Cristina Cañada Torres
Expediente 790/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cristina Cañada Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de diecinueve de agosto de dos mil quince, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a)Mediante sentencia veinticuatro de abril de dos mil quince, se concedió la protección constitucional a Cristina Cañada Torres, para el efecto de que el Juez Menor Mixto de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, cumpliera con lo siguiente: "deje insubsistente los actos de afectación sobre el inmueble propiedad de la impetrante, derivados de la tramitación del juicio de donde derivan los actos reclamados, restituyéndola así en el pleno goce del derecho fundamental violado, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo." b)En proveído de quince de mayo de dos mil quince, se declaró la firmeza del fallo protector y se solicitó a la responsable cumpliera con él. c)En cumplimiento a la ejecutoria de mérito la Juez responsable, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio número 744, al que adjuntó copia de diversa comunicación dirigida al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de ese municipio, solicitándole realizara la cancelación del gravamen trabado en el bien inmueble propiedad de la parte quejosa, sin que de las constancias remitidas se desprendiera la declaratoria por parte de la responsable de dejar insubsistente los actos de afectación que pesaban sobre dicho inmueble, motivo por el que se le requirió para que remitiera en copia certificada el acuerdo donde haya proveído al respecto. d)En cumplimiento a lo anterior, en proveído de dieciséis de junio de dos mil quince, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil quince dictado en el juicio ejecutivo mercantil M-653/2012, del que se advierte que dejó insubsistente los actos de afectación que obraban en el inmueble en comento, con lo que pretendió acreditar los trámites dados al fallo protector. e)Posteriormente, derivado de diverso requerimiento, la Juez responsable informó a este órgano jurisdiccional de la resolución emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en la que determinó suspender la solicitud de cancelación de gravamen, dado que no se acompañó el pago de derechos correspondiente para culminar dicho trámite; en tal virtud, este Juzgado ordenó girar atento oficio al Registro Público para que, aunado a que no haya sido llamada a juicio como autoridad responsable, cumpliera con la sentencia dictada en el presente asunto, esto es, realizara la cancelación de la solicitud número 52284, dentro del folio real R-35*5250, respecto del bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en la calle Emiliano Zapata, número 107, zona Centro de esa ciudad. f)De tal forma, por oficio presentado el diecinueve de agosto de dos mil quince, el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, informó que realizó la cancelación del embargo en cita, lo que acreditó con las constancias que anexó a su oficio de cuenta. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable y por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que se efectuó lo siguiente: 1. El veintiséis de mayo de dos mil quince, se dictó en el juicio ejecutivo mercantil M-653/2012, el auto que dejó insubsistente los actos de afectación que habían recaído en el inmueble propiedad de la quejosa; y, 2. Se realizó la cancelación del gravamen que pesaba sobre dicho inmueble. En esas condiciones, el suscrito estima que a través del acto emitido por la responsable y citado en párrafos que anteceden, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional y no se tramitó incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio de cuenta que suscribe el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de julio de dos mil quince, informa que realizó la cancelación de la solicitud número 52284, dentro del folio real R-35*5250, respecto del bien inmueble ubicado en la calle ************, lo que acredita con la constancia que al efecto acompaña. En tal virtud, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Agréguese en autos el oficio suscrito por la Juez Menor Mixto de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, mediante el cual remite diversas constancias con las que acredita los trámites que se encuentra dando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de las cuales se encuentra la boleta de resolución expedida por Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad, de la que se advierte que dicha dependencia suspendió la solicitud de cancelación de gravamen, dado que no se acompañó el pago de derechos correspondiente para dar trámite a la misma. En ese sentido, no obstante que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, no haya sido llamado a juicio como responsable, de conformidad a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que dispone que cualquier autoridad que por sus funciones tenga que intervenir en la ejecución de la sentencia de amparo, se encuentra obligada a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento; en consecuencia, requiérase al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, cumpla con la ejecutoria pronunciada en el presente asunto, inmueble que cuenta con una superficie de 228.48 metros cuadrados; debiendo remitir al efecto, copia certificada que acredite tal cancelación. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término que para ello se le concede, le será impuesta una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al numeral 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley de la materia.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha no obra constancia que acredite que la Juez Menor Mixto de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, haya cumplido cabalmente con la ejecutoria de amparo, sin que obste que en proveído de dieciséis de los actuales, se haya tenido a la responsable informando los trámites realizados a fin de acatar el fallo protector. En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable en cita, para que a la brevedad posible remita copia certificada de las constancias con las que acredite el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el entendido de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de quince de mayo del presente año, esto es que de no cumplir con lo anterior dentro del término que para ello se le concede, le será impuesta una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al numeral 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación.
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