Cristian Camilo Romero
Expediente 2201/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2201/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración En el Estado de Tabasco Con Residencia En Villahermosa
- Cristian Camilo Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta Tijuana, en el que transcribe el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo 495/2023-C de su estadística, del que se desprende que dicho órgano federal aceptó la competencia declinada por este Juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis del artículo 21, incisos i) y j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte y con apoyo en lo señalado en el Capítulo 8, en particular en el apartado 8.1.2, numerales 9 y 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto del citado año, al tratarse de un cuaderno de antecedentes derivado de un returno, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos de lo antes señalado. Lo anterior, toda vez que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción. Por lo anterior, se requiere al Actuario Judicial adscrito, encargado de las notificaciones presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico. Finalmente, se ordena dejar a disposición del Juzgado oficiante, de manera permanente el expediente electrónico relativo al juicio de derechos fundamentales del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 159/2023 orden 296/2023 que se giró para entregar el oficio 10015/2023 al Titular de la Estación Migratoria en Tijuana, Baja California; en consecuencia dese de baja a dicha comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Titular de la Oficina de Representación de la Estación Migratoria en Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual informa que toma conocimiento de la suspensión de plano otorgada en favor de Cristian Camilo Romero e indica que el quejoso no se encuentra alojado en dicha estación migratoria ya que se le otorgo oficio de salida, el cual adjunta. De dichas constancias se puede advertir que el quejoso se encontró alojado en la Estación Migratoria en Baja California, con sede en Tijuana y el catorce de diciembre de dos mil veintidós, se le otorgó su pase de salida. Ahora, tomando en consideración que los quejosos fueron puestos a disposición de la Oficina de Representación de la Estación Migratoria en Baja California, con residencia en Tijuana y que a su vez dicha autoridad les otorgó permiso para realizar actividades remuneradas se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del mismo; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentró alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado anteriormente, se advierte que la privación de la libertad con fines de deportación reclamada, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; esto es, en Tijuana, Baja California; en consecuencia, el competente para conocer del presente asunto es un Juez de Distrito con jurisdicción en dicho lugar. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se requirió al Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración de Tijuana, Baja California, informará si el directo quejoso Cristian Camilo Romero se encuentra o en su caso se encontró alojado en esa Estación Migratoria y, de ser así informara el estado actual de su expediente administrativo, sin que a la fecha haya dado cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de la presente determinación informe si el directo quejoso Cristian Camilo Romero, se encuentra o en su caso se encontró alojado en esa Estación Migratoria y, de ser así informe el estado actual de su expediente administrativo y remita copia certificada de las constancias con que cuente en esas oficinas; asimismo informe del domicilio que, en su caso, haya designado éste. Sin que pase inadvertido que para efectos de la notificación del proveído de veintidós de febrero del año en curso, también se giró exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, quien en veintiocho de febrero siguiente lo diligenció y entregó el diverso oficio 5115/2023 de nuestro índice, con sello de recibido de fecha dos de marzo siguiente. De tal manera que se advierte la falta de cumplimiento de la precitada autoridad, esto a pesar de estar notificado del auto antes citado; por lo que para efectos de proveer en relación con la aplicación de la multa con la que fue apercibido en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, solicítese a dicha autoridad remita el número de Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.) del Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración de Tijuana, Baja California. Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado dentro del término señalado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, gírese exhorto electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, con el objeto de que ordene al actuario de su adscripción, se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria en Tijuana, Baja California y realice la notificación de este proveído y entregue el oficio que se emite con motivo del presente acuerdo. Con apoyo en la parte final del artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado, se solicita habilite horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. Solicitándole al homólogo federal que por razón de turno le corresponda conocer de esta comunicación, que en términos del artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas devuelva la diligencia a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, pues como tal se tendrá el acuse electrónico de envío por interconexión a órganos jurisdiccionales a través del cual se remitirá el presente asunto.
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