Cruz Elena De la Rosa Martínez
Expediente 176/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cruz Elena De la Rosa Martínez
- Cruz Elena De la Rosa Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los autos y la certificación que antecede, se provee; tomando en consideración que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 5-10), por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; por tanto, atento a lo previsto en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que este expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero, en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción; así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Mesa I-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Cruz Elena de la Rosa Martínez, Emma de la Rosa Ruiz, Lorenzo Reyna Diaz, Alfredo Jr Valdiviezo Cartas, José Luis Martínez Morán, Leonardo Gallegos Morán, comuneros de Barrio Lieza, municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, contra actos del Comisariado de Bienes Comunales de Barrio Lieza, representado por Eliseo Olivera Fuentes, Héctor Jiménez Blanco y Cayetano Bautista Méndez, Presidente, Secretario y Tesorero; así como del Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, Oaxaca, que hacen consistir, literalmente en: "IV.- Actos reclamados: de las ordenadoras: reclamamos la forma en que está convocando a realizar la asamblea de elección de los nuevos órganos de representación de esta comunidad de Barrio Lieza. De la ejecutora reclamamos el incumplimiento: Que está haciendo los órganos de representación los CC. Eliseo Olivera Fuentes, Héctor Jiménez Blanco, y Cayetano Bautista Méndez, presidente, secretario y tesorero, de la comunidad barrio lieza por la forma en que está convocando a la realización de la asamblea de elección de órganos de representación, ya que está convocando por medio de aparato de sonido y un megáfono que anda anunciando la asamblea de forma verbal, por tal razón ya que con ello se está violentando la ley y nuestros derechos como comuneros y humanos, solicitamos el amparo y protección de la justifica federal para que se abstenga de realizar dicha asamblea por incumplimiento de ley y en su lugar convoque conforme a derecho la asamblea de acuerdo a lo que establece el artículo 25 de la LEY agraria en vigor". Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo con el número 176/2019, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, se analiza íntegramente la demanda que nos ocupa, tal como lo establece la jurisprudencia 2ª/J 55/98, con registro 195745, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII, agosto de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación del acto reclamado, la tesis número P. VI/2004, con registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo constituye lo siguiente: la forma en que se está convocando a realizar la asamblea de elección de los nuevos órganos de representación de la comunidad de Barrio Lieza de Tehuantepec, Oaxaca. Lo anterior se corrobora con la transcripción que se realiza de la narrativa de demanda de amparo de los antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por la tesis I.15o.A.28 K, con registro 171389, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, visible en la página 2613, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. "ANTECEDENTES" "1).- Los suscritos somos Comuneros legalmente reconocidos de la comunidad de barrio lieza, Municipio y Distrito de Santo Domingo Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 2.- Resulta que desde el día de hoy 25 de abril del 2019, aproximadamente a las 5 de la tarde escuchamos un carrito de sonido con megáfono anunciando para realización de asamblea de elección que se celebrara este domingo 28 de abril del 2019, en punto de las diez de la mañana, de inmediato nos presentamos con los integrantes del comisariado para pedirle explicación y decirle que no es la forma de convocar, y el presidente del comisariado el señor Eliseo Jiménez Olivera, nos contestó que así está bien y que es la forma que él está convocando y el que quiera ir a la asamblea que vaya, y si no que le haga como quiera, y que él ya tiene invitado a la Jefa de la Residencia de la Procuraduría Agraria para que valide dicha Asamblea. Y que lo demás me vale gorro yo así voy a celebrar mi asamblea y háganle como quiera." (sic) FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito, establece que el juez tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo; la jurisprudencia 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, publicada en el Apéndice de 1985, con registro número 395568 y la sustentada por la Primera Sala de la citada Corte Suprema, visible a página 1740, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI, registro 312962, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [...]". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Por su parte, las tesis invocadas, a la letra dicen: "ACTOS FUTUROS, Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza. "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS: El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos. Se afirma lo anterior, en el caso, los quejosos Cruz Elena de la Rosa Martínez, Emma de la Rosa Ruiz, Lorenzo Reyna Diaz, Alfredo Jr Valdiviezo Cartas, José Luis Martínez Morán, Leonardo Gallegos Morán, comuneros de Barrio Lieza, municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, reclaman la forma en que se está convocando a realizar la asamblea de elección de los nuevos órganos de representación de la comunidad de Barrio Lieza de Tehuantepec Oaxaca, y que es en esencia de lo que se duelen los hoy promoventes. Sin embargo, dicho acto no irroga perjuicio directo alguno a los quejosos. En efecto, la sola emisión de la convocatoria y la difusión de la misma, no lesiona ni ofende algún derecho de los promoventes consagrado en la ley, porque la sola emisión y realización para ese evento, no se traduce en algún perjuicio cierto y objetivo, pasado, presente o inminente. Ello es así, porque en principio, es incierta la celebración de esa asamblea; pero además, aún en la hipótesis de que se realice, también es incierto el cambio de Comisariado de Bienes Comunales del Barrio Lieza de Tehuantepec, Oaxaca; inclusive, en caso de que así sucediera, sería hasta ese momento cuando se materializaría tal perjuicio. Estimar lo contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no respecto de actos concretos. En estas condiciones, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 217 y 112, todos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Cruz Elena de la Rosa Martínez, Emma de la Rosa Ruiz, Lorenzo Reyna Diaz, Alfredo Jr Valdiviezo Cartas, José Luis Martínez Morán, Leonardo Gallegos Morán, comuneros de Barrio Lieza, municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ahora bien, como la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", indíquesele que como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la Secretaria del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. PROTECCIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), con registro 2009916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Notifíquese a los quejosos por medio de lista, tal y como esta ordenado en autos. I-B
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