Cristian Wendolyn Lastra Castillo
Expediente 1277/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Cristian Wendolyn Lastra Castillo
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diez de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho; en consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Diana Berenice Bravo Chable, quien se ostenta como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de ********** contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; en consecuencia: Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1277/2022. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Bajo ese contexto, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6 del mismo cuerpo normativo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ?? o de esta Ley. (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De conformidad con el transcrito artículo 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. En ese tenor, en el particular la promovente se ostenta como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la directa quejosa; sin embargo, dicha autorización no la faculta a realizar cualquier acto en nombre de aquella; puesto que, los derechos y obligaciones procesales de los autorizados en esos términos nace a partir de la demanda y consisten únicamente para realizar actos posteriores a ésta, ajenos a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado o de su representante legal. Máxime, si se atiende al hecho que en la demanda se deben asentar hechos y abstenciones que solo le constan a quien reciente la afectación. Bajo esa óptica, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo es inconcuso que la promovente carece de las facultades para la promoción del juicio de amparo, ya que la autorización que le fue brindada es únicamente para atender procesalmente el juicio biinstancial, mas no para su promoción, dado que ello corresponde a la directa quejosa o en su caso a quien le haya conferido el carácter de apoderado legal, lo cual no acontece en el caso; puesto que, de la carta poder anexa al escrito de demanda, se desprende que le fueron concedidas las facultades establecidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que así fue establecido expresamente; aunado a que, no se advierte que la persona que promueve el juicio de amparo tenga reconocido el carácter de apoderado legal en el juicio de origen; de ahí, que se arribe a esta conclusión. Por tanto, en cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, se estima que no se encuentra exteriorizada la voluntad en la promoción del juicio de derechos fundamentales ya que quien lo promueve carece de las facultades para ello; hecho que no puede subsanarse mediante la prevención correspondiente, pues no es un requisito de forma, sino un elemento esencial cuanto más que la promovente se trata de una profesional del derecho y conoce los alcances de la representatividad en el juicio de amparo, y en el caso su voluntad fue promoverla en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no así conforme al diverso 10 de la citada legislación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. ? Es aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J.37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, registro 161909 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a las personas que se mencionan en el escrito de demanda; en razón a que así fue solicitado expresamente. Además, téngase como medio de notificación alterno las direcciones de correo electrónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Consulta de expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que los usuarios ""Elmer_lop" y "dianbrach2109"" se encuentran registrados; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos 1 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
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