Cristina Rasgado De la Cruz
Expediente 10/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristina Rasgado De la Cruz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que teniéndose a la vista los autos originales de los juicios de amparo que se precisan en el siguiente recuadro, en el que se asienta el número de expediente, nombre del quejoso y fecha de recepción en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad: Expediente. Quejoso. FECHA DE RECEPCIÓN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN SALINA CRUZ. 3/2019 CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ 02/01/2019 7/2019 ROSA CARRASCO RUIZ 03/01/2019 8/2019 PERFECTO SANCHEZ MARTIN 03/01/2019 9/2019 MARIBEL ORDAZ LOPEZ 03/01/2019 10/2019 CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ 03/01/2019 11/2019 HECTOR CASTILLO AYALA 03/01/2019 15/2019 MARIA ALTAMIRANO BETANZOS 07/01/2019 17/2019 MARIA CRUZ VELAZQUEZ LOPEZ 07/01/2019 18/2019 MARTIN TOLEDO MARTINEZ 07/01/2019 Que dichos juicios de amparo fueron promovidos por distintos quejosos, pero contra los mismas autoridades responsables e idénticos actos reclamados. Ahora, tomando en consideración que los aludidos quejosos precisados en el recuadro que antecede, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretario de la Función Pública, Coordinador General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación (CENAPRED), Titular de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros , S.N.C., Banca de Desarrollo (BANSEFI), residentes en México, Distrito Federal; Gobernador del Estado de Oaxaca y Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Oaxaca, y Titular de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; así como del Presidente Municipal, Regidor de Hacienda, Tesorero Municipal y Titular de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca (Rancho Gubiña), contra los siguientes actos reclamados: ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS. De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables se reclama: La omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales y eficaces, y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, para que cada uno de los suscritos recibiéramos de manera completa los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) destinados a los suscritos pobladores del municipio zapoteca de Unión Hidalgo (Rancho Gubiña) Oaxaca, que ascienden a la cantidad de $120,000.00 M.N (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por persona, en términos del Anexo IV Atención de la vivienda de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en relación con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, y las Reglas Generales del FONDEN, para la reconstrucción y reparación de los inmuebles de nuestra propiedad que fueron dañados como consecuencia del terremoto sucedido el 7 de Septiembre de 2017 y las miles de réplicas siguientes, lo cual se detalla con precisión en el apartado de hechos y conceptos de violación de la presente demanda de amparo.(sic) Que en su oportunidad, se admitió a trámite las demandas de amparo promovidas por CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ; ROSA CARRASCO RUIZ; PERFECTO SANCHEZ MARTIN; MARIBEL ORDAZ LOPEZ; CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ; HECTOR CASTILLO AYALA; MARIA ALTAMIRANO BETANZOS; MARIA DE LA CRUZ VELAZQUEZ LOPEZ; y, MARTIN TOLEDO MARTINEZ, por propio derecho, contra las mismas autoridades responsables e idénticos actos reclamados, registrándose con los números 03/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019, respectivamente. En otro aspecto, cabe señalar que si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, ésta podrá llevarse a cabo, por la vía incidental o resolver de plano, cuando: a) Se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables; o bien, b) Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos (como en el caso acontece), ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo o que sean extraños a los mismos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Libro 22, correspondiente al mes de septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2009910, cuyo tenor literal es: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Por otra parte, el artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, así como a la protección de los derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural, por lo que debe asegurarse una defensa adecuada, de manera que puedan comprender y hacerse entender en los procedimientos legales, facilitándoles intérpretes, defensores y otros medios eficaces. En tanto que los quejosos CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ; ROSA CARRASCO RUIZ; PERFECTO SANCHEZ MARTIN; MARIBEL ORDAZ LOPEZ; CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ; HECTOR CASTILLO AYALA; MARIA ALTAMIRANO BETANZOS; MARIA DE LA CRUZ VELAZQUEZ LOPEZ; y, MARTIN TOLEDO MARTINEZ, en su demanda de amparo, en el apartado correspondiente a la norma, acto u omisión que de cada autoridad reclaman, bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo previsto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, manifestaron que de todas las autoridades responsables reclaman la omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales y eficaces y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, para que cada uno de ellos recibieran de manera completa los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) destinados a los quejosos como pobladores del municipio zapoteca de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), Oaxaca, que ascienden a la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), por persona. En consecuencia, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se procede a resolver de plano si es procedente la acumulación teniendo como hecho notorio los expedientes 03/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, toda vez que los quejosos de mérito, se autoadscribieron como indígenas zapotecos, por lo tanto, a efecto de no hacer nugatorios sus derechos constitucionales, tomando en cuenta que por propio derecho en su calidad de miembros de una comunidad indígena, promovieron amparo en el que señalan actos reclamados que deriven de los mismos hechos y antecedentes, su tramitación debe efectuarse de forma acumulada, esto es, en un solo juicio, ya que así se garantizará el acceso a la justicia con las directrices establecidas en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la consecuencia de que los recursos con los que cuenta el Estado para que tengan una representación y defensa adecuadas, se concentren en un solo procedimiento y no en diversos juicios de amparo en los que se ventile la misma litis. Es aplicable al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 610, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2007559, cuyo rubro y texto son: PERSONAS INDÍGENAS. LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDEN EXIGIRSE EN CUALQUIER TIPO DE JUICIO O MOMENTO PROCESAL. Del precepto constitucional citado se advierte que el derecho de las personas indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado incluye que en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, individual o colectivamente, deben considerarse sus costumbres y especificidades culturales, así como que en todo tiempo sean asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Este estándar normativo, inserto en un sistema de protección especial, previsto también a nivel internacional -en el artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo- no distingue materia (civil, mercantil, laboral, penal, agraria, etcétera), ni momento procesal (primera o segunda instancias, juicio de amparo, etcétera) en los juicios y procedimientos aludidos. Consecuentemente, las prerrogativas previstas en el artículo 2., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden exigirse en cualquier tipo de juicio y momento procesal, sin estar restringidas material o temporalmente, ya que, cualquier otra interpretación sería inconsistente no sólo con la letra del precepto, sino con el principio pro persona establecido en la propia Constitución. En consecuencia, tomando en consideración que los quejosos CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ; ROSA CARRASCO RUIZ; PERFECTO SANCHEZ MARTIN; MARIBEL ORDAZ LOPEZ; CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ; HECTOR CASTILLO AYALA; MARIA ALTAMIRANO BETANZOS; MARIA DE LA CRUZ VELÁAQUEZ LOPEZ; y, MARTIN TOLEDO MARTINEZ, promovieron en una misma demanda de amparo, por propio derecho como indígenas zapotecos, actos contra las autoridades responsables anteriormente precisadas, formándose los juicios de amparo 03/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019, respectivamente, del índice de este Juzgado de Distrito. Siendo que el primer juicio de amparo (03/2019), se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, el dos de enero de dos mil diecinueve, en tanto que los juicios (7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019), se recibieron el tres siguiente y, los restantes juicios (15/2019, 17/2019 y 18/2019), el siete de enero del año en curso. Por los motivos anteriormente expuestos, SE DECRETA DE MANERA INMEDIATA LA ACUMULACIÓN DE LOS CITADOS JUICIOS DE AMPARO, registrados con los números 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019, al presente juicio 03/2019, en que se actúa, por tratarse del más antiguo; lo anterior a fin de que, por economía procesal, se haga pronta y expedita la impartición de justicia de conformidad con el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 24 de mayo de 2019, Décima Época, con registro 2019905, cuyo epígrafe y texto son: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR DIVERSOS QUEJOSOS EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. PROCEDE PARA GARANTIZAR SU ACCESO A LA JUSTICIA, CUANDO SEÑALEN ACTOS RECLAMADOS QUE DERIVEN DE LOS MISMOS HECHOS Y ANTECEDENTES. El artículo 2., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, así como a la protección de los derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural, por lo que debe asegurarse una defensa adecuada, de manera que puedan comprender y hacerse entender en los procedimientos legales, facilitándoles intérpretes, defensores y otros medios eficaces. En este sentido, cuando diversos quejosos en su calidad de miembros de una comunidad indígena, promuevan amparo en el que señalen actos reclamados que deriven de los mismos hechos y antecedentes, su tramitación debe efectuarse de forma acumulada, esto es, en un solo juicio, ya que así se garantizará el acceso a la justicia con las directrices establecidas en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la consecuencia de que los recursos con los que cuenta el Estado para que tengan una representación y defensa adecuadas, se concentren en un solo procedimiento y no en diversos juicios de amparo en los que se ventile la misma litis. Déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional en los juicios de amparo 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables y de los quejosos CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ; ROSA CARRASCO RUIZ; PERFECTO SANCHEZ MARTIN; MARIBEL ORDAZ LOPEZ; CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ; HECTOR CASTILLO AYALA; MARIA ALTAMIRANO BETANZOS; MARIA DE LA CRUZ VELAZQUEZ LOPEZ; y, MARTIN TOLEDO MARTINEZ, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese en términos de ley. V-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio 10796/2019, firmado por la actuaria judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Primer Circuito residente en la Ciudad de México, con el que remite testimonio de la resolución pronunciada por ese tribunal, en el toca número C.C.A. 8/2019, en el que se resolvió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, remitiendo los autos del juicio de amparo 1503/2018, glósese el cuaderno de antecedentes; y, sin que se acuse el recibo respectivo, por así haberlo indicado la oficiante. Ahora, toda vez que el Tribunal de Alzada determinó que este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constituc7ión General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Cristina Rasgado de la Cruz, por propio derecho, contra actos de las autoridades responsables, 1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 2) Secretario de Gobernación, 3) Secretario de Hacienda y Crédito Público, 4) Secretaría de Desarrollo Social, 5) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 6) Secretario de la Función Pública, 7) Coordinador General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 8) Titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación (CENAPRED), 9) Titular de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, 10) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 11) Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 12) Titular de la Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y, 13) Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Banca de Desarrollo (BANSEFI), residentes en Ciudad de México; 14) Gobernador del Estado de Oaxaca y 15) Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 16) Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca y 17) Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; 18) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, 19) Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, 20) Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Oaxaca, y 21) Titular de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; así como del 22) Presidente Municipal, 23) Regidor de Hacienda, 24) Tesorero Municipal y 25) Titular de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca (Rancho Gubiña). ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS. De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables se reclama: "La omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales y eficaces, y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, para que cada uno de los suscritos recibiéramos de manera completa los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) destinados a los suscritos pobladores del municipio zapoteca de Unión Hidalgo (Rancho Gubiña) Oaxaca, que ascienden a la cantidad de $120,000.00 M.N (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por persona, en términos del Anexo IV "Atención de la vivienda" de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en relación con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, y las Reglas Generales del FONDEN, para la reconstrucción y reparación de los inmuebles de nuestra propiedad que fueron dañados como consecuencia del terremoto sucedido el 7 de Septiembre de 2017 y las miles de réplicas siguientes, lo cual se detalla con precisión en el apartado de hechos y conceptos de violación de la presente demanda de amparo." (sic) Ahora, vista la certificación que antecede se advierte que en la documentación reseñada, se asienta el nombre de la quejosa como Cristina Rasgado de la Cruz y Cristina Rasgado Cruz, bajo esa tesitura, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad manifieste si Cristina Rasgado de la Cruz y Cristina Rasgado Cruz, se trata de la misma persona; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, únicamente se tomará en consideración al dictar la sentencia correspondiente, las documentales en que aparezca el nombre con el que promovió la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado expresamente por la quejosa en términos de lo previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, pues únicamente en el punto petitorio sexto, solicitó requerir a las autoridades responsables rindan sus informes previo y justificado, bajo los apercibimiento de ley. REQUERIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la ley de la materia y se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. Por otra parte, advirtiéndose del disco CD-R, que se encuentra anexo al juicio 1503/2018, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de cuyo contenido obra la demanda y sus anexos; en tales consideraciones, y en estricto acatamiento al plan de austeridad implementado por el Gobierno del Estado, y además por economía procesal, remítase a cada una de las responsables, copia certificada del disco CD-R que contiene la demanda de amparo y sus anexos, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe con justificación. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con y cinco minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, para la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. AUTORIZADOS Téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Edward Martín Regalado, José Antonio Pelayo Godínez, Miguel Ángel Galeana Cadeza y Víctor González Baéz y Garrido, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Como lo solicita la quejosa, téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Ernesto Jesús Zárate Olguín, Shari Vanessa Zárate Olguín, Diana Itzel Alarcón Morales, Jonnatán Enrique Huerta Romero, Mayte Gabriela Jiménez Posada, Brianna Joselyne Guatepozo Pérez y Andrea Marlenne Castillo Alemán. Toda vez que la parte quejosa señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y en el numeral 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, residente en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notifique personalmente este proveído a la quejosa Cristina Rasgado de la Cruz, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Avenida Paseo de la Reforma 219, piso 4, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06500 en esa ciudad; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo. PRUEBAS Por otra parte, tomando en consideración lo asentado en la certificación que antecede, en la que se hace constar que no se tiene la certeza jurídica si los documentos que exhibió la quejosa contenidas en el CD-R, consistentes en copia fiel de la demanda de amparo y anexos, registrada bajo el número del expediente 1394/2018, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, certificado por el secretario adscrito ese órgano jurisdiccional Francisco Javier Picazo Ángel, obran los anexos exhibidos por la quejosa Cristina Rasgado de la Cruz, relativas a una credencial para votar a nombre de la citada (foja 231); constancia de identidad expedida por el Representante de Bienes Comunales de Unión Hidalgo, Oaxaca, en la que se hace constar que Cristina Rasgado de la Cruz, es la misma persona que en algunos documentos figura como Cristina Rasgado Cruz (foja 232); tarjeta de débito número 5515 0940 0074 3468 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Banca de Desarrollo (BANSEFI) (foja 233); estado de cuenta de fecha doce de octubre de dos mil dieciocho (foja 234); instrumentos públicos números 4144 y 4145, ambos de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, expedidos por el Notario Público número 109 de El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca (fojas 235-239); y, ejecutoria de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (fojas 240-263). Ahora, como en la certificación de cuenta, se hace constar que al tener a la vista el juicio de amparo 18/2019, del índice de este juzgado, obra el proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el que se determinó que las documentales exhibidas en la demanda de amparo de donde deriva este juicio, se trata de copias fotostáticas simples, lo que se hace constar como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De la anterior circunstancia, hágase del conocimiento a la quejosa para los efectos legales correspondientes. En otro aspecto, no se admiten las pruebas ofrecidas por la quejosa que indica en el capítulo correspondiente de su demanda, específicamente los que se indican en los puntos números 2, 3, 4, y 12, toda vez que no obran en el archivo que contiene el disco certificado por el secretario adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México. Atendiendo a que la autoridad oficiante remite un disco óptico que anexó el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al juicio de amparo 1394/2018 (foja 30), y a fin de preservar dicho disco, extraígase del sobre y guárdese en la Secretaría de este Juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Se significa a la parte quejosa que el presente asunto se admite por cuanto hace a las autoridades que enunció en su demanda de amparo, las cuales serán emplazadas a juicio con la denominación que indicó, salvo aquella que por ser un hecho notorio se conozca su nombre correcto y se hubiera realizado la aclaración correspondiente. Ahora, en el supuesto de existir en el sumario constancia de la que se advierta la imposibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente, por cualquiera de los medios que prevé la ley, esto es, si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre con el oficio por inexistencia de la autoridad destinataria o el actuario de la adscripción asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar el oficio relativo, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable y se ordenará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, sin necesidad de otorgarle vista a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, pues es obligación de la parte quejosa precisar la denominación correcta de las autoridades a quienes les imputa la emisión del acto reclamado; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 108, fracción III de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. No se ordena notificar por oficio a las autoridades responsables los diferimientos de la audiencia constitucional, en virtud que las mismas se realizarán por lista, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse del conocimiento de las responsables, mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio de amparo. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. V-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de abril de dos mil diecinueve. Visto el oficio 16308/2019, firmado por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, residencia en la Ciudad de México, deducido del amparo indirecto 407/2019, en atención a lo que solicita, mediante oficio infórmesele que en proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 10/2019, en que se actúa, promovido por Cristina Rasgado de la Cruz (foja 114), se tuvo a la actuaria judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, comunicando que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en esa ciudad, mismo que quedó registrado con el número 8/2019-III, siendo la última actuación en el juicio en que se actúa. Notifíquese. V-A
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