Cristo Rey Torralba Alvarado

Expediente 477/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
477/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Cristo Rey Torralba Alvarado
  • Fiscal Segundo Investigador Adscrito A la Subunidad de la Unidad de Procuración de Justicia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesado el proveído del veintitrés de noviembre del presente año que a la letra dice: En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)********************Ahora, del fallo protector se determinó que la autoridad responsable 4. Jueza adscrita a la Sala "C" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, realizara los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ********************"[.] ********************.el juez responsable:********************( Cesen en las omisiones reclamadas y dicte las medidas pertinentes para notificar su auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, a efecto de llevar acabo la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cuaderno de control ********************de su índice. ********************[.]"********************Por otro lado, de autos se advierte que mediante proveídos de veintiuno de noviembre del año en curso, se reservó proveer respecto al contenido del oficio y anexo con registro 19947, signado por la autoridad responsable 4. Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C" del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ya aconteció.********************Por tanto, cumplida que está la condición anterior, y en atención al contenido del oficio de referencia, téngase a la autoridad responsable Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C" del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, remitiendo un disco de audio y video con número de folio STI7062023, correspondiente a la audiencia celebrada el quince de noviembre de la presente anualidad en el cuaderno de control 112/2023, y con la cual considera haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto.********************En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo con registro 19947, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias.********************En relación al contenido del disco óptico digital de audio y video con número de folio STI7062023 remitido por la responsable, déjese disposición de las partes para consulta en la secretaría de cumplimiento de este juzgado.********************Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.********************Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Fiscal Segundo de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial., con sede en Boca del Río, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes.********************Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesado el proveído del veintitrés de noviembre del presente año que a la letra dice: En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)********************Ahora, del fallo protector se determinó que la autoridad responsable 4. Jueza adscrita a la Sala "C" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, realizara los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ********************"[.] ********************.el juez responsable:********************( Cesen en las omisiones reclamadas y dicte las medidas pertinentes para notificar su auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, a efecto de llevar acabo la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cuaderno de control ********************de su índice. ********************[.]"********************Por otro lado, de autos se advierte que mediante proveídos de veintiuno de noviembre del año en curso, se reservó proveer respecto al contenido del oficio y anexo con registro 19947, signado por la autoridad responsable 4. Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C" del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ya aconteció.********************Por tanto, cumplida que está la condición anterior, y en atención al contenido del oficio de referencia, téngase a la autoridad responsable Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C" del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, remitiendo un disco de audio y video con número de folio STI7062023, correspondiente a la audiencia celebrada el quince de noviembre de la presente anualidad en el cuaderno de control 112/2023, y con la cual considera haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto.********************En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo con registro 19947, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias.********************En relación al contenido del disco óptico digital de audio y video con número de folio STI7062023 remitido por la responsable, déjese disposición de las partes para consulta en la secretaría de cumplimiento de este juzgado.********************Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.********************Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Fiscal Segundo de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial., con sede en Boca del Río, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes.********************Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de autos y anexo signado por la Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C" del XVII Distrito Judicial en Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el cual remite el disco de audio y video número de folio STI7062023, correspondiente a la audiencia de fecha quince de noviembre de la presente anualidad derivada del cuaderno de control 112/2023, en cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente asunto. No obstante, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto fenezcan los diez días a los que hace alusión el artículo 86 de la Ley de Amparo, a efecto de que cause ejecutoria dicha sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    se notifica a la parte quejosa: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés, en la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Cristo Rey Torralba Alvarado promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 4 a 20). SEGUNDO. Trámite. Por auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se ordenó emplazar al Fiscal de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 91 a 95). Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a Everardo Razo Hernández en su carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo (foja 127). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 100, 105 y 108) el acuse de recibo del emplazamiento de la Fiscal Federal adscrita (foja 99) y del tercero interesado (foja 132) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 140) quedando el expediente en estado de resolución. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 103 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos, que se dice son susceptibles de afectar de manera directa e irreparable derechos fundamentales del gobernado, tales como la seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consiste en: Al 1. Fiscal Segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz: La omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas el dieciséis de octubre de dos mil veintidós dentro de los autos de la Carpeta de Investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022, en la que tiene la calidad de víctima. A los Jueces adscritos a los Juzgados de Proceso y Procedimientos Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, 2. Sala "A", 3. Sala "B", 4. Sala "C", 5. Sala "D" y 6. Sala "E": La omisión de dar trámite a la petición de celebrar la audiencia de control jurisdiccional a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación a las faltas dentro del trámite de la Carpeta de Investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 2. Juez Adscrito a la Sala "A" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, 3. Juez Adscrito a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, 5. Juez Adscrito a la Sala "D" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, y 6. Juez Adscrito a la Sala "E" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que les fue reclamado (foja 100). Negativa de las autoridades responsables que no fue desvirtuada por la parte quejosa, aportando medio de convicción alguno, a efecto de demostrar la existencia del acto reclamado a la fecha de promoción de su demanda. Por ende, tomando en consideración que las negativas antes señaladas no fueron desvirtuadas, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a las autoridades citadas en los párrafos que anteceden por los referidos actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que se cita de acuerdo a lo estipulado en el artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. El 4. Juez Adscrito a la Sala "C" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir el informe justificado admitió el acto reclamado (foja 105). Aunado que, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable del cuaderno de control número 112/2023, del que se advierte la recepción de la petición formulada por la parte quejosa (fojas 118 a 122). Documentales que tienen valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Por otra parte, debe considerarse como cierto el acto reclamado al 1. Fiscal Segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, consistente en la falta de respuesta a las peticiones formuladas el dieciséis de octubre de dos mil veintidós dentro de los autos de la Carpeta de Investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022 de su índice. Ello con independencia que el citado fiscal al rendir el correspondiente informe justificado negó dichos actos, alegando que la respectiva carpeta de investigación se encuentra en etapa de investigación. Esto es así, puesto que de las copias certificadas de la Carpeta de Investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022 que acompañó como complemento de su informe justificado, se advierte la recepción de la solicitud del agraviado, sin embargo de dichas constancias no se aprecia la respuesta otorgada a las mismas. Documentales las que del mismo modo tienen valor probatorio en términos de los numerales señalados en párrafos anteriores. Por lo anterior, debe tenerse por cierto el citado acto reclamado. QUINTO. Procedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En el caso, este Juzgado de Distrito estima, de oficio, que con relación al acto reclamado atribuido al 1. Fiscal Segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. (.)" De tal dispositivo se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se está tramitando un recurso propuesto por el propio quejoso, que pueda tener por objeto modificar o nulificar el acto reclamado; así, la causa de improcedencia se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Consideraciones que obedecen al hecho que, de resultar favorable el medio de impugnación intentado por el directo quejoso, tendría como consecuencia que el acto reclamado quedara insubsistente, al ser sustituido por aquel que en su caso llegare a pronunciarse al resolver el recurso ordinario. De manera que el análisis y resolución en el juicio de amparo no producirían efecto alguno respecto del nuevo acto, por lo cual constituye una causa de improcedencia la existencia de un recurso hecho valer por el propio impetrante, pendiente de resolución. En el caso, se actualizan dichas hipótesis porque el abogado del aquí quejoso Cristo Rey Torralba Alvarado, interpuso directamente el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra las deficiencias en la integración de la Carpeta de Investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022. Medio de defensa que tiene por objeto el análisis por parte de autoridad jurisdiccional de las actuaciones del Fiscal correspondiente con relación a la carpeta de investigación y que constituye el medio idóneo y eficaz a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y actuaciones del Ministerio Público en la fase de investigación. Así, el impetrante optó por controvertir el acto reclamado al mencionado fiscal mediante el citado recurso previsto en la legislación procesal penal a través del cual puede lograr la reversión de la conducta de la autoridad que le ocasiona perjuicio. Sustenta la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Además, el referido recurso fue admitido por el correspondiente Juez de Control como se aprecia de las constancias del cuaderno de control 112/2023, y si bien es cierto, en el mismo todavía no se desahoga la audiencia correspondiente, ello no implica que el medio de impugnación no deba considerarse en trámite. En ese entendido, es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado en comento, al encontrarse en trámite un medio idóneo interpuesto por el representante del quejoso, el cual tiene por efecto de corregir la afectación sufrida por aquel. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio por lo que hace a la autoridad 1. Fiscal Segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado restante, atribuido al 4. Juez Adscrito a la Sala "C" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, en la especie, no se advierte motivo de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguna; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se reproducen en obvio de innecesarias repeticiones y no existir precepto legal alguno que lo obligue. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Conviene establecer que dada la naturaleza de los actos reclamados, los cuales provienen de un proceso penal en el que el quejoso tiene el carácter de víctima, en el presente asunto los motivos de disenso se examinarán conforme a la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a fin de determinar si existe violación a los derechos fundamentales. En el caso, son esencialmente fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, en la medida que de las constancias del cuaderno de control 112/2023 remitido por el 4. Juez Adscrito a la Sala "C" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, se aprecian omisiones que resultan violatorias del derecho fundamental a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir e interponer los recursos en los términos que prevea la ley, que se contempla para la materia penal en los artículos 17 y 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Federal. Lo anterior impone conceder la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. Con el propósito de explicar la calificativa del concepto de violación, conviene establecer las siguientes premisas. PREMISAS NORMATIVAS En principio, conviene establecer las premisas que servirán de respaldo para otorgar el amparo solicitado. En primer término debe señalarse que si bien es cierto el quejoso originalmente señaló que los actos que reclama son violatorios del derecho de petición contenido en el artículo 8 Constitucional, también es verdad que de los razonamientos vertidos en su escrito de demanda se aprecia que principalmente se queja de una dilación indebida tanto en la integración de la carpeta de investigación de origen, como en el trámite del recurso que interpuso ante el Juez de Control, lo que del mismo modo señala afecta su garantía de debido acceso a la impartición de justicia, por lo que las anunciadas premisas normativas se desarrollarán tomando en cuenta tales circunstancias. Derecho fundamental a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. En primer lugar, se debe señalar que el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de la víctima u ofendido a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir e interponer los recursos en los términos que prevea la ley, postulado que se vincula con el artículo 17 constitucional, en torno al derecho fundamental de ministrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, como vertiente del debido proceso y tutela jurisdiccional, que se funda en los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. II. Tutela de acceso a la justicia El artículo 17 de la Constitución Federal contiene como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto, a saber, justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplan mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de manera sistemática, para hacerlos valer por los ciudadanos, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. Se cita como respaldo la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.) que se lee: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." En ese sentido, el citado numeral 17 de la Constitución, en correlación con el 1° de la propia Carta Suprema y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, imponen la obligación al juzgador de hacer efectivo el derecho de acceso a la impartición de justicia, procurando no fijar obstáculos innecesarios a los justiciables, a fin de que éstos tengan la oportunidad de que sean escuchadas sus pretensiones y que éstas se resuelvan mediante pronunciamiento completo por la autoridad judicial. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se obtienen de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable del cuaderno de control 112/2023, así como de la Carpeta de Investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022 del índice de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz. El quince de octubre de dos mil veintidós, se dio inicio a la carpeta de investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022 del índice de la citada fiscalía, con motivo de los hechos ocurridos el día catorce del mes y año en cita aproximadamente a las veinte horas en la Carretera Córdoba-Entronque La Boticaria, km 065+300, Cotaxtla, Veracruz, relativa a la colisión de dos vehículos, hechos en los que resultaron lesionados los cc. Cristo Rey Torralba Alvarado, Luis Márquez Ortíz y Cristo Rey Torralba (foja1del tomo de prueba). El dieciséis de octubre de dos mil veintidós, Cristo Rey Torralba Alvarado presentó escrito ante la Fiscalía, en la que autorizó como su asesor legal al licenciado Héctor Ulises Orduña Hernández, señaló medios para recibir notificaciones, formuló denuncia y/o querella en contra de Everardo Razo Hernández y solicitó se desahogaran diversos medios de prueba (foja 30 del cuaderno probatorio). El veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el asesor legal de Cristo Rey Torralba Alvarado, presentó ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Control del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, escrito mediante el cual interpuso recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la omisión del 1. Fiscal Segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, de atender su escrito de ofrecimiento de pruebas, el cual es turnado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, Sala "C", el dieciséis de junio de dos mil veintitrés (fojas 119 y 120 del juicio de amparo). Mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la 4. Jueza Adscrita a la Sala "C" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, tuvo por recibido el escrito de recurso, sin embargo se reservó de señalar fecha y hora de la audiencia correspondiente hasta que el promovente precisara el domicilio del asesor común de todos los que mencionó en el escrito, así como el domicilio del investigado a efecto que sea citado a audiencia una vez colmado el requisito ya señalado; ordenándose se notificara dicho auto a las partes a través de los medios electrónicos y/o de comunicación autorizados (foja 118 del juicio). Hasta aquí los antecedentes del asunto. SUBSUNCIÓN En la especie, el suscrito juzgador estima que en el trámite del cuaderno de control número 112/2023 para efectuar la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se ha presentado una dilación en la impartición de justicia, que no ha permitido que se constriña al 1. Fiscal Segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, para que informe con relación a la respuesta al escrito presentado por el quejoso el dieciséis de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022, lo que se contrapone con lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que se sostiene, en la medida que se observa que el juez de control responsable si bien el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el escrito mediante el cual se interpuso el citado recurso, también es verdad que en el proveído dictado realizó requerimiento al promovente a efecto que se fijara fecha y hora de la audiencia correspondiente, y ordenó que ello se le notificara por los medios autorizados, sin que de las constancias que integran el referido cuaderno de control se advierta que se realizó la notificación ordenada. En ese sentido, se concluye que el juez responsable no ha actuado con inmediatez procesal, pues a la fecha en que fue acordado el informe justificado no se había llevado a cabo la notificación correspondiente a efecto que se desahogara el requerimiento formulado y se pudiera fijar fecha y hora de la audiencia prevista en el ya citad numeral 258 del código procesal penal nacional. Luego, si a la fecha han transcurrido más de cuatro meses en que el quejoso presentó su recurso para verificar si la Fiscalía ha ordenado se desahoguen los actos de investigación propuestos por él mismo en su denuncia dentro de la carpeta de investigación BCR/DXVII/F2/1586/2022 del índice de la Fiscalía Segunda de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y no se ha podido desahogar la audiencia de control relativa al mencionado medio de impugnación, entonces es evidente que se ha incurrido en una dilación, lo cual debe superarse en los asuntos de naturaleza penal. Pues lo que se exige al Juez responsable dentro del ámbito de su competencia, es implementar las medidas que estime necesarias y tomar las decisiones que considere adecuadas, para lograr tal finalidad, lo cual como se vio, no se ha realizado de manera eficaz. CONCLUSIÓN De lo anteriormente expuesto, se colige que las omisiones reclamadas por el quejoso atribuidas a la autoridad responsable resultan violatorias de sus derechos humanos consagrados en los artículos 17 de la Constitución Federal y el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EFECTOS Por tanto, atendiendo al nuevo marco normativo de los derechos humanos y el derecho de acceso a la impartición de justicia, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que siguiendo los lineamientos precitados, el juez responsable: Cesen en las omisiones reclamadas y dicte las medidas pertinentes para notificar su auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, a efecto de llevar acabo la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cuaderno de control 112/2023 de su índice. SÉPTIMO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Cristo Rey Torralba Alvarado, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto, primera parte, de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Cristo Rey Torralba Alvarado, contra el acto reclamado a la 4. Jueza Adscrita a la Sala "C" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución, en términos del considerando séptimo de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

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