Custodio Huertado Rodríguez
Expediente 678/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Custodio Huertado Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en la que por una parte se SOBRESEYÓ y en otra SE NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Custodio Huertado Rodríguez y Sergio Barragán Sandoval en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de quince de julio de dos mil diecinueve dictado en el expediente del juicio de amparo X-678/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Dentro del Juicio de amparo X-678/2019 promovido por Custodio Huertado Rodríguez y Sergio Barragan Sandoval, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que llegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe justificado las principales constancias que integran el expediente de origen. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló los que a su derecho corresponden. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-678/2019, promovido por Custodio Huertado Rodríguez y Sergio Barragán Sandoval, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La dilación en la administración de justicia. La omisión de dictar laudo en el juicio ordinario laboral 307/2017. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal responsable, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, para cuyo efecto anexó copias certificadas en apoyo a su informe justificado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RESPECTO A LA DILACIÓN RECLAMADA. Es improcedente la dilación en el procedimiento del expediente 307/2017 reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que este juzgador advierte que se actualiza en la especie lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la dilación en la administración de justicia en el juicio laboral 307/2017. Ahora bien, de la documental que se allegó al sumario se advierte claramente que si bien el juicio de referencia estuvo paralizado desde el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso proveído de veintiuno de mayo del mismo año, por el cual requirió a la parte demandada a fin de que exhibiera los documentos consistentes en recibos de pago a los actores, del convenio celebrado entre las partes, sin que lo hubiere hecho, de tal modo que, tuvo por presuntamente cierto el convenio de referencia; asimismo, giró oficio recordatorio a la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Lázaro Cárdenas, a fin de que rindiera el informe ofrecido por la parte actora, sobre los puntos ahí precisados, misma actuación que se consideró necesaria para la continuación del juicio. No menos verídico resulta que mediante auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el exhorto 50/2019-J-VII remitido por la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación en el Estado, con sede en Lázaro Cárdenas, debidamente diligenciado en los términos solicitados y teniéndola por desahogada, de igual manera, certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar concediendo el término de tres días a la partes a efecto de formular los alegatos que a su parte corresponden, siendo la última actuación realizada. Así pues, al ser el acto reclamado en el presente juicio de garantías la dilación en la administración de justicia, al haberse paralizado el procedimiento; y, al haberse reactivado el mismo con la emisión del aludido auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, es de concluirse que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía; actualizándose así la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. Consecuentemente, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo respecto del citado acto reclamado y emprender el análisis de fondo respecto del restante, como se verá a continuación. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de garantías, mismos que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal, así como a lo dispuesto en la jurisprudencia VI.2o. J/129, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE DICTAR LAUDO. Es infundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa aún en suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En el mismo quien se agravia aduce que con la omisión de dictar laudo se infringen sus derechos en razón de que acorde a las disposiciones legales el tribunal responsable debe emitirlo en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo las resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como se adelantó, dicho argumento resulta infundado, por los motivos que a continuación se exponen. De las constancias remitidas por la autoridad responsable y que fueron previamente valoradas, se advierte que, contrario a lo expresado por la parte quejosa, el tribunal no está en aptitud de dictar el laudo correspondiente en razón de que en proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, concedió el término de tres días hábiles a las partes a efecto de que formulen los alegatos que a su parte corresponden, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, perderían su derecho a formularlos. De ahí que, de acuerdo a la etapa procedimental en la que se encuentra el juicio, no es factible que se emita el laudo correspondiente, pues es evidente que resulta jurídicamente imposible su dictado hasta en tanto no se agote el periodo de alegatos y se cierre la instrucción para en último término poner los autos para dictar el laudo respectivo. Siendo así que acorde al criterio sustentado por criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). ". la violación debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa del procedimiento, de tal modo que como el quejoso expresamente señaló como tal la omisión de dictar el laudo, el suscrito juzgador emprendió el análisis relativo en relación con dicho supuesto. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional respecto del acto precisado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Custodio Hurtado Rodríguez y Sergio Barragán Sandoval, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Custodio Hurtado Rodríguez y Sergio Barragán Sandoval, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable y que quedó precisado, en términos del considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe. oms El suscrito Secretario hace constar que con motivo de la resolución que antecede se generó el oficio número 11225. Conste. OF. 11225. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO X-678/2019, PROMOVIDO POR Custodio Huertado Rodríguez y Sergio Barragán Sandoval, CONTRA ACTOS DE USTED, CON ESTA FECHA SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-678/2019, promovido por Custodio Huertado Rodríguez y Sergio Barragán Sandoval, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 307/2017. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal responsable, se advierte que es parcialmente cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente, ordenando el Cierre de Instrucción y la consecuente demora en la administración de justicia. Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio ordinario laboral 307/2017, de las cuales se destacan las actuaciones de diecinueve de febrero y dos de marzo, ambas del año que transcurre, en las cuales se certificó que fueron desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, y se concedió a las partes el término de dos días hábiles, a fin de que formularan sus respectivos alegatos, con el apercibimiento que de no formular los mismos, se les tendría por perdido tal derecho, asimismo, se hizo efectivo tal apercibimiento, por lo que se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner a la vista los autos ante la autoridad colegiada para emitir el laudo correspondiente, respectivamente. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mato 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de Amparo, así como atendiendo a la causa de pedir expresada en él. Lo antes dicho con sustento en lo señalado en la jurisprudencia 68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 191384 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 68/2000 Página: 38 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. ... En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. A fin de corroborar lo anterior conviene señalar que el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo medular dispone que, en una sola audiencia, se reciban las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución correspondiente. En ese orden, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es parcialmente cierto el acto reclamado, toda vez que se encuentra radicado el expediente ordinario laboral 307/2019, promovido por la parte impetrante del amparo, donde no existen pruebas por diligenciar. Asimismo, que por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, certificó que fueron desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, y se concedió a las partes el término de dos días, a fin de que formularan sus respectivos alegatos, con el apercibimiento que de no formular los mismos, se les tendría por perdido tal derecho, asimismo, en auto de cinco de julio del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento formulado y se declaró cerrado el periodo de instrucción, ordenando poner a la vista los autos ante la autoridad colegiada para emitir el laudo correspondiente. En ese contexto, evidente resulta que el Presidente del Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si en el expediente natural se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, debió haberse dictado resolución de inmediato, dado que de autos no se advierte que hubiere ordenado la práctica de diligencias posteriores, conforme lo dispone el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Cabe mencionar, que de las constancias remitidas en su informe de ley, se advierte que el cinco de julio del año en curso, certificó que fueron desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, y se les concedió el término de tres días, a fin de que formularan sus respectivos alegatos, con el apercibimiento que de no formular los mismos, se les tendría por perdido tal derecho, lo cual aconteció en auto de dos de marzo del año en curso, ordenando poner a la vista los autos de la autoridad colegiada a fin de emitir el laudo correspondiente. Sin embargo, debe decirse que los referidos proveídos no justifican el proceder del Tribunal responsable, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que son inaplicables de manera supletoria los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Burocrática (actualmente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios), precisamente porque está última legislación prevé un procedimiento diferente para la emisión de sus laudos, diverso al de la codificación obrera citada en primer término. En efecto, el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios señala el procedimiento a seguir, del que destaca que aquél se reducirá a la presentación de la demanda y contestación y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, a menos que se requiera la práctica de diligencias posteriores. Así, no obstante que la responsable realizó una actuación no prevista en la legislación que rige el acto, esto es, que al no existir pruebas pendientes de desahogo, por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, certificó que fueron desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, concediendo a las partes el término de tres días a efecto de que formularan sus respectivos alegatos, con el apercibimiento que de no formular los mismos, se les tendría por perdido tal derecho. En ese sentido, entre el cinco de julio de dos mil diecinueve, en que se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner a la vista de la autoridad colegiada los autos a fin de emitir la resolución correspondiente y a la fecha, han transcurrido doce días; término que excede en demasía al que alude el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, para que emita el laudo respectivo, por ende, es que la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulte violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. En consecuencia, lo procedente es otorgar a los quejosos Custodio Huertado Rodríguez y Sergio Barragán Sandoval, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: ? El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo en el juicio laboral 307/2017. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Custodio Huertado Rodríguez y Sergio Barragán Sandoval, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Fe
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Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de nueve del mes y año en curso; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. PEDIMENTO MINISTERIAL. Por otra parte, agréguese a sus autos el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a través del cual hace manifestaciones a guisa de alegatos, mismos que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados; sin perjuicio de hacer relación de todo lo anterior en la audiencia constitucional. SOLICITUD DE COPIAS. En torno a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, una vez que acontezca dicha situación, expídasele la misma, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil diecinueve. SE AGREGA SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO. Agréguese sin mayor pronunciamiento, el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado, toda vez que por auto de nueve de los corrientes se acordó lo conducente. PRUEBA DOCUMENTAL. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía al oficio de referencia, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
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