Cuauhtémoc Calderón Galván
Expediente 408/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Calderón Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de mayo de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de mayo de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (por conducto de su Presidenta y Ponente), las constancias que integran el toca A.P. Oral 49/2013 de la causa penal 257/2013, así como dieciséis discos compactos en formato DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 408/2014, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada REBECA ISABEL MEDINA BECERRA, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 117, de la Ley Reglamentaria invocada; y por legalmente emplazados a los terceros interesados José Ignacio Sánchez González, Omar Sánchez Ramírez y Teléfonos de México, Sociedad Busátil de Capital Variable y Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Enseguida, la suscrita Secretaria CERTIFICO: Que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en auxilio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de que este juzgado de Amparo, dejara insubsistente la audiencia constitucional de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, y prevenir al quejoso mediante notificación personal, para que, de estimarlo conveniente, manifestara su deseo de señalar como acto reclamado, la sentencia dictada en el toca de apelación 49/2013 el veinte de mayo de dos mil catorce y a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas como autoridad responsable, debiendo acompañar las copias necesarias de su escrito de aclaración para correr traslado a las partes, y una vez hecho lo anterior se continuara con el procedimiento en el juicio de garantías; por lo que por auto de veintitrés de marzo del año en curso, se dio cumplimiento a tal Ejecutoria, dejando sin efecto legal alguno la audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, asimismo, se requirió en los términos apuntados a la parte quejosa, sin que diera cumplimiento a tal prevención; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. A lo que el juez acuerda: Vista la certificación de cuenta, misma que será tomada en consideración en el momento de emitir resolución. Enseguida, en el periodo de ofrecimiento y recepción de pruebas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119, del precepto legal invocado, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales que remitió la diversa autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, consistentes en original de Toca A. P. Oral 49/2013, original de la causa penal 257/2013 y dieciséis discos compactos en formato DVD. Con lo anterior, se declara cerrado el periodo probatorio y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se abre el PERIODO DE ALEGATOS en el que se tienen por formulados los que hizo valer la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, en su pedimento y escrito de alegatos 406/2014 y 469/2014. A lo que el Juez provee: se tienen por hechas las alegaciones de mérito y se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 408/2014; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el nueve de junio de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Como ordenadora y ejecutora: El Juez de Garantía y de Tribunal de Juicio Oral. "IV. ACTO QUE RECLAMO. a).- La Ilegal VINCULACIÓN A PROCESO de la que fui objeto en fecha VEINTE (20) DE MAYO DE DOS MIL CATORCE (2014)" Preceptos constitucionales que se invocaron como vulnerados. La parte quejosa señaló como garantías conculcadas las que tutelan los artículos 1, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del amparo indirecto. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 408/2014; y previa aclaración, en proveído de veinte de junio dos mil catorce se ordenó su admisión; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y emplazar a los terceros interesados. Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito, el quejoso promovió ampliación de la demanda de garantías, señalando como diversa autoridad responsable a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y como acto reclamado el siguiente: "a).- La ilegal VINCULACIÓN A PROCESO de la que fui objeto en fecha VEINTE (20) DE MAYO DE DOS MIL CATORCE (2014), dentro del Toca de Apelación marcado con el número 49/2013." Por auto de once de agosto del año dos mil catorce, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de garantías; se ordenó solicitar el informe justificado a la citada responsable y dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se celebró el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Posteriormente el treinta de septiembre de dos mil catorce, en que lo permitieron las labores del juzgado, se emitió sentencia, dictándose sobreseimiento, por haberse actualizado la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracciones XIV y XXI, de la Ley de Amparo. Determinación que fue recurrida por el quejoso Cuauhtémoc Calderón Galván. Por lo que el doce de marzo de dos mil quince, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en auxilio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de que este juzgado de Amparo, dejara insubsistente la audiencia constitucional de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, y prevenir al quejoso mediante notificación personal, para que, de estimarlo conveniente, manifestara su deseo de señalar como acto reclamado, la sentencia dictada en el toca de apelación 49/2013 el veinte de mayo de dos mil catorce y a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas como autoridad responsable, debiendo acompañar las copias necesarias de su escrito de aclaración para correr traslado a las partes, y una vez hecho lo anterior se continuara con el procedimiento en el juicio de garantías; por lo que por auto de veintitrés de marzo del año en curso, se dio cumplimiento a tal Ejecutoria, dejando sin efecto legal alguno la audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil catorce. De igual forma, se requirió en los términos apuntados la parte quejosa, sin que diera cumplimiento a tal prevención, como se advierte de la certificación realizada en el desahogo del Acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución; y, Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de una autoridad que ejerce jurisdicción en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de Distrito. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y a observar un criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional y escrito de ampliación se advierte que el quejoso reclama: A). El auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, en la audiencia celebrada el once de junio de dos mil trece, en la causa penal 257/2013. B). La resolución emitida el veinte de mayo de dos mil catorce, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca A.P. oral 49/2013, que confirmó la determinación de vinculación a proceso. II.2. Inexistencia, presunción o certeza de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, como lo estableció la anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del siguiente rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. Son ciertos los actos que se reclaman a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y al Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, toda vez que así lo reconocieron expresamente al rendir su informe justificado (f. 40 y 114). Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias que integran la causa penal 257/2013; así como el toca A.P. Oral 49/2013 y dieciséis discos compactos en formato DVD, que la Presidenta de la Sala responsable remitió en apoyo a su informe de ley; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento legal, por tratarse de documentos públicos. Es aplicable al respecto, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto, este resolutor considera que, por cuanto hace al acto reclamado que consiste en el auto de vinculación a proceso de once de junio de dos mil trece, se actualiza la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. La cesación de los efectos del acto reclamado se traduce en la detención definitiva del acto de la autoridad, así como en la desaparición total de sus efectos, de manera que no es posible examinar su constitucionalidad, porque ya no surte ninguna eficacia, lo que supone que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, esta causa de improcedencia del juicio constitucional se actualiza cuando cesan las consecuencias del acto y además todos sus efectos desaparecen o se destruyen total e incondicionalmente, de tal forma que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias que integran el proceso penal 257/2013 y el toca A.P. Oral 49/2013, se advierte que en audiencia celebrada el once de junio de dos mil trece, el Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del distrito judicial de la capital, dictó en contra del aquí quejoso auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad penal por hechos constitutivos del delito de peculado. Inconforme con esa resolución, el mencionado encausado interpuso recurso de apelación; y una vez sustanciado, en sentencia emitida el veintiocho de agosto de dos mil trece, dentro del toca penal 49/2013, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la determinación impugnada. Luego, en desacuerdo con ese fallo, el inculpado promovió juicio de amparo indirecto, el cual quedó registrado con el consecutivo 604/2013-4 del índice de este propio Juzgado de Distrito, en el que se dictó sentencia el quince de noviembre de dos mil trece, que otorgó la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable dictara una nueva resolución debidamente fundada y motivada. En cumplimiento a ese fallo, el veinte de mayo de dos mil catorce, el tribunal de Alzada dictó una nueva sentencia, misma que también se reclama en este juicio de garantías. Ahora bien, mediante oficio 332, presentado el veinte de marzo del año en curso, el juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral acompañó a esta instancia federal copia certificada de la determinación emitida el diecinueve de marzo de dos mil quince, dentro de la carpeta penal 257/2013, que se instruye en contra de Cuauhtémoc Calderón Galván y otros por su probable participación en la comisión del delito de Peculado, cometido en agravio de la empresa Teléfonos de México, S. A. de C. V., en la que manifestó que dadas las facultades ejercidas por el Ministerio Público, conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 328, fracciones I, II y III del Código Procesal Penal declaró extinta la acción penal y decretó el sobreseimiento de la causa por lo que hace a los indiciados de mérito. Como se ve, los antecedentes narrados ponen de relieve que en la especie cesaron los efectos de los actos que se reclaman, toda vez que con el dictado del sobreseimiento en la causa penal de origen, quedó sin efecto legal el auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia por el juez del tribunal de juicio oral, así como la determinación de veinte de mayo de dos mil catorce, que confirmó aquélla del juez de grado; pues el sobreseimiento genera por sí mismo que las actuaciones de ambas instancias, sea cual fuere su naturaleza, dejen de tener eficacia jurídica, de manera que las cosas vuelven al estado que guardaban antes del inicio de la presentación de la demanda de amparo. Por esa razón, también cesaron los efectos de las consecuencias legales reclamadas traducidas en la posibilidad de que el quejoso quede sometido a control y posteriormente sea vinculado a proceso, pues al haber quedado sin efectos las determinaciones reclamadas a ambas autoridades, es claro que también cesaron tales consecuencias. Es importante destacar que el sobreseimiento decretado produjo el mismo efecto que sí se hubiese otorgado la protección constitucional, pues tal determinación, como se explicó, implica que el auto de vinculación a proceso y la resolución de veinte de mayo de dos mil catorce que la confirmó, no produzcan consecuencia jurídica alguna en perjuicio del quejoso, precisamente por los efectos que trae consigo el sobreseimiento de la causa penal que dictó el juez de juicio oral responsable.. De manera que lo procedente es sobreseer en este juicio constitucional, de conformidad con los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Es ilustrativo de lo anterior el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J.9/98, consultable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce enseguida: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 408/2014-3, promovido por CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN, contra los actos reclamados al Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral y Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los motivos vertidos en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra. DOY FE
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Vista la razón actuarial de veinticuatro de marzo del año en curso, asentada por el Actuario Judicial de la adscripción se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a los terceros interesados Omar Sánchez Ramírez y José Ignacio Sánchez González, el auto de veintitrés de marzo de dos mil quince, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, no obstante haber sido legalmente emplazados a juicio; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena la notificación del proveído de mérito, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS OMAR SÁNCHEZ RAMÍREZ Y JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: "En veintitrés de marzo de dos mil quince, se da cuenta al Juez con dos oficios con registro 5064, 5115 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de marzo de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el cinco de marzo de dos mil quince, en el amparo en revisión auxiliar 91/2015 (amparo en revisión penal 354/2014), por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca Morelos; así como los autos del juicio de amparo número 408/2014; un sobre amarillo que contiene dieciséis discos en formato DVD; el original de la causa penal 257/2013 y toca penal 49/2013; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que la superioridad en la ejecutoria de cuenta revocó la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de septiembre de dos mil catorce y en su lugar ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que este Tribunal Federal prevenga al quejoso mediante notificación personal, a fin de que de estimarlo conveniente manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la sentencia dictada en el toca de apelación 49/2013 el veinte de mayo de dos mil catorce y a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas como autoridad responsable. Por tanto, se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, así como la sentencia de treinta del citado mes y año. En tales condiciones, en cabal cumplimiento a la ejecutoria, se requiere a la parte quejosa, para que manifieste si amplía su demanda en relación con el acto consistente en la sentencia dictada en el toca de apelación 49/2013 el veinte de mayo de dos mil catorce y a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas como autoridad responsable y en caso de ser así, deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda, para correr traslado a las partes; con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuará el procedimiento en este juicio de amparo únicamente por las autoridades y actos señalados en su demanda; en el entendido de que el plazo para ampliar su demanda, es de quince días, acorde a lo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, cumpliendo con los requisitos del artículo 108 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 112/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Para dar oportunidad a lo anterior, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el segundo de los comunicados de cuenta signado por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que dentro de la causa penal 257/2013 de su índice instruida en contra de Cuauhtémoc Calderón Galván por el delito de Peculado cometido en agravio de Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el diecinueve del mes y año que transcurre, se emitió un auto en el cual se dictó el sobreseimiento a favor del aquí quejoso Cuauhtémoc Calderón Galván, en virtud de que el Ministerio Público ejerció las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 328, fracciones I, II y III del Código Procesal Penal, para lo cual anexa la constancia que acredita tal circunstancia; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCEROS INTERESADOS. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe".
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