Cristina Luna Coria

Expediente 47/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
47/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
21/03/2017

Partes del expediente

  • Cristina Luna Coria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el que envía testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 26/2017 de su índice, que en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese recibo a la superioridad. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa **********, en contra del proveído de veinticuatro de enero del año en curso, dictado en el presente juicio.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa *******; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene por interponiendo recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de enero del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y de la resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, acuerdo en el que determinó desechar la demanda promovida.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 47/2017-IV. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario observar lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso concreto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista, así como que se agregue copia certificada de la demanda que dio origen al juicio de amparo 347/2016-V de la estadística de este órgano jurisdiccional, así como de la sentencia emitida en ese juicio constitucional, publicada en la intranet del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, habida cuenta que se justifica la invocación de este dato en virtud que las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun y cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Ahora, de la lectura de las constancias arriba descritas se obtienen los siguientes datos: - **********, por su propio derecho, promovió el juicio de amparo indirecto 347/2016-V de la estadística de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ostentándose como tercera extraña en sentido estricto al juicio M-24/2015 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, reclamando el embargo del inmueble ubicado en calle ********** número ********** del Poblado de **********, municipio de esta ciudad, que arguyó es de su propiedad y como consecuencia el posible desposeimiento del referido bien raíz. De las constancias que como justificación a su informe remitió a dicho juicio el juez antes mencionado se advirtió que: a. **********, por conducto de su endosatario en procuración **********, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de **********, la cual quedo radicada bajo el número M24/2015. b. En providencia de diez de abril de dos mil quince, entre otras cosas, se despachó auto con efectos de mandamiento en forma a fin de requerir de pago al demandado **********, el domicilio ubicado en calle ********** número ********** del Poblado de **********, municipio de esta ciudad, y para el caso de que no lo hiciera se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de lo reclamado y, finalmente, se le emplazara a dicho controvertido. d. En diligencia de doce de mayo de dos mil quince, el actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, procedió llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado; diligencia que fue atendida con la quejosa **********, quien refirió ser esposa del demandado en el referido juicio y, al requerirle de pago a ésta manifestó que no tenía dinero para hacer el pago y que no señalaba bienes para embargo, por lo que en uso de la voz la parte actora señaló para embargo el inmueble ubicado en ********** número ********** del Poblado de **********, municipio de esta ciudad, así como el diverso ubicado en el ********** **********, calle ********** de **********, municipio de esta ciudad. - Mediante sentencia de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se resolvió sobreseer el juicio de amparo por estimarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente al haberse presentado la demanda de manera extemporánea. - Contra la determinación anterior la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, quien la radicó bajo el número 182/2016 y el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por su parte, de la presente demanda de amparo se advierte que: - **********, acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña en sentido estricto al juicio M-24/2015 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, reclamando la orden de desposesión del bien inmueble del que aduce ser propietaria, ubicado en ********** número ********** del Poblado de **********, municipio de esta ciudad y acompaña para acreditar su dicho copia certificada de la escritura pública nueve mil trescientos veinticinco, que contiene el contrato de donación celebrado entre **********, como donante y la ahora quejosa como donataria, en la que se advierte que se donó en favor de la quejosa el predio que alude es de su propiedad; y aduce dicha promovente que no obstante ello se le pretende privar del citado bien, sin que se le haya oído y vencido en defensa de sus intereses. Empero, de las referidas constancias del juicio de amparo 347/2016-V, se colige que la quejosa **********, tuvo conocimiento del procedimiento del que emana el acto reclamado y por ende de la afectación al predio que aquí defiende, al menos desde el día doce de mayo de dos mil quince, cuando se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado dentro del juicio M-24/2015, en el domicilio que alude es de su propiedad, puesto que según se desprende del juicio de amparo 347/216-V antes referido, con ella se entendió tal actuación. De manera que desde el doce de mayo de dos mil quince, ********** estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo, pues desde esa fecha se llevó a cabo la diligencia en la que se materializó el acto de afectación al inmueble que aduce es de su propiedad, con lo cual queda desvirtuada la afirmación en lo concerniente a que tuvo conocimiento en la fecha que señalo en la demanda. Afirmándose con ello que dicho conocimiento fue directo, exacto y completo, y no con base en deducciones o presunciones. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, para impugnar la orden de desposesión del bien inmueble que defiende transcurrió del trece de mayo al dos de junio de dos mil quince, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que tuvo pleno conocimiento del acto que reclama; y, II. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle su derecho fundamental; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecte su interés, como en la especie, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. Entonces, como el acto reclamado no constituye un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no se reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la promovente presentó la demanda que se estudia hasta veinte de enero de dos mil diecisiete, como se advierte de la papeleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesto e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos limitados del artículo 24 de la Ley de Amparo a ******** por así solicitarlo la parte quejosa. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

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