Cristián Noé Silva Paredes
Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cristián Noé Silva Paredes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se desechó. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ***************; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele dando cumpliendo al requerimiento que se le hizo en proveído de treinta de marzo de los actuales. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que allega, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que el quejoso reclama de las autoridades responsables, es: La orden de citación para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación, dictada dentro de la causa penal 136/2022, por el delito de fraude agravado cometido en perjuicio de ********************, notificada el veintidós de marzo de dos mil veintidós, a efecto de presentarse al día siguiente en el Juzgado Penal en el Estado de Chihuahua. La orden de aprehensión en caso de no presentarse a la citación de la audiencia de formulación de imputación, dictada dentro de la causa penal 136/2022 emitido por la Jueza Penal de esta ciudad, en oficio de catorce de marzo del año en curso. Así, bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie respecto al acto citado en el inciso a) se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción IV- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" (.) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." (.) De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. De ahí que, para efectos del juicio de amparo, en materia penal, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control, tal y como lo establece el artículo 170, fracción primera, último párrafo de la Ley de Amparo. Definición que resulta importante, porque de ella derivan diversas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, según se trata de actos provenientes de autoridad judicial, dentro o fuera de juicio o después de concluido. Así, en cuanto al acto reclamado que nos ocupa; esto es, el acto de citación, este tiene como finalidad presentar ante el Juez al imputado, a fin de que el Ministerio Público formule su imputación, se decida la vinculación a proceso y, en su caso, se impongan medidas cautelares. Es decir, en cuanto al citatorio o al acto de citación, el juicio de amparo debe estimarse improcedente, porque no se trata de un acto que pueda afectar de manera indirecta y relevante derechos fundamentales, ya que simplemente se trata de la notificación que, a petición del Ministerio Público, el Juez de Control realiza al imputado para que comparezca en determinada hora y fecha a la audiencia inicial, a fin de que se formule la imputación ministerial, por lo que se trata de un acto de autoridad que pudiera llegar a ser, acaso, mínimamente lesivo pero no de algún derecho fundamental, porque no restringe la libertad de modo alguno. Por lo que; debemos mencionar que, la citación a la audiencia de formulación de imputación es regulada por el artículo 141 de Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual menciona en sus fracciones I y II que, la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de un audiencia en la que se formalizará la investigación, que se sigue en su contra y se formulara la imputación respectiva, audiencia en la que podrá ser o no vinculado a proceso, y en su caso, sometido a una medida cautelar. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, la audiencia de formulación de imputación, solo se trate de "una forma de conducción la proceso"; esto es, que nuestra Carta Magna en su artículo 21, confiere al Ministerio Público la función e investigación de los delitos, el cual, en muchas ocasiones, dará inicio a un carpeta de investigación en la que ninguna persona fue detenida, por lo que en este caso, si tras practicar diligencias de investigación reúne datos que permitan establecer que se ha cometido un delito que la ley señale como tal, y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, puede considerar oportuna la intervención judicial con el propósito de que éste sea conducido a proceso. Para tal efecto el Ministerio Público solicitará al Juez de Control la citación del imputado o la emisión de una orden de comparecencia, o una orden de aprehensión en su contra, ya que únicamente se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, pues tal citación tiene por objeto que se celebra la audiencia referida, en la cual el Ministerio Público formulara imputación, el imputado tendrá la oportunidad de declarar, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y se definirá el plazo para el cierra de la investigación, por lo que el imputado sigue gozando de su libertad, ya sea porque, según la ley, el delito no tiene pena privativa de libertad o esta es alternativa, o que, aun teniéndola dicha autoridad estima que no existe la necesidad de cautela, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, de ahí el motivo de su improceder. Ahora bien, respecto al acto reclamado en el inciso b), el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1 de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de " actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, como previamente se estableció el quejoso señaló como acto reclamado: La orden de aprehensión en caso de no presentarse a la citación de la audiencia inicial para formular imputación, dictada dentro de la causa penal 136/2022 emitido por el Juez Penal de esta ciudad, en oficio de catorce de marzo del año en curso. Asimismo, de su demanda de amparo y del presente escrito de cuenta, se advierte que el quejoso reclama la inminente orden de aprehensión derivada de la orden de citación de la audiencia de formulación de imputación, actos que se consideran futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, pues como lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, promovió el presente juicio de amparo, por la orden de citación a la audiencia referida; y derivado de ello, la orden de aprehensión en caso de no presentarse a la misma, notificación que le hizo la Juez Penal de esta ciudad el veintidós de marzo de dos mil veintidós; razón por la que consideró adecuado señalar como actos reclamados la inminente orden de aprehensión, de ahí que se considere a dicho acto como futuro de realización eventual, pues al momento de la presentación de la demanda no existía tal acto. Lo anterior es así en virtud de que, la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales mencionado líneas arriba, señala que de no comparecer injustificadamente a la audiencia de formulación de imputación, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que dicho acto no incide en la libertad personal del citado. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la Jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro contiene la siguiente afirmación: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE." Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que la responsable no ha ordenado la realización de los actos reclamados o que está a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que el propio quejoso en su escrito de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad que: "existe una posible o probable orden de aprehensión", manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción IV- y fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de citación para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación dictada dentro de la causa penal 136/2022, por el delito de fraude agravado cometido en perjuicio de ****************, a efecto de presentarse en el Juzgado Penal en el Estado de Chihuahua; así como derivado de ello, la orden de aprehensión en caso de no presentarse a la citación de la audiencia de formulación de imputación, dictada dentro de la causa penal 136/2022 emitido por la Jueza Penal de esta ciudad, en oficio de catorce de marzo del año en curso.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hayan hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad: Dejara insubsistente el acuerdo reclamado de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, única y exclusivamente en el fragmento donde: a. Hizo efectivo en contra de la quejosa el apercibimiento decretado en proveído de uno de junio de dos mil veintiuno, y como consecuencia de ello le impuso una multa por la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 M. N.), en virtud de no haber comparecido el ocho del mes y año señalados ante el doctor Mauricio Ibarra Durán para llevar a cabo el dictamen pericial encomendado en autos; b. La apercibió nuevamente a fin de que, en caso de no comparecer nuevamente en la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia ordenada (a las doce horas del ocho de julio de dos mil veintiuno), se haría uso del auxilio de la fuerza pública, de conformidad con lo establecido en la fracción II, del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. b) Por providencia de veintitrés de marzo del año en curso, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Juez Tercero Civil de Partido de esta localidad, cumpliera con él. c) Mediante oficio registrado con el número 3691 el Juez Tercero Civil de Partido de esta urbe, allegó copia certificada del proveído y del oficio, emitidos el veinticuatro de marzo pasado. d) Con motivo de lo anterior, el veintiocho de marzo hogaño, se dio vista a las partes y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la responsable: * Dejó insubsistente el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, única y exclusivamente en el fragmento donde: a. Se hizo efectivo en contra de la quejosa el apercibimiento decretado en auto de uno de junio de la anualidad pasada, y como consecuencia de ello le impuso una multa por la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 M. N.), en virtud de no haber comparecido el ocho del mes y año señalados ante el doctor Mauricio Ibarra Durán para llevar a cabo el dictamen pericial encomendado en autos. b. Se le apercibió nuevamente a fin de que, en caso de no comparecer nuevamente en la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia ordenada (a las doce horas del ocho de julio de dos mil veintiuno), se haría uso del auxilio de la fuerza pública, de conformidad con lo establecido en la fracción II, del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. * Se emitió oficio dirigido a la Oficina de Servicios al Contribuyente de la ciudad de Apaseo El Alto, Guanajuato, para el efecto de que cancele la multa ordenada en comunicación 1745 de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; impuesta a la aquí quejosa, por la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 M. N.). En esas condiciones, el suscrito estima que el Juez Tercero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Por otro lado, toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Asimismo, ya que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitieron las autoridades responsables como sustento de su informe justificado, devuélvaseles y solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercer Región del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 374/2022-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108 -fracción V- de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que el solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos antecedentes del acto reclamado, también lo es que, dichas manifestaciones no satisfacen la exigencia establecida en la Ley de Amparo, habida cuenta que no precisó de manera sucinta y cronológica todos los hechos y acontecimientos acaecidos al acto reclamado, además de omitir el expresar: De una manera clara y concreta el acto que reclama; ya que por un lado, señala la orden de aprehensión; y por otro, la orden de citación a la audiencia inicial, por lo tanto existe inconsistencia en el acto reclamado; por ello, deberá precisar cuál es el acto que reclama. Así mismo, manifieste bajo protesta de decir verdad, si sabe y le consta que existe un proceso penal seguido en su contra, y si tiene conocimiento de que existe una fecha de citación a la audiencia inicial que refiere. Datos y antecedentes que resultan indispensables para proveer el presente juicio; por lo que, es necesario que el quejoso subsane tal omisión manifestándolo así bajo protesta de decir verdad. Conclusivamente, ante la irregularidad advertida lo procedente, conforme a los artículos 108, fracción V y 114 fracción II, ambos de la ley de la materia, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, de manera sucinta y cronológica, todos los hechos y acontecimientos acaecidos al acto reclamado ya que existe inconsistencia en el mismo; así como, lo solicitado en el inciso 1) y 2) de la presente determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; así mismo, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda en virtud de obrar sus cédulas profesionales mencionadas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado al resto de los mencionados por así solicitarlo el quejoso. Así mismo, téngasele en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, proponiendo como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico que indica, para en caso de ser necesario entablar contacto inmediato en relación al presente asunto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c-, de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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- Cristian Mata González182/2016
- Cristian Olalde González194/2019
- Cristian Olalde González363/2021
- Cristian Ramón Pérez Luna y Otros.265/2020
- Cristián Reynaldo Lazarini Orozco y Otros.78/2018
- Cristina Cañada Torres790/2014
- Cristina Columba Valdez Hoyuela666/2019