Cristian Sabino Insfran
Expediente 53/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/04/2023
Partes del expediente
- Cristian Sabino Insfran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: En virtud de que en este asunto se negó el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional llevará a cabo su depuración y se transferirá al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. En ese orden, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con la Secretaria Gabriela Toxtle Limón, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por la propia Secretaria vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla. El Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dicta la siguiente: SENTENCIA Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 53/2023, promovido por Cristian Sabino Insfran contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. ANTECEDENTES Demanda. Por escrito recibido el nueve de enero de dos mil veintitrés en este Juzgado de Distrito, Cristian Sabino Insfran demandó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Precisión del acto reclamado, consiste en la resolución dictada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de reclamación interpuesto dentro del juicio de alimentos 515/2021, a través de la cual la Juez confirmó el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el que desechó el incidente de suspensión de pensión alimenticia por extemporáneo. Trámite. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, originándose la formación del juicio número 53/2023, la cual se tramitó según aparece de autos. Audiencia constitucional. Previos los trámites de ley, el dos de marzo de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES A.- COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como en el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a la jurisdicción de este juzgado. B.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Con las copias certificadas del juicio de alimentos 515/2021 que remitió la Juez responsable como justificación de su informe, quedó acreditada la existencia del acto reclamado; constancias cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 217, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. C. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la cuestión de fondo planteada, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer, en su caso, las autoridades responsables o los terceros interesados, así como las que advierta de oficio este órgano de control constitucional; ello en virtud de ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro establece: "IMPROCEDENCIA." Al no existir alguna causa de improcedencia hecha valer por las partes o que el suscrito Juzgador advierta de oficio, se procede al análisis de fondo de la litis planteada. D. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN La parte quejosa expresó como conceptos de violación los contenidos en su escrito inicial, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, para una mejor comprensión del asunto es conveniente realizar una síntesis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, quien, esencialmente, manifiesta lo siguiente. Que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, por lo siguiente: a) Refiere que le causa agravio el desechamiento del incidente de suspensión de pensión alimenticia provisional al considerarlo extemporáneo, toda vez que deja en estado de indefensión ante un hecho de imposible cumplimiento, ya que perdió su fuente de ingreso que le permitía cubrir los pagos de alimentos. b) Señala que la resolución afecta el interés superior del menor, al confirmar la obligación ficticia de pagar los alimentos en favor del menor que resulta de imposible ejecución, evitando que conforme a la prelación legal se proceda a la solicitud de buscar otro deudor alimentario que pueda cumplir con la obligación de dar alimentos. c) Arguye que el razonamiento utilizado por la responsable es improcedente al querer aplicar el término de tres días contados a partir de que fue despedido para promover el incidente de suspensión de alimentos, toda vez que los alimentos son de tracto sucesivo, por lo que el deudor puede en cualquier momento promover dicho incidente. E.1. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los citados conceptos de violación son jurídicamente ineficaces para conceder la protección constitucional solicitada. E.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En este apartado se determina plantear el problema jurídico a dilucidar en el presente juicio de amparo, por lo que una vez que el suscrito se ha impuesto de la constancias que integran el presente expediente, se advierte que el problema jurídico a resolver es: Si efectivamente, la resolución que confirma el desechamiento del incidente de suspensión de pensión alimenticia provisional, es violatoria de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La respuesta es No, como se notará. Ahora bien, en oposición a lo que se argumenta en sus conceptos de violación, la resolución reclamada sí fue emitida en un procedimiento en el cual se dio cumplimiento a las formalidades esenciales que lo rigen y que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación. Formalidades que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos. Así es, habida cuenta que la parte quejosa es parte demandada en el juicio de alimentos 515/2021, misma que interpuso el recurso de reclamación en contra del auto que desechó el incidente de suspensión de pensión alimenticia, por lo que resulta evidente que desde el inicio la parte quejosa conoció el procedimiento y sus consecuencias. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento treinta y tres, Tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De igual forma, es incuestionable que la resolución reclamada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la Juez responsable hizo referencia a los motivos y causas particulares que consideró para confirmar el auto recurrido en reclamación, apoyando su determinación en lo dispuesto en los artículos 517 del Código Civil para el Estado de Puebla 413 y 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Máxime que esos preceptos sí son aplicables a la Litis, pues hacen referencia al recurso de reclamación y la tramitación de los incidentes. Aunado a lo anterior, por lo que hace a la motivación, la Juez responsable expuso los argumentos por los que consideró confirmar el auto recurrido, que son los siguientes: [.] III. Ahora, los conceptos de violación hechos valer por la recurrente, en contra de la parte conducente del auto de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, son fundados pero inoperantes por los motivos de índole legal siguiente: Conforme a una interpretación sistemática de los artículo 517 del Código Civil y 413 del Código de Procedimientos Civiles, el incidente de reducción de pensión alimenticia es un medio legal que tiene por objeto disminuir el monto que debe pagarse por ese concepto, pues a través de él puede anularse o revocarse la resolución que la decretó provisionalmente, así cuando el deudor, por circunstancias ajenas a su voluntad, se ve afectado o disminuido en su capacidad económica, el deudor alimentario está legitimado para acudir a la autoridad judicial competente para que se le realice un nuevo análisis de su situación económica. Por tanto, si el deudor no está conforme con el monto provisional debe impugnarlo a través del incidente de reducción de pensión alimenticia por ser el medio idóneo para lograr esa disminución, en el que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas para demostrar su capacidad económica y la necesidad de recibir pensión el acreedor alimentario; lo que en el particular acontece. Bien el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles prescribe: "Artículo 414.- Los incidentes cualquiera que sea su naturaleza se tramitarán: .III.- Dentro de tres días siguientes a que tenga conocimiento del hecho que los motiva;." Bajo ese contexto, tenemos que al no ser cuestionado interés superior del menor en el recurrido y sobre el cual se debe privilegiar la solución del conflicto por sobre los formalismos procesales, no debemos obviar indiscriminada o irreflexivamente en las formas que se previene el orden jurídico, sino por el contrario debemos entender la norma con sus directrices, principios y reglas. En este sentido, como se dijo, el medio legal para lograr el fin de reducción o suspensión de la pensión alimenticia decretada en contra del recurrente lo es el incidente propuesto, su presentación debe ceñirse conforme a la norma legal que debe aplicarse al caso concreto, en ese sentido, el término que tenía el recurrente para la interposición del recurso lo es de tres días como lo establece el numeral 414 en su fracción III, antes citado y al no haberlo hecho dentro de este término, lo procedente es como se hizo desecharlo por extemporáneo. Esto porque si bien como lo menciona el recurrente los alimentos son de tracto sucesivo y que en cualquier momento puede cambiar la situación económica del acreedor alimentario y por ende presentar su correspondiente incidente de suspensión provisional de alimentos en cualquier tiempo, de ahí lo fundado de su agravio. No obstante tiene como límite el hecho de que se debe promover el respectivo incidente, dentro de los tres días siguientes al que se tenga el conocimiento de la causa generadora que justifique la disminución o suspensión de la pensión provisional de alimentos fijada, de no hacerlo así, implicaría la violación a la norma, la cual como ya se dijo, no puede estar al arbitrio de las partes. Lo anterior aunado al hecho de que no existe causa que privilegiar, toda vez que su desechamiento no causa daño a los menores acreedores alimentarios. Así las cosas, si el recurrente con fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, tuvo conocimiento de la pensión provisional decretada en su contra, y con fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintidós lo despidieron, tal y como lo manifestó en el apartado segundo de sus hechos del incidente en cuestión, es incuestionable que los tres días que tenía para inconformarse feneció del día veintinueve de agosto del año en curso. Pero fue el catorce de septiembre del dos mil veintidós que presentó el incidente aludido, por lo que, al no haber presentado su incidente dentro del término que previene el artículo 414 en su fracción III del Código de Procedimientos Civiles, lo procedente es confirmar el auto combatido de fecha veinte de septiembre del año dos mil veintidós, concluyendo así que los conceptos de violación que nos ocupa resultan inoperantes. IV. En ese orden de ideas, lo procedente es confirmar el auto de veinte de septiembre del dos mil veintidós, por encontrarse ajustado a derecho. [.] De lo anterior se tiene que la Juez responsable señaló que el incidente propuesto es el medio legal para lograr la reducción o suspensión de la pensión alimenticia y que su presentación debe ceñirse a la norma legal, por lo que el término legal que tenía el recurrente para la interposición del recurso era de tres días y el no hacerlo así lo procedente era desecharlo por extemporáneo. De la misma manera señaló que era fundado el argumento de que los alimentos son de tracto sucesivo y en cualquier momento puede cambiar la situación económica del acreedor, por lo que puede presentar su incidente en cualquier tiempo; sin embargo, tiene como límite el término de tres días al que tenga conocimiento de la causa generadores que justifique su reducción, ya que de no hacerlo así implicaría la violación a la norma, lo que no está al prudente arbitrio de las partes. Así, determinó que el recurrente tuvo conocimiento de la pensión provisional decretada en su contra el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y que con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós lo despidieron y que el término de tres días que tenía para inconformarse feneció el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Que fue el catorce de septiembre de dos mil veintidós que presentó el incidente de suspensión de la pensión alimenticia, por lo que al no haberlo presentado dentro del término que establece el artículo 414, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, lo procedente era confirmar el auto combatido de veinte de septiembre de dos mil veintidós, concluyendo así que los conceptos de violación eran inoperantes. Por tanto, contrario a lo que se duele la quejosa, de la revisión exhaustiva de las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, se advierte que sí fundó y motivó la resolución reclamada; de ahí que no trasgreda en perjuicio de la parte quejosa garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en el artículo 16 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 204, visible en la página ciento setenta y seis, Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" También, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y dos, materia común, tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cinco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la Litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." De igual forma, es inconcuso que sí se cumplió con los principios de tutela judicial y de acceso a la justicia, que contempla el segundo párrafo del artículo 17, de nuestra Carta Magna y que se traducen en: 1) Que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 2) Resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 3) Servicio gratuito, y 4) Prohibidas las costas judiciales. Lo anterior, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Tal postulado descansa a su vez en los siguientes principios: 1. Justicia pronta: Conforme a la cual las autoridades se encuentran constreñidas a dirimir los conflictos sometidos bajo su potestad, dentro de los términos y plazos que para tal efecto prevean las leyes; 2. Justicia completa: La autoridad que conoce del asunto, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, resuelve si asiste razón al gobernado sobre los derechos en disputa, analizando todos y cada uno de los puntos debatidos; 3. Justicia imparcial: Descansa en brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado de que el fallo que se emita en la controversia de la cual forma parte, esté apegado a derecho y no exista inclinación hacia alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. Justicia gratuita: Radica en que los órganos del Estado y los funcionarios encargados de su impartición, no cobrarán a las partes en contienda contribución alguna. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia Constitucional, página 209, cuyo rubro y texto dice: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 5, de rubro y texto: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. En el mismo orden de ideas, en contra de lo que argumenta la parte quejosa, la resolución reclamada, mediante la cual confirmó el auto recurrido en reclamación, sí cumple con los principios de congruencia interna y externa que toda resolución debe contener. Es así, ya que en dicha resolución se analizaron todos los puntos en cuestión, tan es así, que la autoridad responsable determinó confirmar el auto recurrido al determinar que fue extemporáneo el incidente de suspensión de la pensión alimenticia, toda vez que a la fecha en que se presentó el incidente habían transcurrido el término de tres días que establece el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Además, no existe incongruencia o falta de exhaustividad, ya que la Juez responsable tomó en consideración las manifestaciones de las partes, planteó la litis y consideró confirmar el auto recurrido en reclamación. Por tanto, se advierte que la responsable atendió al contenido del propio artículo 17, de la Carta Magna, respetando aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, sin que del contenido de la resolución reclamada se advierta que exista incongruencia y parcialidad; en consecuencia, el concepto de violación que se analiza deviene infundado. De igual manera, los restantes conceptos violación resultan infundados, pues el hecho de que el quejoso haya sido despedido no es motivo para dejar de cumplir con su obligación de suministrar alimentos ni de no respetar los términos que establece la ley, pues hacerlo de esa manera se hace nugatorio el derecho de percibir alimentos de las niñas involucradas en contravención al interés superior de ellas y dejar al arbitrio de las partes la imposición de los medios legales que tienen a su alcance, además que el despido tampoco es motivo para buscar otros deudores alimentarios que cumplan con la carga de suministrarlos, dado que el deudor aquí quejoso no ha demostrado en el juicio de origen que se encuentre imposibilitado para trabajar. En ese sentido, este órgano jurisdiccional converge con lo dicho por la Juez responsable en cuanto a que fue extemporáneo el incidente planteado por la parte quejosa, debido a que no fue presentado en el término de tres días, tal como lo establece el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Por todo lo anterior, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** contra la resolución dictada por el Juez responsable en el juicio de origen. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo resolvió y firma Francisco René Olivo Loyo, juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Guillermo Uscanga Salgado, que autoriza y además certifica que esta sentencia se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, LA SENTENCIA DE 24 DE MARZO DE 2023, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** contra la resolución dictada por el Juez responsable en el juicio de origen. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo resolvió y firma Francisco René Olivo Loyo, juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Guillermo Uscanga Salgado, que autoriza y además certifica que esta sentencia se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende lo siguiente: 1.- Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: 2.- Inconforme con la sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del mismo modo, las autoridades responsables Secretario de Administración del Estado de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla y Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de quien los representa, interpusieron recurso de revisión mediante acuerdos de veintidós de septiembre, cuatro y ocho de octubre todos de dos mil veintiuno, respectivamente. 3.-Mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informó el contenido del acuerdo de cinco de noviembre del año en curso, dictado en el recurso de revisión número R.A.********************, del que se advierte que se admitió a trámite los referidos medios de impugnación. 4.- Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, envió el expediente ********************, con dos anexos consistentes en el juicio de amparo y el testimonio de la resolución dictada el veinticuatro de agosto del año en curso, en el recurso de revisión R.A.-******************** de su índice, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ".PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento, en términos del considerando décimo de esta resolución. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida, con las correcciones destacadas. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los restantes actos reclamados y de las autoridades responsables indicadas en los resultandos primero y segundo de esta resolución, para los efectos precisados en la sentencia recurrida, así como en la presente ejecutoria." Por lo que en cumplimiento a lo ordenado, se requirió a las autoridades responsables Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del proveído dictado, diera cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, cuyos efectos fueron los siguientes: 5.- Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós y siete de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informó las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos ordenados y que son: 6.- Del mismo modo mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo representa, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria en los siguientes términos: 7.- Con fecha dieciséis y dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, mismos que fueron desechados por el Tribunal de Alzada con fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós. 8.- Finalmente, después de diversos requerimientos, por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa informó que en cumplimiento a lo requerido por esta autoridad federal, ya acudió a las oficinas de la autoridad responsable a efectos de recibir el oficio de reincorporación ordenado, con lo que se tuvo por cumplimentado lo ordenado al Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y que es lo siguiente: Cumplimiento de la autoridad. En razón de lo descrito, se tiene que las autoridades responsables Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, han dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Declaración de sentencia no cumplida. Por cuanto hace a las autoridades responsables Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a pesar de los diversos requerimientos efectuados han sido omisos en cumplir con la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, toda vez que no remiten constancias que acrediten lo siguiente: Requerimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo, den cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Apercibimiento. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá remitir a este Juzgado Federal, dentro del mismo plazo, las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Apercibimiento en caso de cumplimiento extemporáneo. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo e injustificado a la ejecutoria de amparo, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, como lo prevé el artículo 195 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." Penas que pueden imponerse a las autoridades. Se le hace saber a la autoridad obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, que las penas que se le podrán imponer en caso de incumplimiento, serán las previstas en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Inejecución de sentencia. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192 segundo párrafo de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Responsabilidades que pueden atribuirse a las autoridades. Hágase saber a la autoridad constreñida a acatar la sentencia de amparo, que de incurrir en evasivas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se situaría en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y el diverso 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativos a las responsabilidades en que incurren las autoridades ante la desobediencia cometida al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y que aun cuando deje el cargo que actualmente ostenta, seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuviera al frente de él, de manera que podrá ser consignada, aunque deje de ser titular obligado
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