Cristoper Avalos Aquino
Expediente 94/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristoper Avalos Aquino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el ocho de agosto de dos mil dieciocho, en que fue sobreseído dicho juicio al haberse desistido la parte quejosa (fojas 119-120); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley. III-B-Penal
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el quejoso Christoper Avalos Aquino, ratificó su escrito recibido en este Juzgado el uno de agosto del año en curso, por el que desiste expresamente de este juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En los artículos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo en vigor, se prevé: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En tanto que el numeral 63, fracción I, del citado ordenamiento legal, establece: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En esa tesitura, si el juicio de garantías únicamente puede seguirse por el agraviado, por su representante legal, su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo; y si en el caso, la parte quejosa, como se advierte de la razón actuarial de tres de agosto del año en curso, desistió expresamente de este juicio de amparo, es inconcuso que no es jurídico proseguir con su trámite contra la voluntad del gobernado; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Tesis Jurisprudencial número mil ochocientos, consultable en la página dos mil novecientos dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, bajo el epígrafe: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMÁS, RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO". Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. IIIB
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el escrito firmado por el quejoso Christoper Avalos Aquino, mediante el cual manifiesta que se desiste de la demanda de amparo promovida ante este Juzgado de Distrito. En tales condiciones, a efecto de proveer lo conducente, se comisiona al actuario judicial para que se haga presente en el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec, Oaxaca, lugar donde se encuentra detenido el quejoso Christoper Avalos Aquino y lo requiera para que manifieste si ratifica el contenido de su escrito de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará con el procedimiento de este juicio. Consideración que encuentra su apoyo en la Jurisprudencia número 2ª./J. 119/2006, publicada en la página doscientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, con número de registro 174481, bajo el rubro y texto siguiente: "DESISTIM IENTO EN EL AM PARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. III-B-Penal
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este juzgado, para emplazar a la tercera interesada Concepción Fuentes Bautista, toda vez que al entrevistarse en diversos inmuebles que se encuentran a un costado del domicilio que se le indicó para tal efecto, le manifestaron que no quieren tener problemas ya que tienen conocimiento que el esposo de la persona buscada, fue privado de su libertad y que ella ya no vive en Tehuantepec, ni en el estado de Oaxaca. Por otra parte, como de autos se advierte que en proveído de veintidós de junio del año en curso, se reservó proveer respecto al domicilio que informó el Investigador Encargado de la Subsede Salina Cruz, de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado, con sede en esta ciudad, hasta que informara el Instituto Nacional Electoral del Estado de Oaxaca; sin embargo, del domicilio y de los datos proporcionado por la autoridad primeramente citada, esta órgano jurisdiccional presume, que se trata de una persona homónima a Concepción Fuentes Bautista. Por otra parte, como de igual manera, la parte quejosa no proporcionó domicilio de la tercera perjudicada, tal como se le requirió por auto de catorce de junio pasado y advirtiéndose que a pesar de la investigación hecha por este Juzgado, no se ha podido emplazar a este juicio de garantías a la tercera interesada Concepción Fuentes Bautista; en consecuencia, a fin de no retrasar el procedimiento y lograr una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en el artículo 26, inciso k) de la Ley de Amparo, se ordena verificar el emplazamiento de la referida tercera interesada, por medio de edictos, los cuales en términos del primer numeral citado, correrán a cargo de la parte quejosa, y deberán contener los requisitos que previene el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia; consecuentemente, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, hágase entrega al quejoso Christoper Avalos Aquino, de los edictos de mérito, mismos que se deberán publicar por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial y en "EL UNIVERSAL", que es uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, debiéndose hacer constar en tales edictos, que la citada tercera interesada, deberá apersonarse a este juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación; asimismo, se deberá fijar en la puerta de este tribunal, una copia íntegra de la resolución respectiva, por todo el tiempo del emplazamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia; formalidades que se deberán observar por el fedatario judicial adscrito. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la página cuatrocientos dieciséis, del tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 164074, cuyo tenor literal es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." En otro aspecto, a efecto de no hacer nugatorio los derechos correspondientes del quejoso, requiérasele para que en presencia del actuario o dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación de este proveído, manifieste expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, para estar en aptitud de determinar si procede su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que el no hacer manifestación alguna dentro del término legal establecido, se entenderá que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos. De igual manera, es aplicable al caso la tesis jurisprudencial de la décima época con número de registro 2006769, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 7, de junio de dos mil catorce, tomo II, tesis XVII.8 P (10a.), localizable en la página 1714, cuyo rubro y texto se leen: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO PUEDA TENER COMO CONSECUENCIA PRIVAR DE LA LIBERTAD AL QUEJOSO Y ÉSTE MANIFIESTE SU IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA PARA CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 84/2011). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", emitida bajo el régimen de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que, de resultar procedente el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado en un juicio de amparo directo en materia penal, era suficiente con que el quejoso expresara su insolvencia económica para pagar su publicación - derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria reclamada o de sus condiciones personales- para que se ordenara que el costo corriera a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, dicho criterio es aplicable en el amparo indirecto, cuando el acto reclamado puede tener como consecuencia la privación de la libertad del quejoso y éste manifieste su imposibilidad económica para cubrir dicho gasto, ello en atención a la naturaleza del citado derecho fundamental. De otra manera, esperar a que el procedimiento culmine con una sentencia condenatoria, a fin de que prospere llamar a la parte tercera interesada (en términos de la ley vigente), por edictos con cargo al erario público, dada la insolvencia del quejoso, atenta contra el principio de justicia pronta y expedita; máxime si el derecho que pretende salvaguardarse - libertad- posiblemente ya fue violentado. Sin que lo anterior pugne con la jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), publicada en el citado medio de difusión oficial el viernes 25 de abril de 2014 y en su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 727, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS.", porque en ella se prevé la posibilidad de eximir al quejoso de pagar el gasto relativo a la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, cuando así proceda; lo que además se robustece con el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese; personalmente al quejoso en su centro de reclusión. III-B-Penal
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