Cuitlahuac Alejandro Carranza Cervantes
Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cuitlahuac Alejandro Carranza Cervantes
- Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. NO HA LUGAR. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que si bien es cierto que dentro del juicio de amparo el cuatro de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto y se dictó auto de archivo, también lo es que no se ordenó la devolución de documento alguno. Por lo que si el promovente desea que se le devuelva alguna constancia que el mismo hubiere exhibido, deberá precisar la misma, lo anterior para los efectos legales a que hay lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.mmg
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó, el presente juicio de amparo, promovido por CUITLAHUAC ALEJANDRO CARRANZA CERVANTES, por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el Artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo fuera de audiencia; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe.mmg
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-564/2020, promovido por CUITLAHUAC ALEJANDRO CARRANZA CERVANTES, por su propio derecho, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre del dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado en esa misma data a este órgano jurisdiccional, CUITLAHUAC ALEJANDRO CARRANZA CERVANTES, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES "a) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con domicilio conocido en la ciudad de Morelia, Michoacán. b) Director del Hospital General Regional número 1, en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio conocido en. c) Jefe de la División de Cirugía del Hospital General Regional número 1, en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio conocido en. d) Jefe adjunta del Departamento de Cirugía del Hospital General Regional número 1, en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en." "ACTO RECLAMADO De las autoridades señaladas en los incisos a), b) y c), reclamo la orden emitida para que el suscrito desarrolle, en el periodo comprendido del 16 al 30 de septiembre de 2020, mis servicios profesionales de atención médica como especialista en oftalmología, en un área destinada a la atención exclusiva de pacientes diagnosticados con COVID-19, en el Hospital General Regional número 1, de Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante que mi especialidad en oftalmología, NO SE RELACIONA con la sintomatología o consecuencias de la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias de hecho y de derecho que de tal acto se deriven, entre las que se encuentran una futura orden en semejante sentido, pero para un periodo de tiempo futuro. De la autoridad señalada en el inciso d), reclamo la ejecución de la orden emitida para que el suscrito desarrolle, en el periodo comprendido del 16 al 30 de septiembre de 2020, mis servicios profesionales de atención médica como especialista en oftalmología, en un área destinada a la atención exclusiva de pacientes diagnosticados con COVID-19, en el Hospital General Regional número 1, de Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante que mi especialidad en oftalmología, NO SE RELACIONA con la sintomatología o consecuencia de la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias de hecho y derecho que de tal acto se deriven, entre las que se encuentran una futura orden en semejante sentido, pero para un periodo de tiempo futuro. De todas las autoridades señaladas también reclamo la omisión de garantizar mi derecho humano a la salud eventualmente a la vida, al obligarme a desarrollar mis servicios profesionales de atención médica como especialista en oftalmología, en un área destinada a la atención exclusiva de pacientes diagnosticados con COVID-19, no obstante que mi especialidad en oftalmología, NO SE RELACIONA con la sintomatología o consecuencias de la enfermedad COVID-19, y adicionalmente padezco "Hipertensión arterial sistémica primaria (multifactorial) grado II, de 10 años de evolución", lo cual me ubica en un grupo de riesgo específicamente por un potencial contagio de COVID-19" Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó admitir a trámite el referido ocurso, se proveyó sobre la suspensión de plano del acto reclamado; se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que tiene ejecución material dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La orden emitida para que el quejoso desarrollara en el período comprendido del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil veinte, sus servicios profesionales de atención médica, en un área COVID-19, en el Hospital General Regional Número 1, de Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la ejecución de la misma. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, en representación del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Director del Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Jefe de la División de Cirugía del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán y Jefa Adjunta del Departamento de Cirugía del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, todos con sede en esta ciudad, se advierte que no se pronunciaron expresamente sobre la certeza o no de la orden reclamada, de ahí que en términos del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, proceda presumir cierta la misma. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis del texto y datos de localización siguientes: "Registro digital: 2008534 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XIX.1o.3 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2723 Tipo: Aislada INFORME JUSTIFICADO. CASO EN EL QUE POR SER AMBIGUO, CONTENER MANIFESTACIONES GENÉRICAS EN CUANTO A QUE NO SE VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES, E INCONGRUENTE CON LO EXPRESADO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO, EL ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTO (RETENCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA EN UN CENTRO PENITENCIARIO). Conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado y acompañará copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Así, la finalidad del informe justificado es que las partes interesadas puedan conocer las razones y fundamentos que sustentan los actos reclamados, así como la de fijar la litis constitucional. Ahora bien, cuando el interno en un centro penitenciario reclama en el juicio de amparo que la autoridad carcelaria viola sus derechos fundamentales porque le retiene su correspondencia, y ésta, al rendir su informe justificado, incongruente con lo expresado por el quejoso en su demanda, sostiene ambigua y genéricamente, que no es cierto el acto reclamado y que únicamente "se hace entrega de la correspondencia conforme a la normatividad que rige en el reclusorio", sin negar la existencia de la retención de correspondencia al quejoso, o manifestar si llegó alguna para éste y, en su caso, si ya se la entregó, o bien, acreditar la causa del retardo si hubiera alguna entrega pendiente en trámite, ello genera la presunción de certeza del acto reclamado, pues si bien, por regla general, la negativa del acto por inexistencia conduce al sobreseimiento en el juicio, en el caso, debe atenderse al acto reclamado y a que el citado informe justificado se rinda con la debida explicitez.". Además, tal afirmación se corrobora con las documentales que anexo a su informe justificado, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, las jurisprudencias del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el juicio que se resuelve, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al resolver la contradicción de tesis 56/2021, la Segunda Sala del Alto Tribunal consideró que a partir de la emergencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, se emitieron diverso acuerdos que vinculan a las dependencias públicas y empleadores, como medidas a implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud. Por ello, consideró que el acto reclamado que se atribuye al patrón, consistente en la negativa de autorizar el resguardo domiciliario en el contexto de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador ubicado en una situación de vulnerabilidad, tiene naturaleza laboral, en virtud de que la medida solicitada se encuentra orientada a tutelar el desempeño del trabajo en un entorno de salud, seguridad e higiene y en el marco del derecho al trabajo digno y decente. Ello, explicó, ya que el permiso para que una persona trabajadora obtenga el resguardo domiciliario con el objeto de dejar de acudir a su centro de trabajo como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2, constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre un empleador-trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo. Acalaró que no es obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte que autoriza la posibilidad de que los particulares puedan tener el carácter de autoridad cuando afecten derechos de manera unilateral y obligatoria como consecuencia de las funciones determinadas por una norma general. Lo anterior, porque si bien los diversos acuerdos y lineamientos que obligan o facultan a las dependencias públicas y empleadores a autorizar el resguardo domiciliario y el trabajo a distancia como medida de prevención de contagio del virus SARS-CoV2, en favor de las personas ubicadas en un grupo de riesgo, fueron emitidos por autoridades administrativas, lo cierto es que su cumplimiento se ubica en el marco de una relación de trabajo y son exigibles a la parte patronal en términos de los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo, transcritos con antelación. Lo anterior dio lugar a la jurisprudencia que se transcribe enseguida: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente." En términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia citada es de observancia obligatoria y aplicable al caso particular, por identidad jurídica sustancial. Es así, ya que CUITLAHUAC ALEJANDRO CARRANZA CERVANTES, tiene un vínculo laboral con en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se desempeña como médico. En efecto, la actividad que desempeña es de carácter esencial en términos de la fracción I, inciso a), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el que es de observancia obligatoria para la dependencia a la cual se encuentra adscrito, por lo que la orden emitida por las responsables, para que el quejoso en el período comprendido del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil veinte, prestara sus servicios profesionales de atención médica, en un área COVID-19, en el Hospital General Regional Número 1, de Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la ejecución de la misma, en realidad son acciones que se colocan dentro del contexto de la emergencia sanitaria, sobre todo, si se toma en cuenta el padecimiento que afirma el quejoso presenta lo coloca en situación vulnerable. De ahí que el acto reclamado se emitió a partir de una relación laboral que existe entre un empleador-trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que las responsables actúan como patrón, dentro de una relación laboral y no con las características propias de un acto de autoridad. Con base en lo expuesto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia que surge de interpretar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; consecuentemente, debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En ese tenor, al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, porque el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Cabe precisar que en la especie resulta innecesario realizar la valoración de la prueba pericial médica ofrecida por la parte quejosa y desahogada en autos, toda vez que el promovente del amparo a través de la misma pretendía acreditar que éste sufre de hipertensión arterial y que ante tal condición no era factible se le asignara para que prestara sus servicios en el área COVID del hospital en el cual labora, pues al haberse actualizado la causal de improcedencia ya analizada y virtud a ello haberse sobreseído, a ningún fin practico conduciría realizar la valoración de la referida pericial. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por CUITLAHUAC ALEJANDRO CARRANZA CERVANTES, contra los actos y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy veinticinco de febrero del dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 564/2020 promovido por Cuitlahuac Alejandro Carranza Cervantes contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe reconocido el carácter de tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Apoderada Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán, en representación del Delegado; Director del Hospital General Regional número 1; Jefe de la División de Cirugía del Hospital Regional; y, Jefa Adjunta del Departamento de Cirugía del Hospital Regional, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la parte actora como las autoridades responsables, ofrecieron diversas documentales, mismas que obran agregadas a los autos las cuales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. De igual forma, la parte quejosa ofreció prueba pericial en materia de medicina general, por lo que se desahogó con los dictámenes periciales, emitidos y ratificados por el perito designado por las autoridades responsables, así como el perito oficial designado por este juzgado. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA; Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de su pedimento número 163/2021, presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.
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