Cuauhtémoc Sandoval Figueroa
Expediente 219/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Sandoval Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
En Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, encontrándose presente la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar LA AUDIENCIA DE ACUMULACIÓN a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la acumulación del juicio de amparo 219/2016-3, al diverso 213/2016-3, ambos del índice de este Juzgado. Declarada abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con el juicio de amparo 219/2016-3, promovido por CUAUHTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA, ante este Juzgado de Distrito. Abierto el período probatorio, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. En la etapa de alegatos, con apoyo en el numeral 124 de la ley de la materia en consulta, se tienen por formulados los que hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, en su pedimento número 201/2016. Enseguida, se procede a emitir la resolución siguiente: VISTOS los autos para resolver la acumulación del juicio de amparo 219/2016-3, al diverso 213/2016-3 ambos del índice de este juzgado, promovidos respectivamente por CUAUHTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA y ELVA PATRICIA GARFIAS ROSALES, contra actos del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza y Directos General de Prevención y Reinserción Social, todos del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. En proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, a petición del agente del Ministerio Público Federal adscrito, se inició el trámite relativo a la acumulación del citado juicio de amparo 219/2016-3, al diverso 213/2016-3, promovidos respectivamente por CUAUHTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA y ELVA PATRICIA GARFIAS ROSALES, en razón de que los dos juicios se promueven contra las mismas autoridades responsable Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza y Directos General de Prevención y Reinserción Social, todos del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, y en ambos se reclama: La aprobación, expedición, aplicación y refrendo de los artículo 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, así como la Aplicación de los Exámenes de Control y Confianza al Personal Administrativo o Base Sindicalizado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), que no hace labores de operación dentro de las instalaciones de seguridad pública policial. Asimismo, en el citado acuerdo se ordenó proveer lo conducente en el diverso juicio 213/2016, del índice de este Tribunal Federal, lo que se hizo en proveído de ocho de marzo del año en curso, decretando la suspensión del procedimiento; y en el juicio de amparo en que se actúa, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de acumulación, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de acumulación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previamente conviene puntualizar que no pasa inadvertido para esta resolutora, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo; empero, ello en modo alguno implica un obstáculo legal para llevar a cabo dicho procedimiento y; por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en razón de que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza como se indica en los apartados siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos establecidos en la Jurisprudencia antes invocada, para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, debe convenirse en que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso a), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en razón de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, debe acotarse que en el presente asunto se está en presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos que guardan estrecha conexidad, lo que implica la necesidad de determinar si resulta conveniente dichos juicios de amparo eventualmente se resuelvan en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará el mismo acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento; así como las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales; además de evitar con ello el pronunciamiento de resoluciones contradictorias; sin soslayar que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que corresponden al Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se considera que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. En ese tenor, se considera que a pesar de que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir. ." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie procede la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo con que se formaron los juicios de amparo que ahora nos ocupan, se obtiene que en los dos asuntos se reclama el mismo acto consistente en la aprobación, expedición, aplicación y refrendo de los artículo 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, así como la Aplicación de los Exámenes de Control y Confianza al Personal Administrativo o Base Sindicalizado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), que no hace labores de operación dentro de las instalaciones de seguridad pública policial; asimismo, en ambos casos figuran como autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza y Directos General de Prevención y Reinserción Social, todos del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. De lo antes expuesto deriva que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional que se promueven, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa premisa, se consideras que en el caso concreto se actualiza el supuesto contenido en el referido artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que en los dos juicios de amparo de que se trata se reclaman los mismos actos y fueron promovidos contra las mismas autoridades, a saber Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza y Directos General de Prevención y Reinserción Social, todos del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. En esa tesitura, no se advierte que exista impedimento alguno para la acumulación de los juicios en comento; habida cuenta que se dan las condiciones para satisfacer la hipótesis del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se traduce en el principio de economía procesal. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del invocado ordenamiento, el juicio más reciente se acumulará al más antiguo; por tanto, lo que procede es que el juicio de garantías 219/2016-3 se acumule al diverso expediente de amparo 213/2016-3, por ser éste el que se inició en primer término, toda vez que la demanda que le dio origen, fue presentada el doce de febrero de dos mil dieciséis a las doce horas con treinta y siete minutos; en tanto que la demanda con que se inició aquél, se presentó el mismo día, pero a las trece horas con treinta y ocho minutos, según se advierte del respectivo sello de recepción que obra estampado en sendos libelos constitucionales. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva". Así como la tesis del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico". En atención a lo anterior, SE LEVANTA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO decretada en los referidos juicios de garantías. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución y las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno relativo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 219/2016-3, promovido por CUAUHTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA; al diverso 213/2016-3, promovido por ELVA PATRICIA GARFIAS ROSALES, los dos del índice de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada en los citados juicios. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
El quince de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 5441.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de marzo de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; por el que rinde informe justificado, al respecto, acuérdese lo que en derecho proceda una vez que se reanude el procedimiento en este juicio de garantías, que se suspendió en proveído de cuatro del mes y año en curso. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El catorce de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 5295.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de marzo de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Coordinador General Jurídico, en representación del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad; por el que rinde informe justificado, al respecto, acuérdese lo que en derecho proceda una vez que se reanude el procedimiento en este juicio de garantías, que se suspendió en proveído de cuatro del mes y año en curso. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 219/2016, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Posteriormente, se procede a hacer relación de las constancias que integran el presente expediente, entre las que destacan: copia de la demanda de garantías; auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en el que se dio trámite al presente incidente de suspensión y constancias de notificación a las partes. A lo anterior, la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informe previo de las autoridades responsables LXI Legislatura, Gobernador (por conducto del Coordinador General Jurídico), Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, todas del Estado de Zacatecas, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, todos con residencia en esta ciudad. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual, con apoyo en lo dispuesto por el citado precepto 144 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en atención a su propia y especial naturaleza, la copia simple de la documental que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda. Al no existir más pruebas de las partes que recibir o tener por desahogadas, se cierra la fase probatoria. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en los que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, no existiendo más actuaciones y constancias que relacionar y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se procede a dictar la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 219/2016; y, R E S U L T A N D O: 1. CUAUHTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA, promovió juicio de amparo y solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados al LXI legislatura del Estado de Zacatecas y otras autoridades. 2. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis se dio trámite al presente incidente, en el que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se citó a las partes a la audiencia incidental; la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo vigente; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados esencialmente consisten en la aprobación, expedición, aplicación y refrendo de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas y la aplicación de los exámenes de control y confianza al personal administrativo o base sindicalizado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), que no hace labores de operación dentro de las instalaciones de seguridad pública policial. III. Las autoridades responsables Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes previos negaron expresamente la existencia de los actos que se le reclaman, sin que el impetrante hubiera aportado elemento probatorio alguno para desvirtuar esa negativa; en consecuencia, lo que procede es negar la suspensión definitiva que se solicita, en cuanto a dichas autoridades responsables, al no haber materia sobre la que pudiera decretarse, dada la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1008, visible en la página 1630 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado al no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". IV. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables LXI Legislatura, Gobernador del Estado de Zacatecas, Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Pública, todas del Estado de Zacatecas, toda vez que así lo reconocieron en su informe previo. V. No obstante a lo anterior, en el caso resulta improcedente conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados que se hacen consistir en la aprobación, expedición, aplicación y refrendo de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, tomando en consideración que se trata de actos que ya acontecieron y, en consecuencia, quedaron consumados desde la fecha en que los mismos tuvieron verificativo, además de que contra la expedición de leyes la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas, no éstas en sí, de lo que resulta que el análisis de su inconstitucionalidad es materia del fondo del amparo, razón por la cual la medida definitiva resulta improcedente; por tanto, debe negarse, ante la imposibilidad de retrotraer las cosas en el tiempo. Tienen aplicación los siguientes criterios cuyos rubros y textos son del tenor literal siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se niega a la quejosa CUAUHTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA, la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables LXI Legislatura, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, todas del Estado de Zacatecas, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, todos con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en los considerandos III y V de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 219/2016, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Posteriormente, se procede a hacer relación de las constancias que integran el presente expediente, entre las que destacan: copia de la demanda de garantías; auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en el que se dio trámite al presente incidente de suspensión y constancias de notificación a las partes. A lo anterior, la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informe previo de las autoridades responsables LXI Legislatura, Gobernador (por conducto del Coordinador General Jurídico), Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, todas del Estado de Zacatecas, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, todos con residencia en esta ciudad. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual, con apoyo en lo dispuesto por el citado precepto 144 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en atención a su propia y especial naturaleza, la copia simple de la documental que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda. Al no existir más pruebas de las partes que recibir o tener por desahogadas, se cierra la fase probatoria. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en los que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, no existiendo más actuaciones y constancias que relacionar y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se procede a dictar la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 219/2016; y, R E S U L T A N D O: 1. CUAUHTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA, promovió juicio de amparo y solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados al LXI legislatura del Estado de Zacatecas y otras autoridades. 2. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis se dio trámite al presente incidente, en el que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se citó a las partes a la audiencia incidental; la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo vigente; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados esencialmente consisten en la aprobación, expedición, aplicación y refrendo de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas y la aplicación de los exámenes de control y confianza al personal administrativo o base sindicalizado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), que no hace labores de operación dentro de las instalaciones de seguridad pública policial. III. Las autoridades responsables Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes previos negaron expresamente la existencia de los actos que se le reclaman, sin que el impetrante hubiera aportado elemento probatorio alguno para desvirtuar esa negativa; en consecuencia, lo que procede es negar la suspensión definitiva que se solicita, en cuanto a dichas autoridades responsables, al no haber materia sobre la que pudiera decretarse, dada la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1008, visible en la página 1630 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado al no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". IV. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables LXI Legislatura, Gobernador del Estado de Zacatecas, Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Pública, todas del Estado de Zacatecas, toda vez que así lo reconocieron en su informe previo. V. No obstante a lo anterior, en el caso resulta improcedente conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados que se hacen consistir en la aprobación, expedición, aplicación y refrendo de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, tomando en consideración que se trata de actos que ya acontecieron y, en consecuencia, quedaron consumados desde la fecha en que los mismos tuvieron verificativo, además de que contra la expedición de leyes la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas, no éstas en sí, de lo que resulta que el análisis de su inconstitucionalidad es materia del fondo del amparo, razón por la cual la medida definitiva resulta improcedente; por tanto, debe negarse, ante la imposibilidad de retrotraer las cosas en el tiempo. Tienen aplicación los siguientes criterios cuyos rubros y textos son del tenor literal siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se niega a la quejosa CUAUHTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA, la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables LXI Legislatura, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, todas del Estado de Zacatecas, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, todos con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en los considerandos III y V de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
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