solicitarlo, que en el asunto de que se trata no se está en presencia de una ejecución de sentencia ni tampoco ante la obligación de proporcionar alimentos a sus acreedores, sino a un ajuste de pensión que cada año se debía incrementar por lo cual al no haberse ejercitado se fueron venciendo y cita las tesis de los rubros: "PENSIONES Y JUBILACIONES.LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN.", "ALIMENTOS, PAGO RETROACTIVO, IMPROCEDENTE DE LA ACCION DE.", y "ALIMENTOS. INCREMENTO DE ÉSTOS, SÓLO DEBE HACERSE DE LOS QUE ACTUALMENTE SE RECIBEN Y NO DE PENSIONES ANTERIORES NO PAGADAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". En efecto, para determinar lo anterior resulta conveniente traer a glosa el contenido del artículo 745 del Código de procedimientos Civiles del Estado que señala: "Artículo 745. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio, durará diez años, contados conforme al artículo 735 de este Código. De la anterior transcripción deriva que la acción para pedir la ejecución de una sentencia, durará diez años. Por su parte, debe precisarse que en la especie la tercera interesada Evelia Rodríguez Andrade, mediante escrito presentado en septiembre de dos mil veinte, promovió incidente de cumplimiento de sentencia, respecto del pago de la pensión alimenticia no cubierta a su favor y de sus hijos a partir del mes de enero de dos mil doce. En consecuencia, tomando en consideración que el término de la prescripción empieza a correr a partir del día en que la acción es exigible, esto es enero de dos mil doce -fecha en que se dejó de cubrir la pensión- es indudable que en la data de su presentación -septiembre de dos mil veinte- no transcurría el término -de diez años- a que se refiere el citado precepto legal, por lo que en la especie no se surte la figura jurídica de la prescripción. En la inteligencia que las tesis que invoca no son aplicables al asunto de que se trata, en razón a que la primera se refiere a la materia laboral; la segunda a la procedencia de una acción y no al cumplimiento de una sentencia; y la tercera a pensiones no reclamadas, esto es a aquéllas que no son materia de un juicio. Finalmente, por lo que toca al argumento de la quejosa en el quinto concepto de violación, en el sentido que se aplique en su favor el principio pro persona, resta señalar que desde el campo doctrinal se ha considerado que el referido principio "pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla. Así, la actualización de este principio se entiende en la preferencia interpretativa extensiva más favorable a los derechos humanos del peticionario de amparo e implica que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Bajo este contexto, resulta improcedente que se aplique este principio, porque ni siquiera establece los artículos de inicio a partir de los cuáles este juzgador emprenderá dicho ejercicio. En las condiciones apuntadas, ante lo infundados e inoperantes de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cuauhtémoc Mendoza Cárdenas, por su propio derecho, contra el acto reclamado y autoridades citadas en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de veintiocho de abril del año en curso, se ordenó dejar insubsistente el auto de once del mismo mes, únicamente por lo que ve a la determinación de nombrar representante especial a Oscar Hiram Mendoza Rodríguez, en virtud de ser mayor de edad. Ahora, en el presente asunto la parte quejosa reclama: La resolución de tres de febrero del año en curso dictada en el toca 12/2022, que confirmó la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno por la que se aprobó parcialmente el incidente sobre incremento y pago retroactivo de pensión alimenticia dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 62/2010, así como su ejecución. Asimismo, de la resolución dictada dentro del toca civil 12/2022, se desprende que Oscar Hiram Mendoza Rodríguez, ha alcanzado la mayoría de edad y que éste había comparecido dentro del incidente de origen con fecha dos de julio del año próximo pasado, a hacer suyas las exigencias que había realizado su progenitora. De igual forma que, ********************compareció por propio derecho ante el Juez Séptimo Oral Familiar de esta ciudad, en data dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de señalar domicilio y dar contestación a los agravios esgrimidos por el apelante en contra de la interlocutoria por la que se aprobó parcialmente el incidente sobre incremento y pago retroactivo de pensión alimenticia dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 62/2010. Por lo tanto, como quedó plasmado con antelación, de las constancias generadoras del acto reclamado se aprecia la participación actual que ha realizado ********************como promovente y no por conducto de su progenitora; en tal virtud, con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado, quien puede ser emplazado personalmente o por conducto de su representante en ******************** En ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que se constituya en el domicilio referido y realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe personalmente el emplazamiento de la tercera interesada, o bien, por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo en original o cotejado, acredite ser su apoderado y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, le adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado y sin ulterior acuerdo, de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, h) Hágasele saber que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós. Finalmente, se informa al área de actuaría que el nombre correcto de la menor tercera interesada es ******************** representada dentro del presente asunto por su progenitora ******************** y por el asesor jurídico federal ********************; precisión que se realiza para subsecuentes notificaciones de carácter personal. Notifíquese por lista y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
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