Cristian Emmanuel Maya Quintana y Otros.
Expediente 569/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cristian Emmanuel Maya Quintana y Otros.
- Cristian Emmanuel Maya Quintana
- Director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Hidalgo, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio el once de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó en el juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 569/2020. RESULTANDOS: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El nueve de septiembre de dos mil veinte, a través del juicio en línea Cristian Emmanuel Maya Quintana y Brayan Reyes Delgado, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 22 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, decretó la suspensión de plano a favor de los quejosos para el efecto de que cese cualquier acto de incomunicación, tortura, probable desaparición forzada, y cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Asimismo, se giró despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Hidalgo, Michoacán, para que en auxilio de este juzgado, entre otras encomiendas, requiriera a los quejosos para que ratificaran la demanda de amparo presentada en su nombre, lo cual hicieron el diez de septiembre pasado, ante el actuario de dicho juzgado. Luego, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 569/2020. Seguido el juicio por sus trámites legales, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclama del Director de la Secretaría de Seguridad Pública y del Agente del Ministerio Público Investigador, ambos de Ciudad Hidalgo, Michoacán, lo siguiente: Todos los descritos y prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, incluyendo la privación ilegal de la libertad del quejoso fuera de todo procedimiento, la incomunicación, la tortura de que está siendo objeto y la presunta o probable desaparición forzada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador, ambos de Ciudad Hidalgo, Michoacán, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyen. Por su parte, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública también negó los actos que se le atribuyen; sin embargo, únicamente se desvirtúa tal negativa por lo que hace a la privación ilegal de la libertad como se verá más adelante; no así, por los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. En ese sentido, los quejosos no aportaron prueba para desvirtuar su negativa, por lo que no queda más que acogerse a ésta última, y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el artículo 63. Fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Director de la Secretaría de Seguridad Pública, de Ciudad Hidalgo, Michoacán al rendir su informe justificado negó los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones que la autoridad responsable formula, en el sentido que a petición del oficio girado el nueve de septiembre de dos mil veinte, por el Policía Investigador con el cargo de segundo comandante, solicitó su apoyo para que mantuviera bajo su resguardo y custodia en el área de barandilla a los quejosos, debido a la investigación de los hechos que la ley señala como delito de narcomenudeo. Lo que se corrobora con la constancia que adjuntó a su informe de ley consistente en ese oficio; se destaca que dicha constancia fue remitida al correo electrónico institucional, de modo que, en términos de lo que establece el artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que prevé el uso de medio electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, es que dichas documentales adquieren pleno valor. Además, el valor de las documentales aludidas queda robustecido con las manifestaciones que la autoridad responsable realizó en su informe justificado. De tal suerte que la existencia de los actos reclamados se tienen por acreditada. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para sostener lo anterior, en principio, debe decirse que para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte lo siguiente: Los quejosos promovieron demanda de amparo por los actos reclamados consistentes en "todos los descritos y prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, incluyendo la privación ilegal de la libertad del quejoso fuera de todo procedimiento, la incomunicación, la tortura de que está siendo objeto y la presunta o probable desaparición forzada". Este juzgado mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, decretó la suspensión de plano a favor de los quejosos para los siguientes efectos: Cese cualquier acto de incomunicación, tortura, probable desaparición forzada, y cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; y, En cuanto a la privación ilegal de la libertad personal, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolos en libertad; o a disposición del Ministerio Público correspondiente. Posteriormente, la autoridad responsable Director de la Secretaría de Seguridad Pública, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, al rendir su informe respecto a la suspensión de plano decretada, informó a este juzgado mediante oficio 260/2020 que el diez de septiembre de dos mil veinte, los quejosos se retiraron del área de resguardo para personas infractoras (barandilla), como se observa de la copia simple que adjuntó del libro de registro de entrada y salida de tal área, en la que los quejosos dejaron registro con su firma autógrafa. Manifestaciones que reiteró en su informe justificado de las que se obtiene que sí estuvieron detenidos en el área ya mencionada, pero que con motivo de la suspensión decretada por este órgano los dejó en libertad. En ese contexto, este órgano de control constitucional advierte que a la fecha en que se resuelve este juicio de amparo, el acto reclamado, ha cesado sus efectos, dado que, como se advierte de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, dejó de causarle agravio los actos reclamados de los que se dolían los quejosos; esto, en razón de que fueron puestos en libertad al día siguiente en el que ingresaron al área para personas en resguardo "barandilla", circunstancia de la que obra registro. Como sustento a lo anterior tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí impugnados, en virtud de que ya no continúan surtiendo sus efectos, ni los surtirá; y, además, porque no se dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión, toda vez que recuperaron su libertad. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en términos del numeral 63 fracción V, de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con los actos reclamados a la autoridad responsable. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro que se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, en relación con el pedimento formulado por el Ministerio Público, el mismo se encuentra debidamente atendido con lo plasmado en el presente fallo; ello desde luego, con entera independencia de que resulte innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." En las relatadas condiciones, al no haber demostrado el solicitante de la tutela constitucional el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, lo que hace procedente sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce); se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Cristian Emmanuel Maya Quintana y Brayan Reyes Delgado, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Erika Ivonne Carballal López, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Agente del Ministerio de Atención Temprana e Investigación II en Ciudad Hidalgo, Michoacán; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Razón actuarial. Vista la razón actuarial suscrita por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente a los quejosos ********************, el auto de trece de noviembre de dos mil veinte; por las razones ahí expuestas. Notificar parte quejosa por lista. En consecuencia; con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese el citado auto, así como las subsecuentes de carácter personal, a los referidos quejosos, mediante lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; por lista a la parte quejosa a través del portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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