Cristina Isidoro Xolot
Expediente 1010/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1010/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/08/2023
Partes del expediente
- Cristina Isidoro Xolot
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos que obren en autos, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente.
- Principal
Petición. La autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de las que integran la Federal de Conciliación y Arbitraje. Rinde su informe justificado; y, Ofrece prueba. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Prueba. Se admite la prueba ofrecida. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Ahora bien, la demanda de amparo se depositó el dos de junio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, Junta Especial Treinta y Tres de las que integran la Federal de Conciliación y Arbitraje, manifestó y acreditó que en el juicio de origen ******************** el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se pronunció respecto a la reposición de autos; y, en fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, cerro instrucción y turnó los autos al auxiliar de la Junta responsable a efecto de que emitiera el proyecto de laudo correspondiente. Lo anterior, queda corroborado con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el dos de junio de dos mil veintitrés, queda claramente demostrado que no existe la omisión reclamada (omisión de emitir resolución interlocutoria en relación a la reposición de autos dentro del juicio laboral ********************) y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la negativa, en función de que la autoridad responsable el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se pronunció respecto a la reposición de autos. Ahora bien, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de dictar resolución en forma de laudo en el juicio laboral ********************, se advierte que para el momento en que se presentó la demanda (esto es, dos de junio de dos mil veintitrés), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la Junta debió pronunciarse respecto del laudo correspondiente. Ello, atento a que de las constancias anexas a la promoción de cuenta, se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral y turnó los autos a la proyectista adscrita para emitir resolución definitiva; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (dos de junio de dos mil veintitrés), no revela la existencia de una abierta dilación en la resolución del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado a la Junta responsable, lo anterior es así, ya que los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo establecen: Ley Federal del Trabajo "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De dichos numerales se desprenden los plazos y términos para que los tribunales laborales dicten laudo, siendo que a partir de que se cierre la instrucción: 1. Diez días para formular el proyecto. 2. Cinco días que se otorgan a los miembros de la Junta para ordenar el desahogo de diligencias. 3. Ocho días para su desahogo. 4. Diez días más, para citar a la discusión, votación y aprobación del proyecto, que será elevado a la categoría de laudo; esto último, deberá hacerse en una sola sesión. El cómputo de todo lo anterior, da un total de 33 días hábiles. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto es, después de concluidos los treinta y tres días hábiles, que tenía para dictar el laudo. Ahora bien, en el caso concreto y, según lo manifestado por la parte quejosa, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se declaró cerrado el periodo de instrucción; por lo que los 33 días hábiles establecidos para el dictado del laudo se cumplieron el quince de junio de dos mil veintitrés. Por lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se presentó la demanda - dos de junio de dos mil veintitrés - no habían transcurrido los 33 días hábiles ni mucho menos, más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos -dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior es así, habida cuenta que el término de cuarenta y cinco días inició el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, y a la fecha en que se presentó la demanda de amparo - dos de junio de dos mil veintitrés habían transcurrido veinticuatro días hábiles. En efecto, los días naturales se empiezan a contar a partir del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, que corresponde al día siguiente al en que concluyeron los treinta y tres días con los que contaba la Junta responsable para dictar el laudo respectivo, a partir del cierre de instrucción. Lo cual se puede contabilizar en el calendario siguiente: De lo anterior se visualiza que a la fecha de presentación de la demanda de amparo habían transcurrido veinticuatro días hábiles de los treinta y tres con los que cuenta la Junta responsable para el dictado del laudo, plazo en el cual no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). En consecuencia, al no haber trascurrido -a la fecha de presentación de la demanda de amparo- los treinta y tres días hábiles ni mucho menos más de cuarenta y cinco días naturales de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso. Conclusión. En ese orden, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con veinte minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Tercero interesado. No pasa inadvertido para este Juzgador que en proveído de seis de junio del año en curso, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, que el mismo no se llevará a cabo en virtud del sobreseimiento decretado en este acuerdo; no obstante, ello no es impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que el sentido de la misma no le causa perjuicio. Vacaciones autoridades. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios que de este proveído se expiden se encuentren gozando del período vacacional, se comisiona al actuario de la adscripción para que, precisamente en el día en que éstas reanuden sus labores, entreguen los oficios respectivos sin necesidad de ulterior acuerdo a la central de notificadores correspondiente, mientras tanto, los oficios relativos deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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9.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y/O INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,*** el acuerdo de 17 de julio de 2023 que dice:San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de las que integran la Federal de Conciliación y Arbitraje. a) Rinde su informe justificado; y, b) Ofrece prueba... Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Prueba.. Se admite la prueba ofrecida. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, .. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. ... Ahora bien, la demanda de amparo se depositó el dos de junio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, Junta Especial Treinta y Tres de las que integran la Federal de Conciliación y Arbitraje, manifestó y acreditó que en el juicio de origen 1551/2020 el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se pronunció respecto a la reposición de autos; y, en fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, cerro instrucción y turnó los autos al auxiliar de la Junta responsable a efecto de que emitiera el proyecto de laudo correspondiente. Lo anterior, queda corroborado con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el dos de junio de dos mil veintitrés, queda claramente demostrado que no existe la omisión reclamada (omisión de emitir resolución interlocutoria en relación a la reposición de autos dentro del juicio laboral 1551/2020) y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la negativa, en función de que la autoridad responsable el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se pronunció respecto a la reposición de autos. Ahora bien, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de dictar resolución en forma de laudo en el juicio laboral 1551/2020, se advierte que para el momento en que se presentó la demanda (esto es, dos de junio de dos mil veintitrés), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la Junta debió pronunciarse respecto del laudo correspondiente. Ello, atento a que de las constancias anexas a la promoción de cuenta, se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral y turnó los autos a la proyectista adscrita para emitir resolución definitiva; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (dos de junio de dos mil veintitrés), no revela la existencia de una abierta dilación en la resolución del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Ley Federal del Trabajo Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De dichos numerales se desprenden los plazos y términos para que los tribunales laborales dicten laudo, siendo que a partir de que se cierre la instrucción: 1. Diez días para formular el proyecto. 2. Cinco días que se otorgan a los miembros de la Junta para ordenar el desahogo de diligencias. 3. Ocho días para su desahogo. 4. Diez días más, para citar a la discusión, votación y aprobación del proyecto, que será elevado a la categoría de laudo; esto último, deberá hacerse en una sola sesión. El cómputo de todo lo anterior, da un total de 33 días hábiles. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto es, después de concluidos los treinta y tres días hábiles, que tenía para dictar el laudo. Ahora bien, en el caso concreto y, según lo manifestado por la parte quejosa, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se declaró cerrado el periodo de instrucción; por lo que los 33 días hábiles establecidos para el dictado del laudo se cumplieron el quince de junio de dos mil veintitrés. Por lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se presentó la demanda - dos de junio de dos mil veintitrés - no habían transcurrido los 33 días hábiles ni mucho menos, más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior es así, habida cuenta que el término de cuarenta y cinco días inició el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, y a la fecha en que se presentó la demanda de amparo - dos de junio de dos mil veintitrés habían transcurrido veinticuatro días hábiles. En efecto, los días naturales se empiezan a contar a partir del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, que corresponde al día siguiente al en que concluyeron los treinta y tres días con los que contaba la Junta responsable para dictar el laudo respectivo, a partir del cierre de instrucción.. De lo anterior se visualiza que a la fecha de presentación de la demanda de amparo habían transcurrido veinticuatro días hábiles de los treinta y tres con los que cuenta la Junta responsable para el dictado del laudo, plazo en el cual no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). En consecuencia, al no haber trascurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo los treinta y tres días hábiles ni mucho menos más de cuarenta y cinco días naturales de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso. .. Conclusión. En ese orden, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. ... Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con veinte minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Tercero interesado. No pasa inadvertido para este Juzgador que en proveído de seis de junio del año en curso, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, que el mismo no se llevará a cabo en virtud del sobreseimiento decretado en este acuerdo; no obstante, ello no es impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que el sentido de la misma no le causa perjuicio. .. Vacaciones autoridades. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios que de este proveído se expiden se encuentren gozando del período vacacional, se comisiona al actuario de la adscripción para que, precisamente en el día en que éstas reanuden sus labores, entreguen los oficios respectivos sin necesidad de ulterior acuerdo a la central de notificadores correspondiente, mientras tanto, los oficios relativos deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintitrés. Oficio El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Actuaria de su adscripción, remiten el expediente *****, y la ejecutoria dictada el veintiuno de junio el año en curso, en el recurso de inconformidad ****, de su índice, cuyo punto resolutivo es el siguiente: Acuse de recibo. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. Cuaderno de antecedentes. Glósese lo actuado en el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de inconformidad. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: En virtud de que en este asunto se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese.
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