Cristo Rey Torralba Alvarado
Expediente 1150/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cristo Rey Torralba Alvarado
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de enero de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el veintinueve de diciembre pasado, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de trece de diciembre del dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.
- Principal
En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos el auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, mismo que dice: "Boca del Río, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Cristo Rey Torralba Alvarado por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales C.R.T.P. y L.M.O., contra actos del Fiscal 1. Primero y 2. Segundo Investigador adscritos a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, en Boca del Río, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 1150/2022. DESECHAMIENTO En atención al estudio que se realiza de la demanda de amparo, este juzgador procede a determinar, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo, del acto reclamado consistente en: la omisión de dar trámite al escrito de ampliación de denuncia, dentro de la carpeta de investigación 1586/2022 del índice de la Fiscalía Segunda Investigador de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, en Boca del Río, donde el promovente ofreció pruebas y solicitó medidas cautelares y el emplazamiento a los responsables de los hechos delictuosos; dar seguimiento y trámite a dicha carpeta de investigación, así como el desahogo de pruebas de cargo y la violación al derecho a ofrecer pruebas para coadyuvar con la investigación. Atento a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a la presentación de la demanda de amparo, debió impugnar los actos que atribuye a los Fiscales 1. Primero y 2. Segundo Investigadores adscritos a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, en Boca del Río, Veracruz, mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo esa línea de ideas, conviene destacar que del primer numeral citado, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de amparo, de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente destacar lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en él se advierte que contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que le sean notificadas dichas determinaciones, en el cual mediante audiencia si se estima que la actuación u omisión que define el curso de una indagatoria es ilegal, se conminará a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Lo que colige que, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse ese medio de defensa ordinario, atendiendo al principio de definitividad que rige la técnica del juicio de control constitucional. Tienen sustento la tesis de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Lo subrayado es propio. En razón de lo anterior, al tener el promovente el carácter de víctima u ofendido al ser afectado en un accidente vehicular, como lo refiere en el escrito de demanda, es improcedente el juicio de amparo en que se señala como acto reclamado la omisión de dar trámite al escrito de ampliación de denuncia, dentro de la carpeta de investigación 1586/2022 del índice de la 2. Fiscalía Segunda Investigador de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, en Boca del Río, donde el promovente solicitó medidas cautelares y el emplazamiento a los responsables de los hechos delictuosos, dar seguimiento y trámite a dicha carpeta de investigación, así como el desahogo de pruebas de cargo y la violación al derecho a ofrecer pruebas para coadyuvar con la investigación; en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, ya que no transgrede derecho fundamental alguno del gobernado. Por todo lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 61, fracción XVIII de la Ley de la Materia y 21 Constitucional, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia. No obsta a lo anterior, que de la lectura de su demanda refiera violación a su derecho de petición, pues lo cierto es que en sí, reclama omisiones de las autoridades señaladas como responsables para la debida investigación e integración de una carpeta ministerial. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************, puesto que acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédula registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Y, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la ley en la materia, ténganse como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a las personas restantes, pues no se encuentran registradas dentro del sistema mencionado en el párrafo que antecede. Asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda en el apartado que denominó "DESIGNACIÓN DE DOMICILIO PROCESAL EN DONDE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES INHERENTES AL TRAMITE DE ESTE ASUNTO", esto es, el ubicado en: ********************. Ahora bien, en relación a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, dígasele que no ha lugar a tener por autorizados esos medios alternativos para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley..."
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