Cuauhtémoc Patiño Hernández
Expediente 258/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Patiño Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México. Por oficio presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Subdirectora Ejecutiva de los Contencioso de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de esa Comisión, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Luego, en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por parte de la responsable. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "a) El Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, deberá desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales; en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". b) La citada autoridad deberá dejar insubsistente el oficio número CAS/DEREPSQ/861/2021 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno y en su lugar, debe emitir otro en el que otorgue a la parte quejosa la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, únicamente por las cantidades permisibles y razonables, como es acorde con la Ley General de Salud. c) En el entendido de que corresponderá al Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido. En la inteligencia de que la concesión del amparo no es para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas. Asimismo, el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, ni podrá llevarse a cabo frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, una vez precisados los efectos de la concesión del amparo, al igual que lo hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destaca que si bien en el presente fallo se enfatizó que no se realiza pronunciamiento alguno sobre las cuestiones penales inherentes al uso de la marihuana; al haberse declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben su uso lúdico, con la consecuencia de permitir al quejoso recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para ese fin, es inconcuso que en ejercicio de este derecho la parte quejosa no incurrirá en los delitos Contra la Salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal. Lo anterior, porque los delitos que se prevén en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal, así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, tienen un elemento típico de carácter normativo consistente en que la conducta debe realizarse "sin la autorización correspondiente", por lo que si uno de los efectos de la concesión del amparo fue que se otorgara la autorización a que se ha hecho referencia, se concluye que el quejoso ya no podrá incurrir en alguno de los mencionados delitos en cuestión, en los términos apuntados en este fallo. Igual determinación debe adoptarse en materia de las infracciones administrativas que se establecen en la Ley General de Salud, concretamente las que se tipifican en los artículos 421 y 421 Bis de la citada Ley, ya que tales infracciones y sanciones se generan por la violación a los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales, por lo que si tales prohibiciones no podrán ser aplicadas a la parte quejosa en lo presente y futuro, tampoco podrán incurrir en las infracciones que se relacionen con el uso lúdico que se ha autorizado. Basta con examinar los efectos que se precisaron en las ejecutorias que originaron la ejecutoria que originó las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sirve de base a este juzgador para emitir su resolución, en donde se precisaron expresamente los efectos derivados de la concesión del amparo derivada de la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley General de Salud que prevén los sistemas de prohibiciones respecto de autorizaciones para el uso lúdico y el autoconsumo de las sustancias apuntas. Tanto es así, que en esa ejecutoria se precisó lo siguiente: 216. Efectos. A la luz de lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I9 , 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos - adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros . 217. Por lo tanto, este Alto Tribunal concede el amparo para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, otorgue al quejoso **********, la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, en el entendido de que corresponderá a la Cofepris establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. 218. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso ********** se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho." Con relación al resto de los tipos penales previstos en el Código Penal Federal en materia de narcóticos que no cuentan con el elemento típico de "sin la autorización correspondiente", como lo son los contenidos en el artículo 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198, se destaca que no van dirigidos a sancionar la actividad que pretende realizar la parte quejosa, por lo que ésta no queda exenta de incurrir en su aplicación." De la copia certificada del oficio número COFEPRIS-CAS/DEREPSQ/14689/2022 de veintiuno de octubre de este año, firmado por la Directora Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, se advierte que para cumplir con la sentencia de amparo, se determinó lo siguiente: I. Otorgó autorización sanitaria al quejoso para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis"; esto es, sembrar, cultivar, cosechar, preparar poseer y transportar, así como adquirir legalmente la semilla cannabis. II. Le estableció los límites, restricciones y alcances de dicha autorización, la vigencia por tiempo indeterminado, el uso personal e intransferible y los motivos de revocación de la misma; y, III. En las observaciones de dicha autorización, se señaló que se dejaba sin efectos el oficio CAS/DEREPSQ/861/2021 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno. IV. En las propias observaciones se ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el contenido material de los preceptos reclamados, a saber, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis"; y, V. Respecto a la adquisición legal de la semilla, así como su siembra, cosecha y cultivo, le indicó los lineamientos que debe observar el quejoso. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraba vinculada a su cumplimiento la Directora Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a la citada autoridad que fue la encargada de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Por medio de lista notifico a la parte quejosa lo siguiente; Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México. Por oficio presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Subdirectora Ejecutiva de los Contencioso de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de esa Comisión, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Luego, en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por parte de la responsable. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "a) El Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, deberá desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales; en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". b) La citada autoridad deberá dejar insubsistente el oficio número CAS/DEREPSQ/861/2021 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno y en su lugar, debe emitir otro en el que otorgue a la parte quejosa la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, únicamente por las cantidades permisibles y razonables, como es acorde con la Ley General de Salud. c) En el entendido de que corresponderá al Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido. En la inteligencia de que la concesión del amparo no es para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas. Asimismo, el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, ni podrá llevarse a cabo frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, una vez precisados los efectos de la concesión del amparo, al igual que lo hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destaca que si bien en el presente fallo se enfatizó que no se realiza pronunciamiento alguno sobre las cuestiones penales inherentes al uso de la marihuana; al haberse declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben su uso lúdico, con la consecuencia de permitir al quejoso recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para ese fin, es inconcuso que en ejercicio de este derecho la parte quejosa no incurrirá en los delitos Contra la Salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal. Lo anterior, porque los delitos que se prevén en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal, así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, tienen un elemento típico de carácter normativo consistente en que la conducta debe realizarse "sin la autorización correspondiente", por lo que si uno de los efectos de la concesión del amparo fue que se otorgara la autorización a que se ha hecho referencia, se concluye que el quejoso ya no podrá incurrir en alguno de los mencionados delitos en cuestión, en los términos apuntados en este fallo. Igual determinación debe adoptarse en materia de las infracciones administrativas que se establecen en la Ley General de Salud, concretamente las que se tipifican en los artículos 421 y 421 Bis de la citada Ley, ya que tales infracciones y sanciones se generan por la violación a los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales, por lo que si tales prohibiciones no podrán ser aplicadas a la parte quejosa en lo presente y futuro, tampoco podrán incurrir en las infracciones que se relacionen con el uso lúdico que se ha autorizado. Basta con examinar los efectos que se precisaron en las ejecutorias que originaron la ejecutoria que originó las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sirve de base a este juzgador para emitir su resolución, en donde se precisaron expresamente los efectos derivados de la concesión del amparo derivada de la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley General de Salud que prevén los sistemas de prohibiciones respecto de autorizaciones para el uso lúdico y el autoconsumo de las sustancias apuntas. Tanto es así, que en esa ejecutoria se precisó lo siguiente: 216. Efectos. A la luz de lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I9 , 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos - adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros . 217. Por lo tanto, este Alto Tribunal concede el amparo para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, otorgue al quejoso **********, la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, en el entendido de que corresponderá a la Cofepris establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. 218. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso ********** se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho." Con relación al resto de los tipos penales previstos en el Código Penal Federal en materia de narcóticos que no cuentan con el elemento típico de "sin la autorización correspondiente", como lo son los contenidos en el artículo 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198, se destaca que no van dirigidos a sancionar la actividad que pretende realizar la parte quejosa, por lo que ésta no queda exenta de incurrir en su aplicación." De la copia certificada del oficio número COFEPRIS-CAS/DEREPSQ/14689/2022 de veintiuno de octubre de este año, firmado por la Directora Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, se advierte que para cumplir con la sentencia de amparo, se determinó lo siguiente: I. Otorgó autorización sanitaria al quejoso para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis"; esto es, sembrar, cultivar, cosechar, preparar poseer y transportar, así como adquirir legalmente la semilla cannabis. II. Le estableció los límites, restricciones y alcances de dicha autorización, la vigencia por tiempo indeterminado, el uso personal e intransferible y los motivos de revocación de la misma; y, III. En las observaciones de dicha autorización, se señaló que se dejaba sin efectos el oficio CAS/DEREPSQ/861/2021 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno. IV. En las propias observaciones se ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el contenido material de los preceptos reclamados, a saber, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis"; y, V. Respecto a la adquisición legal de la semilla, así como su siembra, cosecha y cultivo, le indicó los lineamientos que debe observar el quejoso. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraba vinculada a su cumplimiento la Directora Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a la citada autoridad que fue la encargada de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: El Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, deberá desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales; en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". La citada autoridad deberá dejar insubsistente el oficio número CAS/DEREPSQ/861/2021 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno y en su lugar, debe emitir otro en el que otorgue a la parte quejosa la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, únicamente por las cantidades permisibles y razonables, como es acorde con la Ley General de Salud. En el entendido de que corresponderá al Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido. En la inteligencia de que la concesión del amparo no es para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas. Asimismo, el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, ni podrá llevarse a cabo frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, una vez precisados los efectos de la concesión del amparo, al igual que lo hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destaca que si bien en el presente fallo se enfatizó que no se realiza pronunciamiento alguno sobre las cuestiones penales inherentes al uso de la marihuana; al haberse declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben su uso lúdico, con la consecuencia de permitir al quejoso recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para ese fin, es inconcuso que en ejercicio de este derecho la parte quejosa no incurrirá en los delitos Contra la Salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal. Lo anterior, porque los delitos que se prevén en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal, así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, tienen un elemento típico de carácter normativo consistente en que la conducta debe realizarse "sin la autorización correspondiente", por lo que si uno de los efectos de la concesión del amparo fue que se otorgara la autorización a que se ha hecho referencia, se concluye que el quejoso ya no podrá incurrir en alguno de los mencionados delitos en cuestión, en los términos apuntados en este fallo. Igual determinación debe adoptarse en materia de las infracciones administrativas que se establecen en la Ley General de Salud, concretamente las que se tipifican en los artículos 421 y 421 Bis de la citada Ley, ya que tales infracciones y sanciones se generan por la violación a los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales, por lo que si tales prohibiciones no podrán ser aplicadas a la parte quejosa en lo presente y futuro, tampoco podrán incurrir en las infracciones que se relacionen con el uso lúdico que se ha autorizado. Basta con examinar los efectos que se precisaron en las ejecutorias que originaron la ejecutoria que originó las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sirve de base a este juzgador para emitir su resolución, en donde se precisaron expresamente los efectos derivados de la concesión del amparo derivada de la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley General de Salud que prevén los sistemas de prohibiciones respecto de autorizaciones para el uso lúdico y el autoconsumo de las sustancias apuntas. Tanto es así, que en esa ejecutoria se precisó lo siguiente: 216. Efectos. A la luz de lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I9 , 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros . 217. Por lo tanto, este Alto Tribunal concede el amparo para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, otorgue al quejoso **********, la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, en el entendido de que corresponderá a la Cofepris establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. 218. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso ********** se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho." Con relación al resto de los tipos penales previstos en el Código Penal Federal en materia de narcóticos que no cuentan con el elemento típico de "sin la autorización correspondiente", como lo son los contenidos en el artículo 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198, se destaca que no van dirigidos a sancionar la actividad que pretende realizar la parte quejosa, por lo que ésta no queda exenta de incurrir en su aplicación. SE DA VISTA . Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia emitida, virtud que en esta misma se advierte que la autoridad responsable remite diversas constancias con las cuales pretenden acreditar el cumplimiento dado al fallo protector, respecto de la cual se reservó proveer hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ha acontecido. VISTA CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho término, con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza. Doy fe.mmg
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: El Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, deberá desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales; en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". La citada autoridad deberá dejar insubsistente el oficio número CAS/DEREPSQ/861/2021 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno y en su lugar, debe emitir otro en el que otorgue a la parte quejosa la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, únicamente por las cantidades permisibles y razonables, como es acorde con la Ley General de Salud. En el entendido de que corresponderá al Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido. En la inteligencia de que la concesión del amparo no es para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas. Asimismo, el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, ni podrá llevarse a cabo frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, una vez precisados los efectos de la concesión del amparo, al igual que lo hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destaca que si bien en el presente fallo se enfatizó que no se realiza pronunciamiento alguno sobre las cuestiones penales inherentes al uso de la marihuana; al haberse declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben su uso lúdico, con la consecuencia de permitir al quejoso recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para ese fin, es inconcuso que en ejercicio de este derecho la parte quejosa no incurrirá en los delitos Contra la Salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal. Lo anterior, porque los delitos que se prevén en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal, así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, tienen un elemento típico de carácter normativo consistente en que la conducta debe realizarse "sin la autorización correspondiente", por lo que si uno de los efectos de la concesión del amparo fue que se otorgara la autorización a que se ha hecho referencia, se concluye que el quejoso ya no podrá incurrir en alguno de los mencionados delitos en cuestión, en los términos apuntados en este fallo. Igual determinación debe adoptarse en materia de las infracciones administrativas que se establecen en la Ley General de Salud, concretamente las que se tipifican en los artículos 421 y 421 Bis de la citada Ley, ya que tales infracciones y sanciones se generan por la violación a los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales, por lo que si tales prohibiciones no podrán ser aplicadas a la parte quejosa en lo presente y futuro, tampoco podrán incurrir en las infracciones que se relacionen con el uso lúdico que se ha autorizado. Basta con examinar los efectos que se precisaron en las ejecutorias que originaron la ejecutoria que originó las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sirve de base a este juzgador para emitir su resolución, en donde se precisaron expresamente los efectos derivados de la concesión del amparo derivada de la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley General de Salud que prevén los sistemas de prohibiciones respecto de autorizaciones para el uso lúdico y el autoconsumo de las sustancias apuntas. Tanto es así, que en esa ejecutoria se precisó lo siguiente: 216. Efectos. A la luz de lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I9 , 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros . 217. Por lo tanto, este Alto Tribunal concede el amparo para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, otorgue al quejoso **********, la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, en el entendido de que corresponderá a la Cofepris establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. 218. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso ********** se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho." Con relación al resto de los tipos penales previstos en el Código Penal Federal en materia de narcóticos que no cuentan con el elemento típico de "sin la autorización correspondiente", como lo son los contenidos en el artículo 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198, se destaca que no van dirigidos a sancionar la actividad que pretende realizar la parte quejosa, por lo que ésta no queda exenta de incurrir en su aplicación. SE DA VISTA . Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia emitida, virtud que en esta misma se advierte que la autoridad responsable remite diversas constancias con las cuales pretenden acreditar el cumplimiento dado al fallo protector, respecto de la cual se reservó proveer hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ha acontecido. VISTA CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho término, con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. 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