Cristina Aguilar Olguin

Expediente 471/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
471/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Cristina Aguilar Olguin

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; once de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veinte de abril de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinte de abril de dos mil veintidós. Remite constancias. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y la Coordinadora de Actuarios de su adscripción, mediante el cual remiten copia certificada del auto de ocho de abril de dos mil veintidós, con sus respectivas constancias de notificación relativas al expediente laboral 3041/2020 de su estadística, documentales a la cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Precisión del acto reclamado. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral de la demanda de amparo para precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual en esencia es la fecha lejana para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 3041/2020 de la estadística de la junta responsable. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese sentido, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "**********????????????? su lugar se señalaron las diez horas del nueve de mayo de dos mil veintidós, para su celebración, determinación que le fue notificada a las partes el dieciocho del propio mes y año. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (veintinueve de marzo de dos mil veintidós) la dilación reclamada existía, pero durante el transcurso del presente juicio ésta dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De la misma forma, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se hace la precisión que si bien, la nueva fecha señalada no se ajusta a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, dicho acto reclamado al tener el carácter de positivo, el efecto de la protección de la Justicia de la Unión que en su caso se otorgara en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, sería en el sentido general de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida. Lo cual significaría dejar insubsistente la fecha programada en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (diez horas del nueve de mayo de dos mil veintidós) y en su caso, que se señale una fecha que no excediera de diez días hábiles como lo establece la fracción VIII del artículo 8781 de la Ley Federal del Trabajo, no tendría efectos prácticos como enseguida se destacará: 1. La sentencia constitucional se emitiría hasta el veintinueve de abril de dos mil veintidós, pues hasta esa data está señalada la audiencia constitucional. 2. Dicha resolución se notificará a las partes por medio de lista el siguiente día hábil, esto es, el dos de mayo de dos mil veintidós. 3. Surtirá sus efectos el día hábil siguiente (tres de mayo de dos mil veintidós). 4. Por lo que el término de diez días para la interposición del recurso de revisión previsto en los artículos 81, 84, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, empezará a transcurrir del cuatro al dieciocho de mayo de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles (sábados y domingos, así como días festivos). 5. Por tanto, en caso de que ninguna de las partes interponga el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, la misma causaría ejecutoria el diecinueve de mayo de dos mil veintidós.**********. Significa que el auto en que se declare firme la sentencia se notificaría al día hábil siguiente (veinte de mayo de dos mil veintidós) otorgando a la autoridad responsable un plazo de tres días para su debido cumplimiento, los cuales transcurrirían del veintitrés al veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 6. Por tanto, la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictaría una nueva fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas que no debe exceder de diez días hábiles, tal como lo establece la fracción VIII del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. Por ende, suponiendo que la responsable, atendiendo a sus cargas de trabajo dicte el acuerdo correspondiente el veinticinco de mayo de dos mil veintidós (último día para el cumplimiento) la data a señalar sería tentativamente para el ocho de junio de dos mil veintidós. De ahí, que se advierta que se le estaría causando un perjuicio mayor a la parte quejosa dado que se señalaría una fecha más distante a la ya señalada por la autoridad en el auto de ocho de los actuales (diez horas del nueve de mayo de dos mil veintidós) misma que se estima prudente para la integración del juicio de origen. Pues de no ser así, implicaría que la concesión del amparo no podría tener efectos prácticos y concretos, pues se ocasionaría un perjuicio mayor a la parte quejosa, al ordenar a la responsable señalar una fecha cercana y ésta no pueda llevarse a cabo ante la falta de notificación de los demandados, originando que se señale una diversa que resulte posterior a la antes fijada. Es así, pues como se dijo, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven y tomando en consideración que el juicio constitucional siempre debe tener una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad especulativa, es menester para que proceda, que la sentencia que se dicte, cuando sea favorable al quejoso, le produzca la restitución en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y en el caso, no se cumpliría con tales fines En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracciones XXI, del citado ordenamiento jurídico, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional estuviere señalada para las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecinueve de abril de dos mil veintidós. -Informe justificado- Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio mediante el cual rinde su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y la Coordinadora de Actuarios de su adscripción. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Pruebas. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en: No. Relación de prueba Foja 1 Copia certificada del auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 3041/2020 de su índice. 18 Requerimiento Ahora, del análisis de la documental remitida por la autoridad oficiante, se advierte que fue omisa en remitir las constancias de notificación del auto descrito en supralíneas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele a la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias de notificación del auto de ocho de abril de dos mil veintidós, relativo al expediente laboral 3041/2020 de su estadística. Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo requerido, se le impondrá una medida de apremio consistente en MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Juicio 1729/2015 folio 4401. cuatro de abril de dos mil veintidós. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del cual, remite copia certificada del auto de treinta de marzo del año del curso, emitido en el expediente laboral 2520/2010 de su índice, en el que se tuvo a la Apoderada Legal de Banco Azteca, sociedad anónima de capital variable, comunicando que la citada junta dirigió el diverso oficio "76/2022 EJEC" a "BANCO AZTECA", y no a su representada "Banco Azteca, Sociedad Anónima de Institución de Banca Múltiple"; por lo que la junta responsable, previa revisión, advirtió que el referido oficio no se encuentra dirigido a la citada persona jurídica, sino a la diversa Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable. Por tal motivo, giró oficio al Director Técnico de Recaudación a fin de que le haga efectiva la medida de apremio decretada en auto de dieciséis de marzo pasado, a Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable. De igual forma, requirió nuevamente a Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable, para efectos de que en el término de tres días informe sobre los datos que tenga en relación con el domicilio de José María Herrera López, con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento se hará acreedora de una multa equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de Ley de amparo, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento; por tanto, requiérasele, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que fenezca el plazo concedido a Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable, informe lo que haya tenido a bien acordar. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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