Cristina González Trejo
Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- Cristina González Trejo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Petición. Las autoridades responsables Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, y Actuario adscrito a dicho Tribunal: a.- Rinden su informe justificado; y, b.- Ofrecen pruebas. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. ********************, por conducto de su apoderado ******************** ********************. B.- Tercero interesado. ********************. C.- Autoridades responsables. 1. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. 2. Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. D.- Actos reclamados. a.- La omisión de dictar el acuerdo por el que se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ley. b.- La omisión de notificar a las partes el acuerdo señalado en el párrafo anterior. c.- La omisión de emplazar a la parte demandada. Todo, dentro del expediente laboral ********************. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En el caso, la parte quejosa ********************, por conducto de su apoderado ******************** ********************, refiere reclamar: a.- La omisión de dictar el acuerdo por el que se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ley. b.- La omisión de notificar a las partes el acuerdo señalado en el párrafo anterior. c.- La omisión de emplazar a la parte demandada. Todo, dentro del expediente laboral ********************. En virtud, de que presentó escrito inicial ante la responsable el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, sin que a la fecha de la presentación de la demanda que se provee, haya emitido acuerdo alguno, en el que radicara la demanda y señalara día y hora para la audiencia de ley. Al respecto, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio laboral ********************, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se advierte que: -********************, presentó escrito inicial de demanda ante la responsable el veinte de enero de dos mil veintitrés. -Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés, la responsable emitió acuerdo en el que se previno a la aquí quejosa para que subsanara las irregularidades de la misma, ya que versan sobre un presu´puesto procesal que vicia el debido proceso. -Proveído que le fue notificado el diecinueve de junio pasado. Por tanto, los actos reclamados cesaron en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de las autoridades responsables han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse acreditado que en acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la demanda presentada por la quejosa, previniéndole para que exhiba el nombramiento con el cual acredite que es servidora pública trabajadora del Estado, así como las funciones y actividades de manera pormenorizada desempeñadas al servicio de la parte demandada; y una vez que el mismo sea exhibido, continuaría con la secuela procesal. Conclusión. En ese orden, sobreviene y se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tercero interesado. No pasa inadvertido para este Juzgador que en proveído de veintinueve de mayo del año en curso, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, que el mismo no se llevará a cabo en virtud del sobreseimiento decretado en este acuerdo; no obstante, ello no es impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que el sentido de la misma no le causa perjuicio. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis aislada siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables.
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San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo concedido a las autoridades responsables en acuerdo de veintinueve de mayo del año en curso, esto es para rendir su informe justificado, transcurre del dos al veintidós de junio de la presente anualidad, toda vez que fueron notificadas de dicho auto el uno del mismo mes y año, como se acredita con las siguientes imágenes: Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se les mandó dar mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés, respecto de las constancias exhibidas por la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. Sentencia. Con fecha el trece de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: ""1. Deje sin efectos el acuerdo dictado el trece de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio oral de divorcio incausado identificado como la carpeta digital ********************. 2. Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que dé contestación a todos y cada uno de los argumentos expresados por el quejoso en su escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 3. Asimismo, con plenitud de jurisdicción emita un nuevo auto en la que de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud de devolución realizada por la parte quejosa." Ejecutoria. La sentencia se declaró ejecutoriada el veintiséis de abril de dos mil veintitrés y, en esa misma fecha, se requirió a la autoridad responsable cumpliera con la ejecutoria. Cumplimiento de la autoridad. En cumplimiento a lo anterior, mediante el oficio 6698 recibido en este Juzgado de Distrito el nueve de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y para ello transcribió el auto emitido el tres de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, de las que se advierte que la responsable realizó lo siguiente: Dejó sin efectos el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ********************. El tres de mayo de dos mil veintitrés, emitió un nuevo acuerdo donde atendió el escrito de ********************, abogado patrono del aquí quejoso asimismo, se desprende que dio atención a la solicitud de devolución por pensión alimenticia. Vista Con lo anterior se mandó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, término que transcurrió conforme a la certificación secretarial de cuenta. Desahogo Las partes no desahogan la vista. Valoración Este juzgado federal encuentra que la autoridad responsable satisfizo los efectos del fallo protector, en virtud de que dejó insubsistente el auto de trece de diciembre de dos mil veintitrés en el expediente ******************** ********************, además emitió un nuevo acuerdo en donde atendió el escrito de ********************, abogado patrono del aquí quejoso y en ese mismo acuerdo atendió la solicitud de devolución por pensión alimenticia. Sin que sea el caso realizar un análisis un estudio respecto a las constancias que acompañó la autoridad responsable a su oficio 7133 recibido en este juzgado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dado que su contenido no está considerado en los efectos de la sentencia de amparo. Declaración de cumplimiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la autoridad responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Inconformidad. Ahora bien, por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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