Cristopher Zaidn Lara Jacobo
Expediente 1152/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1152/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cristopher Zaidn Lara Jacobo
- Gregorio Jacobo Andrade
- Sandra Vazquez Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. En un hecho notorio para el suscrito que en los autos de juico de amparo 1152/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de treinta de enero de dos mil veintitrés, en la que por una parte se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Cristopher Zaid Lara Jacobo y por otra parte se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Gregorio Jacobo Andrade, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de treinta de enero de dos mil veintitrés, en la que por una parte se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Cristopher Zaid Lara Jacobo y por otra parte se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Gregorio Jacobo Andrade, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES LA SIGUIENTE SENTENCIA...SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1152/2021 promovido por Cristopher Zaid Lara Jacobo y Gregorio Jacobo Andrade. RESULTANDOPRIMERO. Demanda y turno. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en esa data, Cristopher Zaid Lara Jacobo y Gregorio Jacobo Andrade promovieron juicio de amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. SEGUNDO. Trámite. Por auto de doce de noviembre citado, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, reservar el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto se conociera su existencia.Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se acordó emplazar al presente juicio a los terceros interesados, a saber, la fiscal que intervino en el proceso y la representante de la adolescente víctima; lo que se realizó mediante oficio y despacho, respectivamente, los días ocho de septiembre y doce de octubre de dos mil veintidós.Integrado el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados.Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales.CONSIDERANDOPRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece.Por la vía, pues se reclama un mandamiento judicial de captura emitido en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto.La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia.Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados.Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en:La orden de aprehensión librada en el proceso penal 82/2021 por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz.La ejecución de dicho mandato de captura; atribuida al Director del Centro de Readaptación Social "Morelos" de Cosamaloapan, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados por lo que respecta al quejoso Cristopher Zaid Lara Jacobo, en razón de que el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, en su carácter de autoridad ordenadora negó el acto reclamado; y al efecto, informó que si bien la Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Octavo Distrito Judicial, solicitó orden de aprehensión en contra de Gregorio Jacobo Andrade, Cristopher Zaid Lara Jacobo y Consuelo Guadalupe Ramírez Quiñones, lo cierto es que se declaró incompetente para conocer de la solitud por lo que respecta al quejoso Cristopher Zaid Lara Jacobo y libró la orden solicitada sólo en contra de Gregorio Jacobo Andrade y Consuelo Guadalupe Ramírez Quiñones (quien no es parte en este asunto).Todo lo cual, se corrobora con la constancia relativa al disco compacto que envió el Juez de Control, que contiene en el registro audiovisual de la audiencia celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y se trae a la vista para resolver esta sentencia. Material convictivo que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º. sí como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En esas condiciones, aun cuando el director del reclusorio responsable omitió rendir su informe, dadas sus funciones y su carácter de ejecutoria, no procede presumir la existencia del acto reclamado, atento a que la parte quejosa no desvirtuó la negativa de la autoridad responsable ordenadora, es decir, que ésta haya ordenado o participado en la ejecución del mandato de captura reclamado, o que, de acuerdo con sus atribuciones legales, le corresponde la ejecución material del mismo, pues le recaía la carga de demostrarlo; por tanto, debe sobreseerse en este juicio de amparo por cuanto ve a los actos atribuidos a ambas autoridades, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, al 2. Director del Centro de Readaptación Social de Cosamaloapan, Veracruz, en razón que, la primera, al rendir su respectivo informe justificado reconoció la existencia de la orden de aprehensión reclamada, y la segunda, omitió rendir su informe de ley, pero dadas las funciones que tiene asignadas, es factible presumir que su ejecución es inminente.Lo que se corrobora, en razón que la autoridad judicial responsable remitió copia auténtica de la videograbación de la audiencia en la cual se emitió la determinación reclamada; medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, en los términos ya descritos en el considerando anterior.QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional.En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno.Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".SEXTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En el presente asunto se suplirá la deficiencia de la queja, con apoyo en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que el solicitante del amparo tiene la calidad de procesado en el expediente de origen. En efecto, el quejoso Gregorio Jacobo Andrade reclama la orden de aprehensión librada en su contra el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, en el proceso penal 82/2021, por el delito de pederastia agravada. En el caso, son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.En ellos, el quejoso se limita a esbozar que goza de presunción de inocencia, y que la determinación es confusa en torno al lugar de los hechos, y por ello no se cumple con el requisito de probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión del ilícito penal; sin que, pese a haber tenido la oportunidad de hacerlo (pues para ello se le dio vista por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós) el impetrante del amparo haya ampliado su demanda de amparo inicial a fin de formular mayores conceptos de violación contra el acto reclamado. PREMISAS NORMATIVASEn seguida, se procede al análisis de los requisitos formales que prevén los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir una orden de aprehensión, como la que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo materia de este recurso de revisión. El artículo 16 de la Constitución Federal, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión".El citado precepto transcrito exige para el dictado de una orden de aprehensión, que concurran los requisitos siguientes: 1. Deberá ser emitida por autoridad competente.2. Previamente tendrá que haberse formulado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad.3. El delito que se atribuya al indiciado deberá estar sancionado con pena privativa de libertad.4. Tendrán que obrar datos de prueba que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo. 5. Que exista la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en la comisión de ese hecho.Por su parte, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: Citatorio al imputado para la audiencia inicial;Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, yOrden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela.En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente.También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.""Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensiónEn la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecenciaEl Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud.En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público.En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público."Tales preceptos legales establecen como requisitos para dictar la orden de aprehensión: 1. Que se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 2. Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión.3. Que el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Es de citarse en apoyo a lo anterior por su contenido, la tesis aislada I.6o.P.86 P (10ª.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, de rubro y texto siguientes:"ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia". Asimismo, debe decirse, que para el dictado de una orden de aprehensión, debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo en dicho ilícito. Así, sólo es necesario analizar el hecho con apariencia de ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión; para ello, debe llevarse a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos. SUBSUNCIÓNAhora, de la videograbación remitida por la autoridad responsable, en lo que al caso interesa, se aprecia que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, en el proceso penal 82/2021, celebró la audiencia privada, en la cual la Agente del Ministerio Público solicitó se librará orden de aprehensión en contra del hoy quejoso Gregorio Jacobo Andrade por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de pederastia agravada, previsto por los artículos 190 Quater y 190 Quinquies, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de la adolescente de identidad resguardada bajo el número 64/2021. También, expuso los datos de prueba en los cuales sustentaba la orden de aprehensión solicitada, así como la necesidad de cautela.Así, el Juez de Control citado, libró en contra de Gregorio Jacobo Andrade, orden de aprehensión por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de pederastia agravada, previsto por los artículos 190 Quater y 190 Quinquies, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de la adolescente de identidad resguardada bajo el número 64/2021. Los artículos citados disponen lo siguiente:"Artículo 190-QUATER.- A quien, con consentimiento o sin él, introduzca el pene por la vía vaginal, anal u oral, o por la vía vaginal o anal cualquier otro artefacto u otra parte del cuerpo distinta del pene, a una niña, niño o adolescente, se le impondrán de seis a treinta años de prisión y multa de hasta tres mil unidades de medida y actualización"."Artículo 190-QUINQUIES.- La pederastia se considerará agravada si:I. Se cometiere por dos o más personas;II. El sujeto activo del delito tuviere relación de parentesco de cualquier tipo o grado con la víctima, o fue o haya sido concubina, concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la madre del sujeto pasivo; o si éste se encuentra bajo la dependencia, tutela, curatela, guarda o custodia de aquél por cualquier otro motivo;Ahora bien, los requisitos constitucionales ya mencionados se encuentran debidamente satisfechos, pues la orden de captura fue dictada por una autoridad judicial facultada para ello, como es el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, y los hechos motivo de la causa penal 82/2021, tuvieron verificativo en la población de Carlos A. Carrillo, Veracruz, lugar donde ejerce jurisdicción esa autoridad. Asimismo, precedió a ello, la denuncia de los hechos por parte de la madre de la adolescente víctima del delito.De igual forma, obran datos que establecen la comisión de un hecho que la ley señala como delito de pederastia agravada y que existe la probabilidad de que Gregorio Jacobo Andrade lo cometió. Entre los datos de prueba que el juez responsable tomó en cuenta para el libramiento de la orden de aprehensión están los siguientes: 1. La denuncia de Ana María Reyes Domínguez, madre de la adolescente víctima. 2. La declaración de la propia menor agraviada.3. La declaración de la hermana de la menor agraviada.4. El acta de nacimiento de la víctima. 5. El dictamen ginecológico y proctológico practicado a las víctimas. 6. El dictamen psicológico practicado a la víctima. 7. El dictamen de criminalística de campo del lugar de los hechos. Ahora, como lo determinó el Juez de Control responsable, de los datos de prueba expuestos por la fiscal aparece demostrado que probablemente el sujeto activo impuso, por medio de la violencia física y moral, la cópula vía vaginal a la víctima, lo que principalmente se acredita con la declaración de la propia víctima, quien en lo conducente indicó que en dos ocasiones, a saber, los días diez de mayo y treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, su tío Gregorio con apoyo de su tía Consuelo Guadalupe, le impuso la cópula vaginal cuando visitaba su domicilio y la amenazaron con matar a sus familiares en caso de que contaran lo sucedido; a la cual la responsable le otorgó valor preponderante. Es así, que la declaración de la menor ofendida aportó datos sobre los hechos juzgados, los cuales según su declaración pudo apreciar ya que fue quien resintió directamente la conducta por parte del sujeto activo. Por otro lado, dada la corta edad de la deponente, resulta improbable que hubiese tenido la malicia necesaria para realizar una imputación falsa sobre un ataque de naturaleza sexual y la identidad de su agresor; ya que destacó las circunstancias especiales relativas al ilícito denunciado. Además, cabe destacar que la declaración de la menor constituye un fuerte indicio sobre la agresión sexual que dijo haber resentido y debe ser considerada prueba fundamental sobre el hecho y la identidad del sujeto activo, ya que tratándose de delitos sexuales cobra especial importancia la deposición de las víctimas, debido a que esos ilícitos suelen ser de realización oculta. Luego, considerando que, por lo general, no puede esperarse la existencia de otros medios de prueba, las declaraciones de los sujetos pasivos de la conducta, mientras sean válidas, constituyen una prueba fundamental sobre los hechos.Al respecto, por las razones que informa, se considera aplicable el siguiente criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa". Asimismo, es ilustrativa la tesis XXVII.3o.28 P (10a.) sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de epígrafe y contenido:"DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: 'DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.', publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una 'prueba fundamental sobre el hecho'. De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación".Lo anterior, como lo consideró el Juez responsable, está corroborado con lo dicho por su madre y su hermana (también menor de edad y víctima del ilícito por el cual no se libró la orden de aprehensión) quienes si bien, no fueron testigos presenciales de los hechos, sus testimonios sirven para poner de relieve las afectaciones emocionales sufridas por la víctima, así como que ha reiterado su testimonio con anterioridad, y la calidad específica de familiar (tío) del sujeto activo.De igual modo, los dictámenes ginecológico y proctológico y psicológico practicados a la víctima, ponen en evidencia las afectaciones físicas y emocionales que ha resentido la adolescente víctima con motivo de los hechos por ella denunciados, y las cuales, son constatadas por los expertos de la salud en sus conclusiones médicas.En lo que al caso interesa, se destaca que la menor fue encontrada con himen con desfloración no reciente y con desgarros; además, presenta alteración emocional por efecto atemorizante.Por ende, resultó correcto que la autoridad responsable tomara en consideración los referidos datos de prueba en términos de los artículos 272, 273, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos, ya que se tratan de dictámenes practicados por peritos en la materia.Los cuales, el relativo a la materia psicológica dieron cuenta de la afectación de la menor; y, el dictamen de la médico, describió la existencia de desgarros de data no reciente, circunstancias que, como acertadamente lo consideró el Juzgador corroboran el dicho de la menor.Luego, ante la existencia de dos dictámenes que sustentan el dicho de la menor, fue acertado que la autoridad responsable considerara que correctamente fueron sustentados con eficacia probatoria, acorde a los artículos 259, 261, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, el acta de nacimiento de la víctima hace prueba plena de su minoría de edad, pues en ella se asienta que su fecha de nacimiento es el dos de septiembre de dos mil siete, lo que revela que a la fecha de los hechos tenía trece años.Así, como lo expuso la autoridad responsable, los datos de prueba expuestos, son suficientes para estimar que existe la probabilidad de que el ahora quejoso cometió la conducta atribuida, ya que se insiste, basta que exista la probabilidad de su realización y no es requisito que se demuestre la plena responsabilidad del quejoso.Por tanto, es legal que los hechos fueran encuadrados en el hecho que la ley señala como delito de pederastia agravada, previsto por los artículos 190 Quater y 190 Quinquies, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz.Es por lo anterior que se reiteran infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.Ello es así, dado que en el nuevo sistema de justicia penal cambia las exigencias para la legal apertura del periodo de investigación, ya que no exige la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, dado, que el dictado de la orden de aprehensión sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación (en caso que le sea dictado un auto de vinculación) evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento, buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad. En ese aspecto, en el sistema penal acusatorio oral, la orden de aprehensión se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito, y que exista la probabilidad de que el inculpado los cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo.Así, a partir del cambio de sistema penal, ya no es necesario precisar y acreditar los elementos del cuerpo de delito; por ello, la intensidad o profundidad del análisis que debe hacer el juez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 constitucional, para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador para satisfacer el mandato constitucional, que permita que se establezca a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal.En esas condiciones, para el dictado de la orden de aprehensión ya no se requiere que el Juez de Control realice un desglose de los elementos del delito, sino únicamente que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la consignación, se lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. Es de citarse en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así, contrario a lo alegado por el inconforme, de la videograbación de la audiencia en la que se libró el mandato de captura en su contra se advierte que la orden de aprehensión emitida en su contra, se dictó cumpliendo con los requisitos que para tal efecto prevé el artículo 16 Constitucional, pues en ésta, se citaron los fundamentos legales que el juez responsable consideró aplicables al caso concreto, tanto los que contienen la descripción típica del hecho delictuoso atribuido al peticionario de amparo, siendo el de pederastia agravada, previsto por los artículos 190 Quater y 190 Quinquies, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz; así como los razonamientos a través de los cuales el juez de control estuvo en aptitud de considerar eficaces los datos de prueba para acreditar el hecho y su probable comisión. Ello es así, ya que el delito que se le imputó al quejoso, se trata del ilícito de pederastia agravada, y respecto de la declaración de la víctima el juez de control expuso que no se desprende que hubiera manifestado la víctima que el hecho delictuoso se hubiera llevado en presencia de algún testigo, por ende, como ya ha quedado precisado en párrafos que preceden, la declaración de la víctima constituye una prueba esencial, ya que al tratarse de un delito de naturaleza sexual por regla general se comete en ausencia de testigos, y por ello el dicho de la víctima resulta preponderante y por ello merece credibilidad.Lo anterior lo orroboró el Juez de Control con el dictamen psicológico emitido por la perito oficial de la institución ministerial con conocimientos especializados en la materia, quien tuvo a la vista a la víctima y describe la metodología empleada, las técnicas que aplicó los estudios que realizó para obtener la información necesaria para poder establecer que la víctima si presentaba una alteración en su estado emocional, con una ánimo de tristeza y miedo como consecuencia de la situación vivida, lo que le proporcionó mayor credibilidad en cuanto a lo que menciona la víctima, al que le otorgó valor probatorio al ser emitido por un perito en la materia. Así también, lo anterior lo corroboró el juez responsable con el dictamen ginecológico que fue emitido por la perito oficial, al cual le otorgó valor probatorio, con conocimientos especializados, señaló que después de analizar ginecológicamente a la víctima, dictaminó que presentó signos de penetración vaginal antigua con lo cual cobra mayor verisimilitud el dicho de la víctima que en diversas ocasiones la había copulado el ahora inconforme. De lo anterior, se establece que como correctamente lo determinó el juez de control, dicha declaración merece valor probatorio, aunado a que al ser confrontada con los demás datos de prueba, como son el dictámenes psicológico y ginecológico, no existe dato alguno que la contradiga sino por el contrario se armoniza fehacientemente, así como tampoco existe dato alguno que la torne inverosímil o que exista un interés ilegítimo de perjudicar al imputado. Así, como bien lo determinó el Juez de Control, los datos de prueba expuestos por la representante social son aptos y suficientes, en esta etapa procesal, para estimar que se cometió un hecho que la ley dispone como delito de pederastia agravada y existe la probabilidad de que el procesado hoy quejoso participó en su comisión, pues expuso que el Juez de Control indicó el grado de participación del imputado hoy quejoso como autor material, de conformidad con el artículo 37 del Código Penal para el Estado de Veracruz, así como también determinó que la conducta atribuida al hoy quejoso es de manera dolosa en términos del numeral 21 del citado ordenamiento legal, de ahí que en el caso concreto se colmaron los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal en relación con el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el libramiento de la orden de aprehensión reclamada.En ese orden de ideas, es infundado el concepto de violación relativo a la presunción de inocencia que aduce el quejoso no se tomó en cuenta, ello es así, ya que acorde a todo lo expuesto, es inconcuso que el material probatorio que el juez de control tomó en consideración para la emisión de la orden de aprehensión, es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que opera a favor del quejoso, aquí inconforme; porque, contrario a lo que sostiene, del conjunto de circunstancias y pruebas habidas, se desprendieron firmes imputaciones y elementos de cargo, bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que se desprende de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Máxime, como de forma acertada lo consideró juez responsable, que la representación social justificó la necesidad de cautela, debido a que el acusado se trata de una persona que tiene relación cercana con la víctima (al ser su tío) lo que aumenta el riesgo de la víctima.Además, existe peligro de que se obstaculice la investigación ya que ha proferido amenazas en contra de la adolescente, en el sentido de que matará a sus familiares.En este orden de ideas, resulta desacertado el argumento de que con la emisión de la orden de aprehensión se vulnere el principio de presunción de inocencia, ya que tal presunción acompaña al imputado hasta el dictado de la sentencia; sin embargo, para la emisión del mandato de captura no se exige un estándar probatorio que desvirtúe tal presunción.Desde luego, si bien tiene como propósito privarlo de su libertad ambulatoria, también lo es que basta con que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito, la probabilidad de que el indiciado lo cometió y que existe necesidad de cautela, lo cual se consideró satisfecho.Por ende -adverso a lo considerado por el quejoso- en ningún momento se expuso que era carga el indiciado debía probar su inocencia ni se le revirtió tal débito probatorio, pues la Ministerio Público precisó que existen datos que hacen jurídicamente exigible su comparecencia ante autoridad judicial, mediante el mandamiento de captura.CONCLUSIÓNEn mérito de lo anterior, ante lo infundado de los motivos de disenso en estudio y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la tutela constitucional.Lo cual, se hace extensivo al actos de ejecución. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos.Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia.Por lo expuesto y fundado, seRESUELVEPRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Cristopher Zaid Lara Jacobo, respecto del acto reclamado y por las autoridades responsables, conforme a lo expuesto en el considerando tercero de este fallo.SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Gregorio Jacobo Andrade, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, conforme a los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia.TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa y tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos se advierte que de la lectura de la demanda de amparo, los aquí quejosos Cristopher Zaidn Lara Jacobo y Gregorio Jacobo Andrade, bajo protesta de decir verdad, manifestaron desconocer la existencia del acto reclamado, a saber, la orden de aprehensión y su ejecución, librada en su contra, en tal virtud, y para no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiéraseles por conducto de la actuaria adscrita a este Juzgado, para que dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, esto es, QUINCE DÍAS, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si desea ampliar su demanda en relación con los conceptos de violación que hizo valer en su escrito inicial de demanda de amparo, respecto del acto cuya existencia reconoció el 1. Juez de Control del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, apercibidos que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido para ello, se continuará el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se cita: Registro No. 168300 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXVIII, Diciembre de 2008Página: 912Tesis: III.2o.P. J/23JurisprudenciaMateria(s): Penal "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI EL INDICIADO DESCONOCE LOS FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL INFORME JUSTIFICADO Y PREVENIRLO PARA QUE AMPLÍE SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SALVO QUE DE SU LECTURA SE ADVIERTA QUE LOS ALEGATOS PLANTEADOS TIENDEN A REBATIR LAS RAZONES TORALES QUE LA SUSTENTAN O DE AUTOS SE DESPRENDA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SUS CONSIDERACIONES. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión, el Juez de amparo, al recibir el informe justificado en sentido afirmativo, debe ordenar la notificación personal al impetrante de garantías del auto de vista correspondiente, previniéndolo para que, en su caso, amplíe la demanda en cuanto a los conceptos de violación, pues de lo contrario generaría una violación procesal que ameritaría reponer el procedimiento, de conformidad con el precepto 91, fracción III, de la Ley de Amparo, al tomar en cuenta que el mandamiento de captura se notifica exclusivamente al Ministerio Público, lo que implica que dado el sigilo que el Juez de la causa debe guardar al respecto, el peticionario no conoce los fundamentos de esa resolución al momento de presentar la demanda, por tanto, no está en posibilidades de esgrimir los motivos de inconformidad y se le deja en estado de indefensión, en virtud de no tener la posibilidad de combatir la resolución impugnada, lo que atenta contra la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en los juicios constitucionales que de manera preponderante tienen como objetivo tutelar las garantías fundamentales del gobernado, máxime si el acto que combate el indiciado y que implícitamente se observa lo ignora, es de vital importancia por constituir la materia con que se forma la litis constitucional, pues de seguir con la práctica viciada de notificar por lista el informe que rinde la autoridad en donde acepta el acto que se le atribuye (orden de aprehensión), en el supuesto de que el peticionario ignora su fundamentación y motivación, ello impide que defienda sus intereses adecuadamente, con la salvedad de que si de la lectura de los conceptos de violación se desprende que formula alegatos que tiendan a rebatir las razones torales que sustentan el acto reclamado o de autos se advierta que el quejoso tuvo conocimiento de las consideraciones de aquél, a pesar de que no se ordenara la notificación personal, no sería necesaria la prevención de mérito." En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este conducto a la parte quejosa por haber solicitado dicha medio para oír y recibir notificaciones en su nombre.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Cristina Morales Baizabal355/2016
- Cristina Patricia Casillas Vargas287/2023
- Cristina Rivera Vargas521/2022
- Cristo Rey Torralba Alvarado1150/2022
- Cristo Rey Torralba Alvarado477/2023
- Cristopher Villaseñor de los Santos1268/2021
- Cruz Elena Cruz Mela286/2017
- Cruz Yolanda Ortiz Martínez466/2020
- Crystal Peña Morales1101/2017
- Cuahutemoc Muñoz Uscanga680/2017
- Cuauhtémoc Blas Coto865/2021
- Cuauhtémoc Caiceros Saldaña371/2015