Cuitlahuac Soto Gómez

Expediente 884/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
884/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Cuitlahuac Soto Gómez
  • Juez Segundo de Distrito En el Estado de Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17895. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el secretario del Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del oficio 34100/2019, por el que se le remitió el toca de apelación penal 15/2018-III, así como en cuatro tomos la causa penal 55/2013, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Cúmplase. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del quince al veinticinco de noviembre del año en curso, con exclusión de los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintitrés y veinticuatro del presente mes y año, por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad.Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, consistentes en el toca de apelación penal 15/2018-III, así como la causa penal 55/2013 en cuatro tomos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CUENTA. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 17036, por el que remite demanda de amparo promovida por Cuitlahuac Soto Gómez, Amaury Bilmar Perales García y José Carlos Guzmán Pérez, por conducto de sus defensoras particulares licenciadas Gladis Eralú Rodríguez Alafo y Gabriela Nallely Ovalle Rodríguez, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, testimonio de la ejecutoria emitida el diez de octubre del año en curso, por el Primer Tribunal Colegiado de este propio circuito, dentro del amparo directo 670/2019 de su índice, así como el toca 15/2018 y la causa penal 55/2013 en cuatro tomos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de noviembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite demanda de amparo promovida Cuitlahuac Soto Gómez, Amaury Bilmar Perales García y José Carlos Guzmán Pérez, por conducto de sus defensoras particulares licenciadas Gladis Eralu Rodríguez Alafo y Gabriela Nallely Ovalle Rodríguez, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, testimonio de la ejecutoria emitida el diez de octubre del año en curso, por el Primer Tribunal Colegiado de este propio circuito, dentro del amparo directo 670/2019 de su índice, así como el toca 15/2018 y la causa penal 55/2013 en cuatro tomos. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo penal 670/2018, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de auto reclamado de veinte de julio de dos mi dieciséis, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 55/2013, mediante el cual revocó a los aquí quejosos Cuitlahuac Soto Gómez, Amaury Bilmar Perales García y José Carlos Guzmán Pérez, el beneficio de la libertad provisional bajo caución de que disfrutan, requiriéndolos, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, se internaran en el Centro Regional de Readaptación Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, a fin de cumplir con la pena de cinco años cuatro meses de prisión que les fue impuesta, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se giraría orden de reaprehensión en su contra y se haría efectiva la garantía que exhibieron por concepto de obligaciones procesales; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, guárdese por separado el toca 15/2018 y la causa penal 55/2013 en cuatro tomos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 864/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Atendiendo a los aludidos anexos que remite el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, este juzgado considera que se actualiza en la especie de manera indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones de índole jurídico. En efecto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone que: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". La causal de improcedencia invocada opera cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En efecto, el juicio de amparo resulta improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, para la actualización de la señalada causa de improcedencia se debe ponderar que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía que estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual dicho acto se emitió, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por ese acto de autoridad estaba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del solicitante del amparo, porque la situación jurídica de la que emanaba dicha prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Al respecto es ilustrativa, por las razones que informa, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del tomo VI, materia común, del Apéndice dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En el caso, debe de puntualizarse que el acto reclamado, se hace consistir medularmente en el auto dictado el veinte de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 55/2013-III, mediante el cual el juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad ordenó ejecutar la sentencia condenatoria de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis y revocó el beneficio de la libertad bajo caución que le fuera otorgado a los quejosos Cuitláhuac Soto Gómez, Amaury Bilmar Perales García y José Carlos Guzmán Pérez. Lo anterior, se corrobora en la foja 2681 del tomo III de la causa penal 55/2013-III, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Ahora bien, para demostrar la causal de inejercitabilidad en relación con el acto que aquí se reclama, es menester señalar en forma destacada los antecedentes del acto reclamado: Mediante oficio 1170/2013, recibido por cuestión de turno en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de junio de dos mil trece, el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Primera Investigadora, consignó la averiguación previa AP/PGR/ZAC/ZAC-1/259/2013, ejerciendo acción penal, entre otros, contra Cuitláhuac Soto Gómez, Amaury Bilmar Perales García y José Carlos Guzmán Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, posesión de cartuchos para ese tipo de armas de fuego, portación de arma de fuego sin licencia, contra la salud en la modalidad de posesión atenuada de cannabis sativa l. o marihuana, el previsto y sancionado por el artículo 377, fracción V, del Código Penal Federal, hipótesis al que a sabiendas utilice un vehículo robado en la comisión de otros delitos y asociación delictuosa (fojas 433 a 435 del tomo I). El entonces titular del referido órgano jurisdiccional radicó el asunto el mismo día bajo el número de causa 55/2013, ratificando la detención de los inculpados y sujetándolos al término constitucional (fojas 436 a 440 del tomo I); al día siguiente les tomó su declaración preparatoria (fojas 449 a 451, 458 a 460, 464 a 466, tomo I); y el veinte de junio del citado año se resolvió su situación jurídica decretándose auto de libertad respecto del último de los delitos mencionados, y auto de formal prisión por los demás ilícitos (fojas 485 a 544 del tomo I); determinación que fue confirmada el cuatro de octubre de dos mil trece por la magistrada del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, al resolver en auxilio del Tribunal Unitario de este Circuito, el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía federal y los ahora sentenciados (681 a 720, del tomo I). Inconformes con dicho fallo, con excepción de Cuitláhuac Soto Gómez, los procesados promovieron juicio de amparo indirecto, del que tocó conocer al Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes, radicado con el número 63/2013 (foja 753, tomo I), cuyo titular mediante sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil trece negó el amparo solicitado (foja 762, tomo I); fallo contra el que Amaury Bilmar Perales García y José Carlos Guzmán Pérez interpusieron recurso de revisión, el que fue resuelto el cuatro de mayo de dos mil catorce por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del citado Circuito, quienes lo revocaron y otorgaron el amparo y protección de la justicia federal (foja 962 del tomo II). En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, el veintiuno de mayo de dos mil catorce emitió nueva resolución, en la que dejó insubsistente la diversa de cuatro de octubre de dos mil trece y modificó el auto de término constitucional de veinte de junio de ese año, a efecto de dictar a los dos citados impetrantes auto de libertad con las reservas de ley respecto del ilícito contemplado por el numeral 377, fracción V, del Código Penal Federal, hipótesis al que a sabiendas utilice un vehículo robado en la comisión de otros delitos (fojas 962 a 992). Seguido el procedimiento por sus cauces legales, el treinta y uno de octubre de dos mil catorce se emitió sentencia definitiva, en la que se determinó la plena responsabilidad penal de Cuitláhuac Soto Gómez, Amaury Bilmar Perales García y José Carlos Guzmán Pérez en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, portación de arma de fuego sin licencia y contra la salud en la modalidad de posesión atenuada de cannabis sativa l. o marihuana; asimismo, se decretó la inmediata libertad del primero de los nombrados por lo que ve al ilícito de utilización de vehículo robado en la comisión de otro u otros delitos (fojas 2119 a 2186, tomo II). No conformes con dicho fallo, el representante social de la federación y los enjuiciados interpusieron sendos recursos de apelación; los que fueron resueltos el treinta de marzo de dos mil quince por el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en Guanajuato, Guanajuato, en auxilio del Tribunal Unitario de este Circuito, dentro del toca penal 366/2014; resolución que revocó la sentencia impugnada y ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de careos procesales (fojas 2226 a 2236, tomo II). Desahogadas las pruebas ordenadas, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en el Estado dictó de nueva cuenta sentencia condenatoria contra los encausados (fojas 2494 a 2529, tomo III); la que igualmente fue recurrida en apelación por la fiscalía federal y la defensa de aquellos, tocando conocer de dicho recurso al entonces Segundo Tribunal Unitario de este Circuito, cuyo titular la modificó mediante sentencia dictada el quince de julio del mismo año, dentro del toca penal 18/2016 (fojas 2636 a 2680, tomo III). Luego, por auto de veinte de julio de dos mil dieciséis -no veintiuno de julio, como lo señalaron los impetrantes- el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre declaró el inicio del procedimiento de ejecución de sentencia y ordenó, entre otras cosas, literalmente: ". en términos de lo dispuesto por el artículo 412, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales, sin hacer efectiva las garantías que exhibieron, se revoca a los ahora sentenciados Amaury Bilmar Perales García, Cuitláhuac Soto Gómez y José Carlos Guzmán Pérez, el beneficio de libertad provisional bajo caución de que disfrutan, por lo cual, requiéraseles, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, se internen en el Centro Regional de Readaptación Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, y cumplan con la pena de cinco años cuatro meses de prisión que les fue impuesta [.] apercibidos que en caso de no hacerlo así, se girará orden de reaprehensión en su contra y se hará efectiva la garantía que exhibieron por concepto de obligaciones procesales." Ejecución que el Ad quem ordenó suspender al promover los también aquí impetrantes, demanda de amparo directo contra la aludida sentencia de segunda instancia. Demanda de amparo directo de la que conoció el entonces Tribunal Colegiado de este circuito; cuyo juicio fue radicado con el número 691/2016, resuelto mediante sentencia dictada el uno de junio de dos mil diecisiete, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que el Unitario responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictara otra en la que revocara la sentencia apelada y ordenara, en reposición del procedimiento, la ratificación de los dictámenes periciales obrantes en la causa penal; la que fue cumplimentada por resolución de veintiocho del citado mes y año (fojas 3072 a 3077, tomo III). Posteriormente, una vez ratificados los dictámenes y seguido el procedimiento respectivo, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el citado Juez Segundo de Distrito dictó nuevamente sentencia condenatoria contra Cuitláhuac Soto Gómez, Amaury Bilmar Perales García y José Carlos Guzmán Pérez; misma que fue impugnada en apelación por el Ministerio Público de la Federación y la defensa de éstos, conociendo de tal recurso el entonces Segundo Tribunal Unitario de este Circuito, registrada bajo el número 15/2018, cuyo titular confirmó el fallo condenatorio (fojas 3290 a 3332, tomo IV). Determinación que fue confirmada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 3358 a 3375, tomo IV). Posteriormente, por auto de tres de julio de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre declaró el inicio del procedimiento de ejecución de sentencia y ordenó, entre otras cosas, literalmente: ". en términos de lo dispuesto por el artículo 412, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales, sin hacer efectiva las garantías que exhibieron, se revoca a los ahora sentenciados Amaury Bilmar Perales García, Cuitláhuac Soto Gómez y José Carlos Guzmán Pérez, el beneficio de libertad provisional bajo caución de que disfrutan, por lo cual, requiéraseles, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, se internen en el Centro Regional de Readaptación Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, y cumplan con la pena de cinco años cuatro meses de prisión que les fue impuesta [.] apercibidos que en caso de no hacerlo así, se girará orden de reaprehensión en su contra y se hará efectiva la garantía que exhibieron por concepto de obligaciones procesales." En ese sentido, el auto reclamado; a saber, el auto de veinte de julio de dos mil dieciséis -no veintiuno de julio, como lo señalaron los impetrantes- el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre declaró el inicio del procedimiento de ejecución de sentencia y ordenó, entre otras cosas, y en términos de lo dispuesto por el artículo 412, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales, sin hacer efectiva las garantías que exhibieron, revocó a los ahora quejosos Amaury Bilmar Perales García, Cuitláhuac Soto Gómez y José Carlos Guzmán Pérez, el beneficio de libertad provisional bajo caución de que disfrutan, requiriéndolos, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, se internaran en el Centro Regional de Readaptación Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, a fin de cumplir con la pena de cinco años cuatro meses de prisión que les fue impuesta, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se giraría orden de reaprehensión en su contra y se haría efectiva la garantía que exhibieron por concepto de obligaciones procesales. Sin embargo, ésta última, fue sustituida por el diverso auto de tres de julio de dos mil dieciocho, que es el nuevo acuerdo que emitió el juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, dictado en los mismos términos que el anterior, dentro de la causa penal 55/2013. En tales circunstancias, resulta inconcuso que al requerirse nuevamente a los quejosos en los términos del auto de veinte de julio de dos mil dieciséis, y al haber efectuado el Juez Segundo de Distrito en el Estado, nuevo pronunciamiento, consecuencia de ello, es que el acto aquí reclamado (auto veinte de julio de dos mil dieciséis), fue superado por el dictado el tres de julio de dos mil dieciocho, dentro de la misma causa penal 55/2013 y a fin de cumplir la sentencia de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. En ese sentido aun y cuando subsiste el auto de veinte de julio de dos mil dieciséis, existe la imposibilidad de que sus efectos se concreten, pues por una causa ajena a la voluntad de la autoridad responsable, desapareció el objeto o la materia generadora de tal acto, al existir una nueva determinación posterior a aquella. Por lo tanto, se concluye que aunque hasta este momento subsiste el acto reclamado, éste no puede surtir ningún efecto legal o material, al haber sido superado -como se dijo- el auto de veinte de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del proceso penal 55/2013, en esta instancia reclamada, por la del tres de julio de dos mil dieciocho. En tales circunstancias, se acreditada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el diverso numeral 113 del invocado ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los quejosos se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a José Reyes Padilla Gutiérrez, Nayeli Noemy Robles Amavizca y Celina Monserrat Rodarte de León y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Unión Central número ciento uno (101), local treinta y ocho (38), Plaza Futura, zona centro de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano