Cristina Alejandra Manrique Tamayo
Expediente 401/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cristina Alejandra Manrique Tamayo
- Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 21 a 23) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Cumple prevención de la demanda. Agréguese el escrito signado por Simón Soto Correa, apoderado jurídico de Alejandra Manrique Tamayo, carácter que se le reconoce al tenor de la copia cotejada del Poder General para Pleitos y Cobranzas que adjunta, mismo que se ordena su devolución previa compulsa que se realice; mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho. Desechamiento de la demanda. Visto el ocurso presentado por la parte quejosa, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe decirse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Toda vez, que la parte quejosa se duele de la notificación que le fue practicada con motivo del proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, formó y registró la demanda de amparo directo que promovió la parte quejosa a través de su apoderado jurídico, en contra del laudo de dos de marzo de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente ordinario laboral 5A-2475/2015. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; la causal invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados; por lo que dicha causal se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una decisión definitiva que ya fue sujeta a análisis de fondo, por lo que admitir un nuevo amparo, afectaría el principio jurídico de mérito y generaría inseguridad jurídica. Para una mejor explicación de lo anterior, deben precisarse en primer término los actos que se reclaman en el presente juicio; en esta tesitura, atendiendo a lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al afirmar que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, con ello, armonizar los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, es decir, al fijar los actos reclamados, el Juez de Distrito deberá atender a lo que quiso decir el promovente y no únicamente a lo que en apariencia dijo. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, lo siguiente: "a) La resolución emitida en fecha 12 doce de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 5A-2475/2015, mismo que resuelve incidente de nulidad de actuaciones, planteado el 16 dieciséis de junio del 2017 dos mil diecisiete. b). La resolución emitida en fecha 03 tres de abril del 2018 dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 5A-2475/2015, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones planteado en fecha 12 doce de octubre del 2017 dos mil diecisiete." Empero, del capítulo de los antecedentes del acto reclamado y de los conceptos de violación se advierte que la parte quejosa trata de revertir la notificación que le fue practicada del proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el que la autoridad responsable Presidenta Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, formó y registró la demanda de amparo directo, que promovió la aquí quejosa a través de su apoderado jurídico, en contra del laudo de dos de marzo de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente ordinario laboral 5A-2475/2015; pues no debe pasar inadvertido que la notificación que atacó la parte quejosa a través de los incidentes de nulidad de actuaciones, fue precisamente la derivada del proveído emitido con la interposición del juicio de amparo directo, en el que la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes tales como la recepción de libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al, o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento. Es por ello que, debe decirse que los actos que emite la autoridad responsable, en torno a la presentación de la demanda de amparo, forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, sin que pueda considerarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por tanto, si en el caso se reclaman las interlocutorias que resolvieron los incidentes de nulidad promovidos en contra de la notificación de un auto, mediante el cual la Junta tuvo por recibida la demanda de amparo directo, dándole el trámite correspondiente para su substanciación, deviene innegable que se reclama un acto emitido por la citada autoridad, en auxilio de la Justicia Federal, en un juicio de amparo directo, por lo que se surte la causa de improcedencia que nos ocupa, en virtud de que no es jurídico que en contra de resoluciones incidentales o principales dictadas en los juicios de garantías proceda otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Cabe resaltar que las facultades que confiere la ley a la autoridad responsable, no son para actuar con jurisdicción propia, sino para actuar en una etapa del juicio de amparo directo, en auxilio del tribunal que lo conoce y resuelve, por lo que únicamente está facultada para llevar a cabo ciertos actos procesales que limitativamente se le confieren, esto es, la autoridad responsable únicamente actúa como auxiliar del Tribunal Colegiado y sin jurisdicción propia, mientras este último conserva su jurisdicción originaria no sólo para resolver el fondo de la litis, sino, incluso, para velar por la debida integración del juicio hasta dejarlo en estado de dictar la resolución respectiva. De ahí que no es factible la impugnación de tales actos en vía de amparo indirecto, pues ésta tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo directo, violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional, siendo ésta la función que se ejerce mediante el juicio de amparo directo y, además, se ocasionaría un trámite interminable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./j. 107/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, libro 22, septiembre de 2015, página 453, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 113, en relación con el 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de diecisiete de mayo de do smil dieciocho que dice. Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Cumple prevención de la demanda. Agréguese el escrito signado por Simón Soto Correa, apoderado jurídico de Alejandra Manrique Tamayo, carácter que se le reconoce al tenor de la copia cotejada del Poder General para Pleitos y Cobranzas que adjunta, mismo que se ordena su devolución previa compulsa que se realice; mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho. Desechamiento de la demanda. Visto el ocurso presentado por la parte quejosa, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe decirse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Toda vez, que la parte quejosa se duele de la notificación que le fue practicada con motivo del proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, formó y registró la demanda de amparo directo que promovió la parte quejosa a través de su apoderado jurídico, en contra del laudo de dos de marzo de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente ordinario laboral 5A-2475/2015. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; la causal invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados; por lo que dicha causal se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una decisión definitiva que ya fue sujeta a análisis de fondo, por lo que admitir un nuevo amparo, afectaría el principio jurídico de mérito y generaría inseguridad jurídica. Para una mejor explicación de lo anterior, deben precisarse en primer término los actos que se reclaman en el presente juicio; en esta tesitura, atendiendo a lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al afirmar que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, con ello, armonizar los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, es decir, al fijar los actos reclamados, el Juez de Distrito deberá atender a lo que quiso decir el promovente y no únicamente a lo que en apariencia dijo. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, lo siguiente: "a) La resolución emitida en fecha 12 doce de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 5A-2475/2015, mismo que resuelve incidente de nulidad de actuaciones, planteado el 16 dieciséis de junio del 2017 dos mil diecisiete. b). La resolución emitida en fecha 03 tres de abril del 2018 dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 5A-2475/2015, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones planteado en fecha 12 doce de octubre del 2017 dos mil diecisiete." Empero, del capítulo de los antecedentes del acto reclamado y de los conceptos de violación se advierte que la parte quejosa trata de revertir la notificación que le fue practicada del proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el que la autoridad responsable Presidenta Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, formó y registró la demanda de amparo directo, que promovió la aquí quejosa a través de su apoderado jurídico, en contra del laudo de dos de marzo de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente ordinario laboral 5A-2475/2015; pues no debe pasar inadvertido que la notificación que atacó la parte quejosa a través de los incidentes de nulidad de actuaciones, fue precisamente la derivada del proveído emitido con la interposición del juicio de amparo directo, en el que la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes tales como la recepción de libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al, o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento. Es por ello que, debe decirse que los actos que emite la autoridad responsable, en torno a la presentación de la demanda de amparo, forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, sin que pueda considerarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por tanto, si en el caso se reclaman las interlocutorias que resolvieron los incidentes de nulidad promovidos en contra de la notificación de un auto, mediante el cual la Junta tuvo por recibida la demanda de amparo directo, dándole el trámite correspondiente para su substanciación, deviene innegable que se reclama un acto emitido por la citada autoridad, en auxilio de la Justicia Federal, en un juicio de amparo directo, por lo que se surte la causa de improcedencia que nos ocupa, en virtud de que no es jurídico que en contra de resoluciones incidentales o principales dictadas en los juicios de garantías proceda otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Cabe resaltar que las facultades que confiere la ley a la autoridad responsable, no son para actuar con jurisdicción propia, sino para actuar en una etapa del juicio de amparo directo, en auxilio del tribunal que lo conoce y resuelve, por lo que únicamente está facultada para llevar a cabo ciertos actos procesales que limitativamente se le confieren, esto es, la autoridad responsable únicamente actúa como auxiliar del Tribunal Colegiado y sin jurisdicción propia, mientras este último conserva su jurisdicción originaria no sólo para resolver el fondo de la litis, sino, incluso, para velar por la debida integración del juicio hasta dejarlo en estado de dictar la resolución respectiva. De ahí que no es factible la impugnación de tales actos en vía de amparo indirecto, pues ésta tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo directo, violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional, siendo ésta la función que se ejerce mediante el juicio de amparo directo y, además, se ocasionaría un trámite interminable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./j. 107/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, libro 22, septiembre de 2015, página 453, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 113, en relación con el 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 401/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por Simón Soto Correa quien se ostenta como apoderado de Cristina Alejandra Manrique Tamayo, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1º, 6º, 108, 110, 112, 114, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la procedencia de la demanda, REQUIÉRASE a Simón Soto Correa, para que en el plazo de TRES DÍAS, contando a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto: a) Precise el contenido del auto dictado por la autoridad responsable el treinta de marzo de dos mil diecisiete, y si este, es el que ilegalmente le fue notificado el tres de mayo de dos mil diecisiete. b) Acredite con documento idóneo la personalidad de apoderado jurídico de Cristina Alejandra Manrique Tamayo, en el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque el aludido peticionario se ostenta como apoderado jurídico de la quejosa, pero es omiso en acreditar tal carácter con documento idóneo, puesto que el documento que anexo a su escrito demanda, no se advierte esa personalidad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 7, tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Circunstancia que resulta ineludible para estar en condiciones de promover sobre la admisión de la demanda de amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado y de no acompañar copias suficientes del documento con el que acredité su personalidad para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley , hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Ricardo Jiménez Pérez, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que los restantes únicamente podrán imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten ejercer la profesión de licenciado en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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